Turismo sí, pero así no. Esta es una percepción fuertemente arraigada en el sentir colectivo de la ciudadanía de Canarias. Se enmarca en un contexto de creciente malestar social reflejado en las recientes manifestaciones que, bajo el lema «Canarias tiene un límite,” se han celebrado en Canarias en los últimos meses. En ellas miles de personas han salido a las calles para expresar su preocupación por los efectos del turismo de masas y la sobreexplotación de los recursos naturales de las islas.
La concurrencia a las manifestaciones ha tenido un seguimiento diferente en las distintas islas. La preocupación es mayor en unos territorios que en otros, porque no todas las islas sufren la misma presión en la ciudadanía y en el medio natural. Insisto una y otra vez en que la realidad de Gran Canaria es bien distinta. En esta isla no se vierten millones de metros cúbicos de aguas fecales al mar, no se ha tenido que declarar la emergencia hídrica, no se construyen grandes hoteles desde hace más de diez años y tiene casi dos millones menos de turistas que Tenerife sin que eso se note en el PIB ni en el porcentaje de parados. Siempre dijimos y seguiremos diciendo que más es muchas veces menos. Que el éxito turístico no puede estar basado en un crecimiento continuo, que lo importante es que las personas que visiten la isla generen más gasto y que su estancia media sea mayor.
Aún así, existen problemas comunes a los que hay que plantar cara. El turismo en Canarias supone un 35% de nuestro PIB y es el responsable de la creación de un 40% de los empleos directos de nuestra tierra, que puede llegar hasta un 70% al tirar de otros sectores de nuestra economía. A pesar de estos datos, esta comunidad autónoma lidera el ranking de las comunidades con mayor índice de pobreza y de salarios más bajos. Algo no casa.
Por otro lado, el problema de la vivienda hace que para las familias y la gente joven que buscan independizarse sea muy difícil encontrar una vivienda para alquilar o para pagar el precio del alquiler si la encontrara. Es preciso que afrontemos el reto de repensar el modelo turístico y sus relación con la economía y las sociedades insulares.
Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos presentado la semana pasada una serie de propuestas ambiciosas y contundentes para abordar el desafío demográfico y la sostenibilidad en el archipiélago, con especial atención a la desigualdad territorial y la tensión derivada del modelo turístico actual. Lo hicimos dentro del proceso impulsado por el Gobierno de Canarias, a través de la Conferencia de Presidentes, para escuchar a los cabildos -también a los ayuntamientos- a la hora de afrontar alternativas a un modelo cuestionado por la ciudadanía, organizaciones sociales y políticas, instituciones, etc. Cada vez somos más los que pensamos que se necesita implementar medidas que equilibren los recursos que deja el turismo y que estos sean distribuidos de manera más equitativa entre la población para hacer posible que podamos romper con una sociedad profundamente desigual y con un indicador muy alto de pobreza.
Las propuestas del Cabildo están organizadas en torno a cuatro ejes fundamentales: la defensa del entorno natural, el patrimonio cultural y educativo, la cohesión del modelo territorial y la gobernanza económica y social. Dentro de este marco, uno de los puntos más destacados es la propuesta de la aprobación de una ecotasa, un impuesto que ya existe en los principales destinos turísticos del mundo y que pagarían los no residentes por su estancia en los alojamientos turísticos. Su recaudación tendría un carácter finalista y se destinaría a la rehabilitación de infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales. No entiendo el empecinamiento de las organizaciones empresariales en oponerse a ello. Deben entender que cambian los tiempos y las mentalidades. Y que cada vez es mayor la sensibilidad medioambiental de los que nos visitan y de los que vivimos aquí. Y que no vale enrocarse hasta el infinito para abrir espacios al rechazo social.
Asimismo, se ha propuesto una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales hasta que se apruebe una ley de vivienda vacacional adaptada a la realidad canaria en la que se diferenciaría entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad para evitar que las zonas residenciales se conviertan en áreas exclusivamente turísticas. Esta medida busca frenar la expansión descontrolada del alquiler vacacional, que ha sido motivo de creciente preocupación en las zonas más densamente pobladas de las islas.
Otro aspecto clave es la limitación de la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias, una regulación necesaria para proteger el acceso a la vivienda de la población local y evitar que los precios sigan disparándose debido a la demanda externa.
La vivienda es uno de los asuntos críticos para mejorar las condiciones de vida en nuestras islas. Planteamos un plan cuatrianual de construcción de viviendas públicas en cada municipio, con el objetivo de reducir la demanda existente. Además, hemos puesto sobre la mesa un plan para poner en alquiler residencial una parte de las más de 211.000 viviendas vacías que existen en las islas, facilitando el acceso a la vivienda a jóvenes con bajos ingresos y a personas en paro de larga duración.
Para las zonas rurales y en despoblación, apostamos por medidas que garanticen la soberanía hídrica, vital para la reforestación y el aumento de las zonas cultivadas. Además, se plantea un impulso al empleo relacionado con el cuidado y divulgación del patrimonio natural, lo que permitiría fijar población en estas áreas y fomentar estilos de vida que contribuyan a la sostenibilidad del paisaje y la cultura tradicional.
Por otro lado, para los municipios más poblados promovemos un enfoque de sostenibilidad que incluye acciones en movilidad, soberanía energética y alimentaria, así como la implementación de programas específicos para la transformación de estas zonas en espacios coherentes con el modelo de ecoísla y ecobarrios. Estas propuestas buscan redimensionar las infraestructuras sanitarias, sociosanitarias y educativas y mejorar la calidad de vida en los barrios urbanos, reforzando los servicios públicos para que se adapten a las demandas reales de la población.
El diálogo sindical, institucional y empresarial debe avanzar de manera urgente en la mejora de las condiciones laborales y en el aumento de los salarios. Se debe profundizar igualmente en la formación específica y cualificada de las personas que necesita el sector, porque es difícil entender tanto paro con tanta ocupación turística. Todos estos elementos mejorarán la percepción de la ciudadanía acerca de las posibilidades de trabajo que ofrece el turismo y evitaría la llegada de mano de obra foránea. Las empresas turísticas no pueden permanecer alejadas de la realidad social, cultural o deportiva de las islas como lo están en estos momentos.
Las propuestas del Cabildo, en gran medida, responden a estas demandas. La ecotasa y la moratoria para las viviendas vacacionales son ejemplos claros de acciones dirigidas a mitigar el impacto negativo del turismo en el territorio y en la población residente. No obstante, aún queda por ver si estas medidas serán implementadas con la celeridad y contundencia necesarias para calmar el descontento social.
En definitiva, las alternativas del Cabildo de Gran Canaria son una respuesta integral a los retos demográficos y de sostenibilidad que enfrenta el archipiélago. La creación de un presupuesto específico, similar al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), junto con medidas como la ecotasa y la regulación del alquiler vacacional, representan un paso firme hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y justo.
Sin embargo, es fundamental que estas proposiciones no queden solo en el papel. El éxito de estas iniciativas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de las administraciones para asegurar que los beneficios lleguen a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables. Las recientes manifestaciones son un claro indicativo de que la ciudadanía está alerta y exige soluciones reales y tangibles para los problemas que afectan a las islas. Canarias está en un punto de inflexión, y las decisiones que se tomen ahora determinarán su futuro. Y todo esto se debe afrontar desde el compromiso real de las instituciones – sobre todo del Gobierno de Canarias que es el que tiene la mayoría de las competencias en las materias señaladas- y el diálogo y la prudencia de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales para alejarnos de la confrontación y sus consecuencias.
