Una nueva traición al pueblo saharaui

La tarde del pasado viernes 18 de marzo nos enterábamos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había enviado una carta al Rey Mohamed VI en la que le aseguraba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Es decir, que de facto el Gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana ni ninguna otra organización internacional ya que, según Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización.

Además, nos enteramos de este cambio histórico en la postura de España, que sigue siendo “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental, a través de una filtración parcial, interesada y humillante del Rey de Marruecos, sin que haya habido debate en el Congreso, sin que el PSOE se lo hubiese comunicado a sus socios de gobierno o a sus socios parlamentarios. Sin ni tan siquiera una comunicación o comparecencia oficial por parte del presidente del Gobierno o de su ministro de Exteriores. Es algo completamente inaceptable el que nos enteremos por una filtración de un acuerdo clandestino y opaco que no plantea de manera diáfana cuáles son las contrapartidas.

La decisión del Gobierno de España de aceptar el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, frente a la determinación de la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya de que se ejerciera el derecho a la autodeterminación en el territorio invadido y anexionado por Marruecos, ha supuesto la segunda gran traición de un Gobierno español al pueblo saharaui. La primera realizada por una dictadura y la segunda por un gobierno democrático, pero en los dos casos con las mismas formas y el mismo fondo. La coincidencia en la denuncia de esta felonía es prácticamente unánime en el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario español y de organizaciones sindicales, sociales, etc.

En medio de una crisis bélica y energética que pone en riesgo nuestra economía y nuestra convivencia, el Gobierno español da un giro a sus políticas de respeto al Derecho Internacional y a su papel de potencia administradora, cede al chantaje y se entrega a Marruecos poniendo en riesgo sus relaciones con Argelia, de la que depende el 34% del gas que consume España. Es curioso que España se esté volcando en estos momentos en denunciar y combatir la invasión de Rusia a Ucrania y, al tiempo, justifique la invasión del Sáhara por parte de Marruecos.

A la par, siembran una duda enorme sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla. Nos tendrán que aclarar si se trata de una burda maniobra política para utilizarnos políticamente y así justificar una actuación aviesa o si realmente estaba en discusión por parte de Marruecos su soberanía sobre este archipiélago. Resulta vergonzoso que la UE y España tengan que ponerse de rodillas ante un país claramente autoritario como Marruecos. Que la Unión Europea y España acepten de manera expresa el cuestionamiento por un sátrapa de la integridad territorial de España. Es una muestra de debilidad, una claudicación vergonzosa de España ante este país autocrático.

En cualquier caso estaríamos ante burdas maniobras coloniales. La realidad es que la Unión Europea, Marruecos y España nos la han jugado siempre en esta partida de intereses. Nos la han jugado y nos la están jugando. Y nos la pueden jugar gravemente en el futuro.

Nos la jugaron primero con la pesca. El  primer convenio pesquero entre España y Marruecos a principios de los años ochenta y luego entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero de 2019, en el que se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, supuso un mazazo para nuestros puertos y para nuestros pescadores. La entrega del Banco Canario-Sahariano a Marruecos por parte de España y la UE supuso la caída en picado de nuestra flota artesanal,  de la flota pesquera con base en Canarias y el declive del negocio portuario derivado de las pesquerías. No estuvimos nunca presente en las negociaciones ni se tuvo en cuenta nuestra realidad social y económica.

Nos la jugaron igualmente con el Puerto de Agadir, que se ha convertido en una competencia seria para el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Este puerto, que hoy rivaliza directamente con el nuestro y que, al obligarlo así Europa, ha asumido la mayor parte de las descargas de la pesca del Banco Canario-Sahariano, fue financiado por España a través de un crédito de Gobierno a Gobierno suscrito junto a la firma del acuerdo de pesca de 1 de agosto de 1983. Y por supuesto que para hacerlo jamás pensaron en Canarias.

Nos la jugaron también con el tomate. Desde el año 2000 Marruecos y la Unión Europea ponen en marcha un acuerdo de asociación que incluye la pesca como elemento fundamental y que se amplía a la agricultura, libre de aranceles, en el 2012. Y aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a excluir al Sáhara de los acuerdos, la realidad es que, con distintos subterfugios, el convenio y los cultivos en el Sáhara Occidental se mantienen en detrimento de los derechos de los saharauis y de la agricultura canaria. El precio por kilo pactado por Europa con Marruecos supuso un atentado brutal contra la agricultura del sur de España y de Canarias. Una competencia desleal –que incumple las normativas europeas en materia laboral y medioambiental- que ha provocado la casi desaparición del cultivo del tomate en nuestra isla y la destrucción de miles de empleos.

Y nos la siguen jugando con la migración. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. Ni Europa ni España han obligado al cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

No hay que olvidar tampoco que hace unos meses Marruecos concedió una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, con el silencio de España y la UE. Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias. Pese a ello, la postura del Gobierno de España fue extraordinariamente tímida. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto: la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los hombres y mujeres de Canarias en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Y el Gobierno de España ha tragado y jamás ha definido una estrategia contundente ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Esto ocurrió poco después de otra decisión marroquí que no ha sido contestada por parte del Gobierno de España: la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la extensión de la plataforma continental a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario.

En definitiva, vemos como Canarias es utilizada por parte del Gobierno de Marruecos como elemento de presión y chantaje sobre el Gobierno de España lo que ha llevado a la aceptación por parte de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Canarias debe ser contundente en el rechazo a las continuas cesiones por parte de España a un gobierno dictatorial y exigir la defensa de la legalidad internacional y que España haga valer su postura frente a las pretensiones imperialistas del reino alauí. Además ¿quién nos asegura que el monarca absolutista se conformará con lo ya conseguido?

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental y la construcción del Gran Marruecos está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975, es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

Por supuesto, no nos olvidamos de la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad y autodeterminación. Marruecos debe poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y se debe avanzar en la resolución pacífica, y con respeto a la legalidad internacional, en la descolonización y la celebración de un referéndum que permita la instauración de la República Árabe-Saharaui Democrática con plena soberanía sobre su territorio.

Un homenaje a la ciudadanía comprometida

El pasado jueves celebramos en el Auditorio Alfredo Kraus la entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Fue una nueva edición de un acto solemne con el que la institución insular conmemora anualmente su fundación. En esta ocasión, su 109 aniversario tiene contenido especial porque las circunstancias que vivimos nos exigen proyectar a toda la sociedad nuestra determinación por salir juntos de estos momentos de incertidumbre que nos amenazan.

Nos obligan también a señalar referencias concretas y personales que nos orienten en la dirección  por la  que debemos transitar. Reconocimos a 19 personas e instituciones que  ejemplifican las acciones individuales o colectivas que han ido construyendo el modelo de sociedad que tenemos que defender, sumando esfuerzos públicos y privados, esfuerzos institucionales y de ciudadanía comprometida. Un homenaje a un grupo de personas, entidades y organizaciones que representan lo mejor de nuestros valores cívicos. Y es que son los Honores y Distinciones otorgados por esta institución lo que convierte esta cita en una celebración de lo que somos, en una muestra de una isla que, desde la humildad, no renuncia a tener su propia voz en el mundo. Una voz que se alza, con más razón en este tiempo, como grito en demanda de paz.

Nuevamente vuelve a producirse una guerra en Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando la pérdida de miles de vidas, el exilio de millones de personas y una enorme destrucción que costará décadas reparar.  Se trata de una agresión injustificable que ha merecido la condena unánime por parte de todos los grupos políticos con representación en el pleno del Cabildo y también nuestra inequívoca solidaridad con el pueblo de Ucrania, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento de muchos pueblos de nuestro vecino continente africano, donde siguen latentes numerosos conflictos y hostilidades. Una de las razones de la migración dolorosa y forzosa a la que se ven abocados.

Como no puede ser de otra manera, desde Gran Canaria siempre defenderemos la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Esta isla de paz se opondrá siempre a que se sustituyan las políticas del bienestar, de convivencia pacífica y democrática y de descarbonización por una economía de guerra, por una carrera armamentística que genera destrucción, muerte, sufrimiento pero también una huella ecológica insoportable.

Esta guerra, que amenaza con extenderse, estalló en un momento en el que los datos apuntaban a que estábamos dejando atrás la sexta ola de contagios del COVID. Una ola que pese a su virulencia ha generado menos afecciones graves, y que, con toda la prudencia, podría dar lugar a una situación de control de la pandemia. Es necesario seguir expresando nuestro homenaje a todas las familias que han perdido a seres queridos en esta crisis sanitaria y entendemos que el mejor homenaje es  ayudar a quienes siguen sufriendo esta realidad a nivel sanitario, social, económico o laboral.

Poco a poco estamos recuperando nuestras vidas, reiniciando nuestros proyectos, reabriendo nuestros negocios, recobrando la esperanza y la confianza en el futuro, con la puesta en marcha de nuestra estrategia de adaptación a la crisis climática que comenzó hace décadas y que se agrava día a día. Nos recuperábamos de una crisis económica, la del 2010, que supuso un ataque brutal también a los servicios públicos y una excusa para abrir abismos de desigualdad en el mundo.  Por cierto, unos servicios públicos  que después, diezmados, han sido la vanguardia para combatir la crisis y sus consecuencias.

Hay que resaltar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo, a veces sin el reconocimiento y la seguridad que merecen. La voluntad de permanencia y renovación de empresarios que han incrementado sus inversiones renovando sus instalaciones turísticas, industriales o comerciales para facilitar la vuelta a la normalidad. El sacrificio de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos para resistir las dificultades de la coyuntura económica. Nos solidarizamos ante las injusticias y desigualdades que las mujeres han visto incrementarse como resultado de esta pandemia. Aplaudimos la innovación y la inventiva de la juventud canaria que a pesar de las dificultades para acceder al mundo del trabajo se esfuerza por alcanzar una preparación que les permita aumentar sus oportunidades. La cantera es admirable.

Y para estar con la mayoría de nuestra gente, especialmente con quienes peor lo están pasando, el Cabildo de Gran Canaria ha priorizado recursos, programas, inversiones, acciones para materializar esa cercanía y reducir el sufrimiento de miles de grancanarias y grancanarios. Somos el  instrumento de una sociedad que quiere seguir avanzando unida.

Es necesario compartir alegrías e ilusiones para la década que está germinando en nuestra isla. Estamos liderando el proceso de transición a la soberanía energética que nos permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, además de progresar en las exigencias que nos demanda el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles en tiempos de incertidumbre en los suministros.   

Queremos aprovechar los recursos europeos y estatales para modernizar la movilidad, avanzando en la materialización del tren como respuesta sostenible. Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que se aceleren todos los trámites porque Gran Canaria tiene los deberes hechos. Hace apenas unas semanas que celebramos el acto de inicio de las obras de Salto de Chira, un proyecto que va a situar a Gran Canaria a la vanguardia de la innovación para la transición ecológica y energética y para seguir impulsando el sector primario en las cumbres y medianías

Me alegra enormemente que en estas y en otras actuaciones estratégicas citadas todos los grupos políticos presentes en esta institución rememos en el mismo sentido. Y avanzamos juntos también en la modernización de las infraestructuras públicas que mejora la diversificación económica azul, verde, circular y la oferta turística, comercial, industrial y sociosanitaria en los 21 municipios de Gran Canaria.

Es momento de un reconocimiento general por la respuesta social a este tiempo imprevisto y cruel. Y en esta respuesta quiero tener una mención especial al papel de los 21 ayuntamientos de la isla. Hemos y estamos trabajando codo con codo con ellos y además me consta que están realizando un trabajo excepcional que el Cabildo reconoce públicamente. Juntos hemos contribuido también a mostrar nuestra solidaridad con La Palma, de la que tenemos que seguir acordándonos para hacer más fácil su recuperación.

En este contexto de incertidumbre e inestabilidad cobra más importancia si cabe la contribución de los 19 galardonados de esta edición. Mujeres, hombres, empresas, entidades y organizaciones sociales nacidos aquí o venidos de otros lugares para unir su vida, su creatividad y su vocación a esta isla, que desde las más diversas áreas contribuyen día a día a construir una sociedad próspera, una comunidad más fuerte y libre. Un pequeño gran grupo que, este año, refleja la riqueza de nuestra música, desde sus orígenes a sus éxitos más internacionales; nuestra literatura, creada o inspirada en la isla; nuestra diversidad y compromiso social, personal o colectivo; la ciencia y la investigación, el deporte, las iniciativas de emprendedores y emprendedoras, la solidaridad internacional, el ejercicio de la política entendida como servicio público… son todas herramientas poderosas frente a la mayoría de los riesgos que afronta la sociedad actual.

Cada año es extremadamente difícil conceder los galardones ya que dejamos fuera a muchísimas personas y entidades que tienen merecimientos para obtenerlos. Esto nos habla de la increíble vitalidad social de una pequeña isla de poco menos de un millón de habitantes que, sin embargo, tiene figuras destacadísimas en casi todos los campos económico, artístico, social, científico o deportivo.

Creo firmemente en los valores de la isla y de sus gentes. Es esta confianza lo que me guía en la tarea diaria. Me anima cada mañana la seguridad de que pertenecemos a una sociedad excepcional y que tenemos que seguir avanzando, seguros de nuestras capacidades y de nuestro potencial. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria creo que también podemos y debemos estar orgullosos de esta institución que día a día, década tras década, demuestra el liderazgo necesario para garantizar un futuro mejor, como sello de identidad de esta Corporación desde que fue creada.

Hoy Gran Canaria sería otra si no contara con una institución como el Cabildo, que responde a una realidad geográfica, social, medioambiental y económica indiscutible: la isla. Nuestras carreteras empiezan y finalizan todas en la isla, somos un sistema energético aislado, nuestros ecosistemas son singulares, y nuestras economías y dinámicas sociales están configuradas desde la insularidad. Por ello, desde la defensa de una Canarias unida y solidaria, reivindicamos una vez más, el papel de las instituciones locales e insulares, y su capacidad para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de las personas. Soluciones construidas de manera participativa, aprovechando la enorme inteligencia colectiva que atesoramos como pueblo y que está representada por las personas y entidades galardonadas. Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento en nombre de todo el Cabildo de Gran Canaria, de los hombres y mujeres de Gran Canaria.

La mejora del mercado laboral

Los acontecimientos tan dramáticos que estamos viviendo ocupan toda nuestra atención. La guerra se extiende por las ciudades de un país que es un 20% más grande que España y que tiene 44 millones de habitantes, una cantidad similar a la de España. La magnitud de esta agresión nos preocupa por la enorme crisis humanitaria que ha desatado y por la gravedad que supone para la paz y la seguridad mundial. Pero no es una situación realmente nueva. La estamos viviendo aquí al lado con el Sáhara. La hemos vivido en Irak, en Siria, en Afganistán. Quizás  por ello somos más conscientes del sufrimiento que padecen millones de personas y expresamos nuestra solidaridad con Ucrania y con los pueblos de Europa central que padecen las consecuencias de la invasión del Gobierno de Vladímir Putin.

En medio de este escenario dantesco, imprevisible, hay noticias e imágenes en nuestro día a día que tienen una enorme trascendencia y que, unidas, nos muestran una mejora importante en el mercado laboral, un repunte económico que apuntala la recuperación y que señala que estamos avanzando en una buena dirección, si el conflicto bélico no se extiende o se alarga.  Hemos visto hace tan sólo una semana el nuevo paseo de Meloneras con numerosos turistas paseando, visitando los comercios y los restaurantes de la zona y curioseando el yacimiento arqueológico que, como el Faro de Maspalomas, conforma un paisaje para el recuerdo de los miles de viajeros europeos que disfrutan de nuestra tranquilidad y de nuestro clima a orillas del Atlántico. Esta ocupación turística es uno de los principales motivos del crecimiento continuado de la contratación de personal en el último año y de la reducción del paro en nuestra isla.  Indica que se  ha superado lo peor de las distintas oleadas de la pandemia y que volvemos a los indicadores de antes de la crisis.

Son buenas noticias. Pero hay que resaltar varios aspectos en esta tendencia con la que ha comenzado 2022:  en los dos primeros meses del año no solo ha habido un aumento extraordinario de contratos sino que el porcentaje de contratos indefinidos se ha duplicado. Gracias a esta evolución el desempleo ha caído en un año un 22,7%, lo que supone 25.442 desempleados menos. La estadística se dispara respecto a la contratación indefinida, con un incremento de este tipo de contratos de un 235%, a lo que se suma el aumento de un 151% en la conversión de contratos temporales a indefinidos. No parece que la subida del Salario Mínimo Interprofesional haya producido la destrucción masiva de empleos como auguraban las posiciones catastrofistas de algunos sectores económicos y partidos políticos. Al contrario, el 14,7% de los asalariados canarios han visto mejorada su retribución, aunque ello no significa que dejen de ser trabajadores pobres, con ingresos muy bajos, personas vulnerables en una situación de crisis y de alza de precios como la que padecemos.

Otra de las imágenes que se convierten en habituales en nuestro día a día es el enorme volumen de obras en ejecución con las que se mejoran las infraestructuras y los espacios públicos en todos los municipios, gracias fundamentalmente a los planes del Cabildo y de las corporaciones locales. Así lo señala la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que confirma el aumento en un 4, 6% de la inversión pública del Cabildo y los ayuntamientos en el año 2021, frente a la reducción de la del Estado en Canarias en un 32% y la de la Comunidad Autónoma en un 24%. Tendríamos que remontarnos a 2008, antes de la crisis inmobiliaria, para encontrar cifras de inversión cercanas a las alcanzadas el año pasado.

Gran Canaria, además, es la única isla que cuenta con un Plan de Cooperación anual de su Cabildo con los 21 municipios y mancomunidades. Este año asciende a 18 millones de euros, para la realización de 75 actuaciones que supondrán la creación de 350 puestos de trabajo. Esta cifra es importante, pero lo más notable es que la continuidad de este programa ha permitido que entre 2016 y 2021 se hayan invertido más de 131 millones de euros y  acometido 827 obras, lo que ha permitido la contratación de más de 2.500 personas. El Cabildo es, además, una de las principales entidades contratadoras de la isla, con un constante trasiego de personas o empresas que prestan servicios a la Corporación.

El Cabildo de Gran Canaria ejecuta en estos momentos obras en la isla por un importe superior a los 1.200 millones de euros en carreteras, platós audiovisuales, Museo de Bellas Artes, Plan Sociosanitario, obras hidráulicas, de depuración y desalación, infraestructuras turísticas, patrimonio histórico, zonas comerciales e industriales, mercados, instalaciones deportivas, impulso a las renovables, etc. El modelo de desarrollo ecosocial que proponemos avanza también hacia la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible verde y azul que garantice nichos de empleos innovadores ligados a la transición energética, la movilidad sostenible,  la acuicultura, la investigación, la economía circular, la digitalización… Gran Canaria es la primera isla en disponer de una Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con un presupuesto de 147 millones destinados a infraestructuras (88,6 millones), naturaleza (39,5 millones) gobernanza (15,7 millones) y tecnología (4 millones). Tenemos que avanzar urgentemente en romper nuestra dependencia del exterior de los combustibles fósiles, de los alimentos importados, en la seguridad hídrica…

Además de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia que vamos a pelear por captar, el Cabildo promueve proyectos como Salto de Chira, que movilizará unos 3.000 empleos directos para la construcción, mantenimiento y gestión de la central hidroeléctrica reversible, a lo que habrá que sumar el personal que instalará los parques fotovoltaicos, eólicos, comunidades y almacenamientos energéticos que se pondrán en marcha cuando se garantice la sostenibilidad del sistema con renovables.

Conocedora y sensible con los problemas de un mercado laboral que ha saltado de crisis en crisis durante la última década, de la precariedad en las contrataciones, de la dificultad de las personas más jóvenes para acceder a un empleo, de los problemas para incorporarse al mundo laboral de las mujeres y los mayores de 45 años, así como de las personas con discapacidad,  las políticas de empleo del Cabildo se han acentuado en los últimos años y han propiciado la contratación de más de 6.000 personas en este mandato. Tienen una orientación centrada en dar respuestas a las disfunciones del mercado laboral, tal como explicó el consejero de Empleo, Juan Díaz, en el Pleno del pasado mes de febrero al detallar las acciones de su área.

En el mercado laboral actual de la isla las ocupaciones más demandadas son las de vendedores, personal de limpieza, administrativos, camareros, peones de construcción, de la industria, de la actividad agrícola, transportistas, cocineros y albañiles, pero no siempre se encuentran personas con la formación suficiente para su incorporación a una empresa. Por eso se realizan actuaciones desde el Cabildo centradas en el ámbito de la formación, los planes de empleo conjuntos con el Gobierno de Canarias, la garantía juvenil, los incentivos a la contratación, los programas de desarrollo local con los ayuntamientos, las inversiones en centros de formación de municipios y mancomunidades, las lanzaderas de empleo, la construcción de siete centros de formación propios, las labores de asesoramiento y promoción de nuevas empresas y la creación de la Fundación para las Personas con Discapacidad. Por citar solo un ejemplo, el programa de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) ha incorporado a 102 personas en su reciente convocatoria. Son jóvenes que podrán adquirir experiencia durante un año para así poder superar uno de los requerimientos que se establecen por parte de las empresas para la contratación.

En los últimos diez años la economía de nuestra isla ha sufrido duros embates. Primero el de la crisis económica de 2010 y luego el de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El cero turístico se amortiguó con la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque el paro creció en todos los sectores y la inactividad afectó de forma drástica a los autónomos y a muchas pequeñas empresas, a quienes apoyamos con líneas de ayuda desde el Cabildo.

El turismo siempre ha sido, de forma incontestable,  el motor mayoritario de la recuperación económica. Nuestro esfuerzo se centra ahora en la búsqueda de una mayor diversificación de nuestra economía. Nos refuerza en esta convicción el conflicto bélico en el Mar Negro, por el que se vuelven a poner en riesgo los datos de recuperación económica, del aumento del número de contratos y de la caída del desempleo en las islas. Se trata de un escenario que afecta de lleno a la Unión Europea de la que formamos parte, con la que compartimos los principios y valores democráticos. De ahí procede casi la totalidad de los turistas que nos visitan. Aunque esta crisis afecta al turismo,  también impacta en sectores estratégicos como la energía, el agua, la alimentación, el transporte y  las comunicaciones.

Nuestra apuesta tiene que ir necesariamente de la mano de las distintas administraciones, de las empresas, de la  Universidad, de los sindicatos, de las onegés. Es la única manera de dar el impulso necesario hacia un modelo sostenible que figura entre las prioridades de nuestra institución. La crisis climática, sanitaria y bélica no hacen más que confirmar la necesidad de que estemos preparados para el futuro, un futuro sostenible en el que el empleo verde crecerá por necesidad, pero también por la firme voluntad del Cabildo en lograr una ecoísla autosuficiente.

La unión hace la igualdad

En el pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de febrero aprobamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El texto ha sido consensuado con los ayuntamientos y se aprobará igualmente en los 21 consistorios de la isla. Y es que, aunque en los últimas décadas y años hayamos vivido una progresión positiva en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la llegada de la pandemia y la inestabilidad provocada por los problemas de suministros internacionales, la inflación y la guerra de Ucrania así como el ascenso electoral y el reforzamiento de un movimiento de extrema derecha internacional ponen en riesgo muchas de estas conquistas sociales.

En este escenario cobra especial importancia el 8 marzo para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y seguir reivindicando medidas que tengan como objetivo avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además del lacerante drama social de la violencia de género, la muestra más flagrante de la desigualdad de género se produce en el entorno laboral, con especial énfasis en la brecha salarial. La crisis sanitaria está poniendo en serio riesgo el ya de por sí lento proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres: si antes de la pandemia de la COVID 19 se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135 años, según  los recientes informes  de Intermón Oxfam.

Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral: los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro… De hecho, según el informe ‘Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado’ de la Fundación Alternativ@s, en 2018 los hombres en España ganaban, de media, un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas ha sido mayor durante la pandemia.

A pesar de que las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren son múltiples y frecuentes.

Además, hay colectivos femeninos  que lo sufren en mayor medida. Es el caso de las mujeres migrantes que son especialmente invisibilizadas y discriminadas, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales o directamente en la ilegalidad y prácticamente sin protección y sufriendo, en ocasiones, una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. También las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto en lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo, donde son sometidas, en multitud de ocasiones, a situaciones vejatorias y a la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género.

En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.

¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar y aunque parezca muy evidente hay que apostar por la unión para avanzar en igualdad, tal como reza la campaña institucional que el Cabildo de Gran Canaria  ha lanzado con motivo del 8 de marzo. Una democracia no puede ser plena si discrimina a más de la mitad de la población. Es necesaria la unidad con firmeza de las personas demócratas y de todas las instituciones frente a los discursos de odio que cuestionan derechos elementales.

Pero esta unión también tiene que traducirse en políticas públicas que favorezcan la igualdad desde un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las diversas formas de discriminación que operan de manera simultánea. En este sentido es fundamental incluir la cuestión de los cuidados como una tarea pública y compartida. El cuidado de nuestros niños y niñas o de nuestros mayores, por poner los dos ejemplos más evidentes, no puede seguir siendo asumido casi en exclusiva por mujeres y además sin remuneración.

Hay que fomentar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Es también importante visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género: facilita que las niñas desde temprana edad sepan que pueden desempeñar el trabajo que deseen y que la sociedad en general vaya abandonando aquellas ideas preconcebidas que sean discriminatorias.

Hay que impulsar, como estamos haciendo, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional, social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Esto es especialmente importante en Gran Canaria, ya que las mujeres rurales pueden y deben tener un papel central en el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos promoviendo desde el gobierno insular.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de colectivos con serias dificultades de inserción laboral como mujeres trans, mujeres migrantes, racializadas, de entornos rurales o con diversidad funcional. Hay que promover no solo su integración en el mercado laboral, sino también la generación de puestos de trabajo adaptados a las diversas circunstancias y libres de discriminación.

En definitiva, afrontamos un 8 de marzo con mucho que celebrar pero también con mucho que reivindicar. Porque no podemos permitir que sean las mujeres las que paguen las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria ni que demos ni un paso atrás en el largo camino de la igualdad de derechos. Por eso, por encima de todo tenemos que reivindicar la unión en esta tarea. Porque la unión hace la igualdad.