Para salvar las crisis (II)

La comparecencia que realicé en el Senado la semana pasada, que estoy trasladándoles en forma de artículo, sirvió para hacer llegar a los grupos parlamentarios la grave situación que padece nuestra gente, los momentos difíciles que atravesamos en Gran Canaria y en el conjunto de Canarias. Confío también que sirva para animar a nuestra ciudadanía a seguir unida para vencer estas enormes dificultades.

El hecho diferencial de Canarias y de Gran Canaria es de carácter geográfico. Somos un territorio archipielágico dividido en 8 islas habitadas y separado por miles de kilómetros de la península y de nuestros principales socios comerciales. Este hecho ha marcado nuestra historia, nuestra estructura social y nuestra economía, y sigue siendo el punto de partida desde el que tenemos que pensar Canarias.

A pesar de que esta realidad se abordó en una ponencia sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, tengo que recalcar que nosotros somos mucho más que insularidad. Somos RUP. Somos regiones ultraperiféricas  reconocidas así tras el Tratado de Ámsterdam y recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que en su artículo 349 define como elementos diferenciales y desventajas de las RUP, entre otros, “su gran lejanía, insularidad y reducida superficie…”, además de condicionantes como el de la “doble insularidad” fruto de la fragmentación territorial, un entorno de países empobrecidos que limita la capacidad de exportación y aumenta el flujo migratorio y una enorme densidad de población, muy por encima de la media de la UE, lo que no nos excluye tampoco de la realidad de unas islas vaciadas ni de territorios despoblados en las islas más habitadas.

También nos preocupa en Gran Canaria la situación de despoblamiento de las zonas rurales que además tienen un enorme valor patrimonial, paisajístico y medioambiental. Para su recuperación hemos iniciado un programa denominado “La Cumbre Vive” que pretende la reactivación económica, la revalorización de los espacios declarados recientemente patrimonio Mundial, el turismo sostenible, y la consolidación de la producción ganadera, agrícola, quesera y de la artesanía. Queremos aprovechar la necesidad de conexión con la naturaleza que esta pandemia provoca para facilitar la estabilidad y la revalorización de nuestras zonas rurales.

Por ello es evidente que ante la actual situación, Gran Canaria tiene necesidades especiales adaptadas a su singularidad, que deben concretarse en un plan de reactivación económica y rescate que, a corto plazo, tiene que estar dirigido a la sostenibilidad del empleo y al mantenimiento de las pymes y su competitividad, así como seguir mejorando la calidad de la oferta alojativa turística, acelerando la reconversión sostenible del sector. Es imprescindible ese potente plan de reactivación turística largamente anunciado y muy poco concretado. Hay que hacer un esfuerzo para que Gran Canaria pueda retomar la senda de la recuperación anterior a la aparición de la pandemia, cuando los datos mostraban una mejora en casi todos los indicadores sociales y económicos.

El Cabildo se está volcando en un plan de inversiones y medidas económicas y sociales que atiendan a las personas vulnerables con actuaciones inmediatas de emergencia y a la vez incrementando un plan de inversiones productivas que sirvan al mismo tiempo para modernizar infraestructuras estratégicas y que valgan de locomotora de acciones de la empresa privada para sostener y recuperar el empleo. Estamos haciendo justo lo contrario de lo que se diseñó con las políticas de recortes y estancamiento en la crisis de 2008 y 2010.

La semana pasada les decía que Gran Canaria, pese a sus problemas estructurales, tiene importante fortalezas. Según Jeremy Rifkins, uno de los mayores expertos mundiales en desarrollo sostenible, somos la “Arabia Saudí” de las energías renovables por la abundancia de casi todas las fuentes de energía limpia conocidas hasta ahora. Somos uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, contamos con población joven excelentemente formada, una universidad pública con más de 20.000 alumnos y alumnas, centros de investigación de alto nivel, un enorme patrimonio histórico, cultural y etnográfico y una infraestructura turística moderna, atractiva y competitiva .

Precisamente por todo ello, nuestra aspiración no puede consistir únicamente en volver a los niveles de desarrollo que teníamos hace un año. La actual crisis no ha hecho más que poner de relevancia la urgencia de renovar nuestro modelo económico y transitar hacia uno más sostenible social y medioambientalmente, más autocentrado en los recursos y capacidades de nuestra isla y más resiliente. Ese modelo se concreta en la transición energética, la digitalización, la innovación y el conocimiento, las economías azul, verde y circular, la movilidad sostenible, el apoyo al sector primario como vía para fijar la población al territorio y luchar contra el cambio climático, así como medidas que nos permitan compensar la lejanía con respecto a nuestros principales mercados.

Pero no podemos perder de vista que Gran Canaria se siente desconsiderada y olvidada. No se está teniendo en cuenta nuestra realidad singular. No encontramos respuesta política certera a nuestras legítimas demandas y se siguen produciendo reticencias económicas por parte del Gobierno de España. Se tienen que iniciar las transferencias de las competencias incluidas en el nuevo estatuto (ordenación y gestión del litoral, tutela financiera de las islas, municipios y cabildos, promoción de competencia de los mercados…) y garantizar nuestro Régimen Económico y Fiscal y un nuevo modelo de financiación justo con las islas, que nos sitúe en la media de financiación de las comunidades. O el cumplimiento de los acuerdos en materia de carreteras, afianzados tras una sentencia judicial. O la supervivencia de nuestro sector platanero.

Y es que Canarias es una comunidad en la que los recursos fiscales propios tienen una importancia significativamente superior que en la mayoría de comunidades autónomas denominadas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra). En 2019, el último año antes del COVID la recaudación propia supuso en Canarias un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente al 7,7% en el resto de comunidades, a través de diversos impuestos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo, etc. Estos ingresos se han visto fuertemente reducidos y aún hoy seguimos sin saber cuándo vamos a recuperar los niveles recaudatorios previos a la crisis.

Por ello vuelvo a insistir en que es necesario contemplar la especificidad de la financiación de Canarias. Con el brutal descenso de los ingresos propios, además de la suspensión transitoria de las reglas fiscales es imprescindible que se nos dote de un marco fiscal estable y justo, en el que se permitan unos niveles de endeudamiento sostenible para realizar las importantes inversiones que vamos a tener que ejecutar en los próximos años y décadas. Las administraciones locales e insulares no podemos ser siempre las que paguemos las peores consecuencias en cada una de las crisis, viendo su capacidad de acción seriamente mermada. 

La solución tiene que venir por continuar con la aplicación de programas y criterios de apoyo compensatorio como el que se ha producido con la distribución del fondo estatal de ayuda a pymes y autónomos. Canarias no puede ser tratada exclusivamente aplicando el porcentaje poblacional porque la hondura y la gravedad de la crisis es mayor que en la mayoría de Comunidades del Estado y de los países europeos. Si la lejanía y la insularidad son elementos aceptados constitucionalmente e integrados por la Unión Europea, tienen que asumirse y actuar en consecuencia sin contradicciones o vacilaciones.

Para salvar la crisis (I)

El pasado miércoles comparecí como presidente del Cabildo de Gran Canaria en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado para informar de la grave situación que vive nuestra isla y el conjunto del archipiélago canario. Lo hice con el deseo de que fuera útil para aportar soluciones a las personas y colectivos que sufren carencias e incertidumbres en sus necesidades básicas y que así nuestra función representativa cumpla su papel primordial de servicio a la ciudadanía. Esta semana y la siguiente les ofreceré en dos partes la intervención que realicé.

Lo que traté de trasladar a la cámara es que Gran Canaria vive un escenario de emergencia social, económica y climática, agravado por una pandemia que ha truncado el proceso de recuperación de la crisis que comenzó en 2008, la llamada “Gran Recesión”. Es la peor situación socioeconómica que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque es una realidad general, padecida en todas las Comunidades del estado y de Europa, en Canarias se trata de un drama singular que quiebra los derechos básicos de un porcentaje muy alto de nuestra población.

La situación también se agranda por las debilidades estructurales que arrastra la isla: excesiva dependencia del sector turístico, pobreza y exclusión social y vulnerabilidad medioambiental al ser uno de los territorios del mundo que con más intensidad está sufriendo las consecuencias de la emergencia climática. A esta situación se añade una crisis migratoria que no encuentra respuesta adecuada en los gobiernos de España y de Europa.

Esas debilidades también son consecuencia de décadas de un trato injusto por parte de los distintos gobiernos de España hacia Canarias. Y es que no debemos olvidar de que durante mucho tiempo Canarias ha sido la Comunidad peor financiada de todo el Estado. En 2016, un estudio sobre financiación autonómica del Consejo General de Economistas establecía que la cantidad que recibían las islas por habitante se situaba 11,5 puntos por debajo de la media del conjunto de regiones. Hasta el acuerdo y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que permitió que los recursos del Régimen Económico y Fiscal se considerasen “adicionales” y no computables en el Sistema de Financiación Autonómica, las islas perdían unos 700 millones de euros al año respecto al dinero que recibían de media otras comunidades. El REF es un tratamiento financiero y fiscal especial anclado en la Constitución, que hunde sus raíces históricas en el siglo XV, y aporta unos fondos específicos para Canarias que se transfieren para compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de este archipiélago atlántico.

Es evidente que 700 millones de euros al año adecuadamente invertidos nos habrían permitido tener una sanidad, una educación y, en general, unos servicios públicos mucho mejores, así como generar empleo y avanzar en la diversificación del modelo económico. Por todos estos motivos Canarias y Gran Canaria no pueden volver a una normalidad en la que estaban claramente perjudicadas y en la que no se tenían en cuenta las singularidades del único territorio que cuenta con un régimen diferenciado tanto en el Estado español como en la Unión Europea.

No obstante, también tenemos importantes fortalezas, como es un sistema sanitario público que ha sido capaz de responder a la emergencia sanitaria, y una coordinación institucional que nos ha permitido tomar medidas que han hecho de las islas uno de los lugares de España con menos incidencia del COVID. Pero estos buenos indicadores pandémicos han tenido como coste un hundimiento turístico sin precedentes. 

Los datos avalan la gravedad de la situación. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha caído hasta alcanzar niveles de 2015: entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto de 2020 el número de empresas inscritas en Gran Canaria se reduce en 1.275, (un descenso del 5,2%). Y si no se mantienen los estímulos y las medidas de apoyo, el retroceso puede ser mayor. Los turistas que visitan la isla han sido 3 millones menos (un descenso del 70%). Se ha producido el cierre temporal de casi 70.000 plazas hoteleras y extrahoteleras, más de la mitad de las plazas con las que cuenta la isla.

Por supuesto, todo esto tiene una traslación directa en el empleo: el aumento del paro ha sido de casi 20.000 personas, prácticamente un 20% más. Y esto se ha producido pese al éxito de los ERTE, mecanismo al que en el mes de febrero se habían acogido más de 18.900 personas. Es decir, sin los ERTE el aumento del desempleo se habría duplicado. Pero estos datos se ceban especialmente con nuestros jóvenes, ya que la tasa de paro de los menores de 25 años ha aumentado en 22 puntos, situándose por encima del 57%, algo inédito en Europa.  Esto es una catástrofe social que compromete su futuro y trunca sus proyectos de vida, afectando también al desarrollo sostenible y a la cohesión social futura. 

Además, en este escenario inédito se está produciendo otra crisis debida a la llegada en menos de un año de unas 23.000 personas migrantes en cayucos, un aumento del 75% con respecto al año anterior, que han sido y están siendo retenidas en Canarias, fundamentalmente en Gran Canaria. Lo que se ha denominado una “crisis migratoria” es en realidad una crisis de gestión de un modelo fracasado y caduco y la dejación de funciones durante tres décadas. Europa y el Gobierno de España están siguiendo la ruta marcada en Lesbos o Lampedusa, utilizando las islas como espacios de retención y detención de personas migrantes. Nos han convertido en un espacio de vulneración sistemática de derechos humanos, que además está generando innumerables problemas económicos y sociales.

Hay cientos de personas malviviendo en la calle, abandonadas a su suerte por la isla. A pesar de que muchas de ellas están documentados y tienen posibilidad de viajar fuera por sus propios medios, la policía española, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior se lo impide a través de controles por perfil racial, que son ilegales. Ahora ponen en riesgo sus vidas intentando subirse como polizones a los barcos en contenedores y camiones. Esta situación ha generado una gran alarma social, incluso brotes xenófobos, nunca antes vistos en nuestra tierra.

Tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos –fundamentalmente el de Gran Canaria- acogemos en la actualidad a más de 2.700 menores en situación de precariedad, sin que percibamos el menor atisbo de solidaridad de la mayoría de las comunidades de España. En unos meses, alrededor de un millar de estas personas estarán deambulando por nuestras calles y plazas al cumplir la mayoría de edad.

Pero no deberíamos perder de vista cuál es el origen de la actual situación, que es que Europa no dispone de una política migratoria global y también por las nefastas acciones migratorias llevadas a cabo por la Unión Europea y el Gobierno de España en Canarias. Hace 26 años que arribó a nuestras costas la primera patera y, aunque las llegadas no han sido constantes, lo cierto es que tres décadas después no contamos con algo tan básico como un sistema de primera acogida dotado de los recursos económicos, humanos y alojativos necesarios.

¿Cómo es posible que el Gobierno de España, que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria no dote a Canarias, después de tres décadas, de las herramientas necesarias para la gestión de estos flujos y se siga improvisando, generando alarma social y creando el caldo de cultivo para los racistas e intolerantes? Porque los bulos, comentarios y manifestaciones racistas son un problema, pero el verdadero problema es una administración que por la vía de los hechos lleva décadas tratando a las personas migrantes como algo indeseado que quiere quitarse de encima y por lo tanto mandando ese mensaje a la población. Y espero que la actual situación sea el detonante que le permita ver al Gobierno que no puede continuar en esa deriva.

Desde el punto de vista turístico, el cierre total de esta industria llega después de varias turbulencias que han afectado gravemente al sector. A principios de 2019 afrontamos una crisis generada por la quiebra del operador Thomas Cook y se creó una fuerte incertidumbre generada por la desaceleración económica en Alemania o la inestabilidad derivada de la falta de acuerdo en torno al Brexit, que afecta al segundo mercado turístico de Canarias tras Alemania. Asimismo, existía una crisis casi generalizada en las compañías aéreas Low Cost, que amenazaba con tener graves consecuencias para la conectividad de la isla. Además, no hay que perder de vista la escalada bélica que se está produciendo a apenas 200 kilómetros de las costas de Gran Canaria por las violaciones de Marruecos del alto el fuego en el Sáhara y su política sistemática de violación de derechos humanos y acuerdos internacionales. Es decir, incluso antes de la llegada del COVID, estábamos viviendo momentos de gran inestabilidad política y económica con gran afección directa sobre un sector económico muy sensible a estas situaciones.

En esta primera parte me he centrado en el diagnóstico de la situación. La semana que viene publicaré la segunda parte en la que abordo las que a mis juicios con las soluciones, tanto las que estamos implementando desde el Cabildo de Gran Canaria como las que le reclamamos al Gobierno de España.

El Cabildo y el Hospital Insular

El 13 de febrero de 1971 se inauguró el Hospital Insular de Gran Canaria financiado por el Cabildo de esta isla. El pasado sábado, día 6 de marzo, participé en un acto íntimo y entrañable, organizado en su puerta principal, para conmemorar el cincuentenario de esta efeméride. El Hospital Insular tiene los mismos años que la sanidad pública y universal en Gran Canaria. Marcó la transición hacia una sanidad digna que alumbró un tiempo de esperanza y de modernidad, abriendo un incipiente Estado de Bienestar que estas islas maltratadas no habían conocido.

El cambio sanitario se inició antes que el cambio político y marcó el camino que luego afortunadamente el autogobierno supo completar. El Cabildo de Gran Canaria entendió la demanda de nuestra población y actuó con una determinación y liderazgo que recuerdo ahora con orgullo como representante de la institución que tanto ha aportado al desarrollo de nuestra isla.

A la sombra del palmeral que es prolongación del centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de entonces, cumpliendo la función esencial para la que fue creado hace ahora 108 años, lideró la construcción y la puesta en marcha de este hospital de referencia. No solo se encargó de la edificación sino que puso en pie una organización médica de vanguardia aprovechando la experiencia profesional de los centros en funcionamiento como el Hospital de San Martín, la Clínica de Urgencias o las casas de socorro. Muchos de estos centros también dependían de la institución insular.

Es una buena ocasión para homenajear a una enorme lista de médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, auxiliares, personal de servicio y administración… que elevaron la calidad asistencial, investigadora, de prevención y tratamiento de las urgencias. Esta isla es mucho más atractiva y segura desde que se puso en funcionamiento este hospital. Contribuyó también al desarrollo turístico. Es obra de miles de mujeres y hombres, la mayoría anónimos, y corresponde agradecérselo en este aniversario.

Y es muy importante recordar la historia porque pudiera parecer que estos avances llegaron solos y para siempre y no es verdad. Los acontecimientos recientes, en España y en el mundo, nos enseñan que las mejores y más valiosas conquistas sociales pueden ser revertidas cuando las crisis económicas, la confrontación y el mercantilismo lo inundan todo. Esta celebración debe animar nuestra memoria histórica y mantenernos movilizadas y comprometidos en la defensa de los derechos democráticos y los servicios públicos universales.

La creación del Hospital Insular en 1971, y de la Clínica del Pino unos años antes, dejó atrás una concepción de la sanidad como beneficencia para dejar paso a una visión democrática de la atención sanitaria como derecho universal y sostenido como servicio público esencial. La pandemia que padecemos nos ha vuelto a recordar la necesidad incuestionable de una sanidad pública robusta, capaz de atender necesidades vitales del conjunto de la población y con garantías de igualdad en el acceso y en la atención permanente. Mi reconocimiento especial en estos momentos a todo el personal sanitario que ha luchado durante esta pandemia por salvar nuestra salud jugándose la suya.

La década de los 60 mostró la potencia del Cabildo de Gran Canaria como motor de desarrollo y planificación de la isla, con recursos económicos que generaron los arbitrios insulares. Estamos celebrando la iniciativa sanitaria, pero es justo recordar el liderazgo universitario, con la construcción del Colegio Universitario o la adaptación del edificio de la Granja, o la puesta en marcha de las grandes presas que garantizaron nuestra supervivencia. Ese papel se vio revalorizado después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial porque nuestras islas vivieron unos años duros y negros que trajeron dolor y marginación para gran parte de su gente.

El Cabildo supo sentar las bases de un tiempo nuevo que abrió las puertas al desarrollo social y económico de la isla. Hoy la dureza de la pandemia nos ha movilizado de nuevo para incrementar la inversión, ayudar a los colectivos más vulnerables y acompañar a la pequeña y mediana empresa para sostener su actividad y el empleo. Estamos comprometidos en socorrer las urgencias del presente e invertir en futuro.

Ahora, como entonces, tenemos que ser pioneros. Y las prioridades actuales están en la defensa de un proyecto de futuro ligado al desarrollo sostenible dentro de un concepto global de Ecoísla, en la lucha contra el cambio climático, en el impulso a la economía circular, verde y azul, en la búsqueda de la mayor soberanía en las energías, el agua y la alimentación, en la innovación y el conocimiento, en la reforestación, en la atención sociosanitaria a las personas dependientes, en la diversificación de nuestra oferta turística y en la reducción de unas tasas de pobreza insoportables para quienes creemos en los derechos humanos.

La alegría de esta celebración es compatible con compartir algunas enseñanzas de este proceso que pueden estar de actualidad. Una evidente es la confirmación del acierto que tuvo la sociedad canaria con la creación de los cabildos como instituciones pegadas al terreno y capaces de constituirse en auténticos y eficaces gobiernos de la isla. Y también debemos recordar las dificultades que padecimos para que la administración central asumiera las competencias sanitarias que ejercía el Cabildo. Hablan de una lejanía e incomunicación más profunda que la geográfica y que se repite con más frecuencia que la deseada. El drama migratorio es una demostración evidente.

Aquella tranquila zona cubierta de plantaciones, entre el cementerio de Vegueta y el torreón de San Cristóbal, junto al barrio de pescadores, vivió varias transformaciones con obras de equipamientos para la isla, hasta convertirse en la ciudad sanitaria universitaria que es actualmente. Las vegas de plataneras y la Escuela de Capacitación Agrícola, la Casa del Niño, o la Ciudad Deportiva Martín Freire, ven crecer el Hospital Insular, la Escuela de Enfermería, el Colegio Universitario de Medicina y, posteriormente, el Materno-Infantil.

También tenemos que reconocer el importante papel de la Autonomía para impulsar los servicios esenciales. El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno-Infantil es el mayor centro sanitario de Canarias, con más de cuatro mil profesionales. Es centro de referencia de lesionados medulares, enfermedades infecciosas y medicina tropical,  de hipoacusia y en la atención de la cirugía cardíaca infantil.

Y la historia continúa. El Cabildo comprometido siempre con la ampliación de los derechos sociales, 50 años después, está en el proceso de ceder una parcela de 30.000 metros cuadrados -con un valor catastral de 10 millones de euros- y las instalaciones del antiguo Colegio Universitario de Medicina de Las Palmas a la Consejería de Sanidad para propiciar una ampliación de más de 20.000 metros cuadrados, en un edifico de cuatro plantas y con una inversión de más de 20 millones de euros, que contará con un área de estancia media para mayores sin acogida familiar o sociosanitaria, seis quirófanos y unidades de anatomía patológica, paliativos, consultas externas y urgencias. Se afrontan así las nuevas necesidades del Hospital Universitario Insular. Hoy como ayer el bienestar de los grancanarios y grancanarias como prioridad.

La historia de este Hospital Insular ha demostrado la visión y determinación del Cabildo para crear una pieza fundamental en el sistema sanitario público de las islas. Un equipamiento del que nos sentimos orgullosos todos los hombres y mujeres de Gran Canaria por su contribución a la mejora de una sanidad pública que se integra plenamente en los parámetros de calidad que hacen de nuestro sistema sanitario uno de los más valorados del mundo.

Celebramos 50 años cargados de progreso, talento y solidaridad. Les animo a ganar las próximas décadas con las mismas armas y con retos igualmente apasionantes, humanos y transformadores. Feliz aniversario.

Tomás Morales en su centenario

Tras la conmemoración del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós en 2020, entramos de lleno en 2021 con la evocación del centenario del fallecimiento de otro de los grandes escritores grancanarios. El próximo 15 de agosto se cumplen cien años de la muerte de uno de los escritores más importantes que ha dado esta tierra: Tomás Morales. Nacido en la localidad grancanaria de Moya en 1884, es autor de una obra cumbre de la literatura hispánica, Las Rosas de Hércules (publicada en dos tomos entre 1919 y 1922). Tomás Morales representa, junto con Alonso Quesada y Saulo Torón, la cumbre del movimiento literario modernista de nuestras islas. Numerosos estudiosos de su obra coinciden en que es también uno de los mejores exponentes de dicho movimiento en todo el mundo hispánico, perfecto heredero del legado de Rubén Darío.

Independientemente de la proyección que el poeta tiene en el mundo de la literatura, dentro y fuera de las islas, en un momento como éste, a las puertas de su centenario, es necesario recordar la importancia capital que tiene para nuestra sociedad y nuestra cultura. El nombre de Tomás Morales nos acompaña desde hace muchos años a cada paso que damos por la isla. Una de las arterias principales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en pleno distrito estudiantil, lleva su nombre. El instituto dedicado a su memoria está justamente en esa zona, así como la pequeña plazoleta ubicada frente al Campus del Obelisco, con un magnífico busto del poeta realizado por el gran escultor Victorio Macho. Uno de los más famosos botes de vela latina de la ciudad se llama Tomás Morales. No solo en la capital de la isla podemos recordar a cada paso su nombre: de ruta por el norte, en Agaete, localidad donde se casó y donde vivió unos años, encontramos el Paseo de los poetas, con el conjunto escultórico de Saulo, Alonso y Tomás. Y, ya en Moya, se ubica la casa natal del escritor, en la plaza que lleva su nombre, hoy un magnífico museo perteneciente al Cabildo de Gran Canaria.

Pero, además de esos elementos que nos hacen rememorar a nuestro escritor, ¿qué significa realmente su figura para nuestra isla? Una relectura de sus libros nos sirve como un verdadero espejo en el que mirarnos. El espíritu de su legado sigue vigente, intacto, como si de un visionario se tratase. La modernidad de Tomás Morales está en que lo que cantaba hace más de cien años es la esencia de lo que somos hoy en día. Supo decir con bellas y justas palabras lo que somos y lo que queríamos ser. Los “Poemas del mar” cantan el desarrollo del puerto de La Luz, el trajín de sus barcos, el motor económico de la isla, símbolo de progreso y de apertura al exterior. Su “Canto a la ciudad comercial” es fiel reflejo de la ciudad cosmopolita, moderna, desarrollada y multicultural que hoy conocemos: “Ciudad de los ritos comerciales / abierta a los cuatro puntos cardinales”. La “Oda al Atlántico” es el canto más poderoso que se ha escrito a este océano en el que vivimos, que marca nuestras vidas y condiciona nuestra forma de ser, abierta, solidaria, curiosa. Pero el poeta no olvidó los campos de la isla, rememorados en su tierra natal en “Vacaciones sentimentales”, ni la antigua selva de Doramas, verdadera reliquia ecológica y espiritual de la isla, cuyos restos en los Tilos de Moya canta con dolor, ni tampoco la parte antigua de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de Vegueta, al que le dedica unos poemas en los que ensalza la casa canaria, sus gruesos muros, sus amplios patios y corredores de tea, su pila de agua, la casa de los antepasados: “Tienes luz de familia, tienes paz de santuario / claramente embebida de cosas interiores: / para soñar o amar, albergue extraordinario”.

Tomás Morales también ha proyectado nuestra tierra y nuestra cultura más allá del archipiélago. Nos ha colocado, gracias a la calidad de su palabra, en el panorama de la cultura universal. Traducidos muy tempranamente al inglés, al alemán y al francés, sus poemas figuran en numerosas antologías y repertorios bibliográficos de todo el mundo. Rubén Darío publicó sus versos en la revista francesa “Mundial Magazine”, que dirigía desde París. En los tratados de literatura su obra se estudia en el contexto literario que corresponde.

En esta coyuntura, el Cabildo de Gran Canaria junto con otras instituciones e iniciativas privadas y con el asesoramiento de expertos en la materia, quiere estar a la altura de las circunstancias. Máxime teniendo en cuenta que el autor, en su faceta menos conocida, llegó a ser consejero y vicepresidente del Cabildo desde abril de 1920 hasta su fallecimiento, recordado por un talante político siempre dialogante y en pro del fortalecimiento de la institución insular como garante de la descentralización administrativa. Pero sobre todo debemos estar a la altura de su nombre porque nuestra institución insular es la propietaria de la Casa Museo Tomás Morales, adquirida en 1966, reformada con el máximo respeto bajo la dirección de Santiago Santana y abierta al público desde 1976.

La dirección de la casa-museo trabaja desde enero de 2017 en una nueva etapa que se ha ido consolidando los últimos años. En mayo de 2017 tuve la oportunidad de inaugurar la más importante exposición plástica de José Hurtado de Mendoza, sobrino nieto de Pérez Galdós y gran amigo de Tomás. Desde entonces, el museo ha hecho un enorme esfuerzo en remozar las salas expositivas y actualizarlas, en organizar muestras bibliográficas o artísticas trascendentales, en diseñar seminarios con importantes intelectuales, en publicar libros y catálogos relacionados con su ámbito de actuación, en adquirir nuevos fondos bibliográficos sobre el modernismo. Nos consta que su biblioteca y archivo son de los más relevantes de la isla, con varios miles de volúmenes y documentos (en vías de digitalización) especializados en literatura. Antes de la llegada de la pandemia, la red de centros educativos con los que colaboraba la casa-museo había contribuido decisivamente a la divulgación de la obra de Tomás Morales. Ahora, en una reconversión necesaria y ágil al mundo digital, podemos ver a través de sus redes numerosas entrevistas, seminarios online y charlas de jóvenes especialistas sobre temas literarios.

La Casa-museo es el gran centro de divulgación y conservación de la obra de Tomás Morales, además de lugar para la investigación en los estudios modernistas y  espacio de dinamización cultural. Dada la magnitud y la proyección de su patrimonio, está llamada a convertirse plenamente en el centro de estudios modernistas del que seguro todos lo canarios y canarias podremos enorgullecernos en los próximos años.

La cultura canaria sigue viva y comprobamos la enorme potencialidad que contagia a quienes la cultivamos, la compartimos y la disfrutamos. Su fortaleza nos aporta sentido y energía a quienes nos sentimos isleños y necesitamos esas referencias para entender, explicar y crear en Canarias. Siempre la cultura nos ha humanizado y en tiempos tan trágicos como los que vivimos, con más razón. Y Tomás Morales ha contribuido decisivamente a valorar y apreciar este insustituible legado cultural.

Nuestro compromiso con la figura de Tomás Morales es de justicia. El propio Cabildo, a la muerte del poeta, encargó el mausoleo con la escultura modernista (también de Victorio Macho) que hoy podemos visitar en el cementerio de Vegueta. A partir de este próximo 15 de agosto tenemos que honrar su figura. La Consejería de Cultura de este Cabildo, que liderará los actos principales del centenario coordinando muchas de las actividades con el Ayuntamiento de la Villa natal del poeta, irá desgranando poco a poco las acciones diseñadas a tal fin. Desde el Cabildo de Gran Canaria se lo debemos al poeta, la ciudadanía se lo debe, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nuestra cultura después de su muerte.

Una democracia frágil

Cuando hace unas semanas Pablo Iglesias,  vicepresidente del Gobierno español, afirmó que en España “no hay una situación de plena normalidad política y democrática” un auténtico terremoto político sacudió las entrañas del estado. Representantes cualificados de distintos partidos políticos salieron en tropel, rasgándose las vestiduras, para acusar al líder de Podemos de deslealtad. Desde el PSOE, socio de gobierno,  se apresuraron a desmentirlo: Carmen Calvo, Margarita Robles, José Luis Ábalos, entre otros. No dejaron de pasar la ocasión los partidos de la oposición para criticar sus palabras y pedir su dimisión. También doscientos académicos, diplomáticos, economistas, periodistas y expolíticos suscribieron un manifiesto ( Cesar la infamia) demandando su cese por “desprestigiar a España”. Y Felipe González días después lo atacaba duramente utilizando los mismos argumentos.

Como si no fuera sano, absolutamente sano, plantear un debate constructivo  abierto, plural sobre la situación de la democracia española y sus peligros y debilidades. Es lo que acaba de decir el recién electo presidente estadounidense Biden en una reflexión pública tras el asalto de movimientos ultras al Capitolio: “este triste capítulo de nuestra historia nos recuerda que la democracia es frágil, que debe ser defendida siempre, que debemos permanecer siempre vigilantes…”

¿Acaso es una “normalidad” política y democrática la existencia de una “policía patriótica” que fabricaba pruebas para hundir a los adversarios políticos del PP?  ¿Lo es que la corrupción haya campado a sus anchas por las cloacas del estado y que el principal partido de la oposición esté siendo juzgado en estos momentos por financiarse ilegalmente con comisiones sustraídas de las obras públicas? ¿Lo es que el Rey Emérito haya campado a sus anchas, de comisión en comisión, abriendo cuentas opacas en Suiza y que se le permita marcharse de España a Dubai –sostenido con dinero público- y que no se le pueda juzgar? ¿O que tengamos una justicia, lenta, sin medios, contaminada y que el CGPJ permanezca en el limbo mucho tiempo después de haber finalizado el mandato para el que fue designado…? ¿Es una plena normalidad política y democrática que hayamos descapitalizado al estado privatizándolo todo y que al tiempo se hayan ido abriendo abismos de desigualdad brutales en nuestra sociedad?

Como plantea Joaquín Estefanía en un artículo publicado recientemente en El País (La democracia realmente existente) los índices que miden los indicadores democráticos “apenas contemplan los derechos sociales y económicos para sus clasificaciones, de modo que aspectos como el paro, las desigualdades, la precariedad, la igualdad de oportunidades, etcétera, no han sido incluidos o desarrollados con la misma magnitud que los derechos políticos (la libertad de elegir o ser elegido) y civiles (las libertades clásicas, expresión, reunitica.﷽﷽﷽﷽﷽ocralidad pol ética. Desde luego, no hay una 8las libertades clasicas,ades, la precariedad, la igualdad de oportunidadón, religiosa…)”

La realidad es que podría seguir y seguir poniendo ejemplos de “anormalidades” políticas  y democráticas que hace que nuestra democracia y otras democracias del mundo se sometan a riesgos y fragilidades cuando no a “caminos hacia la no Libertad” como nos advierte Timothy Snyder. Es lo que está pasando en la Vieja Europa y en la propia España con el avance de los totalitarismo o la extrema derecha.

Intelectuales como Daniel Innerarity insisten en la existencia de una “debilidad política, falta de confianza y negativismo de los electores, oportunismo de los agentes políticos o desplazamientos de los centros de decisión hacia lugares no controlables democráticamente”.

Pero la quiebra de la salud de la democracia no se produce solamente en España. La varias veces comisaria europea Viviane Reding, advirtió en su momento de un serio peligro de retroceso democrático en el Viejo Continente. Lo decía también recientemente Susan George: “En Europa se ha dado un desmantelamiento de las estructuras democráticas en base a tres principios: sigiloso, secreto y súbito (SSS)”. La pérdida de los valores democráticos europeos está dando paso a numerosos partidos populistas o de extrema derecha en distintos rincones del continente que no dejan de subir en estimación de voto y aceptación popular.

Para la profesora de la Universidad de Granada Susana Corzo Fernández, “la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas pudiera ser un estadio previo al fortalecimiento de un Estado débil, pero el descrédito continuo de las instituciones llegará a ser la consecuencia de un Estado enfermo, si la clase política no lucha por devolverle, desde la racionalidad y la mesura que conllevan la práctica de la responsabilidad política, el valor que tiene y la función que presta de servicio a la  ciudadanía”.

Y también en el resto del planeta. Según un informe de Freedom House el retroceso democrático en el mundo es muy significativo, hasta el punto de que en los últimos cinco años no ha dejado de producirse una caída en el número de países democráticos, datos con los que coincide The Economist, que señala que en la actualidad solo el 11% de la población mundial vive en democracias completas. Para Richard Youngs, responsable del centro de pensamiento europeo FRIDE, el autoritarismo resucita con fuerza en todos los continentes: “En contra de lo que dicen muchos analistas, las dificultades por las que atraviesa la democracia no se deben a un exceso de esfuerzos para intensificarla, sino, más bien, a su baja calidad (corrupción, clases dirigentes depredadoras, sociedad civil débil, falta de independencia del poder judicial y de los medios y nula respuesta de los gobiernos a las reivindicaciones de sus ciudadanos)”.

Cada día que pasa la percepción de la ciudadanía española  sobre la democracia es más negativa, así lo apuntan la mayoría de los indicadores. El descontento se torna en muchas ocasiones en apatía o en buscar a la desesperada nuevas propuestas políticas que se aprovechan del descontento para avanzar hacia posiciones populistas extremas. La realidad es que en el último ranking elaborado por The Economist, España cae seis puntos, del puesto 16 al 22 en el índice de democracias del mundo.  Los síntomas de fracturas políticas, sociales y económicas están cada día más claros.

No se puede cuestionar la necesidad de repensar esta democracia que se devalúa cada día y que se puede convertir en una pura caricatura de si misma. En “El invierno de la democracia. Auge y decadencia del gobierno del pueblo” el politólogo francés Guy Hermet nos dice que “la democracia está llegando a su invierno, aunque no hay por qué temer un infarto inminente. Estamos entrando en la estación invernal de la democracia tardía, en la estación de la vejez. (…) El pueblo apenas simpatiza ya con la ficción del gobierno de todos y para todos en la que se apoya cada vez más débilmente nuestra democracia. Aunque todavía no tiene etiqueta, la posdemocracia ya está aquí, de incógnito. Estamos entrando en otra era política”. 

Está claro que se necesitan instituciones sólidas y una ciudadanía tenaz para combatirla. Porque si los ciudadanos no defienden el sistema de gobierno del que son responsables, lo pueden perder irremediablemente y porque aceptar sin cuestionamiento lo que nos imponen para limitar la democracia nos convierte en agentes de la injusticia, como plantea Thoreau.

No se trata solo de poder votar y menos cuando se vacía de sentido la mayoría las elecciones. La mayor anomalía se encuentra en la incapacidad de los gobiernos y los parlamentos en hacer frente a los embates de los poderes salvajes (Ferrajoli) que controlan la esfera pública y fagocitan a los poderes políticos a los que consiguen subordinar, privándolos de su poder de regulación. Las privatizaciones para adelgazar al estado, el control de los medios de información o la intervención de los mercados en la financiación y la deuda de los estados, vuelven frágiles a las instituciones y quiebran los derechos fundamentales.

Y una parte importante de la sociedad vuelve a pensar que la alternativa es la vieja peste parda que antecedió al fascismo y el nazismo y que se nutrió de una profunda crisis económica, social, política y ética. Desde luego, no hay una situación de plena normalidad política y democrática.