Gran Canaria y su gente de valía

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Nos cantó josefina de la torre

El Cabildo de Gran Canaria convocó a la sociedad grancanaria el pasado viernes 15 de marzo de 2019, en el Auditorio Alfredo Kraus,  para celebrar su centésimo sexto aniversario. Desde hace algunos años ese acto se centra fundamentalmente en reconocer y homenajear a personas e instituciones que han contribuido con su trabajo a hacer posible la isla que queremos. Los pueblos necesitan símbolos, referentes que alumbren y señalen los caminos, y el acto profundizó en la identificación de esos faros que hacen mejor el camino por el que transitamos para forjar sueños colectivos de futuro. Hombres, mujeres y organizaciones sociales propuestas por el Cabildo para ser distinguidas por su aportación a la construcción de la historia de nuestra isla. 

Esta sociedad, este sistema de las prisas y lo inmediato, impide, en muchas ocasiones, pararnos a reconocer el valor de personas e instituciones que viven y trabajan a nuestro lado y que tanto contribuyen al bien común. Tenemos que obligarnos siempre a transmitirles la felicitación, el agradecimiento y la satisfacción porque enriquecen nuestro capital social al ponerlo a disposición de todos y todas. Son premiadas y premiados por su valía, pero sobre todo por su generosidad por compartir lo que son y lo que crean.

Tenemos razones para festejarlo. Son la cara visible de una sociedad que progresa a pesar de las contradicciones y desigualdades; de una colectividad plural, innovadora, comprometida, trabajadora, solidaria… Nos llena de optimismo pensar que son hijos de esta tierra y por tanto no serían lo que son, sin una familia, una escuela, un barrio, una empresa, unos amigos, unas organizaciones sociales que los han ido conformando. Se premia a una grandeza personal o colectiva y, a la vez, se proclama que nuestra comunidad genera frutos que la ennoblecen y que debemos persistir en ese camino frente a la violencia, el egoísmo, la cerrazón o el catastrofismo. 

Una sociedad sana debe necesariamente reproducir lo que estas personas y colectivos representan para amplificar el modelo y que todos nos miremos en la trayectoria que les ha permitido ser reconocidos como referencias de un pueblo maduro.  Junto a los que les han precedido en este Tagoror de la sabiduría, de la implicación social, de la solidaridad, de las artes, de la economía, del deporte, del folklore, de la ciencia, del turismo, del medio ambiente… constituyen una guía, un espejo en el que mirarnos para seguir afrontando la tarea más noble de un ser humano: construir una sociedad mejor. 
Son expresión de una isla que no se rinde, incluso en los momentos más difíciles. Tal vez sea esta una característica de nuestra gente, la capacidad de crear, de innovar, de ser resilientes en los momentos difíciles o de falta de horizontes. Nos sobreponemos a las limitaciones de un territorio reducido, aislado, pero a la vez afortunado gracias al empuje de su gente y a su ingenio para convertir en oportunidades el mar, el viento, el sol, las montañas sagradas, el paisaje, la tierra herida  y nuestra posición estratégica entre tres continentes. 

A lo largo de nuestra historia, los grancanarios y grancanarias hemos luchado permanentemente frente a las dificultades, demostrando pujanza y laboriosidad para mejorar las condiciones de vida de este territorio. Son muchas las personalidades y las entidades, tanto reconocidas como anónimas,  que lo han hecho y lo hacen posible. Porque la isla y sus habitantes formamos parte de un mismo ser, una misma raíz e identidad fruto de un constante esfuerzo transformador y de progreso que nos ha conducido a crear unas infraestructuras portuarias, aéreas, sanitarias, turísticas, educativas, asistenciales, culturales, medioambientales y de investigación entre las más avanzadas en el mundo.

El viernes celebramos este aniversario juntos porque el Cabildo y la sociedad formamos una misma realidad. Pocas instituciones han sido más permeables a la hora de representar y liderar los anhelos de nuestra gente. En la construcción de la isla que deseamos es fundamental la participación del Cabildo que hoy defiende como nunca la necesidad de construir su futuro desde una propuesta de ecodesarrollo que busca una sociedad más justa e igualitaria, la potenciación de los valores democráticos en estos tiempos de incertidumbre y un modelo económico sostenible que proteja el territorio y el paisaje, que avance en mayores cotas de soberanía energética, hídrica o alimentaria, que potencie un turismo diversificado, la economía azul, la economía circular…  

Con esa certeza de comunidad que a la vez es isla se organizó la primitiva monarquía de Agaldar y Telde, o el reinado de Andamana. También lo entendieron así los primeros colonos de la ciudad-isla que surgió con la conquista. Y fue también común la lucha de toda la isla frente a piratas o en la victoria de 1599 en El Batán por las milicias movilizadas ante un ejército holandés que saqueó e incendió la ciudad. Esta isla ha crecido en una lucha permanente frente a enemigos externos y epidemias o desastres, y en tiempos más recientes, para conseguir  infraestructuras educativas, sanitarias, sociales y el autogobierno que necesita y reclama su población.

Nuestra personalidad tiene un carácter atlantista y global, con su vínculo geográfico con el continente africano que nos pobló; la Europa que nos conquistó y  la América que nos acogió cuando peor lo estábamos pasando, quizás porque siempre fue consciente de que desde aquí Colón cruzó el “mar tenebroso” y que, más tarde, parte de nuestro modelo urbano se reprodujo después en aquellas tierras.

Pero nuestra identidad sigue en construcción, descubriendo nuevas perspectivas, como indicara Manolo Padorno al considerar la identidad canaria como «una búsqueda constante… hasta ahora los espejos en los que nos hemos mirado, han deformado nuestra imagen, ha estado demasiado lejos, nos ha diluido, es incompleta. Estamos en esa búsqueda”.

Tony Gallardo, en el Manifiesto de El Hierro, reclamaba en 1976 el carácter autóctono de nuestra cultura. Vinculando nuestra universalidad a nuestros orígenes y nuestra solidaridad continental al aislamiento. Una síntesis de los planteamientos encadenados a nuestra naturaleza, nuestro paisaje, nuestro pasado y nuestras oportunidades que se han mantenido a lo largo de los siglos, desde Bartolomé Cairasco de Figueroa (siglo XVI), Antonio de Viana (siglo XVII), hasta José Viera y Clavijo(siglo XVIII), Graciliano Afonso o Rafael Bento y Travieso (siglo XIX). Pero ha sido en el último siglo, coincidiendo con la creación de los cabildos cuando más se ha hecho hincapié en la articulación del discurso sobre el carácter isleño y lo insular. La mejor mirada la tenemos sumando perspectivas como las que nos ofrecen Josefina de La Torre como mujer polifacética y pionera que comparte con Saulo Torón, Tomás Morales o Alonso Quesada el amor intenso por el mar y la naturaleza que nos abraza. 

Y debería incluir, igualmente, a cientos de mujeres y hombres que no caben es este texto y que hablan de la riqueza de la cultura canaria. Me acuerdo de Lola Massieu, de Pino Ojeda, de Jane Millares y de tantas otras que nos ennoblecen y trascienden.
Es un tema abordado además desde el debate filosófico y psicosocial con diferentes posiciones y perspectivas. De Benito Pérez Galdós y su visión cosmopolita, a los escenarios opresivos del siglo XIX retratados por Domingo J Navarro Pastrana, o a la imagen de lo isleño recuperada a través de los artistas de la Escuela Luján Pérez, sin olvidar las posiciones sobre la fusión cultural que plantean Juan Rodríguez Doreste y Antonio Lozano, al que hoy rendimos homenaje, o el endémico trastorno del sometimiento planteado por Manuel Alemán.

Son muchas las claves, como hemos visto, para entender nuestra realidad insular, pero entre el centenario que finaliza de la Escuela Luján Pérez  y el del artista César Manrique que comienza, debo resaltar la frase que orientó a nuestro lanzaroteño universal, y que tomó de otro grancanario, nuestro inmenso Néstor Martín-Fernández de la Torre, quien tuvo como lema “hacer de la vida una obra de arte”. Como han hecho y hacen estas personas y entidades que recibieron los símbolos de esta isla representados en el Roque Nublo y en el Can, por su contribución a la construcción de esta sociedad insular y las que pasan a ser hijos adoptivos o predilectos por su aportación a nuestra comunidad y como ejemplos de superación.
El Cabildo Insular, hasta en su denominación, es una recreación canaria que responde a la necesidad de autogobierno de unas islas ancladas en medio del Atlántico para las que no se adecuaba la administración peninsular. El tiempo ha dado la razón a quienes inspiraron la Ley de Organización Administrativa del Archipiélago aprobada por el Congreso español el 1 de julio de 1912 por la que se creaban los Cabildos.  Durante estos 106 años el Cabildo de Gran Canaria ha sido un instrumento de progreso y modernización indudable de nuestra isla. 

Entonces resultó insuficiente para quienes aspiraban a la división provincial. Hoy, con el paso del tiempo, el Cabildo es una institución querida que representa junto a los ayuntamientos, el lugar más cercano donde los derechos, las necesidades y las aspiraciones colectivas encuentran una proyección y una articulación legítima y sentida. Con la creación de la administración autonómica pareció que el papel de la isla se desvanecía. Paradójicamente, ha sido todo lo contrario. El Cabildo vuelve a ser el contrapeso que exige equilibrio, respeto, consideración a los derechos de Gran Canaria. Nuestra sociedad ha estado movilizada durante todo el siglo XX para encontrar el encaje donde se reconociera la pujanza, el dinamismo y el liderazgo que económica, social y culturalmente hemos representado. Déjenme que cite también aquí y ahora, aprovechando que se acaba de cumplir el doscientos aniversario de su nacimiento, al alcalde de la capital de la isla, Antonio López Botas, que desde su “Partido Canario” defendió siempre el lema “Todo por y para la Gran Canaria”.

 Con frecuencia, nuestras plazas y nuestras calles se han llenado de gente para reivindicar cambios que permitieran el desarrollo de nuestra isla. La última vez nos encontramos en la exigencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hemos avanzado en algunos aspectos, pero subsisten inercias, desconsideraciones, desequilibrios, acaparamiento que no podemos aceptar y que no vamos a silenciar. Porque queremos un trato justo y equilibrado para todas y cada una de las islas.

Esta historia que celebramos es la que nos permite soñar con un futuro que haga posible a nuestros hijos y nietas disfrutar de las oportunidades que se merecen. Aspiramos a una isla solidaria y cohesionada donde reduzcamos las desigualdades y todas y todos podamos vivir en plenitud de derechos. No hay recuperación sin plena inclusión. Tenemos que seguir impulsando políticas y acciones por la igualdad de género que afecten a todas las dimensiones de la vida social, cultural, económica y política. De nuevo nos lo ha recordado la ciudadanía en la calle el 8 de marzo.

Queremos hacer de Gran Canaria una ecoisla de vanguardia y referencia. Tenemos todas las condiciones naturales para serlo. Nuestro desarrollo ha estado ligado a la innovación y al talento. Queremos seguir avanzando de la mano de nuestra Universidad y de las entidades de investigación y desarrollo para que la Investigación al máximo nivel encuentre en Gran Canaria la mejor plataforma para proyectarse internacionalmente. Queremos también ofrecer al mundo las riquezas culturales y patrimoniales que conservamos. Nada nos haría más felices que poder compartir el año próximo esta celebración con la alegría de que Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria hayan sido declaradas Patrimonio mundial de la Humanidad.

Somos un pueblo con identidad porque muchas personas y organizaciones le ponen rostro, relato, emoción y ejemplo. Sus biografías nos obligan a ser exigentes, incansables en la defensa del presente y del futuro de Gran Canaria. Juntos lo podemos alcanzar. Como nos cantó Josefina de la Torre:

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Una estrategia insular de vivienda

El análisis de estos datos, así como de diversos fenómenos que están coadyuvando a un incremento de los precios de la vivienda y a importantes restricciones de la oferta de viviendas accesibles para aquella parte de la sociedad más vulnerable económicamente debe obligar a la administraciones públicas a diseñar, planificar y ejecutar acciones que traten de revertir la problemática actual.

La Constitución española proclama en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, sitúa a la vivienda como objeto de un derecho fundamental de las personas, tan básico como el vestir o la asistencia sanitaria. Sin embargo, por diversos factores, el acceso a este derecho fundamental se sitúa hoy como una de las principales preocupaciones para gran parte de la ciudadanía. Es por esto que la política pública de vivienda debe tener un lugar prioritario en la agenda de cualquier Gobierno; sobre todo de uno que ponga el foco en las personas.

Por esta razón, el Cabildo de Gran Canaria se ha planteado impulsar con fuerza en los últimos años el Consorcio de Viviendas insular, como instrumento que contribuya -junto con el resto de poderes públicos competentes- a revertir, de manera efectiva, la problemática que presenta el sector de la vivienda en nuestra isla. En estos últimos tres años y medio se han invertido 11,3 millones de euros en la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del parque público de vivienda. Se han destinado 9,7 millones de euros para rehabilitar 3.325 viviendas mediante 16 proyectos de rehabilitación en El Lasso, Cruce de Sardina, Barrial de Gáldar, Becerril de Guía, La Aldea, Santa Brígida, Valsequillo, Tres Palmas, Jinámar y Moya. Igualmente, se ha apoyado, con 2,5 millones de euros a 427 familias en situación de vulnerabilidad social con subvenciones destinadas a la reparación y accesibilidad en sus viviendas. Al mismo tiempo, se trabaja en políticas de coordinación para dar respuesta a las realidades municipales en esta materia y se colabora con las plataformas ciudadanas antidesahucios mediante subvenciones con el fin de apoyar a las familias que se encuentran en situación o riesgo de desahucio. También se han aumentado los presupuestos de este ente en más de un 90% pasando de los 1.401. 027 euros con que estaba dotado en 2015 cuando llegamos a los 6.458.133 euros actuales.

Pero entendíamos, fruto de la experiencia y del conocimiento de la realidad, que teníamos que ir más allá y encargamos entonces la redacción del I Plan Estratégico de Vivienda de Gran Canaria que presentamos públicamente hace unos días.

El elevado impacto de las medidas de austeridad adoptadas en nuestro país durante la crisis ha tenido un efecto muy perjudicial para el disfrute de este derecho, particularmente en las personas y grupos más vulnerables. Es absolutamente necesario incrementar el gasto público en vivienda, algo en lo que España está a la cola de Europa. Si sumamos en España el gasto público que destinan las administraciones que, por razón de sus competencias, tienen el protagonismo en la materia -la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas- comprobamos que este se sitúa en torno al 0,04 % del PIB a diferencia de otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido que destina el 1,41 por ciento del PIB, Francia que lo hace con un 0,8 % o Alemania que le dedica un 5,9 por ciento.

Las proyecciones demográficas apuntan a que Canarias estará entre las Comunidades Autónomas con uno de los mayores aumentos de población de España en los próximos 15 años (16,7 %) debido al saldo migratorio, lo que incrementará la presión de la demanda de viviendas.

Asimismo, existe un importante déficit de viviendas protegidas para el alquiler (solo el 2,6 % de la población en España disfruta de dicho régimen de tenencia, una cifra que contrasta con los porcentajes superiores al 15% que disfrutan países europeos como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca). Esta escasez de viviendas protegidas es especialmente grave ante el incremento de precios que vuelve a experimentar la vivienda. Muchas familias están teniendo importantes dificultades para poder hacer frente al pago de los alquileres. Según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2017, una media del 9,8 % de los hogares españoles destina, al menos, el 40 % de su renta disponible a los gastos de la vivienda. En Canarias este porcentaje sube al 12,1 %, solo superada por las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid.

Este sobrecoste está originando que muchas familias se encuentren en procesos de ejecución hipotecaria o de lanzamiento judicial de sus viviendas, por no poder hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario o del alquiler. No podemos obviar que Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión residencial, con una tasa del 44,6 % de la población según el VII informe “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016” de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). La vivienda es un factor esencial de integración social y las carencias en este ámbito pueden convertirse en el desencadenante del proceso de exclusión. Según la Federación Europea de Organizaciones Nacionales, en España los hogares pobres gastan un 37,7 % de sus ingresos en vivienda, un 13,6 sufre retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 38% padece hacinamiento, un 23,2 % tiene dificultades para calentar sus hogares… Además, Canarias es la Comunidad Autónoma en la que más hogares tienen deficiencias estructurales en sus viviendas (humedades en paredes o techos, podredumbre de ventanas o puertas, etc.). Así, mientras que la media nacional de población que vive en hogares con esta problemática es del 11,5 %, en Canarias este porcentaje sube al 32,1 %.

En el diagnóstico efectuado, lanzamos la hipótesis de que se precisan cerca de 6 mil viviendas protegidas en Gran Canaria para hacer frente a las necesidades reales. Es increíble que el Gobierno de Canarias, que es a quien corresponde la planificación de la política de vivienda en la Comunidad Autónoma y el protagonismo en la promoción de vivienda protegida, no haya hecho absolutamente nada en los últimos años en este campo, que no haya construido una sola vivienda pública en Canarias (el último Plan Canario de Vivienda aprobado correspondía al período 2009-2012). Conviene resaltar que, según los últimos datos publicados por el ISTAC, en Gran Canaria existen más de 57 mil viviendas desocupadas, por lo que la respuesta al déficit de viviendas protegidas no tiene por qué significar necesariamente consumo de suelo.

De otro lado, la necesidad de mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de las edificaciones la vislumbramos como una enorme oportunidad para planificar y desarrollar acciones que redunden en una mejora del parque de viviendas existente en Gran Canaria y contribuir al esfuerzo por instaurar una economía basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los objetivos, previsiones y políticas de la Unión Europea.

El análisis de estos datos, así como de diversos fenómenos que están coadyuvando a un incremento de los precios de la vivienda y a importantes restricciones de la oferta de viviendas accesibles para aquella parte de la sociedad más vulnerable económicamente (el alquiler vacacional, el desembarco de grandes fondos de inversión internacionales y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria en el sector, etc.), debe obligar a la administraciones públicas a diseñar, planificar y ejecutar acciones que traten de revertir la problemática actual.

El Plan Estratégico del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria que acabamos de presentar intenta contribuir a dar respuesta a estos retos, para lo que hemos definido 18 objetivos y más de 84 proyectos concretos. Se trata de proteger a los más débiles, colaborar con las plataformas que defienden sus derechos, exigir la construcción de nuevos parques públicos de vivienda, impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, reducir la morosidad de los usuarios de las viviendas protegidas, potenciar el Consorcio y promover la innovación en los parques públicos de vivienda.

La educación, una urgencia social

Estamos a tiempo de retomar el vuelo. Necesitamos recuperar el tiempo perdido. Es tiempo de apostar por lo que verdaderamente importa

A pesar de lo que hemos avanzado, sigue siendo una urgencia social abordar y mejorar la educación, la formación de nuestros muchachos y muchachas. El título de este artículo pudiera parecer repetido, de respuesta obvia o suficientemente respondido a lo largo de la historia de la educación. Por eso mi interés está en acercar la reflexión a nuestro aquí canario, y al ahora contemporáneo, que ha modificado las condiciones de vida y acceso a la educación de nuestros jóvenes. Aunque parezca que propongo hablar de cuestiones sabidas, considero útil que hablemos de educación porque todos los retos no están ganados. Y además porque vivimos en un momento en que el ruido social se dirige hacia otros temas, como el paro, la corrupción, o el sistema político, olvidando que el sistema educativo vertebra la organización social y es fuente decisiva de oportunidades y cohesión social. Desgraciadamente la educación no está de moda. En la mayoría de las encuestas preocupa casi siempre a menos de un 10% de la población.

Canarias ha carecido de una educación generalizada durante la mayor parte de su historia. Pero es especialmente indignante que se excluyera al 80% de la población de una atención educativa básica hasta bien entrado el siglo XX. Podemos afirmar que hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y al traspaso de competencias educativas al Gobierno de Canarias en 1983, la educación fue elitista y dirigida a formar solo a un tercio de la población. Las familias obreras o rurales, que eran la mayoría, no fueron beneficiarias, en general, de un sistema educativo que fue selectivo y minoritario. La extensión de la educación en nuestra Comunidad apenas tiene unos 33 años de historia. Demasiado poco tiempo para paliar o revertir un abandono y un retraso seculares. Es más, en dos estudios que acabamos de conocer se demuestra que la desigualdad sigue estando desgraciadamente muy presente. En un reciente informe sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias se constata que la desigualdad económica es “determinante” en el rendimiento de los estudiantes en nuestra Comunidad. El estudio Desigualdades Socioeconómicas y Rendimiento Académico publicado por el profesor Álvaro Choi de Mendizábal señala también como concluyente en los resultados escolares el nivel socioeconómico de las familias.

 El primer instituto en Gran Canaria se crea en 1913. Hasta entonces solo funcionaba uno en La Laguna. Una desigualdad sangrante, desde entonces, con la mayoría de provincias del estado. Al comienzo de la transición política, entre 1976 y 1983, la mitad de los niños de Las Palmas de Gran Canaria y  Telde, tenían que ir, en Educación Primaria, a turnos de tarde porque no había plazas escolares por la mañana. En esas fechas las tasas de analfabetismo absoluto adulto, entrando en el último cuarto del siglo XX, rondaban el 18% de la población. Imaginen en cuánto podía estar el analfabetismo funcional. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se crea hasta 1989. Con estos datos quiero concluir que el déficit educativo en Canarias es estructural, neocolonial, porque es consentido por la burguesía de aquí y los poderes de allá. 

Con esta historia, el presente, para reparar los déficits, debe ser exigente en inversión, en dedicación educativa. Todo lo que no sea priorizar la atención individualizada, la compensación de atención al alumnado con déficits socioeconómicos, la atención a la diversidad, la formación de las familias, el fomento de la participación educativa, la animación de comunidades de aprendizaje, la formación permanente del profesorado, es traicionar una deuda histórica que los canarios no deberíamos consentir. Con estas urgencias, debates frívolos como los que hemos vivido sobre los videojuegos en la escuela nos deben sonrojar o abochornar.

Cuando se analizan y comparan los datos escolares, las pruebas de rendimiento escolar, las evaluaciones de organismos internacionales como PISA o las pruebas de diagnóstico a nivel estatal, por ejemplo, sabemos que no pueden descontextualizarse y analizarse de forma aislada, porque estaríamos falseando la realidad. Lo que somos hoy, es resultado de un pasado demasiado reciente. No es una realidad inamovible afortunadamente, pero tardará generaciones en reponerse. 

 Con la estructura económica volcada en el sector servicios, con la situación geográfica de la que disfrutamos, el nivel formativo de nuestros jóvenes es decisivo para alcanzar unas condiciones dignas de vida. Este factor es relevante para las biografías individuales de cada uno de nuestros hijos o nietos, pero también para la colectividad. La formación nos facilitará la emprendeduría, la innovación, la capacidad de adaptación a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Pero nuestra sociedad necesita talento, capacidad, conocimiento. El progreso que Canarias ha experimentado en estos últimos 30 años está ligado directamente al incremento de niveles formativos de nuestra gente. La eficiencia en el sector turístico, los avances en economía marina, el desarrollo de energías alternativas, los progresos en desalinización y depuración, la renovación de puertos y aeropuertos, la modernización de nuestras empresas y la formación de un tejido de personal técnico y profesionales solventes, son resultado de un incremento del talento y de la formación de nuestros jóvenes. 

        Y precisa igualmente de personas formadas –más allá del pensamiento contable- en valores democráticos, cívicos, de igualdad, de educación sexual y afectiva, de diversidad, de violencia de género… De hombres y mujeres críticos, con pensamiento propio. El Nobel Vargas Llosa, en su última visita a Gran Canaria nos advertía de que en el contexto de este mundo “en el que hay que formar fundamentalmente gente preparada para entrar al mercado laboral, (…) la educación que no incluye una formación integral del individuo y prepara sólo técnicos y especialistas puede crear un mundo robotizado en el que lo primero que podría desplomarse es la democracia. La democracia necesita ciudadanos alertas, que tengan un espíritu crítico que solo las humanidades estimulan y crean”.  

        Martha Nussbaum señala que el miedo a las Humanidades esconde el temor a que se genere la comprensión frente a la moral obtusa. Que la capacidad de reflexionar y argumentar en lugar de someterse que facilitan las carreras humanísticas supone un valor esencial para la democracia. Que hay que impedir que se forjen generaciones sumisas, máquinas utilitarias, eficientes y productivas y sin capacidad de pensar, de debatir, de ser críticas…

En este momento de la reflexión quiero seleccionar cuatro preguntas  con cuya contestación pretendo responder al título de esta exposición:

        ¿Todos nuestros jóvenes alcanzan una formación suficiente? ¿Consiguen el nivel óptimo para desarrollar todas sus capacidades y oportunidades? Si cruzamos los datos académicos de rendimiento escolar y la experiencia de familias y de instituciones que impulsamos planes de empleo juvenil podemos convenir que, al menos, un tercio de nuestra población escolarizada en educación secundaria, entre 15 y 20 años, no consigue niveles de cualificación suficientes para graduarse en Secundaria. Sabiendo que esos niveles son la referencia básica para acceder al mercado de trabajo, con posibilidades mínimas de responder a las necesidades de un empleo moderno, podemos concluir que un tercio de la población juvenil, en la mejor hipótesis, está en riesgo de exclusión sociolaboral permanente y temprana. 
Aquí tenemos a mi juicio definido un colectivo que debe ser objeto de atención intensiva y cualificada porque no basta con una actuación escolar clásica. Se necesita una intervención sociocomunitaria, con equipos multidisciplinares y donde la participación de las familias y la acción en el entorno de ocio, urbanístico, deportivo, de salud, artístico, medioambiental debe requerir una acción global, integral y a largo plazo. Si no se interviene con urgencia, pasará de ser un problema educativo a convertirse en una grave situación social. Animo  a conocer y extender las experiencias que se están organizando en varios lugares de nuestra isla, especialmente en Telde, porque afortunadamente estamos pasando del diagnóstico a la acción.

¿La educación continúa ejerciendo de ascensor social frente a la desigualdad de origen? En la formación de las sociedades del bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, la fe en la capacidad de la educación para igualar oportunidades que la cuna había negado eran altísimas. Aquella euforia se llegó a definir como optimismo pedagógico. Treinta años después de aquellas políticas intensivas en recursos y en programas, la conclusión es más moderada. La educación sigue siendo un ascensor que promociona a ciertos grupos desfavorecidos, pero no genera una igualación automática. Igualar inmediatamente lo que durante generaciones ha sido desigual, nos dicen los sociólogos que responde a una fantasía o a una ingenuidad pedagógica. Las diferencias en expectativas, en autoestima, en resiliencia, en lenguaje no se resuelven directamente con los programas escolares oficiales, sino que necesitan actuaciones específicas y constantes.

El saber se hereda. La formación de los padres es determinante para alcanzar el éxito escolar. Por eso, alcanzamos otra conclusión. Para que la educación sea un potente ascensor social tenemos que trabajar con las familias. La escuela tiene que incluir a las familias en el proceso de mejora. Si se actúa aisladamente los resultados son lentos e inseguros. En el informe de la Caixa sobre la inclusión social editado en 2009, se constataba que el 73% de los hijos e hijas de universitarios han estudiado una carrera, mientras que tan sólo lo ha hecho el 20 % de aquellos cuyos padres no eran universitarios.

Nuestra referencia tiene que ser la de actuar sobre la comunidad educativa, sabiendo que tras la crisis las familias viven tensiones que las alejan de la atención de sus hijos o de la presencia en los centros educativos. En su momento Abraham Lincoln afirmaba que educar a los niños haría innecesario educar a los adultos. Las investigaciones sociales nos demuestran que no es suficiente. En este mundo local y global el aprendizaje a lo largo de la vida es inevitable. Me gustaría que las políticas educativas no reprodujeran las desigualdades de origen por desconocimiento, por desinterés o por selección social. 

¿El contenido de la formación permite un acceso digno a la vida laboral?  En los interrogantes anteriores pregunto por la cantidad y por la orientación de la educación. Ahora analizo el factor calidad. Y surge una nueva contradicción. Mientras estamos peleando por no perder a un tercio de jóvenes en la escolarización obligatoria, comprobamos cómo otro tercio se escapa con una formación de alto nivel en idiomas, en dominio de las nuevas tecnologías, en estrategias de innovación y resolución de problemas, en técnicas de comunicación y expresión, en metodología eficiente para organización de tareas. 

La complejidad de los requerimientos que la sociedad hace a la escuela abre una nueva brecha porque fractura al alumnado en tres tercios. Cerca de dos tercios de nuestro alumnado no alcanzan esas nuevas demandas que el mercado laboral premia. En muchos casos porque su escolarización les impide acceder a esas destrezas. Es el grupo que difícilmente titula en secundaria y del que ya hemos hablado. Otro tercio no encuentra en sus colegios o las familias el ambiente, la oferta actualizada y motivadora que les acerque a las nuevas competencias. Queda un tercio que sí alcanza estas enseñanzas porque se combina el ambiente familiar estimulante con una organización escolar cercana, actualizada y adaptada.

¿El compromiso educativo institucional, de liderazgo público e inversor es suficiente en Canarias? Con las condiciones históricas, sociales y políticas que he descrito, es imprescindible un liderazgo institucional intenso que transmita a la sociedad que la educación es una prioridad social y consiga contagiar a la ciudadanía de este objetivo con el mismo entusiasmo con el que salimos a la calle a pedir Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Me refiero a la convicción social que interiorizó la sociedad canaria en los primeros 15 años de gestión educativa autonómica y que se tradujo en incremento de plantillas y de contratación de miles de enseñantes, en construcción de centros educativos, en generalización de institutos en todos los municipios, en colaboración con los ayuntamientos, en extensión de la educación infantil, en creación de escuelas oficiales de idiomas, en proliferación de programas de innovación y renovación pedagógica, en mejora de las condiciones laborales del profesorado y de su consideración social, en programas de formación y participación de las familias, en gestión democrática de los centros. En definitiva en una acción coherente, colectiva y movilizadora de toda la sociedad en favor de la educación. Eso se hizo con liderazgo político del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, con movilización de sindicatos y movimientos de renovación pedagógica, con implicación de las Ampas y organizaciones sociales. 

Sin abusar de la nostalgia, porque no creo que todo tiempo pasado fuera mejor, yo no percibo esa movilización hoy. No descubro esa voluntad en la dirección política, ni esa capacidad de profesorado, familias o municipios para demandar un cambio de rumbo. 

A pesar de este diagnóstico, que pudiera parecer pesimista, me reafirmo en el valor fundamental de la educación. Ya lo demostré cuando promovimos desde el Ayuntamiento de Agüimes aquella ordenanza que garantizaba la atención adecuada a los menores para favorecer su éxito escolar, cuyos beneficios han quedado demostrados. Quiero proponerles para el debate algunas medidas ya contenidas, en su mayoría, en la Ley Canaria de Educación y que no veo señales de que vayan a ponerse en práctica:

 Ofertar a las familias, voluntariamente, la escolarización gratuita de los 0 a los 3 años -la capacidad compensadora de la educación temprana está sobradamente demostrada-; generalizar programas formativos a todas las familias en los institutos de Secundaria e implementar acciones socio comunitarias tutorizadas por personal especializado; facilitar acceso al empleo y a la vivienda a las familias que vivan bajo el umbral de la pobreza; garantizar en todos los centros de Infantil y Primaria la existencia de equipos especializados en atención a la diversidad que faciliten la inclusión de todo el alumnado; potenciar la estabilidad de los claustros favoreciendo la conformación de equipos con proyectos educativos adaptados a las zonas; reducir las ratios e incrementar la formación del profesorado para que la adaptación curricular pueda ser efectiva.

Estamos a tiempo de retomar el vuelo. Necesitamos recuperar el tiempo perdido. Es tiempo de apostar por lo que verdaderamente importa: la educación como elemento esencial para el desarrollo integral de una comunidad.