Mes: agosto 2026

En las dos últimas semanas he publicado en este mismo medio dos artículos, a raíz de la “guerra híbrida” de Ceuta, analizando el envalentonamiento de Marruecos ante el nuevo mapa geoestratégico de la zona y cómo  ese país juega con las cartas marcadas – haciendo trampas-  en sus relaciones con Europa y con España. Obviamente, siempre con la realidad de Canarias en un primer plano. Hoy pretendo cerrar esta trilogía de textos con una reflexión acerca de llo que entiendo como una pinza perfectamente diseñada por EEUU e Israel, con Marruecos como cómplice necesario, para debilitar al Viejo Continente.

Hay decisiones que, vistas por separado, parecen episodios sueltos de la política internacional. Un arancel aquí, una declaración sobre Groenlandia allá, un guiño a un partido de extrema derecha en otro lado. Pero cuando se observan en conjunto, durante un periodo sostenido y con una dirección constante, dejan de ser ruido y empiezan a dibujar un patrón. Esa es la lectura que cada vez más analistas y observadores del Mediterráneo occidental hacen del actual momento geopolítico: una convergencia de intereses entre la Administración Trump y el Gobierno de Netanyahu que produce unos efectos muy concretos sobre Europa: la debilitan, la fragmentan y la hacen más dependiente.

Estamos ante una acumulación de hechos verificables que, sumados, configuran una tendencia difícil de ignorar. En algunos momentos con indicios claros de una guerra de “zona gris” de peligrosas consecuencias. Y eso  merece ser analizado con rigor desde una  región como la nuestra, situada en la frontera sur de Europa y, por tanto, en primera línea de sus consecuencias.

El primer instrumento de acoso es económico. La presión económica como palanca para generar desestabilización. Los aranceles impuestos por Washington desde 2025, y el acuerdo posterior que dejó a la UE aceptando condiciones asimétricas en sectores clave, obligan todo el tiempo a Bruselas a negociar desde la debilidad y premian los acuerdos bilaterales al margen del bloque comunitario. Una Europa dividida comercialmente es una Europa más fácil de empobrecer y de influir políticamente. Aunque se ha llegado a un acuerdo en julio, siguen sin cerrarse los del acero y el aluminio, con la amenaza constante de Trump de aplicar medidas adicionales

Las reiteradas declaraciones de Trump sobre su intención de controlar Groenlandia, sin descartar presiones económicas o militares, son un test de hasta qué punto la UE y la OTAN reaccionan unidas cuando la integridad territorial de un miembro -Dinamarca- es cuestionada por su principal aliado. La respuesta ha sido tibia. Y esa tibieza es, en sí misma, un mensaje preocupante. La anexión de este territorio con fines militares, obtención de tierras raras y petróleo y de control del Ártico sigue estando sobre el tablero. En el mes de julio, en la cumbre de la OTAn en Ankara, el presidente estadounidense volvió a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense. En agosto, una compañía petrolera vinculada al entorno de Trump intento iniciar perforaciones sin autorización alguna.

La política hacia Rusia sigue el mismo guion. Los frenos puntuales a la ayuda militar a Ucrania, los contactos bilaterales Washington-Moscú sin presencia europea, y la presión sobre Kiev para aceptar condiciones territoriales, envían un mensaje claro: Europa ya no puede dar por garantizada la protección estadounidense ni es necesaria para resolver conflictos que les afectan de manera muy directa. Eso la obliga a rearmarse de forma acelerada y desordenada  y erosiona la cohesión de una Unión que no comparte el mismo grado de exposición a la amenaza rusa. Deliberadamente ha roto la estrategia común, pasando de una lógica de alianza a una lógica más transaccional.

Curiosamente, la sustitución del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha reconfigurado el mapa energético europeo y ha reforzado el peso de Estados Unidos como proveedor de gas natural licuado, generando una mayor dependencia de este país. La verdadera autonomía europea exige acelerar las renovables, el almacenamiento y la electrificación.

Especialmente inquietante es el patrón de acercamiento norteamericano a la extrema derecha europea. El discurso del Vicepresidente de EEUU J.D. Vance en Múnich (febrero de 2025), criticando a los gobiernos europeos por el cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania, fue una declaración de intenciones. A ello se suman gestos de apoyo explícito a esa formación por el Gobierno estadounidense y una relación cordial con lideres de la extrema derecha que contrasta con el trato a otros gobiernos. Apoyan sin ambages a las fuerzas políticas que defienden más soberanía nacional y menos integración europea y prefieren tratar con gobiernos nacionales y movimientos políticos afines que con la UE. El objetivo es el mismo que el de los aranceles: fragmentar el consenso europeo desde dentro. Rubio, Secretario de Estado norteamericano, ha planteado construir un “nuevo siglo occidental” presentando a EEUU y Europa como parte de una misma civilización (sin la UE, claro) y para eso están forzando un desplazamiento progresivo del centro político europeo hacia posiciones más nacionalistas, antiimigración, iliberales y euroescépticas. En estos momentos, más de 120 millones de europeos viven en países gobernados por partidos de extrema derecha.

La exigencia de elevar el gasto en defensa -el 5% del PIB planteado en la cumbre de La Haya de 2025- convive con una ambigüedad calculada sobre el compromiso automático del artículo 5 según qué país lo invoque. Una Alianza sin garantías incondicionales deja de ser un paraguas compartido para convertirse en un instrumento de negociación bilateral, donde Washington dicta condiciones y Europa las acepta por miedo a quedar desprotegida. EEUU plantea que Europa asuma la mayor parte de la defensa convencional, gaste mucho más y, al mismo tiempo, acepte que Washington determine de manera unilateral dónde considera que están sus intereses estratégicos. Por lo pronto Europa está obligada a aumentar enormemente su gasto militar generando serias controversias políticas y sociales. Además de serios desencuentros en asuntos como la consideración de genocidio a la masacre israelí en Gaza – Borrell acaba de declarar que los valores de Europa yacen enterrados entre las ruinas de Gaza-  o la desavenencia entre Francia y Alemania que han roto su acuerdo  para la construcción de un caza europeo.

No es moco de pavo la subordinación tecnológica de Europa a Estados Unidos. Las grandes redes sociales, buscadores, sistemas operativos y buena parte de la inteligencia artificial están dominados por empresas estadounidenses. En la nube, Amazon, Microsoft y Google ocupan posiciones centrales, mientras Europa depende también de proveedores extranjeros para determinados semiconductores, hardware avanzado y servicios digitales. Esta dependencia afecta directamente a la soberanía europea: datos, infraestructura digital, IA, algoritmos y plataformas condicionan cada vez más la economía, la información y hasta la democracia. Y está todo mayoritariamente controlado por EEUU y el tecnofascismo aliado de Trump.

Y como ya comenté en los artículos anteriores, aparece Marruecos y la frontera sur como pieza estratégica, como un instrumento más de cerco a Europa. Marruecos ha pasado a ser un socio privilegiado de EEUU e Israel, y esa condición le ha dado algo más valioso que el reconocimiento diplomático: impunidad de facto para utilizar la gestión de sus fronteras como instrumento de política exterior frente a España y la Unión Europea. Y sabe jugar muy bien esa “guerra híbrida”, de peligrosas consecuencias, aún dependiendo de Europa para sectores estratégicos de su economía.

El mecanismo es conocido: la frontera se abre o se cierra según convenga a Rabat, en función de negociaciones que nada tienen que ver con la política migratoria en sí misma, sino con el Sáhara, la ampliación de sus fronteras, los minerales, la energía, la defensa, la vigilancia y la  inteligencia, la tecnología o el respaldo internacional que Marruecos necesita en cada momento. Lo que ha cambiado en el escenario actual es el contexto en el que ese instrumento se activa: un Marruecos reforzado por su integración creciente en la arquitectura de los Acuerdos de Abraham, con una relación cada vez más estrecha con Israel en seguridad y defensa, y con una Administración estadounidense que no cuestiona ese uso instrumental de la frontera, sino que refuerza a Rabat como socio estratégico frente a cualquier presión europea.

Washington está construyendo una relación privilegiada con Marruecos porque le es muy importante para controlar el Atlántico, el estrecho de Gibraltar y el acceso al Mediterráneo y, sobre todo, el Sáhara Occidental, además de afianzar una política de inteligencia, de la mano de Israel, a los pies del continente europeo.

Y es también un elemento de desestabilización calculado: ya empiezan a aparecer voces influyentes norteamericanas reconociendo las reivindicaciones marroquís sobre Ceuta y Melilla. Se trata de un paso más en una confrontación que está dividiendo a la sociedad española, fragilizando y fracturando al Gobierno de España y mostrando las debilidades de Europa y del Estado español.

En el momento que escribo este articulo, la situación en Ceuta se hace insostenible con entre diez y quince mil personas deambulando por sus calles: los ciudadanos se manifiestan cada día, se producen situaciones de violencia indeseables y el Gobierno español -que ha actuado tarde y mal- se sigue no solo mostrando incapaz de controlar la situación sino que se ha quedado absolutamente solo exculpando a Marruecos de lo sucedido e insistiendo en que es un socio fiable.

Todo esto nos obliga a preguntarnos si Europa puede tener una política exterior y de seguridad autónoma en el Mediterráneo occidental si depende simultáneamente de Marruecos para controlar su frontera mientras el país alauita se entrega en cuerpo y alma a Israel y EEUU y juega a la desestabilización.  Porque el flanco sur no es solamente migración, es Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla, Sáhara Occidental, rutas atlánticas, energía, pesca, seguridad marítima, terrorismo, minerales críticos y una creciente e inquietante presencia militar y tecnológica de Marruecos. Esa lógica estructural es la que conviene tener presente al analizar cualquier episodio de tensión fronteriza.

Es un enorme un error ignorar que el resultado agregado de las decisiones de Trump con respecto a Europa apuntan en la misma dirección: una Europa presionada económicamente, dependiente militarmente, fragmentada por dentro y expuesta por su flanco sur a una gestión migratoria convertida en instrumento de negociación, presión y chantaje. Repito: una Europa sometida a una guerra en “zona gris”, con una guerra híbrida en su frontera sur con Marruecos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la parálisis ni la ingenuidad. Europa necesita una política exterior y de seguridad genuinamente autónoma, capaz de sostenerse sin depender de la voluntad cambiante de una Administración estadounidense, y blindar su unidad interna frente a quienes trabajan por fragmentarla desde dentro. Necesita entender que su frontera sur no es un problema periférico gestionable con partidas presupuestarias de emergencia, sino un espacio estratégico de primer orden donde se juega buena parte de su autonomía futura. Y es preciso, igualmente, una estrategia clara y contundente de defensa de la democracia y de los valores de la Ilustración que han definido al ahora anciano y débil continente europeo.

Desde este archipiélago atlántico tenemos que exigir que estas dinámicas se analicen sin complejos, sin miedo, con el rigor que exige la complejidad del momento y con la firmeza de quien sabe que Canarias no es un margen, sino uno de los puntos donde se decide el futuro de la relación entre Europa y su vecindario mediterráneo y atlántico. En otras palabras: Canarias necesita una Europa fuerte, no menos Europa, precisamente cuando la relación transatlántica y el equilibrio con Marruecos están cambiando y nos está amenazando.

La semana pasada advertía en este medio del peligro que supone para Canarias el envalentonamiento de Marruecos alimentado por los Acuerdos de Abraham entre Estados Unidos, Israel y el reino alauita. Decía entonces que ese pacto esconde un cambio en el tablero geoestratégico de consecuencias relevantes. Hoy quiero profundizar en ello, porque estamos ante un hecho que compromete la seguridad de Canarias, de España y de Europa entera.

Los Acuerdos de Abraham no fueron nunca un simple documento de buena vecindad. Fueron la pieza con la que Washington compró el reconocimiento marroquí de Israel a cambio de reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, territorio pendiente aún de descolonización según la legalidad internacional. Ese canje, sellado bajo la primera Administración Trump y mantenido después, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar que antes no tenía, en la región donde Canarias es frontera sur de Europa. No hablamos de un problema lejano, sino de nuestra vecindad inmediata.

El avance de la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos no es un fenómeno paralelo a esta alianza: es su combustible. Trump ha convertido su relación con Israel y, por extensión, con Marruecos, en un instrumento de presión sobre la propia Unión Europea, a la que acusa de rival comercial e ideológico. Esa complicidad entre Washington y Tel Aviv, con Rabat como socio, dibuja un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa justo cuando su frontera sur, que es la nuestra, se ha convertido en elemento de ajuste de la política exterior marroquí.

Porque de eso se trata. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. Lo hemos visto en Ceuta, en Melilla y en Canarias en distintas ocasiones. Cuando le conviene, flexibiliza el control de su frontera para que la atraviesen miles de personas, con la connivencia explícita de sus autoridades. No es nunca un fallo de control fronterizo: es una demostración de fuerza, un mensaje a Madrid y a Bruselas: “tenemos la llave de tu frontera y la usaremos cuando nos convenga”. Ese mensaje se ha repetido en los últimos días, con nuevas entradas que no responden a la casualidad sino a una presión calculada.

Marruecos no es un socio de fiar. Es un país con el que Europa mantiene relaciones necesarias, incluso imprescindibles en seguridad y comercio, pero que juega sistemáticamente con cartas marcadas: utiliza la cooperación cuando le beneficia y la desactiva cuando quiere obtener concesiones. Ha convertido la gestión de los flujos migratorios en herramienta de política exterior, y eso, con un reforzamiento militar y diplomático sin precedentes gracias a su alianza con Israel y Estados Unidos, es realmente peligroso.

Hay una dimensión más que no podemos pasar por alto: esta alianza no solo debilita la posición exterior de Europa, sino que sirve de combustible para torpedear desde dentro a las propias democracias liberales europeas. La conexión ideológica entre el trumpismo, el gobierno de Netanyahu y determinados sectores que ven en Marruecos un socio afín, no es casual: forma parte de una misma corriente que financia, legitima y amplifica a las fuerzas de ultraderecha en el continente. Hablamos de formaciones que gobiernan, como en Italia con Meloni, que rozan el poder en Francia con Le Pen, que crecen sin freno en Alemania con Alternativa para Alemania, y que amenazan con romper el consenso democrático en Países Bajos, Austria o el Este. Cada avance de esta alianza envía una señal de legitimación a estas fuerzas: su modelo autoritario y hostil a la construcción europea tiene el respaldo tácito de la primera potencia mundial y de sus aliados regionales. Europa no solo enfrenta presión externa en su frontera sur; enfrenta también una erosión interna de sus valores democráticos alimentada, en buena medida, desde el mismo eje que sostiene a Marruecos. No se puede combatir el envalentonamiento marroquí sin combatir también la ofensiva ideológica que lo ampara.

Para Europa, el problema es más profundo, porque no se trata solo de Marruecos, sino, como ya señalé, del cambio de paradigma. La alianza entre una Administración estadounidense que ve a la Unión Europea como rival, un Gobierno israelí que necesita apoyos regionales, y un Marruecos que capitaliza ambas cosas para reforzar su peso en el norte de África, configura un escenario en el que el Viejo Continente pierde margen de maniobra en su propio flanco sur. Y esto ocurre justo cuando la Unión vive el ascenso de fuerzas de ultraderecha que fragmentan aún más su capacidad de hablar con una sola voz.

¿Por qué es esto peligroso específicamente para Canarias? Porque somos, junto con Ceuta y Melilla, el punto donde este pulso geoestratégico se traduce en hechos concretos: en cayucos, en llegadas masivas, en presión sobre nuestros recursos sociales y en un desgaste institucional que golpea a ayuntamientos, cabildos y a la Comunidad Autónoma, que somos quienes damos la primera respuesta humanitaria mientras el Estado y Europa deciden si esto es un problema español o europeo. Llevamos años reclamando que la gestión migratoria en Canarias es cuestión de Estado y de la Unión Europea. Lo que está pasando confirma, con gravedad añadida, que también es una cuestión de seguridad continental.

España no puede permitirse una política exterior ingenua con Marruecos. El giro del Gobierno español al reconocer la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, buscando estabilizar la relación bilateral, no ha traído la estabilidad prometida. Al contrario: ha alimentado la percepción de que España cede cuando se le presiona. Y un socio que percibe que cediendo  obtiene resultados, seguirá presionando.

España debe reforzar su capacidad diplomática autónoma, sin depender exclusivamente del margen que le deje Washington, con instrumentos claros, previsibles y verificables frente a Marruecos, no solo gestos de buena voluntad. Canarias necesita que se refuerce, de manera estructural, la financiación de la acogida humanitaria, la vigilancia marítima y aérea y la cooperación con los países de origen -generando vías legales y seguras para la migración- porque no podemos seguir gestionando una cuestión de seguridad europea con recursos insulares.

Canarias conoce desde hace años las consecuencias de la utilización de las rutas migratorias por las redes criminales, pero también sabe que los flujos están condicionados por la situación política y económica de los países de origen y tránsito. Por eso Europa debe evitar el error de considerar que la política migratoria puede descansar indefinidamente sobre la externalización del control fronterizo a terceros países. Cuando Europa delega su seguridad migratoria en un Estado vecino, ese Estado adquiere una capacidad de influencia extraordinaria. La cooperación puede ser necesaria, pero la dependencia tiene un precio político.

Hay quienes prefieren mirar hacia otro lado, quienes creen que hablar con claridad de la fiabilidad de Marruecos complica innecesariamente una relación ya delicada. Yo discrepo profundamente. El silencio y la prudencia excesiva no han evitado ni una sola crisis migratoria; al contrario, han enviado la señal de que España y Europa están dispuestas a tragar con cualquier presión con tal de no incomodar a Rabat. Tampoco han impedido las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, sobre nuestras aguas jurisdiccionales, el Monte Tropic o el control de la seguridad aérea del Sáhara Occidental, ni las construcciones ilegales en los territorios saharauis ocupados que compiten con las de nuestro archipiélago.

Decir las cosas claras no es un acto de hostilidad hacia Marruecos ni hacia su pueblo, con el que Canarias mantiene lazos históricos, comerciales y humanos que valoramos y queremos preservar. Es, simplemente, un ejercicio de responsabilidad institucional: no se puede construir una relación bilateral sólida sobre la ambigüedad calculada de una de las partes. Una relación de vecindad madura exige reciprocidad, previsibilidad y respeto a los compromisos adquiridos, y eso es precisamente lo que hoy está fallando. Repito: la cooperación es imprescindible; la dependencia, no.

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria seguiré insistiendo ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas en que lo que ocurre aquí al lado no es un episodio aislado, sino la manifestación más visible de una recomposición de alianzas internacionales que tiene a Marruecos como beneficiario y a Canarias como frontera expuesta. No podemos permitirnos la ingenuidad de creer que esto se resuelve con gestos puntuales. Requiere una estrategia sostenida, europea, y con Canarias en el centro de la decisión, no en el margen de ella. Marruecos jugará las cartas que le dejemos jugar. Depende de nosotros, de España y de Europa, que esas cartas dejen de estar marcadas.

A finales de julio, Ceuta vivió su episodio migratorio más grave desde 2021. En apenas cuarenta y ocho horas, entre el 30 y el 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron a nado o bordeando el espigón del Tarajal hasta llegar a una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, que se vio desbordada. El balance ha sido trágico: al menos 141 personas fallecidas, la cifra más alta desde la tragedia del Tarajal en 2014. El Gobierno desplegó al Ejército para reforzar a la Guardia Civil mientras miles de personas eran devueltas a Marruecos. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió a Moncloa declarar la emergencia nacional; el Ministerio del Interior lo rechazó a pesar  de que Pedro Sánchez declaró que estábamos ante un “ataque a la integridad territorial de España”.

Mientras, se ha generado una crisis interna y externa en España: el PP y el PSOE avivan su enfrentamiento, las comunidades se niegan a acoger a los menores, el Gobierno exonera de toda responsabilidad a Marruecos (frente a la opinión general), Italia impone controles fronterizos con España, Europa se asusta y recrimina al Gobierno español, siguiendo los pasos de Meloni.

Lo más inquietante no es la magnitud de la avalancha, sino su patrón. Fuentes de la Guardia Civil describieron la colaboración marroquí como «superficial»; sindicatos policiales denunciaron que Rabat «no está haciendo absolutamente nada» para impedir las entradas. No es la primera vez: en 2021, tras la hospitalización de Brahim Ghali, quedó documentado que Marruecos quiso «poner en evidencia qué pasaría si España no contara con su cooperación migratoria», según el CIDOB. Mas de 10.000 inmigrantes entraron en la ciudad ante la pasividad de la gendarmería marroquí.

Coincidiendo con el acercamiento español a Argelia y con una sentencia del Supremo que limita las devoluciones en caliente a las personas migrantes que llegan por mar, la válvula se volvió a abrir: la migración convertida en instrumento de política exterior.  Nadie se puede creer que Marruecos no estuviese al tanto de lo que se estaba tramando ni de que no tuviera capacidad para controlar la situación. Una vez más la utilización de las personas por parte de ese país como armas arrojadizas. Una vez más el reino alauita recurriendo a la memoria de la Marcha Verde sobre el Sáhara, a la amenaza de que es muy fácil volver a hacerlo.

Cuando escribo estas líneas, después de una convocatoria masiva en redes llamando a llegar a Ceuta el sábado 15, la actitud marroquí es otra: exhibe con firmeza el control tanto de su frontera marítima como terrestre. Demuestra así que tiene la llave para provocar acciones de este tipo. Abre o cierra cuando quiere y le conviene, y no le importa las muertes que se produzcan. Demuestra su poder político y policial. Mientras, a la hora de mandar este texto al periódico, el domingo al mediodía, Ceuta sigue envuelta en una calma tensa, con sus servicios desbordados. No ha sido fruto de la casualidad la reivindicación de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, de Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, el pasado martes día 11 de agosto,

Conviene recordar un viejo refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Hoy es Ceuta; mañana, si no actuamos, puede ser Canarias. No hablo solo de presión migratoria, hablo de algo que llevo advirtiendo desde hace meses: el envalentonamiento de Marruecos y sus consecuencias directas sobre la soberanía y los intereses estratégicos de nuestro archipiélago.

En diciembre de 2025 escribí «Dajla, una expansión que compromete a Canarias», a raíz de la misión comercial de PROEXCA y FEDEPORT para animar al empresariado canario a invertir en el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Denuncié entonces -y sostengo hoy- la ilegalidad de fondo de esa operación: se invierte en un territorio ocupado, pendiente de descolonización según Naciones Unidas, para levantar una infraestructura de 1.300 millones de euros pensada para competir con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Un mes después, en «Algeciras hoy, Las Palmas mañana», expliqué por qué ese riesgo no es hipotético: el desarrollo de Tánger Med, con fuerte respaldo estatal, ha desplazado a Algeciras de su liderazgo mediterráneo. Ese mismo patrón se replica hoy con Dajla frente a nuestro puerto.

Lo que da hoy mayor urgencia a esa advertencia es el envalentonamiento internacional de Marruecos. El 1 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la coronación de Mohamed VI, Donald Trump reafirmó el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, calificó de «inaceptable» cualquier alternativa al plan de autonomía de Rabat y anunció más cooperación en el Sahel. Días antes había agradecido que Marruecos bautizara con su nombre una autopista por la costa saharaui ocupada. Detrás hay algo más que simbolismo: Washington y Rabat firmaron en febrero un memorando sobre minerales críticos que cubre el Sáhara Occidental, mientras avanzan las negociaciones para vender a Marruecos más de treinta cazas F-35 y helicópteros Apache, tras contratos ya cerrados por 333 millones de euros.

A ese respaldo se suma un rearme sostenido por la alianza con Israel. Marruecos e Israel firmaron en enero de 2026 su tercer plan militar conjunto desde los Acuerdos de Abraham, con sistemas antimisiles Barak MX, artillería de Elbit Systems, satélites Ofek-13 y fabricación bajo licencia de drones israelíes. El presupuesto de defensa marroquí para 2026 ronda ya los 19.000 millones de dólares -cerca del 13% del PIB-, muy dependiente de tecnología israelí, lo que limita también la propia soberanía operativa de Rabat.

No es baladí que el nuevo centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), fruto de ese acuerdo, esté situado en Tan-Tan, una ciudad que dista 200 kilómetros de Lanzarote y que ya haya realizado una primera demostración, con fuego real, con misiles de crucero de largo alcance y bajo coste. No creo que nadie piense que todos estos hechos concatenados sean frutos de la casualidad. Se están mandando a España, y a la Unión Europea, mensajes claros y contundentes sobre los cambios geoestratégico en la zona y el poder adquirido por Marruecos. 

A esa presión migratoria y militar se suma una tercera, menos visible pero no menos grave: la batalla por nuestras propias aguas. Desde 2019, cuando Marruecos aprobó unilateralmente las leyes 37-17 y 38-17, Rabat sostiene que la frontera marítima con España debe fijarse por el «principio de equidad» y no por la línea media que rige de facto entre Fuerteventura y Tarfaya. La reclamación alcanza aguas próximas a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, y las negociaciones -según Atalayar, medio afín a Rabat-estarían ya «en su fase final», envalentonadas por la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU. En el corazón de esa disputa está el Monte Tropic, volcán submarino a 260 millas al suroeste de El Hierro, con la mayor reserva mundial conocida de telurio -2.670 toneladas, para más de 200 millones de vehículos eléctricos-, además de cobalto, níquel y tierras raras críticas para la UE. España pidió en 2014 a la ONU ampliar su plataforma continental para asegurar ese yacimiento; once años después sigue sin resolución, mientras medios próximos a Rabat plantean ya una «explotación conjunta» a cambio de aceptar, por la puerta de atrás, su soberanía sobre el Sáhara. Han llegado a poner sobre el tapete hacer un reconocimiento de la soberanía española sobre Canarias, renunciando a reclamaciones como las de Ceuta y Melilla,  si se les concede todo esto

El mismo patrón se repite en el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Desde 1976, por mandato de la OACI, España gestiona ese espacio -la FIR/UIR Canarias- a través de Enaire desde Gran Canaria, como potencia administradora, no soberana, del territorio. Pero Marruecos controla ya los aeródromos de El Aaiún y Villa Cisneros, y fuentes del sector calculan que entre el 15% y el 20% del espacio aéreo saharaui está de facto bajo su gestión, mediante zonas de exclusión aérea declaradas para ejercicios militares. La cesión total lleva sobre la mesa desde la declaración conjunta de 2022, condicionada, según distintas fuentes, a la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla; solo la resistencia del Gobierno, forzada por una proposición aprobada en el Congreso en 2025, ha evitado hasta ahora el traspaso. La información aeronáutica de la zona ya aparece también en la publicación oficial marroquí, un riesgo operativo real para la seguridad del tráfico que sobrevuela nuestro archipiélago. Ceder ese control equivaldría a renunciar, en los cielos, a la misma posición estratégica que defendemos en el mar y en nuestros puertos.

Este envalentonamiento tiene además una traducción empresarial muy cercana. Semanas después de mi primer artículo sobre Dajla se hizo pública la adquisición del 45% de Boluda -operador portuario y naviero con presencia en Canarias- por Marsa Maroc, empresa semipública marroquí. Dudo que esa operación no afecte a Canarias ni a la seguridad del Estado; sé que se está estudiando por la Junta de Inversiones Exteriores y deberá pasar por el Consejo de Ministros, y sigo insistiendo en que se valore con rigor. 

Casi en paralelo, el propio Gobierno de Canarias sigue promoviendo misiones para estrechar la cooperación con Marruecos en turismo y puertos, sectores que compiten directamente con los nuestros. Me parece una irresponsabilidad y me preocupa que sean tan pocas las voces institucionales que se alzan frente a estos hechos consumados.

Migración como palanca de presión diplomática; expansión portuaria en un territorio ocupado que compite con nuestros puertos; reclamaciones marítimas sobre las aguas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con el Monte Tropic como botín; un control cada vez más efectivo sobre el espacio aéreo del Sáhara que gestionamos desde Canarias; y un rearme sin precedentes respaldado por Washington y Tel Aviv. No son frentes aislados: son la misma estrategia de fondo, la de un Marruecos que ha aprendido que los hechos consumados -en la frontera, en el mar, en el subsuelo, en el cielo o en el tablero atlántico- rara vez encuentran respuesta firme de sus vecinos europeos. Ceuta lo ha vuelto a demostrar. Algeciras ya lo demostró con Tánger Med. Y Canarias corre el riesgo de convertirse en el siguiente episodio, amparando además, en el caso de Dajla y del Tropic, una ocupación ilegal según el derecho internacional. Por otra vía, ya les fue muy bien destrozando la pesca artesanal y el sector tomatero de Canarias. Ahora tocan los puertos y el turismo.

Y este escenario se vuelve aún muchísimo más preocupante  ante la política oficial de claudicación del Gobierno de España frente a Marruecos, un socio nada fiable: en 2022, Pedro Sánchez abandonó la tradicional posición de neutralidad sobre el Sáhara para respaldar la propuesta marroquí. Ahora, ante la crisis de Ceuta, la dependencia de la cooperación marroquí vuelve a condicionar la respuesta española, incluso ante una cuestión de soberanía nacional.  En cada jugada que hacen van ganando fichas importantes  en el tablero del ajedrez internacional. 

Por eso insisto en algo que ya he planteado en artículos como este o en la Junta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas: no podemos mirar hacia otro lado. Ni ante quienes, desde instituciones canarias o patronales, animan a invertir en sectores que compiten con nuestra economía, ni ante un contexto internacional en el que la posición de fuerza de Marruecos crece cada mes. Defender el Puerto de La Luz y de Las Palmas, nuestra posición estratégica en el Atlánticoy exigir coherencia al Estado y a la Unión Europea entre principios y decisiones no es una cuestión ideológica: es una obligación institucional para quienes debemos proteger el futuro económico y político de Canarias.

Tras varios años de espera, el pasado 28 de julio, el Gobierno de Canarias presentó a los rectores de la ULL y la ULPGC -sin conocimiento previo del documento- una propuesta de contrato-programa 2027-2030 que incrementaría en 45 millones de euros, en cuatro años, la financiación autonómica para las universidades públicas canarias.

El jueves 30 de este mismo mes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) calificaron la oferta de “decepcionante” y advirtieron que “pone en jaque” a las universidades públicas: para 2027 necesitan 290,4 millones solo para cubrir subidas salariales legales, frente a los 286,9 millones ofrecidos, generando un desfase de 15 millones. Para los responsables de nuestras universidades públicas, no se cubren ni los gastos estructurales y cronifica la infrafinanciación. Además, denunciaron penalizaciones económicas “sin precedentes” y que la cifra de 2030 (326 millones de euros) queda muy por debajo del 1% del PIB exigido por la LOSU (unos 600 millones de euros). Un fiasco. 

Hay momentos en la historia de un pueblo en los que determinadas decisiones trascienden el ámbito de la gestión cotidiana para situarse en el terreno de lo verdaderamente trascendente. La educación superior es uno de esos espacios donde una sociedad define silenciosamente el modelo de país que desea construir. Lo que hoy decidamos sobre nuestras universidades determinará, en buena medida, la Canarias que heredarán quienes vengan detrás de nosotros.

Las universidades públicas canarias no nacieron únicamente para impartir enseñanzas regladas. Surgieron como una conquista colectiva, fruto de una sociedad que entendió que el conocimiento debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho. La Universidad de La Laguna primero y, posteriormente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido mucho más que centros docentes. Han sido motores de movilidad social, laboratorios de pensamiento crítico, espacios de creación cultural y científica y, sobre todo, instituciones comprometidas con la realidad de un archipiélago que siempre ha tenido que vencer enormes condicionantes derivados de su lejanía, de su fragmentación territorial y de la fragilidad de su modelo económico.

No existe desarrollo posible sin conocimiento. Tampoco existe soberanía efectiva cuando un territorio renuncia a generar su propia inteligencia colectiva. Las sociedades que dependen exclusivamente del conocimiento producido por otros terminan dependiendo también de las decisiones de otros. Esa es una lección que Canarias debería haber aprendido hace mucho tiempo.

Sin embargo, asistimos desde hace años a una evolución que invita a la preocupación. Mientras los grandes discursos institucionales proclaman la importancia de la innovación, de la investigación y de la economía del conocimiento, la realidad cotidiana de nuestras universidades públicas refleja otra situación bien distinta. Financiación insuficiente, dificultades para renovar las plantillas docentes e investigadoras, precariedad entre los jóvenes investigadores, infraestructuras que requieren una modernización constante y una creciente carga burocrática que consume energías que deberían destinarse a enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad.

Todo ello ocurre precisamente cuando el mundo atraviesa una de las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales más profundas de su historia reciente. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad, la economía azul o la diversificación productiva constituyen desafíos de enorme complejidad para un territorio tan singular como Canarias. Afrontarlos exige disponer de universidades fuertes, capaces de investigar desde el territorio y para el territorio, conectadas con el mundo pero profundamente comprometidas con la realidad insular.

Es precisamente en este contexto cuando proliferan iniciativas orientadas a la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias. No se trata de cuestionar la legitimidad de la iniciativa privada ni de negar el pluralismo propio de una sociedad abierta. El debate es otro mucho más profundo: cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la construcción del bien común y qué modelo universitario responde mejor a los intereses estratégicos de Canarias. Qué propuesta garantiza la educación universal, la que propicia un ascenso social no determinado por la condición económica familiar.

Porque la universidad no puede contemplarse únicamente como un mercado de titulaciones ni como un espacio donde la oferta responde exclusivamente a la demanda inmediata. Una universidad es también una institución al servicio del interés general. Investiga enfermedades raras aunque no resulten rentables; estudia el patrimonio histórico aunque no genere beneficios económicos inmediatos; analiza el cambio climático, la pobreza, la cohesión social, la planificación territorial o la conservación de los ecosistemas porque alguien debe hacerlo si aspiramos a construir un futuro sostenible.

El riesgo aparece cuando el sistema público pierde fortaleza al mismo tiempo que se expande una oferta privada cuya lógica responde necesariamente a criterios distintos. Las universidades privadas seleccionan sus ámbitos de actuación conforme a estrategias empresariales perfectamente legítimas. Las universidades públicas, por el contrario, tienen la obligación de atender todas aquellas necesidades que una sociedad considera esenciales, incluso cuando no producen rentabilidad económica.

Por eso la cuestión no consiste en enfrentar dos modelos de manera simplista. La verdadera pregunta es si Canarias puede permitirse debilitar las instituciones que sostienen su capacidad de generar conocimiento propio. Y la respuesta, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, parece evidente. No hay política económica seria sin política científica. No hay diversificación productiva sin investigación. No hay transición ecológica sin universidades que produzcan innovación. No hay igualdad de oportunidades cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.

En demasiadas ocasiones hemos actuado como si el crecimiento consistiera únicamente en multiplicar infraestructuras, aumentar indicadores turísticos o atraer inversiones exteriores. Pero el verdadero desarrollo se mide por la capacidad de un pueblo para construir capital humano, fortalecer sus instituciones y generar inteligencia colectiva. Esa ha sido siempre la principal riqueza de las sociedades más avanzadas.

Canarias necesita un gran pacto por el conocimiento. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales y sitúe la educación superior en el corazón de una estrategia compartida de desarrollo. Un pacto que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas; que facilite la incorporación del talento joven; que refuerce la investigación; que promueva la cooperación con empresas e instituciones sin renunciar nunca a la autonomía universitaria; y que establezca criterios rigurosos para cualquier nuevo proyecto universitario que pretenda implantarse en las islas.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de ordenar el crecimiento desde la planificación y no desde la improvisación. Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de dejar que sea únicamente el mercado quien decida el destino del territorio. Lo hemos aprendido en el urbanismo, en la ocupación del suelo, en el consumo de recursos naturales y en la configuración de nuestro modelo económico. Sería un error repetir esa experiencia en un ámbito tan decisivo como el conocimiento.

La universidad pública constituye uno de los grandes patrimonios colectivos del pueblo canario. No pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes la gestionan circunstancialmente. Pertenece a la sociedad que la sostiene y a las generaciones futuras que encontrarán en ella las herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Defenderla no significa resistirse al cambio. Significa precisamente lo contrario: dotarla de los recursos necesarios para liderar ese cambio desde el compromiso con el interés general.

Un partido nacionalista debería además, en teoría, ser más consciente de que una universidad pública es imprescindible para el fortalecimiento del conocimiento, la identidad, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

Porque el futuro de Canarias no se decidirá únicamente en los mercados internacionales, ni en los consejos de administración, ni siquiera en las instituciones políticas. Se decidirá, sobre todo, en la capacidad que tengamos para formar ciudadanos libres, investigadores excelentes, profesionales comprometidos y personas capaces de pensar por sí mismas.

Y esa tarea, que constituye una de las expresiones más elevadas del servicio público, sigue teniendo en nuestras universidades uno de sus pilares fundamentales. Debilitarlas sería debilitar la esperanza de un país que necesita más conocimiento, más cohesión y más inteligencia compartida para afrontar con confianza los desafíos del siglo XXI.

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