Sanidad pública, clamor de supervivencia

El impacto que la pandemia del COVID19 está teniendo en nuestra sociedad está siendo brutal, en vidas humanas, en daños sociales y en parálisis económica. Pero tenemos que reponernos, tomar decisiones, sacar enseñanzas y ganar el reto de la recuperación y revitalización de nuestra isla y de toda Canarias. Y en esta reflexión urgente aparece una evidencia incontestable que es la importancia crucial de contar con un sistema sanitario público y universal, que garantice el acceso a él de toda la ciudadanía al margen de su situación económica. Gracias al sistema público de salud y al enorme esfuerzo de las personas que trabajan en la sanidad pública es por lo que, a pesar de la gravedad de la pandemia, estamos siendo capaces de frenar la propagación del virus y evitar más muerte. Esto contrasta con las noticias que llegan de otras partes del mundo sin sistemas sanitarios públicos, como es el caso de los Estados Unidos de América, donde las tasas de mortalidad entre las poblaciones empobrecidas están siendo escalofriantes.

Comparto las afirmaciones recientes de Rafael Bengoa, experto gestor en Salud Pública cuando afirma: “A pesar de las muertes, es evidente que el SNS está funcionado con gran eficacia. Se certifica así que el sistema público de salud es el modelo que necesitamos para el futuro, tanto para futuras crisis epidémicas como para poder ofrecer los servicios necesarios derivados de todas las enfermedades. También queda patente que la sanidad en un país es una inversión, no un gasto”. Lo decía Adela Cortina con otras palabras: “si las metas de la sanidad son fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio”.

Sin embargo, esta crisis sanitaria llega después de una década de recortes que han mermado los recursos y la capacidad de respuesta de la sanidad pública española. Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, entre 2010 y 2014 el presupuesto sanitario pasó de 60.000 millones de euros a poco más de 53.000 millones. Aunque en 2018 el presupuesto volvió a alcanzar los 60.000 millones, en ese periodo se dejaron de invertir más de 28.000 millones. El personal contratado bajó en 30.000 efectivos entre 2012 y 2015 y las listas de espera quirúrgicas pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes. Entre 2009 y 2018 el gasto sanitario autonómico disminuyó en casi 4.000 millones.

La realidad es que se asumió la tesis neoliberal de desmantelar los servicios universales y privatizarlos. De asaltar el universalismo con privatizaciones, copagos, recortes en equipamientos y recursos humanos… Se recortó sin tregua el personal pero también el material sanitario, las comidas, los horarios y se avanzó en el hacinamiento de los hospitales, la precariedad del personal sanitario y los pacientes, la pérdida de calidad de los servicios, los conciertos y las privatizaciones… Se atacaba a los servicios públicos universales desde distintos flancos. Nos machacaban desde distintos foros que teníamos una administración muy inflada, los funcionarios eran muchos, ineficientes e irresponsables… había que reducirla y optimizarla desde el sector privado, más eficiente. Y se miraba para otro lado ante las advertencias del Atlas Mundial de la OMS  que nos decía que más de 100 millones de personas caen en la pobreza cada año por gastos de salud e incluía a España en estas cifras, la OCDE, los sindicatos…

En Canarias la situación ha sido incluso peor. Desde 2009, año en el que se destinaron 2.914 millones de euros a Sanidad, el presupuesto ha sufrido una drástica reducción (unos 600 millones de euros en tres años) y no fue hasta 2018, casi diez años después, cuando se recuperaron los niveles de inversión de 2009. Prácticamente, una década perdida con el consiguiente deterioro del sistema. De cronificación de la desigualdad y de la precariedad social.

Y es que, desgraciadamente, Canarias tiene uno de los sistemas sanitarios más insuficientes de todo el Estado, sea cual sea el parámetro que se utilice para medirlo. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva años realizando un estudio sobre los diversos sistemas sanitarios autonómicos en el que mide parámetros como el gasto per cápita, camas, listas de espera, gasto farmacéutico o externalización de servicios, quirófanos y médicos por cada mil habitantes, y en reiteradas ocasiones nuestra comunidad aparece como la peor clasificada. 

Por ejemplo, estamos a la cola en presupuesto sanitario por habitante, a pesar de que el nuevo gobierno progresista ha aprobado el montante para Sanidad más alto de nuestra historia. Canarias dedica 1.381 euros frente a otros territorios, como País Vasco o Navarra, que destinan más de 1.600 euros. Sin embargo, el aspecto peor valorado es el de las listas de espera, ya que nuestra comunidad es la región donde más se espera de promedio para una intervención quirúrgica (147 días) y para una consulta con el especialista (105 días). Evidentemente, esto se refleja en la baja consideración por parte de los usuarios. De hecho, el canario es uno de los sistemas sanitarios peor valorados por la propia ciudadanía con una nota de 6,18 y solo un 54% de las personas cree que funciona bien. Mientras en el resto de comunidades existe una alta valoración de la atención recibida (más de un 80%), Canarias no supera el 77%.

Pero me gustaría hacer hincapié en otra cuestión sumamente relevante  a la que no se suele prestar la atención debida: la salud pública. Debido a la pobreza, la desigualdad y la precariedad, la salud de la población canaria es deficiente. Somos la segunda comunidad autónoma peor posicionada, después de Andalucía, en 2017/2018 (el último año del que hay datos) en el caso de la esperanza de vida, con 82,26 años en Canarias y 81,86 en Andalucía. Solo tienen peor resultado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y la situación es similar por sexos, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, con la segunda esperanza de vida más baja.

Desde 2011 se hacen distintas oleadas del informe ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad). Aunque la edición de 2015 apuntaba una ligera mejoría en Canarias, los datos seguían siendo muy graves. La prevalencia de sobrepeso era del 24,3%, algo menor a la encontrada en 2011, que fue del 28,4%. Por su parte, la prevalencia de obesidad era del 19,9%, poco más de un punto menor a la encontrada en el estudio de 2011, que fue de 21,2%. Es decir, a pesar de haberse producido un ligero descenso, más de una quinta parte de nuestros niños y niñas sufre sobrepeso y una cuarta parte, obesidad.

Sin políticas activas destinadas a mejorar el estado de salud general de la población, es muy difícil que ningún sistema sanitario sea capaz de gestionar los problemas derivados de esta realidad. Sin embargo, en noviembre de 2018, en el II Foro de Salud Pública y Vacunas organizado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y por la Asociación Española de Vacunología (AEV), Agustín Álvarez, director general de Salud Pública de Castilla y León, aseguró que la salud pública suponía tan solo el 1% del gasto sanitario público en su conjunto. Por su parte, José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, explicó que, a lo largo de la recesión iniciada diez años antes, los recursos económicos destinados a la salud pública se habían visto mermados en un 77%.

Nos estamos sosteniendo por la capacidad de atención, de innovación y de profesionalidad de nuestra sanidad pública. El mejor agradecimiento que debemos a quienes diariamente cuidan de las personas enfermas e ingresadas, es la exigencia y la reivindicación de que nuestro sistema sanitario canario recorte la distancia que nos separa de los servicios del resto de las Comunidades y de la Unión Europea. Parecía obvio, pero nos encontró con la tarea a medias. Lo aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial y lo reafirmamos ahora. No hay democracia digna sin una Sanidad que garantice derechos. Es una de las tres columnas vertebrales de una sociedad integrada, junto con la educación y el empleo. En este convencimiento debemos reagruparnos todos los demócratas y con más razón si nos denominamos progresistas.

No obstante, las políticas de salud pública son transversales e interdisciplinares y no pueden abordarse desde un punto de vista exclusivamente sanitario. En ese sentido, en Gran Canaria contamos con un excelente caso, como es la Cátedra de Nutrición y Gastronomía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el proyecto “La isla en tu plato”. Se trata de una iniciativa innovadora y ejemplar del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la ULPGC, dirigido por el catedrático Lluis Serra Majem y cuyo objetivo es el de unificar salud, gastronomía y sostenibilidad como forma de luchar contra los problemas estructurales de salud pública de nuestras islas. En ese mismo sentido estamos intentando remar desde el Cabildo de Gran Canaria con el proyecto Gran Canaria Me Gusta.

De esta manera, vemos que hay una relación estrecha entre el aumento de consumo de producto local, la sostenibilidad y la salud pública. Y en Canarias y Gran Canaria estamos en unas condiciones excepcionales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, al mismo tiempo que fomentamos nuestro sector primario, luchamos contra el cambio climático, generamos empleo rural, protegemos el paisaje, etc. En definitiva, la crisis sanitaria, social y económica generada por el coronavirus es una nueva oportunidad para tomar conciencia de que avanzar en sostenibilidad no solo es una cuestión medioambiental, sino de salud pública y eficiencia de nuestros sistemas de bienestar, que se van a ver sometidos a un gran esfuerzo en los próximos años. Y juntos tenemos que dar una respuesta clara y contundente a la pregunta que se hacía Emilio Lledó cuestionando la destrucción de la idea de lo público: ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos que nos están robando? Nos toca luchar ahora por recuperarlo todo.

Oídos sordos una y otra vez

En agosto de 2007 la OMS lanzó al mundo una severa advertencia acerca de un riesgo real de pandemia mundial.  La doctora Margaret Chan, su Directora General en aquel entonces, declaró que era hora de que los países comenzaran a compartir su información para prevenir un mal mayor y dejó claro que “dada la vulnerabilidad universal a estas amenazas, una mejor seguridad exige solidaridad global. La seguridad sanitaria pública e internacional es tanto una aspiración colectiva como una responsabilidad mutua”.

En septiembre de 2019 un informe de esta misma organización insistía en que en la mayoría de los países del mundo lo habitual eran los ciclos de alerta y abandono ante la aparición de pandemias. Se aumentan los esfuerzos cuando surge la amenaza grave pero seguidamente cuando desaparece todo el mundo se olvida muy pronto.

La OMS ha venido advirtiendo siempre en sus estudios que existen dos factores especialmente preocupantes en la extensión de las pandemias: la capacidad de volar en muy poco tiempo a cualquier parte del mundo y el cambio climático, ya que el calentamiento global hace que las enfermedades transmitidas por mosquitos como el zika o el dengue puedan extenderse rápidamente por todo el mundo. Y aunque las regiones más pobres son las más expuestas y las más perjudicadas, la experiencia del COVID-19 nos confirma que en realidad no se libra nadie.

El 5 de octubre de 2019, Patricia Peiró escribía una crónica desde Nueva York en El País, que ponía los pelos de punta y anticipaba lo que estamos viviendo en estos días con la pandemia provocada por el coronavirus nacido en China. Un grupo de expertos de la OMS y el Banco Mundial, reunidos en una junta recién creada y llamada The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), a los que la ONU encargó una evaluación tras la última epidemia de ébola en África subsahariana, con el objetivo de aprender de los errores del pasado,  alertaba sobre la cruda realidad de que el mundo no cuenta con las estructuras suficientes para hacer frente a una próxima pandemia letal.

Para la periodista del diario de Prisa, según las conclusiones de su primer Informe anual sobre Preparación Mundial de Emergencias Sanitarias, «el espectro de una urgencia sanitaria global se vislumbra en el horizonte». Y desde luego,  todos los expertos coincidían en que no estamos preparados para ello. «El escollo principal es la financiación. Sigue sin invertirse lo suficiente, aun siendo lo más inteligente desde el punto de vista económico. Por cada dólar invertido en vigilancia, ahorras 10 en servicios médicos», apunta Elhadj As Sy, secretario general de Cruz y Media Luna Roja, y otro de los responsables del estudio. Curiosamente, se encargó a estos organismos realizar dos ejercicios de formación y simulación, uno de ellos sobre un patógeno respiratorio letal.

Otra de las recomendaciones del informe comienza con la preocupante advertencia de que «hay que prepararse para lo peor». “Ciento ochenta y nueve Gobiernos ya se comprometieron en la cumbre de Abuya de 2000 a destinar el 15% de su presupuesto a mejorar la sanidad y no lo han hecho», apunta As Sy. En la misma crónica de esta periodista, David Gressly, coordinador de la lucha contra el último brote de ébola en República Democrática del Congo, defiende con datos, la necesidad de actuar de un modo diferente: «Esta es la décima epidemia en RDC desde 1976. Las últimas cuatro se han producido en los últimos cinco años. Los brotes no solo estallan cada menos tiempo, sino que además son más complejos porque la población se aglutina cada vez más en grandes ciudades».    

Un caso clarísimo de pérdida de recursos y de privatizaciones de la sanidad pública ha sido España, donde se le ha entregado al neoliberalismo rampante en los últimos años. Y en Madrid de manera especial. Solo hay que recordar que según el Ministerio de Sanidad entre 2010 y 2014 el presupuesto sanitario pasó de 60.000 millones de euros en 2010 a poco más de 53.000 millones en 2014.  Aunque a partir de ahí empezó a recuperarse hasta volver a alcanzar los 60.000 millones en 2018 en ese periodo se dejaron de invertir más de 28.000 millones, el personal contratado bajó en 30.000 efectivos entre 2012 y 2015, y las listas de espera quirúrgicas pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes. Entre 2009 y 2018 el gasto sanitario autonómico disminuyó en casi 4.000 millones de euros.

Pero este artículo no pretende insistir en los daños de esta pandemia sino en analizar la irresponsabilidad en la que caemos buena parte de las instituciones y la ciudadanía al acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena.

Es lo que está sucediendo con el Cambio Climático y sus peligrosas consecuencias para un territorio anclado en medio del Atlántico como el nuestro, al que en muchas ocasiones se hacen oídos sordos.

Según el digital dw.com, los gases de efecto invernadero producidos por ser humano han elevado la temperatura promedio de la Tierra en un grado Celsius estimado desde el siglo XIX. La superficie del mar también se ha calentado 0,8 grados centígrados. Cuanto más cálido se vuelve el océano, menos energía y CO2 de la atmósfera es capaz de absorber y almacenar el agua. «El océano es como el aire acondicionado del planeta», explica Karen Wiltshire, subdirectora del Instituto Alfred Wegener de Investigación Marina y Polar. Las consecuencias de esto podrían ser devastadoras. Si el mar continúa calentándose tendrá un enorme impacto en el clima, desde temperaturas extremas, tormentas y sequías hasta inundaciones y temporadas de lluvias tardías que perturban los ecosistemas. Cuando fuertes vientos desgarran paisajes cálidos y secos como Australia, el riesgo de incendios forestales aumenta significativamente. Pero el riesgo también está creciendo en regiones que alguna vez fueron templadas y frescas.

¿No les suena esto a lo que ha sucedido en Gran Canaria en los dos últimos incendios? Pero es más. Según eltiempo.es la temporada de huracanes arranca oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, y este año está previsto que sea más activa de lo normal. La primera de las predicciones que se publican cada año es la del equipo de meteorólogos de la universidad estatal de Colorado. Este año calculan que se van a registrar 16 tormentas con nombre, lo que quiere decir que veremos más tormentas que la media de los últimos 30 años.

Estamos, por tanto, ante una temporada de una gran actividad: “De las 16 tormentas con nombre, está previsto que ocho lleguen a categoría de huracán y que cuatro de esos huracanes sean intensos, es decir que por lo menos alcancen categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Una categoría 3, ya es un peligroso huracán, y arrastra vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora o más. Usando la media del periodo 1981 – 2010, una temporada de huracanes en el Atlántico suele tener 12 huracanes, de los cuales seis llegan a huracán con 3 de intensidad o superior”.  En octubre del 2017 y 2018 se formaron los huracanes Ofelia y Leslie cerca de las Azores. Nos pusieron en situación de alerta y nos hicieron recordar aquel Delta que tanto daño nos hizo. Nos llevan rondando varios años. Y tiene que  ver con un cambio climático para el que tenemos que estar preparados. No podemos pararlo pero sí mitigar sus consecuencias en nuestras islas. Debemos estar preparados y disponer de los medios humanos y materiales necesarios.

En el caso de los últimos incendios se ha hecho oídos sordos también a la exigencia de una base de hidroaviones y de más helicópteros Kamov a pesar de que el riesgo de incendios forestales se ha multiplicado por el estrés hídrico consecuencia de la sequía persistente y las altas temperaturas, y de que, como hemos visto, la época de alto riesgo ya no queda restringida a los meses de mayor calor y se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Además, los incendios son cada vez más virulentos y difíciles de controlar y las condiciones climáticas más adversas, como se demostró durante los últimos episodios de calima, los peores en 40 años.

Aunque todavía es pronto para tener resultados concluyentes ya hay estudios de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y de la Universidad de Siena, en Italia que apuntan hacia una posible correlación entre el índice de mortalidad por el coronavirus y la contaminación atmosférica, de tal manera que a mortalidad sería mayor en aquellas zonas más contaminadas.

Relacionado especialmente con el turismo, la parte más importante de nuestro PIB, Biosphere Tourism apunta que ante la crisis del coronavirus “de lo que no nos cabe duda, es de que es muy probable, y deseable, que este sea un importante punto de inflexión en lo que se refiere al turismo, su modelo, la decisión de compra, el disfrute de la experiencia…, haciendo más importante que nunca retomar la recuperación desde un punto de vista sostenible y alineado completamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”.

De hecho, y en consonancia con el trabajo desarrollado en colaboración con el SDSN (Sustainable Development Solutions Network), el indicador 3.4 solicita «Mejorar la capacidad para identificar, prevenir, planificar y dar respuesta a los riesgos ambientales y emergencias reales y potenciales que atenten contra la salud e integridad física de residentes y visitantes», que está alineado con la Meta 3.d «Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial».

En cualquier caso, lo que parece claro es que la única manera de salir de esta situación sin una catástrofe social e impedir situaciones similares en el futuro es a través de un amplio acuerdo entre ciudadanía e instituciones para avanzar hacia la sostenibilidad, relocalizar una parte de la producción de bienes esenciales, orientar nuestra economía hacia la satisfacción de las necesidades humanas y construir sociedades más resilientes, que inviertan más en prevención y que estén mejor preparadas para los nuevos riesgos que afrontamos.

Para después de la pandemia

Acaba hoy una Semana Santa que no ha tenido ninguno de los componentes que la identifican, la primera que se suspende desde 1936. Pero también ha sido el momento en el que han empezado a llegar las primeras buenas noticias. Parece que finalmente estamos consiguiendo “aplanar la curva”, que el número de nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes va descendiendo día a día y que cada vez estamos más cerca de poder levantar el confinamiento aunque sea de manera escalonada y progresiva. Pero mientras llegue ese momento es más importante que nunca que sigamos en nuestras casas para que el esfuerzo colectivo que hemos realizado hasta ahora no haya sido en balde.

Cuando salgamos de nuestras casas el mundo al que volveremos tendrá poco que ver con el que conocíamos hasta el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma. El levantamiento de las medidas será progresivo, por lo que muchos sectores y actividades seguirán inactivos. Además en unas islas cuya principal actividad es el turismo, el impacto económico va a ser de gran calado y prolongado en el tiempo. Por eso, cuando según los responsables autonómicos, la gestión sanitaria de la crisis está bien encaminada, es el momento de pensar en el día después de la pandemia.

Creo que si algo se ha puesto de manifiesto en estos días es la necesidad de seguir avanzando, con más razones si cabe, en lo que yo he definido como un modelo de ecoisla (y que debería ser también de ecoarchipiélago). Es prioritario que destinemos todos nuestros esfuerzos a un cambio de modelo productivo que tiene que estar basado en la soberanía energética y alimentaria, en una transición ecológica socialmente justa y específica para Canarias. Tenemos que diversificar nuestra economía para intentar limitar la dependencia del turismo (que aun así seguirá siendo la principal actividad económica de las islas) pero el propio turismo tiene que acelerar su reconversión hacia la sostenibilidad, lo que nos hará más competitivos en un mundo marcado por la creciente sensibilidad hacia la emergencia climática.

Creo que ya quedan pocas dudas de que las energías renovables tienen que ser uno de los principales pilares de nuestro modelo productivo. Además este tipo de fuentes de generación tienen la capacidad de democratizar la producción de energía, generando ahorro y/o beneficio para las familias, para las pymes e incluso para las instituciones públicas. En nuestro archipiélago, la economía azul, la ligada a las actividades marítimo marinas, también podría proveernos de diversos sectores innovadores y competitivos. Asimismo tenemos que seguir mejorando la gestión del ciclo integral del agua, reutilizando e impidiendo que se malgaste, apoyándola en energías limpias y dotando a nuestros hogares y a nuestros campos de agua producida de manera sostenible y a precio razonable.

La pandemia también nos ha hecho confirmar lo que veníamos planeando: la importancia crucial del campo y los pequeños y medianos productores para dotarnos de una alimentación sana, saludable y asequible. Una actividad esencial además para crear empleo en zonas rurales y vincular nuestra gente a sus tierras y sus pueblos,  para  luchar contra el cambio climático, preservar el paisaje, la identidad, las tradiciones, etc. Una actividad que se ha visto duramente golpeada por el cierre repentino de las instalaciones hoteleras y la restauración. Es necesario aumentar y mejorar los canales de distribución como hemos hecho con la creación de un mercado digital a través de la página www.grancanariamegusta.com para la venta directa de estos productos.

Hay otros muchos sectores que podrían generar riqueza, empleo y competitividad en nuestra economía al tiempo que nos permitirían mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. La movilidad sostenible, eléctrica y pública, las reforestaciones y el sector forestal en general, la protección de la biodiversidad que debe estar ligada a la investigación y la innovación o la rehabilitación energética de los edificios, etc., son algunos de estos sectores.  Pero es evidente que un esfuerzo como el que vamos a realizar para paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia no puede depender en exclusiva de un gobierno. Es imprescindible incorporar toda la inteligencia colectiva que atesora nuestra sociedad, involucrando a la sociedad civil, implicando a universidad, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, centros de investigación etc., en un gran pacto social y económico que debe marcar nuestro futuro.

En ese sentido, esta semana recibí una carta firmada por los catedráticos, profesores universitarios, investigadores y profesionales vinculados a la economía, el turismo y la sostenibilidad, Carmelo León, Luís Hernández Calvento, Aridane González, Marcelo Mautone, José Luis Navarro y Daniel Celis ofreciendo su colaboración desinteresada para generar un grupo de trabajo destinado a  “reiniciar toda nuestra actividad con el objetivo de una modificación de nuestros principios de desarrollo, hacia una Economía Circular, que nos lleve a lograr ese ansiado estatus de Canarias referente de sostenibilidad en el mundo”.

Tengo en primer lugar que mostrar mi más sincero agradecimiento a estos especialistas, dispuestos a poner al servicio de la sociedad su conocimiento en un momento tan importante de nuestra historia reciente. Su compromiso va a ser fundamental para construir un futuro en común más justo y sostenible. Pero también debo mostrar mi satisfacción porque sus propuestas de trabajo están claramente en la línea del proyecto que desde 2015 estamos implementando en el Cabildo de Gran Canaria, como ellos mismos señalan.

En su mensaje, enviado a un buen número de representantes públicos de Canarias, proponen una decena de mesas y/o líneas de trabajo que creo que van en la dirección correcta. A través de estos grupos de discusión se pretende analizar el impacto en Canarias de los cambios globales, el alcance de la apuesta por la economía circular, el pacto de los alcaldes por el clima y la energía sostenible, la mejora de las competencias de los demandantes de empleo o el papel de la educación para la sostenibilidad.  Por supuesto el turismo, como principal sector económico tiene un papel destacado, proponiendo analizar su relación con la sostenibilidad, la formación y capacitación para esta actividad, el emprendimiento en el sector, y un tema que ha estado en el debate público en los últimos meses como es el turismo, la fiscalidad y la sostenibilidad económica.

La crisis del coronavirus ha llegado después de la que muchos han llamado la “década perdida” originada por la crisis financiera de 2008. Durante casi diez años las políticas de austeridad y recorte del estado del bienestar dejaron un panorama desolador en Canarias del que todavía no nos habíamos recuperado. Nuestro diferencial de renta con las regiones europeas ha aumentado, siendo nuestro producto interior bruto per cápita del 69% de la media de los países de Unión Europea.

No podemos permitirnos otra década o lustro perdidos, de empeoramiento de la condiciones de vida de nuestra gente. Estamos en un momento definitorio que va a marcar nuestro futuro. Si bien la crisis está siendo muy dura y la situación social y económica resultante será muy difícil, también supone una oportunidad sin precedentes de transformación de nuestro modelo económico y social para hacer de Gran Canaria y del conjunto de Canarias un referente internacional de bienestar y sostenibilidad. De esta crisis solo podremos salir con más justicia social y ambiental, con más democracia real, con más servicios públicos universales (educación, sanidad, políticas sociales…), con la recuperación por parte del Estado de muchas de sus responsabilidades privatizadas, con la necesaria reconstrucción europea (más Keynes y menos Hayek o Friedman), con un modelo de desarrollo insular con más investigación científica, innovación y desarrollo, con más sociedad del conocimiento, con más diversificación y soberanía económica, energética y alimentaria, con más cultura, igualdad, identidad, cohesión social y participación frente al hiperindividualismo… Con el modelo de ecoisla que engloba todos estos conceptos, que defendemos con toda el alma para Gran Canaria y que necesita de complicidades colectivas, orgullo y sentido de pertenencia.  Como dice la campaña del Cabildo, Juntos Salimos de Esta.

Ahora no necesitamos papas de fuera

Ahora, más que nunca, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España deben ser absolutamente rigurosos en el control de la introducción de productos del sector primario en nuestra isla e implacables en la aplicación de las sanciones a las empresas u organizaciones que transgredan la legislación vigente importando productos que compiten directamente con nuestra producción y que ponen en riesgo fitosanitario a nuestro sector primario.

Aplaudo sin ambages, por tanto, las medidas adoptadas para paralizar la introducción de 432.000 kilos de papas en Canarias, a través del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y exijo la mayor contundencia en la aplicación de los procedimientos administrativas y penales ante este tipo de hechos.

Es inadmisible que puedan entrar en nuestras islas productos que no cumplen con la normativa exigida a nuestras producciones por problemas fitosanitarios porque ponen en peligro la salud de los consumidores y la salud de nuestras tierras de cultivos y futuras producciones.

Justo en estos momentos, cuando nos encontramos desarrollando unidos (el mundo agrario, empresas comercializadoras y el Cabildo de Gran Canaria) una importante campaña de concienciación para potenciar el consumo de productos del Sector Primario (agrícolas, avícolas, ganaderos y pesqueros).

Justo cuando estamos embarcados en un arduo trabajo para buscar nuevos destinos comerciales a las producciones locales, que por motivo del Covid-19 –por el cierre de hoteles, establecimientos de restauración, colegios, etc,- han perdido sus puntos de distribución y ventas habituales, sufriendo un excedente del 20% – 25%.

Justo cuando hemos creado  nuevas fórmulas de comercialización (Mercado Virtual, ayudas para familias vulnerables…), que están consiguiendo hacer llegar nuestros productos a los domicilios de los consumidores.

Justo cuando es más necesario que nunca que apoyemos y potenciemos un sector imprescindible para nuestra supervivencia, nuestra salud, nuestro empleo, nuestro paisaje y territorio, nuestro medio ambiente, nuestras tradiciones e identidad… no podemos aceptar el argumento de la empresa responsable y ASAGA de que esta importación se produce porque existe un vacío en la producción local.

Gran Canaria, tiene una producción por año que fluctúa entre 18 y 20 millones de kilos de papas y su cultivo ocupa unas 1.200 hectáreas, aproximadamente. Por lo benigno de nuestro clima, contamos con cuatro producciones en diferentes estaciones del año.

Este no es el momento, por tanto, para la importación de este producto. Ahora tenemos suficiente producción y abastecimiento de papa local. Estamos ya, además, en el proceso de recogida de la primera cosecha, “la temprana”, que comienza en los meses de abril y mayo. 

La papa de importación en estos momentos supone un hundimiento de los precios del producto local, agudiza la problemática de colocar en el mercado cultivos que ya están para dar sus frutos e induce  al abandono de los agricultores y agricultoras a seguir con esta labranza específica  que, por otra parte,  en la isla es de las pocas del sector primario que están dentro de los parámetros aconsejados por la FAO:  sobre el 40% – 50% en producción de autoconsumo.

Me reitero en mi planteamiento inicial. Ahora, más que nunca tenemos que ser contundentes en denunciar estas prácticas, en aplicar con el máximo rigor las sanciones que correspondan y en exigir las responsabilidades que conciernan.

Solidaridad frente a la pandemia

Estamos viviendo la situación de mayor impacto en nuestras vidas desde la guerra civil española de 1936. Ningún país previó o estaba preparado para una catástrofe como la que estamos sufriendo. La pandemia originada por el COVID-19 está llevando al límite la capacidad de nuestro sistema sanitario y en general, de nuestros sistemas de protección social. Además ya estamos preparándonos para la gestión de la difícil situación social y económica que vendrá tras la emergencia sanitaria. Pero el momento actual también ha puesto de manifiesto las consecuencias de las políticas neoliberales de recorte de lo público y la necesidad de implementar políticas más centradas en el bienestar de las personas.

Una situación especialmente dolorosa es la de las residencias de mayores en toda España. Cuando escribo este artículo son al menos 352 personas las que han muerto como consecuencia del coronavirus en estos centros, aunque no hay una cifra oficial, y las que se publican son la suma de las cifras de las comunidades autónomas y no son exactas. Los contagios superan los 2.500 en estos lugares pero en el momento en el que ustedes  lean este artículo las cifras serán tristemente superiores. El problema es de tal calibre que el ejército tuvo que intervenir, encontrándose incluso centros en los que los residentes estaban conviviendo con los cadáveres de personas fallecidas. Hemos presenciado también el testimonio desesperado de trabajadoras y trabajadores de estas residencias, que están haciendo jornadas maratonianas sin protección y que se están contagiando en gran número.

Esta es la consecuencia de una escasez estructural de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Según los datos del IMSERSO el 75%  de las residencias de mayores que hay en España son privadas. Muchas de ellas están en manos de fondos buitres. Hay más de 4.000 centros privados, frente a unos 1.400 públicos. Además es un negocio bastante lucrativo ya que se calcula que la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y su ritmo de crecimiento es de casi un 4% anual. Sin ánimo en ningún caso de estigmatizar a las empresas privadas que prestan estos servicios (muchas son serias y responsables) parece evidente que hay un déficit de recursos públicos que se está traduciendo en ocasiones en una mala atención a las personas mayores.  Esto es lo que ha conducido al horror vivido estos días.

Es solo una muestra de que una salida justa a la actual situación pasa necesariamente por un aumento de la inversión pública en servicios sociales y en investigación. También en sanidad. Es imprescindible que los planes de reactivación económica que empezarán a implementarse cuando termine el estado de alarma vayan dirigidos a construir un modelo más sostenible,  a la lucha contra el cambio climático y a combatir otra de las pandemias de nuestro tiempo, la desigualdad, tanto entre las personas de un mismo Estado como entre los países. A hacer posible un Estado del Bienestar que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que el sistema neoliberal  lo ha ido destruyendo a pasos agigantados.

No obstante, las primeras noticias que llegan desde la Unión Europea no son nada halagüeñas. En lugar de dar una respuesta global y eficiente a un problema sobrevenido que no es responsabilidad de ningún Estado, Holanda y Alemania se han erigido como portavoces de la Europa más insolidaria y neoconservadora, negándose a mutualizar la deuda pública y a sacar eurobonos que permitirían a los países obtener financiación para paliar las consecuencias de la crisis a un coste muy bajo. Y no solo eso, sino que han recuperado la narrativa ultraderechista y racista que ya utilizaron en 2008 con los países del sur. El conservador ministro de finanzas de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, llegó a asegurar que las instituciones comunitarias deberían investigar a países como España por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus, en unas palabras que el primer ministro portugués, Antonio Costa, calificó como repugnantes.

Si la Unión no es capaz de ofrecer soluciones equitativas en una crisis de esta magnitud, su crédito y su utilidad quedarán muy en entredicho entre buena parte de la ciudadanía europea. Voy más allá, no tendría sentido. Es la hora de volver a la filosofía con la que nació y a dejar de lado las políticas de austeridad que han destrozado a las clases medias, empobrecido a una parte de la población y alentado a las extremas derechas y los populismos. Es la hora de romper con las privatizaciones a ultranza y devolver los servicios esenciales al control público. De garantizar una verdadera equidad y justicia social.

Una gobernanza pública, en manos de  las instituciones públicas y no de los poderes salvajes de un capitalismo sin alma. Es el momento de que los poderes públicos dejen de estar sometidos a los mercados, de que las grandes decisiones las tomen los parlamentos, las instituciones y no los poderes económicos. Porque una cosa son  los mercados y otra los servicios universales. De recuperar el afecto a la democracia y a las instituciones, de quebrar el mal de la indiferencia en tiempos de “normalidad”. De hacer posible liderazgos sólidos que nazcan de la ciudadanía, creíbles, confiables, independientes a la hora de tomar decisiones para proteger el bien común.

Cuando acabe el confinamiento, vamos a ser las instituciones locales, insulares y autonómicas las que tengamos que hacer frente a buena parte de las medidas necesarias para paliar la crisis social. Es más, ya lo estamos siendo, habilitando ayudas de emergencia y otro tipo de actuaciones urgentes. Sin embargo el pasado fin de semana leíamos en la prensa que el Gobierno de España se estaba planteando “confiscar” los remanentes y el superávit de los ayuntamientos y cabildos. Como pasó el 2008, cada vez que hay una crisis el Gobierno central pretende salir de ella a costa de las administraciones locales, lo que además supondría un ataque contra el autogobierno.

Durante muchos años hemos reclamado que el superávit de las corporaciones locales e insulares se libere para hacer frente a las altas cotas de paro y de pobreza de esta tierra. Hasta ahora solo ha servido para paliar el déficit del Estado ante Europa y sostener al sistema bancario que además ahora quiere cobrarnos comisiones por tener ese dinero en sus cuentas. Por eso es inaceptable que el Estado quiera ahora apropiarse de ese superávit. Son recursos de los grancanarios y de las grancanarias, se deben quedar en esta isla y se tiene que permitir que los utilicemos para atender a nuestros parados, a nuestras familias empobrecidas y a reactivar la economía insular. Esos deben ser los criterios para la utilización del superávit.

Como se ha hecho público, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos aprobado una primera serie de medidas para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía insular por valor de más de 135 millones de euros. Pero es evidente que tendremos que adoptar nuevas medidas complementarias a las ya incluidas en el plan y que muchas de las contempladas necesitarán de fondos adicionales. Y eso solo puede hacerse si contamos con el dinero del superávit, sobre todo si tenemos en cuenta que los ingresos de las administraciones públicas se van a ver seriamente mermados por la caída de las recaudación resultante del parón económico.

La pandemia del coronavirus no puede dar lugar, una vez concluya, a una pandemia que puede ser aún más nociva, la de la insolidaridad. La sociedad civil está dando estos días ejemplo de conciencia cívica, respetando las medidas de confinamiento, aplaudiendo y apoyando a quiénes trabajan para protegernos y organizándose para ofrecer actividades que hagan más llevadera la permanencia en nuestras casas. Las administraciones públicas y organizaciones internacionales tienen también que estar a la altura para que esta crisis no la paguen nuevamente los que menos tienen. Tenemos una oportunidad para corregir lo que se ha hecho mal en la última década y no podemos desaprovecharla. La mejor solución frente a la pandemia es la solidaridad. La mejor solución para el planeta es la sostenibilidad social y medioambiental.