Un pacto de migración y asilo inaceptable

Desde finales del verano, con el recrudecimiento de la crisis migratoria en Canarias (que es en realidad una crisis de gestión derivada de políticas nefastas), vengo denunciando la intención de la Unión Europea y de España de convertir a las islas, y especialmente a las que concentran un  mayor número de llegadas por mar, en una cárcel para personas migrantes.

Mi insistencia durante los últimos meses se debe a que creo que es importante entender que imágenes indignas como las que se dieron en el Muelle de Arguineguín, o las que se están dando en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) como el de Barranco Seco, el Canarias 50 en el barrio de La Isleta en Gran Canaria o en Las Raíces en Tenerife, no son algo puntual, sino que forman parte de una política de la UE, refrendada a través de los hechos por el Gobierno de España que la aplica en Canarias.

La Unión Europea parte de una premisa completamente errónea a la hora de afrontar su política migratoria, esto es, que la inmigración es algo negativo  y que por lo tanto podemos y debemos evitar y minimizar al máximo la llegada de personas al continente. Y para conseguirlo ha recurrido a lo que muchas organizaciones llaman una política de “externalización de fronteras”. Por un lado se paga a terceros países por los que suelen pasar las rutas migratorias (como Marruecos o Turquía) para que impidan que esas personas prosigan su viaje hacia Europa, en muchos casos cometiendo flagrantes violaciones de derechos humanos. Por otro lado, a aquellos que han conseguido proseguir su viaje se les retiene en los territorios insulares fronterizos de la UE como vimos en Lesbos, en Lampedusa y estamos constatando en nuestras islas.

Hace apenas unos meses, la Comisión Europea presentó su propuesta para un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que sustituiría al aprobado en 2008 y que está vigente en la actualidad. Esta propuesta ha recibido el rechazo de la totalidad de las organizaciones sociales que trabajan en torno a la situación migratoria ya que implica una profundización en la actual política de militarización de fronteras e insolidaridad entre países (haciendo recaer la principal responsabilidad de la gestión en los países receptores) además de rebajar las garantías en la gestión en frontera.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha mostrado su oposición al proyecto, asegurando que “supone más de lo mismo, no pone remedios a los fallos evidenciados desde 2015 y sigue incidiendo en todo aquello que no ha funcionado en términos de derechos”. Su directora general, Estrella Galán cree que “es desolador ver cómo los países que se niegan a acoger personas refugiadas y migrantes han vuelto a ganar la batalla llegándose incluso a facilitar un menú a la carta para que los Estados puedan elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones de personas, lo que traiciona la esencia del Pacto de Migraciones de la ONU”.

El propio Gobierno de España ha mostrado sus reticencias  y el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha pedido que el nuevo pacto incluya “plena solidaridad y responsabilidad en retorno» entre los países europeos. No deja de llamar la atención que el Gobierno de España le pida a la UE lo mismo que le pedimos desde Canarias y que sin embargo nos niega: que la acogida de personas migrantes y la posterior gestión de estos flujos de llegadas de personas migrantes se haga de manera solidaria entre todas las comunidades de España y no recaiga todo el peso en las islas.

Dentro de ese pacto se encuentra el Reglamento de Procedimiento de Asilo que, de aprobarse, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y que nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo. Este reglamento incluye una modificación en el procedimiento de asilo, con una nueva etapa previa a la solicitud en la que la persona es identificada y se establece si puede acogerse a este procedimiento. Esto es muy grave porque implica una desprotección de la persona y un nuevo impedimento para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional.

Pero es que, además, en dicho documento también se establece que durante el proceso (cuya duración no se delimita y por lo tanto es indeterminada) y también si su solicitud de asilo es rechazada, las personas deben permanecer en las “fronteras exteriores de la UE” (es decir territorios como Canarias) hasta que sean devueltas a sus países. En conjunto las mujeres y hombres migrantes podrían permanecer varios meses retenidos en las islas en contra de su voluntad.

Estos acuerdos, que aún son borradores y están en negociación, son completamente inaceptables para Canarias. La inmensa mayoría de la población de las islas, así como sus instituciones y organizaciones sociales, han expresado su rechazo a que se nos convierta en una cárcel. Queremos ser un territorio de acogida, no ser parte de una política de militarización de fronteras y de vulneración de derechos humanos complaciente con las posturas de la extrema derecha que gobierna en algunos países de la Unión Europea.

Como demócrata y nacionalista me parece evidente que Canarias tiene que tener voz en la configuración de una política que le va a afectar directamente con importantes consecuencias sociales y que nos va a discriminar estableciendo una frontera de facto entre Canarias y el resto de la Unión. El Gobierno de España tiene que aclarar cuál es su postura respecto al nuevo pacto así como al nuevo reglamento. Asimismo tiene que ser consecuente y aplicar dentro de sus fronteras la unidad que le exige al resto de países comunitarios.

Desde mi responsabilidad como presidente del Cabildo de Gran Canaria exijo que se cuente con la opinión de las instituciones y organizaciones canarias a la hora de definir esa postura. Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos reclamado en varias ocasiones la creación de una mesa de trabajo conjunta en la que, además de los ministerios con responsabilidades en la materia, estén presente el Gobierno de Canarias y los cabildos de las islas que registran la mayor parte de las llegadas.

Pero nada de esto va a ser posible sin la unidad de todos los que rechazamos estos proyectos y aspiramos a un cambio en las políticas migratorias. Quienes queremos que Canarias sea territorio de acogida y no de retención rechazamos los acuerdos que pretende revisar Europa. La continuidad de estas políticas equivocadas e injustas nos preocupan porque, además, indirectamente favorecen el auge del racismo y la xenofobia en nuestra tierra y alientan a los oportunistas que pretenden beneficiarse con los discursos de odio. Es una cuestión que nos afecta a todos y a todas y desde el Cabildo de Gran Canaria, con humildad pero con firmeza, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta deriva injustificable.

Gobernanza, innovación y cercanía

En el programa de trabajo firmado por las tres fuerzas progresistas del Gobierno del  Cabildo de Gran Canaria figura en un lugar destacado la mejora de la gestión de la institución insular y su modernización. La intención es conseguir un Cabildo más eficiente y transparente y mejorar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Para dar cumplimiento a este punto del programa, esta semana hemos presentado el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Cabildo de Gran Canaria, una herramienta que va a transformar y modernizar el gobierno de la isla. Este Plan –impulsado desde las áreas de Presidencia y Función Pública- va a ajustar el funcionamiento del Cabildo al nuevo tiempo que vivimos.

Desde 2020 se inició un proceso colaborativo para acometer el diagnóstico de la situación del que formaron parte 16 áreas diferentes del Cabildo. También se realizó una encuesta online dirigida a todos los empleados  de la institución insular y de sus organismos autónomos, que fue contestada por más de 300 trabajadores y trabajadoras. Se trata de un nivel de participación e implicación inéditos hasta ahora,  lo que va a garantizar la continuidad  y la implicación en el Plan a lo largo del tiempo.

El objetivo con el que afrontamos este proyecto es el de convertir al Cabildo de Gran Canaria en un referente para la ciudadanía, agentes sociales y económicos, por su cercanía, accesibilidad y la efectividad en la promoción del desarrollo sostenible de la isla. Pretendemos implantar un modelo de gestión inteligente, eficiente y abierto, con unos servicios públicos acordes con los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. Un objetivo que con la crisis sanitaria y social que vivimos se ha vuelto incluso más relevante.

Si repasamos las grandes líneas de reactivación social y económica que proponen la Unión Europea y España para salir de la crisis que nos golpea, los procesos de digitalización y modernización ocupan un lugar preferente en cuanto a inversiones y a prioridad estratégica. Nuestro objetivo como gobierno insular es aprovechar toda esta energía para colocar al Cabildo de Gran Canaria en una posición relevante entre las administraciones públicas.

El Plan se estructura en 4 ejes. El primero se refiere a un “Gobierno Abierto” y tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de la democracia y promover la eficiencia del gobierno de la isla a través de  la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración. El segundo es la “Gobernanza Inteligente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” utilizando la tecnología, la planificación y el manejo de los datos para conseguir una gestión inteligente de los asuntos públicos encaminada a aumentar el bienestar, la inclusión social y una economía verde.

En tercer lugar encontramos el que tendrá un impacto positivo más inmediato en la ciudadanía, es decir, unos “servicios públicos sencillos y rápidos”. La meta es la simplificación de los procesos y procedimientos, mejorando la calidad de las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía y a los agentes económicos y sociales, evitando trámites innecesarios y respondiendo a las demandas sociales. El último eje es el “Capital humano, organizativo y tecnológico” con el que buscamos valorar el talento y las capacidades del personal público y los modelos de gestión como uno de los principales activos del Cabildo de Gran Canaria.

Además, el Plan cuenta con un presupuesto de 21,2 millones de euros a ejecutar hasta 2023, y contempla 82 proyectos repartidos en 25 líneas de acción,  algunos de los cuáles ya se encuentran en ejecución. Entre ellos podemos destacar los incluidos dentro de la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente, como “Alertagran”, que es un sistema inteligente que permite una gestión más ágil y efectiva de los equipos y medios de extinción de incendios, así como la detección temprana de los focos de incendio. Por su parte “Aquagran” vigilará y controlará la calidad del agua y reducir el consumo energético de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y “Transgran” ofrecerá información al usuario sobre el servicio público de transporte interurbano de pasajeros, en tiempo real y soportes visual y auditivo.

También vamos a destinar 160.000 euros a una estrategia de telematización de los procedimientos, que  agilizará los trámites y reducirá la cantidad de documentación a entregar. Nos vamos a volcar en ayudar y asistir a los municipios de Gran Canaria para la puesta en marcha de la administración electrónica a nivel local, haciendo especial hincapié en los municipios de menos de 20.000 habitantes. A ello destinaremos más de 2,8 millones de euros, aunque la mayor parte, 1,7 millones, estarán consignados para los ayuntamientos con menos población ya que son los que menos recursos tienen.

Los beneficios tanto para la ciudadanía como para las empresas van a ser múltiples. Encontrarán una mayor facilidad a la hora de relacionarse con el Cabildo de Gran Canaria, así como una mayor celeridad en la respuesta administrativa y se apurarán los pagos a los proveedores, una de las principales demandas de los sectores económicos. También va a mejorar la calidad de la atención recibida especialmente por  la posibilidad de uso de diferentes canales de comunicación, al tiempo que se dará mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

La posibilidad de relacionarse electrónicamente con el Cabildo va a evitar traslados a las dependencias administrativas y esperas innecesarias, lo que unido a la eliminación de la obligatoriedad actual de aportar mucha documentación exigida en buena parte den los procedimientos administrativos va a hacer mucho más rápidos y accesibles los trámites. Y va a contribuir a dinamizar la economía y agilizar las inversiones.

La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia crucial de contar con unos servicios públicos  dinámicos, con capacidad para responder con celeridad y eficacia a las distintas crisis. El Cabildo es una institución fundamental para la reactivación económica de Gran Canaria y para liderar un nuevo modelo de desarrollo más sostenible y resistente. Este Plan va a suponer un importante hito en ese camino, así como en la manera en la que la sociedad grancanaria se relaciona y percibe a la institución, mucho más abierta, transparente y adaptada a sus necesidades. 

Nuestra acción está concentrada en procesos de transformación relacionados con la soberanía alimentaria, con el desarrollo comercial, la recuperación turística, el desarrollo sostenible, las comunicaciones, las políticas sociales. Estamos volcados en la mejora de la vida de nuestra gente, pero las herramientas para conseguirlo deben ser igualmente transformadas. Todo el tiempo que ganemos en resolver los expedientes, en simplificarlos  y en hacer más accesible nuestra administración significarán oportunidades para generar riqueza, inclusión social y respeto a los derechos de la ciudadanía.

Agradezco a todo el personal del Cabildo el esfuerzo que está realizando por responder a las demandas de los hombres y mujeres de esta isla en estas condiciones tan duras que nos impone la pandemia y al mismo tiempo comparto la satisfacción por la calidad profesional que demuestran al diseñar y apoyar este Plan que nos refuerza como institución de referencia en la isla de Gran Canaria.

Ecumenismo, pluralismo y democracia

La celebración en este año del 50 aniversario de la apertura del Templo Ecuménico de Maspalomas es una oportunidad que debemos aprovechar para reconocer el importante papel integrador y conciliador que ha desempeñado durante este tiempo como espacio de diálogo, de encuentro y de cooperación interreligiosa, social y cultural. Estoy convencido de esta repercusión positiva por la cantidad de testimonios y experiencias que conocemos y que hablan de respeto, de comunicación y de compromiso por la trascendencia, la tolerancia, la pluralidad cultural y la integración. Vivimos un tiempo donde estos valores son tan necesarios como en aquel tiempo de 1971 cuando se inauguró.

En una sociedad globalizada y un planeta lleno de contradicciones e incertidumbres como el actual, es necesario que quienes tenemos representación pública reafirmemos los valores de respeto a los Derechos Humanos y de cooperación internacional que nos permitieron alcanzar los grandes avances del Estado de Bienestar durante el siglo XX.

Pocos lugares hay en el mundo más adecuados para albergar el Templo Ecuménico que la isla de Gran Canaria y, más en concreto, Maspalomas como espacio privilegiado de San Bartolomé de Tirajana. Porque Gran Canaria es una isla abierta a quienes quieren disfrutarla y compartir sus creaciones y sus preocupaciones. Es una isla de diversidad, de convivencia, de comunicación intercultural. Muchas comunidades se han asentado entre nosotros en perfecta armonía durante décadas: palestina, hindú, marroquí, nórdica, mauritana, alemana, saharaui, británica, venezolana, coreana…

A estas señas de identidad han contribuido nuestra historia, caracterizada como encrucijada de pueblos y de travesías, nuestro clima, que ha forjado nuestro carácter isleño, nuestra relación con el mar y las culturas a las que baña. Y, desde luego, una actividad económica que ha supuesto un diálogo permanente de exportación e importación hasta la consolidación del modelo turístico que tanto nos determina en la actualidad. Y todos estos factores han construido una cultura singular que nos caracteriza como pueblo resiliente, amante de sus tradiciones y respetuoso con quienes deciden transitar su vida entre nosotros.

Venimos de una experiencia que honra a quienes la promovieron, a quienes la han mantenido viva y a quienes la hemos integrado como un patrimonio y una referencia de la isla. Mi reconocimiento a sus promotores Don Alejandro del Castillo y a Monseñor Infantes Florido. Sin duda concibieron una propuesta adelantada a su tiempo.

Y tuvieron también un enorme acierto artístico en el diseño de esta gran construcción. Las buenas formas animan y potencian los contenidos más excelentes. Se acertó con una configuración donde todas las confesiones se sintieran respetadas. Y se dio forma a una gran nave que nos agrupa en la apasionante travesía de la vida. El atrio con su monolito de hierro, las 11 toneladas de la roca del altar, las verjas diseminadas de una unidad rota o las bellas vidrieras, nos permiten compatibilizar experiencias y objetivos con la expresión artística del máximo nivel que tanto nos ayuda a comunicarnos integralmente. A todos sus creadores de entonces mi reconocimiento. A Manuel de la Peña, José Abad, Juan Antonio Giraldo…

Pero debemos mirar hacia el futuro y proyectar desde esa nave el mensaje regenerador que tan bien ha difundido durante 50 años para ganar los retos que necesitamos superar en las próximas décadas.

Me refiero, en primer lugar, a la consolidación de la convivencia y la libertad como exigencias ineludibles de una sociedad verdaderamente humana. Estamos asistiendo a episodios impensables en sociedades desarrolladas de proliferación de ataques a los valores democráticos, de exclusión de las minorías, de arremetidas racistas o xenófobas, de proliferación de noticias falsas, de destrucción del adversario social o político o de abandono de los países empobrecidos.

Y es este abandono el que está haciendo posible el fenómeno migratorio que vive en estos momentos el planeta y que estamos experimentando en estos meses en esta isla. Como ya he dicho en muchas ocasiones, la pésima gestión del Gobierno central y de Europa con la crisis migratoria que vivimos en Canarias, su intención de convertirnos en una cárcel disuasoria, en la que el mar nos convierta en un gran muro que impida llegar al continente a las personas que llegan aquí arriesgando sus vidas, está generando miedo, alarma social y avivándose de manera interesada sentimientos intolerables de xenofobia y racismo. Y también un trato inhumano para con las personas que utilizan esta ruta atlántica para huir de la pobreza, el hambre o la violencia.

Y tiene más sentido reflexionar en el aniversario de este templo acerca de las migraciones con las palabras del Papa Francisco en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, refiriéndose a los migrantes como “el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada”: “Pienso en los ‘últimos’ que todos los días claman al Señor, pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos engañados, y abandonados para morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención; son los últimos que desafían las olas en un mar despiadado; son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser temporal”.

De la misma manera, nos tiene que doler la conservación y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una emergencia y una exigencia ética. No es posible seguir alterando las condiciones básicas de supervivencia. En el caso de los archipiélagos con más razón. Y esta alteración lleva al mundo a un escenario de desigualdades y de confrontación que no podemos admitir desde la reflexión religiosa, ética o humanista.

Vuelvo de nuevo al Papa Francisco que al presentarnos su Encíclica “Fratelli tutti” hizo llegar al mundo el mensaje de que “los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único camino hacia el desarrollo integral y la paz”.

Para reafirmar la necesidad de recuperar la confianza en los contenidos que nos guían desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los más actuales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha de servirnos esta conmemoración y este Templo. Deseo que con la energía que nos transmiten espacios como el Templo Ecuménico y su historia podamos integrarnos en una gran corriente de regeneración humana y medioambiental que nos permita una vida plenamente digna.

ATI, Chira Soria y Gran Canaria

El pasado fin de semana la diputada de Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife Ana Oramas nos sorprendió presentando en el Congreso una valoración negativa sobre la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria, acompañada por cuatro preguntas dirigidas al Gobierno de España que ponen en evidencia su profundo desconocimiento del proyecto, una desconsideración al Cabildo de Gran Canaria que lo promueve desde hace 9 años y una irresponsabilidad por intentar bloquear una propuesta decisiva para la sostenibilidad de nuestra isla.

La sorpresa fue mayor cuando pudimos comprobar que, lejos de documentarse y solicitar información a quienes conocen técnica y medioambientalmente la iniciativa, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, asume una fe ecologista desconocida hasta hoy en ella y contraria a su defensa del desaguisado en Tenerife de Las Teresitas, del muelle de Granadilla o de las canteras de las montañas de Güímar. La Sra. Diputada, sin contrastar la información asume el argumentario de la Plataforma “Salvar Chira-Soria” que pone en duda la legalidad del proyecto y varios de sus aspectos. Tanto la plataforma como CC reconocieron posteriormente que esa acción se había hecho a petición de este colectivo. Que han conformado una pareja de hecho.

Me parece totalmente lamentable que la diputada tinerfeña cuestione la Central Hidroeléctrica Chira-Soria sin dirigirse ni consultar al Cabildo de Gran Canaria, propietario de las presas e impulsor de este proyecto trascendental para la sostenibilidad de nuestra isla y decisivo para avanzar hacia las soberanías energética, hídrica y alimentaria. Llama la atención también el súbito interés de Oramas por el medioambiente grancanario mientras hace oídos sordos a múltiples problemas medioambientales de su isla en los que su partido tiene una responsabilidad directa.

Es una falta de respeto a la autonomía insular y un ejercicio interesado, partidista e insularista, de bloqueo de una iniciativa medioambiental pionera que colocará a Gran Canaria a la vanguardia de las energías limpias. Imagino la reacción de esa diputada si alguien hubiese cuestionado iniciativas legítimas nacidas en la isla que ella representa. O acaso es consciente de ello y desde su formación política se quiere reproducir el proceso que siguieron en su momento para frenar los anhelos de la sociedad grancanaria de conseguir su universidad.

Resulta irresponsable e insolidario que la Sra. diputada intente poner en peligro una inversión a fondo perdido de alrededor de 400 millones de euros que realizará el Estado español en Gran Canaria y que será una Central de referencia en el almacenamiento de energías renovables, en la producción de energías limpias y en garantizar agua para frenar la desertización y potenciar el sector primario en una buena parte de Gran Canaria.

También es bastante sorprendente que un colectivo de Gran Canaria, pretendidamente ecologista y progresista, se alíe con la máxima representante de la derecha insularista de Tenerife, responsable de buena parte de la mayoría de los proyectos de destrucción medioambiental en Canarias, y firme partidaria de la introducción del gas y del aire propanado para nuestras ciudades, con el único fin de atacar el proyecto de transición energética promovido por un gobierno progresista. Es sorprendente y desde luego lleva a preguntarse sobre las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de este colectivo.

Además, no es la primera muestra de connivencia entre Coalición Canaria y la Plataforma. De hecho su comparecencia en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Canarias va a ser posible gracias a CC e incluso algún diputado de la formación ha mostrado públicamente a través de sus redes sociales su oposición al proyecto. Cabe preguntarse en qué posición se queda el portavoz de CC en el Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que apenas un día antes de que Oramas mostrara públicamente su oposición al proyecto se quejaba amargamente de que según él en Gran Canaria es imposible sacar adelante ningún gran proyecto.

Es más, CC en Gran Canaria se apresuró a sacar un comunicado que en el fondo desautorizaba a su jefa de filas, ya que decían estar a favor del proyecto que Oramas había cuestionado públicamente, aunque lo enmascaraban con críticas hacia mí y hacía el Cabildo para no reconocer lo evidente: Oramas cuestionaba el proyecto para atacar al Cabildo de Gran Canaria y evitar una inversión decisiva en nuestra isla.

Es asombroso el desconocimiento que la nota y las preguntas de Ana Oramas manifiestan sobre un proyecto  que ha sido sometido a tres expedientes de información pública. Y que ignore que, afortunadamente, los responsables definitivos de la autorización están en Canarias y no en Madrid. Entiendo que cualquier diputada canaria, con más razón si se autodenomina “nacionalista”, debería respetar a las instituciones canarias que están impulsando este proyecto de vanguardia tecnológica mundial y realizando todos los estudios que la ley exige para hacerlo posible.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, como propietario de la central e impulsor del proyecto, estamos en condiciones de responder con precisión a las preguntas que la diputada tinerfeña hace a un interlocutor equivocado y con la intención de obstruir.

Respecto a la primera pregunta, sobre el conocimiento y objeto de la obra, le digo que el proyecto define una central hidroeléctrica reversible fundamentada en el aprovechamiento del desnivel existente entre el embalse superior (Chira) y el inferior (Soria), con el objetivo de almacenar energía renovable no gestionable en forma de agua, mediante la elevación de agua a las presas existentes de Chira y Soria, constituyendo una apuesta por la revalorización del patrimonio hidráulico insular. Para garantizar el almacenamiento y la integración de energía renovable no gestionable, las obras se complementan con la ejecución de una planta desaladora y el bombeo del agua desalada a 600 metros de altura, siendo la herramienta para solucionar dos problemas: la emergencia climática y la emergencia hídrica.

Sobre las afecciones a los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, la solución de la central hidroeléctrica se desarrolla, mayoritariamente, fuera de los espacios naturales; se afecta parcialmente y de forma poco significativa a 3 espacios protegidos de la Red Natura 2000; ZEC Macizo de Tauro II, ZEC El Nublo II y ZEC Franja Marina de Mogán. En ningún caso, se trata de afecciones significativas sobre los objetivos de conservación (hábitats y especies) de las ZEC y ZEPA, como tampoco sobre la funcionalidad ecológica de los mismos. Además, el objetivo principal de la Reserva de la Biosfera es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. De acuerdo con este objetivo, la central proporciona agua al sector primario, a la lucha contra los incendios, las repoblaciones y la lucha contra la desertización.

Para la incorporación de la salmuera al medio marino, que se producirá fuera de la ZEC Franja Marina de Mogán y sin afección a sebadales, inexistentes en esa zona, el emisario estará dotado del sistema de dispersión más eficiente existente, el difusor tipo Venturi, garantizando que el incremento de la salinidad sea únicamente de 0,2 unidades, un 90% por debajo del máximo admisible para el grupo de especies más sensibles.

En relación al supuesto incumplimiento de la legislación al que se refiere la diputada, no hay ningún incumplimiento legislativo del ordenamiento jurídico en vigor nacional y europeo. La Ley estatal 17/2013 establece el marco regulatorio para los sistemas eléctricos insulares, estableciendo que las instalaciones de almacenamiento por bombeo tendrán como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables y, siempre que tengan esta finalidad, la titularidad corresponde al operador del sistema, es decir a REE.

Por último, sobre la supuesta pérdida de soberanía a la que hace referencia, la central hidroeléctrica es la oportunidad para empezar a romper la dependencia energética de fuentes fósiles y del exterior, dotándonos de una herramienta imprescindible para la gestión del sistema eléctrico de Gran Canaria. Este proyecto, por su finalidad, permitirá mejorar la rentabilidad de las inversiones de los pequeños y medianos empresarios del sector renovable, siendo una medida clara hacia la soberanía y la democratización energética, permitiendo adoptar las mejores decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía. Sin la Central hidroeléctrica es imposible avanzar hacia la soberanía energética plena que nos exige el Acuerdo de París.

En definitiva, la central hidroeléctrica es el mayor proyecto de transición energética que hay en Canarias y uno de los mayores en todo el Estado. Chira-Soria constituye la herramienta principal con la que se alcanzará una cobertura media anual con energías limpias de entre un  51%  y un 70% en el uso final de la energía eléctrica consumida en Gran Canaria y supondrá una garantía frente a los efectos del cambio climático, cumpliendo con los Acuerdos de París y conforme a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, en el camino hacia la urgente descarbonización mediante el aprovechamiento de las energías limpias.

Es una tremenda irresponsabilidad que la señora Oramas ataque este proyecto tan importante para el desarrollo sostenible de Gran Canaria, y por ende de Canarias.  A ATI-CC el progreso de Gran Canaria le resulta insoportable. En los tiempos que corren, sería de esperar una actuación más responsable y madura por parte de algunos representantes políticos y de los constructores de plataformas. La ciudadanía lo está demandando.