Gran Canaria reclama decisiones

El pasado lunes 21 de septiembre me reuní con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres,  para avanzar en la coordinación de la toma  de las decisiones que debemos afrontar los responsables públicos ante las distintas crisis que estamos viviendo en Gran Canaria y en el conjunto de nuestro archipiélago. En el encuentro debatimos cuatro asuntos de singular trascendencia en estos momentos para Gran Canaria: la crisis sanitaria provocada por la segunda oleada de la COVID-19, la crisis migratoria por la llegada de más de 5.000 personas en lo que llevamos de año, la crisis turística por la inclusión de Canarias como destino de riesgo por parte de los principales países emisores y la crisis social y económica que se está produciendo en la isla.

Por supuesto, hemos estado en contacto desde el inicio de la pandemia, durante todo el mes de agosto y septiembre, pero era absolutamente necesario que mantuviéramos esta reunión entre instituciones como punto de inflexión, para diseñar estrategias conjuntas ante los duros meses a los que nos vamos a enfrentar. Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de que todas las administraciones públicas  y la sociedad civil colaboremos para avanzar coordinadas y maximizar los efectos de las medidas que adoptemos.

Los últimos datos sobre la propagación de la COVID-19 en el archipiélago y en Gran Canaria están siendo relativamente positivos, estamos consiguiendo doblegar la curva y nos acercamos, con altibajos, a los 50 casos por cada 100.000 personas, cifra que exigen algunos países para sacar a las islas de la lista de destinos de riesgo.  Pero esto no nos puede hacer bajar la guardia y relajarnos como hicimos durante el verano. Esta fue la principal causa del rebrote. La responsabilidad cívica es fundamental, especialmente en Gran Canaria  ya que es la isla con más casos.

En la reunión le transmití al presidente que es absolutamente necesaria una mayor presencia de las fuerzas de orden público en el control de las medidas de prevención anti-COVID. La relajación y la falta de respuestas es algo que me preocupa sobremanera. Es necesario vigilar los espacios públicos, ayudar a los ayuntamientos que no cuentan con policías suficientes y hacer un seguimiento a las personas contagiadas que incívicamente se están saltando la cuarentena y poniendo en riesgo a las personas cercanas. Y para que haya más presencia tiene que haber más personal y, por tanto, un incremento de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las islas.

Tenemos que llevar a cabo un mayor control en los aeropuertos y establecer medidas de rastreo de personas que vengan de comunidades con altos índices de contagio. Ese control es necesario también para llegadas que se produzcan a través del Puerto de La Luz, ya que se están realizando atraques y cambios de tripulación sin ningún tipo de seguimiento, en muchos casos además con barcos que llegan de lugares especialmente afectados. Habrá que estar atentos también a la posible vuelta de estudiantes a sus casas si se cierran las universidades madrileñas por la propagación del virus en la capital de España. Este fue uno de los principales focos de contagio en la primera ola de marzo.

Es importante que no nos relajemos en la atención a los gestos cotidianos, en los que muchas veces bajamos la guardia,  como las imágenes que hemos visto en estos días de padres y madres que se agolpan con sus hijos a la entrada y salida de los colegios  y que pueden frustrar el esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa. Y por supuesto, seguir profundizando en el seguimiento de concentraciones, botellones, etc. por parte de las fuerzas del orden público. Yo sería también más contundente en el control de los horarios nocturnos, en las actividades de ocio…

En las últimas semanas he hablado y escrito sobre la crisis migratoria, cuya evolución no es tan positiva. La descoordinación, la desinformación y la falta de transparencia siguen estando presentes. Veintiséis años después de la llegada de la primera patera seguimos sin centros de acogida dignos. Se siguen improvisando lugares de alojamiento, cuando en Canarias se dispone de espacios como por ejemplo infraestructuras militares dependientes del gobierno central para alojar a estas personas. Son inadmisibles los desencuentros entre los ministerios de Defensa, Interior y Migraciones así como que el ministro de Migraciones, el señor Escrivá, no haya venido a Canarias a dar la cara y se sacuda sus responsabilidades acusando de insolidarias a las instituciones canarias. Además el SIVE no está funcionando adecuadamente, permitiendo la llegada de pateras hasta las costas y el desembarco de personas desorientadas y exhaustas. No puede ser que existan zonas de sombra en este sistema de vigilancia y que no se corrijan.

Le transmití también  al presidente del Gobierno de Canarias que es necesario que se establezcan mecanismos de solidaridad entre islas. Gran Canaria y sus instituciones lo son y no se han visto correspondidas por el resto del Estado. Y al mismo tiempo es imprescindible que se produzcan derivaciones a la península y al continente europeo (que es donde realmente quieren ir las personas migrantes). De lo contrario, corremos el riesgo de que Gran Canaria se convierta en una “isla cárcel” como Lesbos o Lampedusa, o que asistamos a un atentado contra la dignidad de las personas y los derechos humanos como el vivido en Moria.

La situación en el muelle de Arguineguín, en el que aún continúan varios cientos de personas durmiendo en el suelo, es insostenible y tiene que acabarse. Se deben potenciar asimismo las políticas diplomáticas con Europa y África, y buscar alternativas adecuadas para los menores no acompañados, tanto para el periodo de tutela del Estado, como para no dejarlos “abandonados” y sin recursos una vez cumplen la mayoría de edad.

Ángel Víctor Torres y yo coincidimos en que la prioridad debe ser la recuperación turística, y que para ello la unidad de acción es absolutamente imprescindible. Ningún territorio insular puede ir por libre, de la misma manera que Gran Canaria no lo hizo cuando presentaba los mejores indicadores. El Gobierno de Canarias, los cabildos, los municipios turísticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos deben ir de la mano para reivindicar la continuidad de los ERTE, garantizar corredores turísticos seguros, diseñar un plan de reactivación turística eficaz y para que la incidencia de las crisis sanitaria y migratoria no afecten a este sector.

En la reunión solicité con firmeza que tanto para el plan de reactivación económica como para el plan de reactivación turística se cuente con la participación del Cabildo de Gran Canaria – en realidad de todos los cabildos – para presentar propuestas que tengan que ver con el diseño estratégico de futuro del modelo de isla que defendemos. La distribución de los recursos se tiene que realizar en función de las necesidades reales de cada territorio y de la afección de las crisis en la pobreza, el paro y la caída del turismo. Gran Canaria cuenta con proyectos de desarrollo estratégicos para avanzar en la economía verde y en la diversificación y debe contar con la solidaridad del Estado y del Gobierno canario.

A nadie se le escapa que la situación es muy delicada y que los efectos de las diversas crisis pueden ser devastadores para nuestra isla, para Canarias. Pero también es cierto que se nos presenta una oportunidad única en décadas para dar pasos decisivos, a través de los diversos planes de inversión públicos, en la diversificación y sostenibilidad de nuestro modelo económico. Para eso es imprescindible, insisto, que las distintas instituciones públicas de Canarias y la sociedad civil trabajemos de manera conjunta, coordinada y solidaria para afrontar nuestros problemas. Desde el Cabildo de Gran Canaria siempre estaremos dispuestos a avanzar en ese sentido.

Recuperar el turismo, una prioridad colectiva

La situación social y económica de Canarias exige que aprovechemos todos los recursos, todas las oportunidades públicas y privadas para generar actividad, promover empleo, recuperar a personas del paro y sostener a la pequeña y mediana empresa que constituye el esqueleto fundamental de nuestra sociedad. Y dentro de ese plan de actuación, el turismo representa un sector fundamental por la cantidad de empleos directos e indirectos que sostiene y por la cadena de influencias e inversiones que origina en todos los sectores relacionados y que en Canarias afectan a más de la mitad de nuestra población.

 Aunque no nos dediquemos directamente a la actividad turística, en la renta de los hombres y mujeres de Gran Canaria siempre habrá recursos procedentes de ella. A todos nos atañe también contribuir decididamente a frenar los contagios y la propagación de la Covid-19 para recuperar nuestra imagen de destino seguro. A las administraciones, por su parte, les pido unidad de acción para actuar sin dilaciones.

Recuperar la actividad turística es una prioridad que debe convocarnos y comprometernos a quienes aspiramos a que nuestra tierra recupere cuanto antes una situación de estabilidad y de bienestar social. El Cabildo de Gran Canaria tiene esa orientación absolutamente clara desde que se decretó el estado de alarma y dentro de sus competencias trabaja sin descanso. Desde la Consejería insular de Turismo y el Patronato de Turismo  de Gran Canaria pero también desde el conjunto del Gobierno de la isla de manera transversal. Sabemos que el esfuerzo no depende solo de lo que el Cabildo programe, porque estamos condicionados por las exigencias sanitarias, por la evolución de la pandemia en nuestra tierra, por las decisiones de los países de procedencia de nuestros turistas y por la implicación del gobierno central, pero contando con esta complejidad tenemos que seguir peleando por que la temporada de invierno se recupere con los mejores datos posibles. Esa tiene que ser nuestra meta.

Y en esta apuesta nos encontramos, tal vez por primera vez en la historia, con que la recuperación de un sector económico tan decisivo como el del turismo depende del compromiso  de toda nuestra sociedad. La salvación de la temporada de invierno pasa, en primer lugar, por que los datos de la pandemia se reduzcan y vuelvan a la situación de los primeros momentos de la crisis. Tenemos que realizar en Gran Canaria y en el conjunto de Canarias, un esfuerzo colectivo para detener los contagios, para reducir el número de personas afectadas y para disminuir la presión sobre nuestros hospitales. En definitiva, para mejorar los indicadores con el fin de recuperar, en la medida de lo posible, nuestra situación anterior.

Y esta gran aportación pasa por la conducta cívica y solidaria de toda la población, de todas las edades y de todas las islas. Necesitamos que las fuerzas de orden público sigan realizando la labor de información y control para que se cumplan las medidas de prevención y ninguna minoría inconsciente dañe el interés general. Contener la pandemia es una cuestión prioritaria de salud pública y de adecuar el sistema a las necesidades del momento, pero aunque nuestro sistema de salud funcione, si el conjunto de la sociedad no comprende que todos contamos, y que todos podemos ser transmisores, no ganaremos este pulso. El turismo en estos momentos depende directamente de que estos indicadores se normalicen y permanezcan estables y para ello, insisto, se precisa responsabilidad ciudadana, actuación decidida de las fuerzas de orden público y  buen funcionamiento del sistema sanitario.

Para alcanzar los objetivos marcados es necesaria la altura de miras y unidad de acción entre las instituciones y las organizaciones empresariales y sindicales. Más allá de las políticas de promoción legítimas que realiza cada isla para atraer a sus potenciales clientes, todas las acciones encaminadas a gestionar las incidencias de la pandemia en nuestra industria turística y para buscar alternativas a la situación de cero turístico que padecemos deben estar coordinadas por el Gobierno de Canarias con la participación directa de los siete cabildos insulares, los municipios turísticos  y la sociedad civil.

Eso, o el sálvese quien pueda. En tiempos de desesperación a algún territorio insular le puede tentar esa idea. De hecho se han dado pasos en ese sentido, lo que entiendo como una falta de lealtad institucional sin parangón que abre un espacio peligroso de desencuentros y de disminución de la capacidad unitaria de demandar soluciones a la UE y al gobierno de España.

En la primera fase de esta pandemia, islas como Gran Canaria y otras presentaban unos indicadores de afección de la COVID 19 muy por debajo de algún territorio que ahora pretende un trato singular y desigual.  Jamás se nos ocurrió romper la unidad de acción ni plantear excepcionalidades en el estado de alarma frente a otros territorios. Por eso estamos más legitimados ahora para llamar a una política común de diálogo, consenso y unidad.

Y es que, claro, llegados a este punto, debemos afirmar que Gran Canaria y otras islas, están en condiciones de ofrecer corredores turísticos seguros porque presentan indicadores generales por debajo de las exigencias de los países europeos y por tanto susceptibles de tener actividad turística internacional. Gran Canaria puede garantizar un espacio burbuja en la zona turística por excelencia de la isla, sin ningún tipo de dudas. Los indicadores de San Bartolomé de Tirajana y Mogán están siendo muy positivos en la última semana, hasta el punto de que los marcadores no superan los 50 casos por cien mil habitantes que es la cifra que distintos países consideran segura para levantar el veto a los destinos elegidos por su ciudadanía.  

Gran Canaria está, por tanto, en condiciones de garantizar seguridad sanitaria en la zona turística que congrega el 95% del turismo que nos visita. Y los datos de los que disponemos son esperanzadores: en las previsiones de reservas para la temporada de invierno Gran Canaria sigue siendo un destino líder para el turismo escandinavo y alemán.

Pero no nos queda mucho tiempo. Y tenemos que actuar sin dilaciones. Juntos. Gobierno de Canarias, Gobierno de España, cabildos, ciudades turísticas más importantes, organizaciones empresariales y sindicales, ayuntamientos… Y es preciso que se concreten y se hagan realidad todos aquellos aspectos que se han planteado en las mesas de trabajo conjuntas: corredores turísticos seguros, realización de test, ERTE, Plan Turístico de Reactivación Económica específico para Canarias.

Los corredores turísticos seguros, son un sistema que ya se ha aplicado de manera piloto en Baleares y que  nosotros debemos perfeccionar ofreciendo test a los turistas al terminar su periodo de vacaciones en nuestra tierra, así como el seguimiento sintomatológico de los turistas durante su estancia y la trazabilidad de sus movimientos mediante la tecnología para poder efectuar rastreos de manera inmediata en caso de un posible contagio. De esta manera se evita que los viajeros tengan que pasar la cuarentena de 14 días a su llegada, lo que haría inviable su estancia vacacional.

Esto implica la colaboración de todas las entidades públicas y privadas, así como el acuerdo entre los países emisores y receptores de turistas. Afortunadamente tanto nosotros como los principales países y las regiones emisoras tenemos los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, por lo que estamos en excelentes condiciones para poder responder con eficacia a este reto tanto de gestión turística como sanitaria. Esta experiencia también podría servirnos para el futuro, para posibles pandemias o epidemias que puedan afectarnos y que no son en absoluto descartables.

Los ERTE son la red de seguridad imprescindible para el sector turístico, tanto para las personas que trabajan en él como para las empresas. Su extinción llevaría al hundimiento de muchas empresas, a despidos masivos y al aumento del desempleo en Canarias hasta cifras inéditas. El mantenimiento de este mecanismo permite a nuestra industria turística estar preparada para su reapertura en 48 horas así como una importante flexibilidad para adaptarse a las diversas circunstancias del mercado en un momento de máxima incertidumbre. El Gobierno de España tiene que ser consciente de esta realidad y mantener los ERTE turísticos hasta la recuperación del número de visitantes.

El Plan de Reactivación Turística anunciado por el Gobierno  de España en junio tiene que concretarse en hechos. Tanto con avales y liquidez al sector como en líneas de financiación para la modernización, digitalización y avance hacia la   sostenibilidad  y la renovación de la planta alojativa que haya quedado más obsoleta. Se trata no solo de garantizar la supervivencia de la actividad turística y de quienes trabajan en ella, sino aprovechar la ocasión para que cuando acabe la pandemia tengamos un modelo turístico de más calidad y que genere mayor valor añadido.

Es innegable que estamos afrontando uno de los momentos más duros de la historia reciente de Canarias, que además no conoce precedentes. Pero creo sinceramente que con unidad de acción, generando grandes consensos y haciendo un uso correcto de la capacidad de inversión con la que contamos las administraciones públicas (es el momento de suspender la ley de estabilidad presupuestaria de Montoro para así poder utilizar los remanentes y la deuda), podemos aprovechar para dar pasos en la diversificación, modernización y sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento y salir más fortalecidos de esta crisis.

Políticas que generan odio

En las últimas semanas hemos vivido en Gran Canaria varios tristes y alarmantes episodios de racismo, inéditos hasta la fecha, a raíz del repunte de la llegada de personas migrantes en pateras a nuestras costas, unos 5.000 en lo que va de año. Hemos visto en redes sociales vídeos de inmigrantes desembarcando en diversas playas en los que sus autores proferían toda clase de insultos racistas contra estas personas y también se han producido lanzamientos de piedras contra centros de menores no acompañados en Las Palmas de Gran Canaria.

La primera semana de septiembre, a raíz del traslado de un grupo de  migrantes a unos apartamentos turísticos vacíos del sur de la isla, se difundió de manera masiva a través de las redes sociales un bulo manipulando imágenes antiguas de una excursión de niños negros a un parque acuático del Sur de Gran Canaria para hacer ver a la población que España les pagaba unas “vacaciones” a costa de los españoles, todo ello acompañado de una ola de comentarios racistas.

Es muy alarmante que en un territorio como Canarias, que lleva décadas conviviendo con la diversidad cultural, racial y religiosa con total normalidad, se generen estos episodios de violencia racista. No podemos ser autocomplacientes y calificar de “hechos aislados” lo que a todas luces es un aumento en la intensidad y en la difusión de los discursos de odio. Alentados además por la ultraderecha con campañas pagadas en redes sociales, están teniendo un alcance inédito hasta la fecha. Y no solo es un problema de Canarias sino global.

Pero no deberíamos perder de vista cuál es el origen de la actual situación, y  que no es otro que las nefastas políticas migratorias llevadas a cabo por la Unión Europea y el Gobierno de España en Canarias. Hace 26 años que arribó a nuestras costas la primera patera y, aunque las llegadas no han sido constantes, lo cierto es que tres décadas después no contamos con algo tan básico como un sistema de primera acogida dotado de los recursos económicos, humanos y alojativos necesarios. Mientras escribo estas líneas hay más de 400 personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, literalmente tiradas en el suelo y protegiéndose del sol debajo de mesas en medio de una alerta por calor.  Son unas condiciones intolerables que atentan contra la dignidad y la salud de estas personas. Aunque el viernes 11 empezaron a trasladarlas, el sábado pude visitar la zona y comprobar que aún quedaban 222 personas desesperadas en el lugar. A 140 aún no se les había realizado el PCR.

¿Cómo es posible que el Gobierno de España, que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria no dote a Canarias, después de tres décadas, de las herramientas necesarias para la gestión de estos flujos y se siga improvisando, generando alarma social y creando el caldo de cultivo para los racistas e intolerantes? Porque los bulos y comentarios racistas son un problema, pero el verdadero problema es una administración que por la vía de los hechos lleva décadas tratando a las personas migrantes como algo indeseado que quiere quitarse de encima y por lo tanto mandando ese mensaje a la población.

Lo primero y más importante es acabar con el alarmismo. Aunque es cierto que se ha producido un importante repunte en el número de llegadas, estamos hablando de 5.000 personas en un territorio de dos millones de habitantes. No se trata de una avalancha ni de una invasión y se podría gestionar sin grandes problemas si se pusieran los medios adecuados para ello. Por otra parte, hay que señalar que la mayoría de estas personas no tiene a Canarias como destino de su viaje, sino Francia, Bélgica, Inglaterra, el resto de España, etc., países en los que tienen familiares, amigos, redes y cuyo idioma conocen. Si llegan a Canarias es por razones geográficas obvias. Y utilizando un corredor peligroso, mortal en muchas ocasiones, trás cerrarse  la vía mediterránea.

Por lo tanto es inaceptable, como escribí a finales de agosto, que Europa y España pretendan convertir a Gran Canaria y al resto de islas en una “isla cárcel” como Lesbos o Lampedusa, a la que las personas migrantes llegan y se pasan meses y años en pésimas condiciones mientras se resuelven sus solicitudes y procedimientos administrativos. Fíjense en el drama de Moira de estos días. España y Canarias deben desarrollar una política pública respetuosa con los derechos de las personas migrantes, efectiva en la gestión de estos flujos y que no genere alarma social ni facilite el discurso del odio. Y debe ser transparente y consensuada.

Insisto en que la prioridad es dotarnos de un sistema de primera acogida, que cuente con las plazas alojativas suficientes para las diversas realidades de las personas que llegan (menores, solicitantes de asilo, etc.). Es intolerable que, mientras se hacina a estas personas en el muelle de Arguineguín y en hogares para menores sobrepasados o se les traslada ora a instalaciones deportivas y escolares ora a hoteles de zonas turísticas,  los ministerios de Interior y de Defensa no se pongan de acuerdo para que se puedan utilizar los espacios que el ejército tiene en Gando o en La Isleta o en otros lugares de Canarias.

Tienen que existir protocolos que permitan trasladar a estas personas a otros recursos públicos adecuados de España y del resto de la Unión Europea, así como a los lugares en los que residen sus familias y/o amigos cuando lo soliciten. Esto no es un problema de Canarias sino del conjunto de las administraciones y tienen que actuar de manera solidaria. Hay que revisar el mal funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para detectar las embarcaciones en alta mar, evitando los cientos de muertes que se producen en los naufragios y las dantescas imágenes de personas migrantes recién llegadas a nuestras costas vagando desorientadas y exhaustas.

Las autoridades canarias tienen que tener capacidad de decisión y participación en las medidas que a este respecto se toman en su territorio. Es inaceptable que se produzcan traslados a municipios sin ni siquiera avisar a los ayuntamientos. Hay que reclamar a la UE fondos estructurales para esta cuestión ya que estamos pagando las consecuencias de las nefastas políticas comunitarias en este sentido.  También hay que reforzar el Foro Canario de la Inmigración como herramienta participativa de construcción de propuestas y políticas de manera consensuada, integrando al conjunto de las administraciones públicas, asociaciones y sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones empresariales, etc.  Alabo que la pasada semana se haya convocado a este órgano, en el que tuve la ocasión de manifestarme con contundencia ante la Secretaria de Estado de Migraciones, pero hay que reforzarlo y convocarlo con mayor frecuencia.

Y a esta lista de inacciones y de falta de compromisos hay que añadir una política exterior inexistente por parte del gobierno de España en la negociación y la cooperación con los países africanos que son origen de esta inmigración. La política internacional del estado español no tiene entre sus prioridades la relación con los gobiernos y las organizaciones de los países africanos que viven una crisis de subsistencia y de supervivencia gravísima. Desde Canarias tenemos que exigir un cambio inmediato en estas políticas.

Hay que tener claro que la migración es un fenómeno natural, consustancial a la historia de la humanidad. Migraciones ha habido, hay y habrá en el futuro, y nosotros somos la frontera más desigual del mundo. La mejor manera de gestionar este fenómeno, además de luchar contra las guerras, desigualdades y situaciones de injusticia que obligan a muchas personas a abandonar su tierra, es el establecimiento de vías migratorias legales y seguras. Aunque parece que en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se están produciendo cambios en este sentido, estos son aún muy lentos y chocan contra las políticas de la UE y del Ministerio del Interior. Desde luego, no ayuda que el Ministro se haya comportado como se ha comportado dando un plantón al Presidente de Canarias. Pero mientras tanto es imprescindible, si queremos evitar el auge de los discursos de odio, contar con los medios necesarios para gestionar las llegadas de personas migrantes a nuestras costas de manera eficiente y con respeto a los derechos humanos. La única manera de frenar el odio es acabando con las políticas que generan odio.

Vivir «El Pino» de otra manera

Las fiestas del Pino tienen un profundo significado para Gran Canaria. Además del fervor religioso que nuestra patrona inspira en los creyentes, la romería del Pino y todos los actos que constituyen la fiesta suponen un momento de celebración y comunión de toda la isla. Una muestra de nuestras tradiciones e identidad, folclore, gastronomía, arte, devoción, artesanía, naturaleza. Son más de 100.000 personas las que se dan cita cada año en la Villa de Teror para disfrutar de esta exaltación de lo que amamos de nuestra tierra.

Es evidente que en las actuales circunstancias es imposible celebrar el programa de actividades religiosas, lúdicas y culturales que se realizan cada año. Es imprescindible que nos cuidemos y que cuidemos a los demás para frenar la propagación del virus en nuestra isla y poder recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. Pero la suspensión del programa oficial de actividades tendrá poca incidencia si la ciudadanía no colabora y se abstiene de subir a Teror los días 7 y 8. Tendremos muchas oportunidades de disfrutar de nuevo de este lugar emblemático de la identidad de Gran Canaria. 

Este año, desgraciadamente, viviremos la más atípica de las romerías del Pino en sus 68 años de historia. La ofrenda se realizó  el 26 de agosto en un formato adaptado a las circunstancias: las delegaciones del Cabildo y los ayuntamientos depositaron sus productos en un sencillo acto ante el Palacio Episcopal para preservar así una de las esencias del evento,  la entrega de alimentos para las personas en situación vulnerable. La Eucaristía en Conmemoración del día de Ntra. Sra. del Pino, el próximo día 8, se celebrará de manera similar pero será retransmitida por Televisión Canaria, TVE en Canarias, Radio Municipal de Teror y otros medios de comunicación.

Porque, pese a todo, no renunciamos a la celebración de unas fechas tan relevantes para nosotros. Con las nuevas tecnologías como aliadas, hemos preparado un programa de actos que podrán ser seguidos por diversos medios de comunicación. El día 7, la Romería será sustituida por sendos programas en la Televisión Autonómica Canaria y en TVE en Canarias que rememorarán tanto la historia de la Romería-Ofrenda como la  del camino que miles de personas transitan todos los años para llegar a pie a Teror. En la página web oficial de las fiestas del Pino disponemos de una descripción detallada de todos estos actos.

El Pino, por su fecha, en las postrimerías del verano y al inicio de septiembre, también supone una “liturgia” con la que afrontamos los retos del nuevo curso. Es habitual ver a equipos deportivos comenzar la temporada con la ofrenda a la Virgen del Pino, para pedir salud y éxitos. Y lo cierto es que este año necesitamos más que nunca esa fortaleza y confianza que representa nuestra fiesta patronal. Aunque en los peores momentos de la propagación del virus y durante el confinamiento la incidencia en nuestra isla fue menor, en estos momentos nos enfrentamos a cifras que son muy preocupantes a las puertas de la reapertura de los centros educativos.

Si no conseguimos revertir la propagación de la COVID-19, las consecuencias para nuestra tierra van a ser muy graves. Los problemas estructurales de pobreza, precariedad y paro que sufre Canarias y Gran Canaria empeoraron con las políticas de austeridad, ajustes y recortes  de la crisis de 2008 y esta situación llega justo cuando estábamos consiguiendo mejoras en estos aspectos. Aunque estamos frente a una crisis global, que no solo depende de nosotros, tenemos una oportunidad de ser ejemplares y mostrarle al mundo que somos un territorio seguro y una sociedad madura y solidaria. Nos jugamos miles de vidas, de empleos, de negocios, de proyectos vitales de niños y niñas que no tendrán las oportunidades que merecen. 

Por ello, creo que el espíritu y los valores de las fiestas del Pino están fuertemente relacionados con los retos venideros. La unión como pueblo es la única manera de lograr salvar esta situación, porque solo juntos saldremos de esta. La solidaridad que inspira la ofrenda nos lleva a tomar y respetar las medidas de protección, no solo por nosotros y por los nuestros, sino por todas las personas vulnerables que se pueden ver afectadas por conductas irresponsables. Nuestra tradición como pueblo resistente, que históricamente se ha forjado en la adversidad y que siempre la ha superado, nos permitirá volver a hacerlo. El orgullo y el apego que sentimos por nuestra tierra, por nuestras tradiciones y por nuestra gente nos lleva a cuidarlas y protegerlas.

Como Cabildo, conscientes de la situación, estamos volcados en un plan de reactivación económica que incide en  el desarrollo de alternativas ligadas al modelo de ecoisla que defendemos para seguir avanzando en las energías limpias, la agricultura y la ganadería, la lucha contra la sequía y el cambio climático, la reforestación, la economía azul y circular y la movilidad publica y eléctrica, el turismo digital y sostenible, la sociedad del conocimiento, la investigación y la innovación…y desde luego en las políticas sociales y de igualdad, en la creación de empleo y vivienda, en la solidaridad y en la cohesión comunitaria que potencia sectores como la cultura y el deporte… 

Aunque no podamos congregarnos como hacíamos todos los años, es evidente que el sentimiento, la devoción y las ganas de volver a compartir esos momentos con amigos sigue estando presente. Por eso, desde el Cabildo de Gran Canaria, animamos a toda la población de Gran Canaria a compartir sus fotos de El Pino de otros años junto a la etiqueta #LaFiestaQueNosUne. Un homenaje a la fiesta, una manera de reunirnos virtualmente en torno a nuestros mejores recuerdos de ella y de llenarnos de alegría e ilusión en que, en un futuro próximo, hayamos superado esta situación.

Este año el deseo que le pedimos a nuestra patrona no puede ser otro que el de poder volver a encontrarnos en 2021 en las calles de Teror,  eso significará que habremos superado la pandemia, que miles de hombres y mujeres de Gran Canaria habrán recuperado sus trabajos, sus negocios, sus planes de vida, y que se habrá salvado las vidas de miles de personas. Estoy convencido de que seremos capaces de salir de esta situación y de que lo haremos alumbrando un modelo con mayor justicia social, igualdad y sostenibilidad. Nos vemos en 2021 para celebrar #LaFiestaQueNosUne.

No a una isla cárcel

Las responsabilidades del estado en Canarias relativas al fenómeno creciente de la inmigración han sido evadidas  en estos últimos 20 años.

La crisis migratoria  que  vivimos en estos momentos  presagia situaciones parecidas a las vivimos en este archipiélago a principios de este siglo,  sin que se atisben soluciones y alternativas por parte del Gobierno de España. Ningún  gobierno español ha diseñado  para estas islas – desde la última crisis de 2006- una estrategia fiable, solvente, humanitaria… ante la localización estratégica de nuestro archipiélago y el cierre de otras rutas migratorias entre África y Europa.

La última visita del ministro Grande Marlaska a Canarias, propiciada por el Gobierno Autonómico para asistir a lo que dio en llamar Cumbre sobre la Inmigración, fue decepcionante. Las dos partes están obligadas a entenderse y  respetarse. Y eso no está sucediendo. Ni a la hora de exigir ni a la hora de cumplir con las obligaciones y las competencias.

Por eso las improvisaciones continuas, la carencia de infraestructuras y equipamientos para acoger a las personas que llegan hasta aquí buscando desesperadamente un modo de vida más justo, la precariedad en los medios para identificar la llegada de las pateras, las nulas políticas diplomáticas y de colaboración con los países emisores en su lucha contra las mafias, para identificar rutas…

Casi cuatro mil personas han llegado a las islas en esta nueva oleada migratoria. De ellas, casi un millar son menores acogidos en centros dependientes del Cabildo o del Gobierno de Canarias. Solo en Gran Canaria se han acogido a casi 500 de una manera absolutamente precaria y sin que ninguna administración asuma los altos costes que supone. El que se eternicen las pruebas óseas que confirman definitivamente su edad – solo pasa en Gran Canaria, donde las exigencias para este examen son mucho más rigurosas- hace que algunos hogares destinados a acoger 10 o 20 niños, derivados por los distintos servicios sociales, soporten cifras de hasta 70 menores, con los consiguientes riesgos.

En la actualidad las personas migrantes que han llegado hasta las islas –fundamentalmente a Gran Canaria- se encuentran alojadas en casi una treintena de espacios públicos que se tendrán que liberar en los próximos días pues se trata de instalaciones deportivas, albergues, escuelas hogar, etc… Únicamente dos de estos espacios son de titularidad del Gobierno de España a pesar de que cuenta en las islas con instalaciones vacías o semivacías. Es más, en algunos casos se han hecho publicas las diferencias entre los ministerios de Defensa e Interior a la hora de ponerse de acuerdo para habilitar equipamientos para las personas llegadas a Canarias.

Gran Canaria es la isla más afectada por esta situación  y por eso me veo obligado a expresar que no queremos que se vea convertida en una “isla cárcel” para estas personas, como ha sucedido en  Lampedusa o Lesbos. Y eso es lo que se interpretó por instituciones y hombres y mujeres de la isla la pretensión de montar un macro campamento en el Polígono de Arinaga. Por cierto el municipio de Agüimes acoge en estos momentos a 151 inmigrantes en el terrero de lucha canaria de Arinaga y a varias decenas en el Albergue de la Playa de Cabrón sin ningún tipo de problemas. Y se le señaló en algunos ámbitos de manera negativa.

Se está tardando demasiado en dar respuestas firmes y necesarias como las que tienen que ver con el traslado de una parte de estas personas, de manera solidaria, a otras islas o que se arbitren medidas para que –tal y como demandan desesperadamente las personas que han llegado hasta aquí desde el continente africano- puedan ser trasladadas a la península o a otros países europeos.

Sin ningún tipo de dudas, se hace necesaria una información precisa a la ciudadanía para evitar estados de alarma que aviven situaciones de racismo y xenofobia o que distorsionen nuestra realidad ante los mercados turísticos. Y se hace  necesario, sin dilaciones, que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) funcione de manera precisa, rigurosa e impecable, y eso no está sucediendo en todas las ocasiones (lo de este último fin de semana colma el vaso);  que se dispongan de espacios adecuados para una primera acogida de las personas que llegan en pateras (menores y adultos); que se acojan de manera solidaria en distintos lugares del archipiélago y, lo más importante, que permanezcan en las islas el mínimo tiempo imprescindible en su anhelo de llegar al continente europeo…

Por lo tanto, más medios sanitarios, de vigilancia y de atención; más recursos, infraestructuras y equipamientos; más información para las islas y para el exterior (no podemos obviar que son menos de 4.000 personas las que están en esta situación y que  en estos momentos tenemos en el archipiélago más de 300.000 personas foráneas: 70.000 venezolanos, 60.000 italianos, 41.000 británicos, 40.000 alemanes…); más solidaridad y acogida en distintas islas y, sobre todo, que se disponga de los medios necesarios para que no nos convirtamos en una cárcel para estas personas que solo pretenden llegar  al continente europeo. Jugándose la vida. Perdiendo la vida.

Y por supuesto Europa y España no pueden cerrar los ojos ante esta situación y obviar que dentro de las políticas necesarias de codesarrollo se precisan igualmente vías legales y seguras ante la migración imparable. No podemos cerrar los ojos ante las migraciones como un hecho estructural que forma parte de la historia de la humanidad. No podemos quebrar los derechos humanos y mirar para otro lado.  No podemos hacer oídos sordos ante las desigualdades sociales, económicas y democráticas.