Inmigración y chantaje marroquí

Estoy convencido de que los distintos acontecimientos que está viviendo Canarias durante los últimos meses en relación con el reino de  Marruecos no son resultado de la casualidad. El incremento de personas inmigrantes, especialmente jóvenes y menores procedentes de las costas marroquíes sin que las autoridades intervengan o controlen, la pretensión de delimitar unas aguas jurisdiccionales en conflicto con la zona marítima que pertenece a Canarias o la administración de la riqueza  del banco canario-sahariano y de los fosfatos en territorios que están pendientes de autodeterminación por pertenecer al pueblo saharaui, no son decisiones aisladas sino que considero que están integradas en una estrategia de presión y de chantaje a Europa y a España para lo que utiliza  a Canarias.

El pasado mes de abril, durante el confinamiento por el coronavirus, el Boletín Oficial de Marruecos publicó dos leyes aprobadas por el Parlamento en enero y febrero, con las que el país extendía, de forma unilateral e  ilegal, su frontera marítima hacia Canarias. De esta manera, en un acto de expansionismo, Marruecos establece sus aguas territoriales en 12 millas, delimita su zona económica exclusiva en 200 millas y decide ampliar su plataforma continental hasta 350 millas con  lo que, además de anexionarse aguas del Sáhara Occidental pese a ser un territorio pendiente de descolonización, incluiría una parte de las aguas canarias que España reclama a la ONU desde 2014.

Pocos meses después se incrementaba, de manera repentina y sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006, la llegada de personas migrantes en pateras a las costas canarias, en particular a Gran Canaria. En lo que llevamos de año  se acerca a las 17.000 personas, de las que casi 11.000 lo han hecho a Gran Canaria. El Muelle de Arguineguín se ha convertido en un “campamento de la vergüenza” en el que miles de personas pasan días y hasta semanas hacinadas en 400 metros cuadrados en condiciones infrahumanas. Muchas de estas personas son ciudadanos marroquíes y muchas de estas embarcaciones partieron de territorio marroquí.

La pasada semana el ejército marroquí atacó a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente en la franja de amortiguación de Guerguerat, al sur del Sáhara, contra la brecha ilegal que había abierto el Gobierno de Marruecos en este lugar. Tanto la brecha como el ataque por parte de efectivos militares suponen una clara vulneración del acuerdo militar y son contrarias al plan de paz establecido. Esto ha generado una escalada de enfrentamientos militares de consecuencias impredecibles.

Solo hace falta ver la concatenación de los hechos para llegar a la conclusión de que Marruecos está utilizando a Canarias como moneda de cambio para presionar al Estado español y que éste no se interponga en sus planes expansionistas sobre nuestras aguas y sobre el Sáhara Occidental, así como para evitar que  asuma un papel más activo como potencia colonial del Sáhara (que lo sigue siendo) y exija la celebración del referéndum y la culminación del proceso de descolonización de este territorio.

Esto también explicaría el aumento repentino de los flujos migratorios sobre nuestro archipiélago ya que sería una de las maneras que utilizaría el Reino Alauita para presionar a España en un momento de recrudecimiento del conflicto con el Sáhara Occidental. Porque aunque la vía policial y militar no puede ser la forma de gestionar las migraciones, también es evidente que Marruecos tiene un control sobre su territorio como para poder frenar las llegadas de embarcaciones a nuestras costas, especialmente las de sus propios conciudadanos.

Y no es la primera vez que los intereses económicos y geoestratégicos de ambos territorios entran en conflicto. El caso más flagrante es el del banco de pesca canario sahariano, gestionado de facto por Marruecos pese a no formar parte de su territorio y que incluso incluye en acuerdos pesqueros con la UE (aunque hayan sido posteriormente suspendidos). Según el Sindicato Intersindical Canaria, nuestras islas están perdiendo al menos 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos por no poder faenar en aguas que nos corresponden por razones históricas y geográficas.

Al igual que en el caso de la pesca, la maniobra de la apropiación de las aguas saharauis y las pretensiones sobre una parte de las aguas canarias, no solo responden a un afán expansionista sino también económico. Aunque aún se encuentra muy lejos de poder ser explotado, Marruecos está pugnando por el Monte Tropic, situado a unas 269 millas al sur de El Hierro. Se calcula que puede ser el mayor yacimiento de telurio del mundo con una cantidad 6.000 veces mayor que la que se extrae actualmente de la corteza terrestre. A esto se le uniría el cobalto y las tierras raras presentes en la zona pretendida, materias primas fundamentales para la economía del futuro.

Tan grave como lo anterior es la tibieza o incluso la pasividad con la que el Gobierno de España responde a las pretensiones anexionistas y la política de hechos consumados del país vecino. Es más, las dos leyes se aprobaron días antes de la visita oficial a Marruecos de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en un evidente gesto de presión para las negociaciones diplomáticas con España. Hasta el momento la ministra se ha limitado a transmitir calma a Canarias y a garantizar el respaldo del Gobierno a nuestro territorio sin que eso se haya traducido en gestos concretos.

Estoy convencido de que a la postre esta dinámica es perjudicial para ambos territorios. Las relaciones entre Marruecos y Canarias son históricas. Cerca de 40.000 ciudadanos marroquíes conviven con nosotros desde hace años y es evidente que la cooperación en materia comercial, turística o de energías renovables podría ser muy beneficiosa para ambos. Canarias ocupa una posición geoestratégica muy importante y dentro de nuestras aspiraciones está la de tener unas relaciones de paz y cooperación con nuestros vecinos.

Pero para que esto sea posible es imprescindible que Marruecos deje de utilizar a Canarias y las vidas de miles de personas que llegan a nuestras costas en barcazas como medida de presión en sus relaciones diplomáticas con España, relajando el control de sus costas y fronteras para aumentar la presión migratoria cada vez que quiere negociar algo. Y por supuesto es inaceptable que en su afán expansionista pretenda apropiarse de los recursos del banco pesquero canario-sahariano o de los recursos submarinos.

También es imprescindible que Marruecos cumpla con la legalidad internacional, que ponga fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, frene sus pretensiones expansionistas y se comprometa a realizar el referéndum para la independencia de este territorio. De lo contrario, como estamos viendo, tarde o temprano nos encontraremos con una escalada bélica a 100 kilómetros de nuestro territorio que supondría un serio riesgo para Canarias y una ruptura total de las relaciones con el país vecino.

Por su parte, el Gobierno de España no puede seguir menospreciando y ninguneando a Canarias,  primando sus relaciones diplomáticas con Marruecos al bienestar de nuestro archipiélago. No es aceptable la tibia respuesta del Ministerio de Exteriores frente a lo que podría considerarse una agresión a Canarias como la anexión de una parte de nuestras aguas. Debemos tener voz en la política española hacia Marruecos.

La apuesta de Canarias y de los nacionalistas progresistas canarios no puede ser otra que la de situar a las islas como un territorio de paz, una tierra de acogida con valores democráticos que promueva la cooperación y el progreso entre los pueblos vecinos. Pero esto solo puede ser posible desde la firmeza y la determinación y la exigencia a Marruecos del cumplimiento estricto del derecho internacional y el respeto a la integridad territorial, tanto del Sáhara occidental como de nuestro archipiélago.

El impulso del Cabildo a las renovables

Hace una década, Jeremy Rifkins, uno de los mayores expertos del mundo en transición energética, calificó a Canarias como la “Arabia Saudí de las energías renovables” para señalar la extraordinaria abundancia y diversidad de fuentes de energías limpias que concentra nuestro archipiélago. Pese a ello, Canarias ha estado durante mucho tiempo a la cola de la  generación de energías limpias, circunstancia que ha comenzado a cambiar, como demuestran los datos de 2019 aportados por Red Eléctrica. Las energías renovables aumentaron su participación en el conjunto de fuentes que utilizamos en Canarias para producir nuestra energía en casi 6 puntos porcentuales y cubrieron el 16,4 % de la demanda del archipiélago, 16,1% en el caso de Gran Canaria.

Pero si nos centramos solo en la energía eólica el dato es espectacular ya que el año pasado la generación de este tipo de energía aumentó en un 83%, generando casi el 13% del total de la electricidad consumida en las islas. No obstante, pese a los buenos datos aún estamos lejos del objetivo del 42% de energías renovables que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado por el Gobierno de España el pasado año, establece como objetivo para el año 2030.

Por ese motivo, y pese a no tener competencias específicas en materia energética, en 2015 el gobierno de progreso del Cabildo de Gran Canaria creó el Consejo Insular de la Energía para dar un impulso sin precedentes a la transformación del modelo energético de la isla. El proyecto se sustenta en 4 pilares: la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos públicos; el plan Renovagua para desalar y depurar agua utilizando energías limpias; el fomento del autoconsumo tanto en instalaciones propias como por parte de particulares, pymes y entidades sin ánimo de lucro a través de subvenciones y la Central Hidroeléctrica de Gran Canaria, como infraestructura estratégica de almacenamiento, que nos permitirá cumplir con los objetivos establecidos. Por supuesto, a estos pilares se les une un eje transversal como es el del ahorro y la eficiencia.

Parques eólicos y fotovoltaicos públicos

El trabajo que iniciamos en 2015 está dando sus resultados y hace unas semanas pudimos presentar los 66 millones de euros de inversión que nos permitirán producir la energía suficiente para cubrir el 75 por ciento del consumo de las instalaciones del Cabildo en toda la isla de manera renovable. Vamos a instalar una potencia que rozará los 39 megavatios para generar 98 gigavatios hora al año, el equivalente a la energía que consumen más de 28.100 hogares, dejar de verter a la atmósfera más de 76.000 toneladas de CO2  y dejar de quemar más de 28.200 toneladas de petróleo.

Dentro de los complejos de generación renovable de titularidad pública destaca la primera planta fotovoltaica sobre un vaso de vertido de Canarias y la primera de España de sus características, que acaba de salir a información pública y que estará situada en el Ecoparque Sur. He de señalar que este Ecoparque y el Ecoparque Norte, eran antiguos vertederos y se están convirtiendo en centros de innovación y economía circular, que de hecho ya son autosostenibles energéticamente con una producción de biogás procedente de lodos y otros residuos de 4 MW de potencia que producen los 16 gigavatios hora que necesitan al año e incluso les sobra para verter a la red.

El Ecoparque de Juan Grande es también el lugar en el que se va a desarrollar la inversión más  importante de las previstas con dos parques eólicos y dos fotovoltaicos en los que se invertirán 29 de los 66 millones de euros.  Además, la planta fotovoltaica que se ubicará sobre el vaso de vertido de Juan Grande es la primera en el país en un sellado (es decir después de haber dejado de utilizar y haber tapado el vaso de vertido)  de apenas cuatro años y también es la primera por su tamaño, ya que será de 2 megavatios de potencia. A medida que el asentamiento del vaso lo permita, se incrementarán los megavatios hasta alcanzar el objetivo final de 10. En total, todas las inversiones proyectadas en este espacio generarán el equivalente a la demanda anual de 11.500 hogares y ahorrará a la atmósfera más de 31.200 toneladas de CO2, lo que supone dejar de quemar 11.600 toneladas de petróleo. También se tramita en estos momentos la instalación de un aerogenerador de 1MW en La Pasadilla.

Fomento del autoconsumo

Una de las principales ventajas de las energías renovables es su potencialidad para democratizar el sistema energético, permitiendo que la energía se produzca en el mismo lugar en el que va a ser utilizada por el consumidor final. Esto es más eficiente y además permite un reparto de los beneficios de la generación energética entre instituciones públicas, particulares y empresas.

En este sentido el autoconsumo se convierte en una herramienta fundamental del nuevo modelo energético. Además del biogás anteriormente reseñado, que ha permitido la autosuficiencia energética de los ecoparques insulares, ya hemos ejecutado dos plantas fotovoltaicas -una en el aparcamiento de la sede del Cabildo en Pérez Galdós y otra en el de Infecar- y están en licitación las de las cubiertas de la Casa Palacio, el Edificio de Cristal y los edificio Incube, Pasarela y la SPEGC. Superaremos los 8MW

Además, están proyectadas las placas solares del Centro Sociosanitario de Taliarte, las del Teatro Cuyás, el Centro Insular de Deportes, la Cueva Pintada, El Sabinal, el Museo de Bellas Artes de San Martín, los pabellones 6 y 7 de Infecar, y las del nuevo Centro de Producción Audiovisual de Gran Canaria que esperamos que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2021.

También hemos puesto en marcha subvenciones para el autoconsumo de particulares, pymes y entidades sin ánimo de lucro que han sido un rotundo éxito. En las dos primeras convocatorias se concedieron 218 subvenciones. Se han apoyado 350 kW y en total se han instalado 595 kW. Se ha evitado la emisión de 702 toneladas de CO2 a la atmósfera. La inversión total que se ha logrado impulsar es de 1.407.000 €. Es más, en la tercera convocatoria hemos tenido que ampliar el presupuesto previsto para alcanzar los 320.000 euros y poder cubrir todas las solicitudes.

Por otro lado, este año, conscientes de la importancia del autoconsumo eléctrico y de la eficiencia energética en la gestión empresarial, también hemos puesto en marcha la primera convocatoria de subvenciones por un montante de 150.000 € para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores y 10 millones de € de facturación) así como entidades sin ánimo de lucro.

El Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria contempla  el fomento de las energías limpias en el sector. En estos momentos se han destinado subvenciones por casi un millón de euros para el autoconsumo en cofradías y cooperativas de pescadores y explotaciones agrícolas y ganaderas.

También desde el Plan de Cooperación con los municipios y mancomunidades se ha financiado la instalación de 1 MW de energías renovables a los ayuntamientos de la isla.

Renovagua

Si tenemos en cuenta todos los procesos necesarios para obtener agua, comprobamos que suponen entre el 15 y el 20% del consumo energético total de nuestro territorio, por lo que la correcta gestión del binomio agua-energía es un elemento fundamental para la transición ecológica. Por eso, desde 2016 estamos ejecutando el plan Renovagua, dotado con 18 millones de euros para producir 10 megavatios de renovables y reducir la dependencia energética y económica de las plantas de desalación y depuración del Consejo Insular de Aguas de los combustibles fósiles. Queremos disminuir en un 40 % el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo.

Central Hidroeléctrica de Gran Canaria

Como colofón de la política pública insular de transición energética se erige la Central Hidroeléctrica de Gran Canaria, de la que ya he hablado en múltiples ocasiones. Se trata de una infraestructura estratégica que permitirá almacenar el excedente de energías solar y eólica en forma de agua en la presa de Chira para que pueda ser utilizada cuando sea necesaria a través de un salto a la presa de Soria. Se alimentará del agua producida en una desaladora de Arguineguín y nos permitirá bombear agua a cota 900 para luchar contra la sequía y desarrollar el sector primario.

Su importancia reside en que las principales energías renovables que estamos introduciendo en nuestro sistema, la solar y la eólica, son “no gestionables”. Esto quiere decir que no gestionamos su producción porque no sabemos cuándo va a haber viento o sol y puede que los momentos de mayor producción no coincidan con los momentos de mayor demanda y viceversa. Eso nos obliga a dotarnos de dispositivos de almacenamiento de energía a gran escala y hoy en día las centrales hidroeléctricas son las más sostenibles y baratas, especialmente en nuestro caso ya que aprovechamos una infraestructura preexistente como las presas.

Sus 200 megavatios de almacenamiento permitirían una penetración de energías limpias de entre un 51% y un 70%, estabilizando el sistema e impidiendo ceros energéticos como el que recientemente se dio en Tenerife. Su capacidad para permitirnos gestionar la inclusión a gran escala de energías renovables en nuestro sistema y el agua que nos permitirá bombear a la cumbre y medianías hacen de la Central Hidroeléctrica de Gran Canaria una herramienta imprescindible para luchar contra el cambio climático.

En un momento de crisis como el actual, cuando hay miles de familias canarias pasándolo mal y nuestra principal actividad, el turismo, está prácticamente parada por tiempo indefinido, es complicado mirar al futuro con optimismo. Pero la revolución renovable que ya ha comenzado en Gran Canaria  es imparable, junto con la soberanía hídrica y la alimentaria pueden transformar nuestra economía y evitar que las crisis futuras nos afecten de una manera tan dura.

Gran Canaria activa

Estamos en una situación social y económica que no solo es difícil sino inédita. Lo que empezó como una crisis sanitaria se ha convertido en una crisis general que afecta a todas las facetas de la vida.  Para salir de la actual situación necesitamos la colaboración de todas las personas.

Por eso creo que es importante huir tanto de la autocomplacencia como del derrotismo y el pesimismo. Reconocer la gravedad del momento y la situación de extrema necesidad que está atravesando gran parte de la población de Gran Canaria no debe ser un impedimento para transmitir un mensaje de confianza en el futuro, porque contamos con un modelo de transformación económica que es el adecuado para salir de la crisis y porque hay algunas señales que nos permiten albergar cierto optimismo.

Y es que los datos dicen que Gran Canaria está resistiendo mejor que el resto del archipiélago, lo que en parte es consecuencia de las medidas paliativas y de inversión que está aplicando el Cabildo y los municipios grancanarios, así como la ejecución de muchos de los proyectos en los que veníamos trabajando tiempo atrás. Y, desde luego, del impulso de una sociedad civil emprendedora. La pérdida de empleo  en nuestra isla es un 5% inferior a la del conjunto de Canarias, mientras que la caída de turistas es de 2 puntos menos. El índice de confianza empresarial se ha reducido en Gran Canaria casi un punto menos que en el resto de Canarias y el descenso del tráfico de mercancías es un 4% inferior.

Parece evidente que estos datos guardan alguna relación con que en estos momentos estamos en el proceso de ejecución, licitación o preparación para hacer realidad las iniciativas de un plan de inversiones para el conjunto de la isla de más de 500 millones de euros incluidos en propuestas como las del FDCAN, planes de cooperación, planes de inversión de los dos últimos ejercicios, plan de inversión COVID-19, financiación de otras administraciones, etc. Un esfuerzo inversor sin precedentes en la institución insular.

Como ya reseñé en el artículo de la semana pasada, el presupuesto inicial para 2020 ascendía a algo más de 780 millones de euros pero, después de las modificaciones presupuestarias realizadas, ascendió a más de 1.007 millones lo que supone un incremento del 29,1%. Esto ha sido posible porque desde el inicio de la pandemia se tomó y aplicó la decisión política de utilizar los remanentes de tesorería y el superávit y adoptar las medidas sociales necesarias para atender a los colectivos más afectados por la pandemia.

Y esta determinación se asumió a pesar de que el Gobierno de España todavía no había adoptado ninguna decisión sobre cómo se podían utilizar los remanentes y superávits por los cabildos insulares ni por el resto de administraciones, aunque posteriormente, como era lógico y nosotros habíamos adelantado, se suspendieron las reglas fiscales para permitir a las instituciones autonómicas, insulares y locales actuar con todos los recursos posibles contra la crisis.

Pero no se trata solo del gasto y la inversión para contener la pandemia y sus consecuencias, algo que en estos momentos están haciendo todos los gobiernos de Europa. Se trata de la orientación de esas políticas, ya que el Cabildo está volcado en atender a las personas y organizaciones más vulnerables al tiempo que siembra las condiciones para consolidar la ecoisla con justicia social, dinamismo económico, innovación y conocimiento, que es la mejor manera de prevenir futuras crisis.

El primer pilar del futuro de Gran Canaria pasa por mejorar y aumentar los servicios públicos esenciales. Para eso estamos desarrollando un plan de infraestructuras sociosanitarias, al que destinamos cuarenta millones de euros, que va a crear en la isla 947 plazas residenciales y 177 plazas en centros de día, un total de 1.124 plazas para personas con dependencia y/o discapacidad. Vamos a destinar asimismo nueve millones de euros para la promoción de viviendas que garantice el acceso a este recurso y otros tres  millones y medio para la adquisición de recursos alojativos para mujeres y menores víctimas de violencia de género.

El segundo es lo que llamamos ecoisla, que no es más que generar un modelo de desarrollo sostenible que luche contra el cambio climático. En ese sentido la gestión del binomio agua-energía aparece como prioritaria para el futuro de la isla. Por ello destinamos 66 millones de euros que vamos a invertir en parques eólicos y solares que generarán el 75% de la energía que consume el Cabildo de Gran Canaria y ahorrarán 76.000 toneladas de CO2 y 28.000 toneladas de petróleo. Y 18 millones al Plan Renovagua para reducir la dependencia energética y económica de las plantas de desalación y depuración disminuyendo en un 40 % el uso de energías fósiles en la producción y distribución de agua. Agua, energía, conocimiento, economía azul, economía circular, movilidad sostenible, lucha contra el cambio climático… sostienen gran parte de nuestra propuesta de inversiones.

Para avanzar en soberanía alimentaria estamos implementando un plan de riegos con el fin de garantizar agua a un precio razonable en medianías y cumbre, subvencionando la recuperación de tierras de cultivo abandonadas y mejorando la distribución y comercialización de productos locales a través del mercado digital Gran Canaria Me Gusta. Desde el punto de vista medioambiental invertimos en la mejora de la  prevención de incendios así como en la reforestación (especialmente con la  recuperación de la laurisilva) y la captación de lluvia vertical. Destaca asimismo el proyecto “La Cumbre Vive”, dotado con 5 millones de euros de inversión en infraestructuras hídricas, sector primario y energías renovables para convertirse en un modelo de desarrollo sostenible.

Pero ninguna de estas políticas es posible sin una isla emprendedora, que genera economía y se transforma y que constituye nuestro tercer eje. Vamos a destinar 15 millones de euros a mejoras de infraestructuras en los principales núcleos turísticos de la isla, con el objetivo de avanzar en sostenibilidad, accesibilidad, y promoción del producto local en lugares turísticos. En este sentido cabe destacar el Plan de Sostenibilidad Turística para el Patrimonio Mundial de Risco Caído y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que nos ha permitido captar 2,5 millones de euros del Ministerio de Turismo y el Gobierno de Canarias, a los que se sumarán otros dos millones de fondos propios para crear un modelo de referencia en España.

La industria y el comercio tienen que jugar un papel fundamental en la diversificación económica insular por lo que invertiremos 5 millones de euros en la modernización y la competitividad de los polígonos industriales y las zonas comerciales abiertas, así como los 1,6 millones que ya están en ejecución (serán 14 en total) para explotar el potencial pesquero, científico y deportivo del muelle de Taliarte. El Cabildo también impulsa el Parque Tecnológico de Gran Canaria-Área Experimental de Economía Circular, situado en Gáldar que aspira a convertirse en un polo de innovación y generación de empleo para el norte de la Isla.

Y tan importante como todo lo anterior es reafirmarnos como una isla orgullosa de su identidad fuertemente anclada en los valores democráticos. El auge de los discursos de odio de la mano de la extrema derecha está poniendo en riesgo nuestras democracias y la globalización amenaza con la desaparición de culturas como la canaria. Por eso además de avanzar en un modelo turístico que sirva como ventana al mundo de nuestra cultura, entre otras acciones, hemos consignado casi 4 millones de euros para el nuevo museo de bellas artes (MUBEA).

Desde el área de patrimonio histórico se va a llevar a cabo una renovación de los Centros de Interpretación del Patrimonio Cultural para mejorar y modernizar la difusión de nuestra historia, el legado de nuestros antepasados y las manifestaciones culturales que explican cómo somos. Y seguiremos invirtiendo y apostando por los procesos y herramientas participativas para la implicación de la sociedad en la toma de decisiones y la democratización de la gestión pública.

Por supuesto el objetivo transversal a todas estas medidas es contribuir a solucionar el principal problema de Gran Canaria y el conjunto del archipiélago: el desempleo. Son todas medidas destinadas a generar trabajos de calidad, vinculados a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Además la Consejería de Empleo invierte 2 millones de euros en la mejora de los equipamientos e instalaciones para la formación y el empleo e impulsa todo tipo de iniciativas ligadas a la mejora de la empleabilidad de nuestra población.

A nadie se le escapa que vivimos momentos muy duros y los que tenemos responsabilidades públicas sufrimos por no poder llegar con más celeridad a todas las personas que lo están pasando mal y necesitan ayuda. Pero si queremos mejorar los datos estructurales de pobreza, paro y precariedad tenemos que ser capaces de pensar en la isla que queremos dentro de 10 o 15 años y dar pasos concretos en esa dirección. Y Gran Canaria cuenta por primera vez con un proyecto de desarrollo sostenible compartido por una mayoría social e institucional que está dando resultados y nos permitirá salir de esta crisis en mejores condiciones.  

Una isla que responde

La pasada semana, el jueves 28 y el viernes 29 de octubre, tuvo lugar en el Cabildo de Gran Canaria el debate sobre el Estado de la Isla, debate que sirve para deliberar sobre la orientación general de la política insular y, en este caso, para repasar el primer año de trabajo de este mandato. Aún hoy, ocho meses después del inicio de la propagación de la COVID-19 en España y Canarias, afrontamos el debate en una situación excepcionalmente dolorosa, con una realidad sanitaria, económica y social muy deteriorada a causa de una pandemia que ha generado gravísimos daños a nuestra gente. En realidad a todo el planeta. Esta tragedia colectiva se ha llevado una gran cantidad de vidas humanas y ha paralizado la actividad económica. Las consecuencias sociales se concretan en un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de nuestra población y la de todos los países del mundo.

Comencé mi valoración con un sentido recuerdo para todas las víctimas y sus familias, convencido de que manifiesto un sentir unánime del Cabildo de Gran Canaria. También expresé el homenaje más sincero a las personas que prestan un servicio público y profesionales de la sanidad, la seguridad, la educación, los cuidados, la atención sociosanitaria y los servicios públicos esenciales en general, que están sosteniendo el funcionamiento de esta sociedad en condiciones muy severas y a veces poco reconocidas. Y desde luego, tiene que hacerse extensivo también a los sectores sociales y económicos privados que han afrontado con rigor y sacrificio estos duros momentos manteniendo la actividad social y económica.

Iniciamos el nuevo mandato con la consecución de un hito histórico para la isla: la declaración de la UNESCO como Patrimonio Mundial a Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. Nos llenó a todos de orgullo. Se recogía el fruto del trabajo de tantas personas para trasladar al mundo la obligación de proteger el legado de nuestra gente.  Nos empañaron pronto esta alegría tres incendios muy graves ocurridos en agosto de 2019 y principios de 2020 que pusieron en peligro la vida de miles de mujeres y hombres de Gran Canaria y provocaron una afección importante en nuestro territorio. Y cuando habíamos recuperado el aliento, respondido con profesionalidad y solidaridad a la emergencia, atendiendo a la mayoría de las personas afectadas y recuperando las heridas en empresas y producciones agrícolas y ganaderas, sobrevino la pandemia que destrozó todas las previsiones.

Y en estas circunstancias el Cabildo de Gran Canaria ha estado al lado de toda la población que sufre esta adversidad desde el primer momento. En el análisis de las innumerables actuaciones realizadas emerge un Cabildo sensible que prioriza las políticas de cuidados de las personas, especialmente las más vulnerables, que apuesta por volcarse en una acción inversora como motor de la recuperación, poniendo en circulación todas las disponibilidades presupuestarias. Al mismo tiempo organiza y refuerza  sus servicios y la atención en los centros de su competencia con el mayor rigor sanitario en beneficio de los usuarios y de todo el personal de la institución. Aquí debo hacer un reconocimiento público al trabajo profesional y responsable de toda la plantilla insular que trabaje en el centro donde trabaje lo está haciendo con un compromiso de servicio público y de humanidad que nos debe llenar de satisfacción.

De manera inmediata, en los dos primeros meses se activaron acciones para reducir los efectos del COVID19 por un valor de más de 60 millones de euros que llegaron rápidamente a las personas más afectadas. En el total de 49 medidas sociales implementadas quiero destacar que hemos incrementado y agilizado las ayudas de emergencia social a los municipios por una cantidad superior a los 6.5 millones de euros. La mayoría de ayuntamientos nos han manifestado que esta colaboración ha sido fundamental para cubrir el incremento de demandas que han recibido. Recientemente hemos aprobado el incremento de ayudas a las organizaciones que están apoyando con alimentos a familias sin recursos para acercarnos a los 3 millones de subvención.

El cuidado de las personas nos está ocupando responsablemente y se concreta en diversas acciones de apoyo a situaciones nuevas que requieren incrementos en las ayudas a domicilio a usuarios de centros de día u ocupacionales, ayudas al alquiler, teleasistencia, la prolongación del bono joven al transporte o la ayudas a las matrículas universitarias para jóvenes que lo necesiten por el cambio en las condiciones familiares.

Otra línea preferente ha sido la de generación de empleo facilitando planes de empleo para parados de larga duración, familias con bajos recursos o con todos sus miembros en paro, personas con discapacidad o residentes en zonas desfavorecidas. Ha supuesto una inversión total de 13 millones de euros.

En el compromiso de reactivar y sostener la economía, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, estamos implementando propuestas ágiles y diversificadas que están llegando a sectores fundamentales. Nos referimos a las ayudas a las PYMES de las que ya se han distribuido 10.000 ayudas por un valor superior a los 11 millones de euros. O las colaboraciones con las empresas agrícolas y explotaciones ganaderas con una cuantía de 2,4 millones de euros. O las aportaciones a los taxistas con 2 millones de euros. Estamos ayudando a las empresas para incentivar la contratación de personal con un fondo de hasta 4 millones de euros. Hemos activado líneas de microcréditos para pequeñas y medianas empresas. No son deseos o programas futuros, son realidades ejecutadas o que continúan aplicándose.

Conocemos la importancia del turismo y en este conjunto de iniciativas, además de la actuación ordinaria de la consejería y del Patronato de Turismo de Gran Canaria estamos dedicando un fondo de 3 millones de euros adicionales para la reactivación de la imagen de Gran Canaria como destino turístico seguro. Se complementa con otros recursos para atraer la celebración de eventos con proyección internacional en Gran Canaria. Además de una partida de 18 millones de euros para afrontar la modernización de las infraestructuras y equipamientos del sector.

Las desigualdades que nacen de la discriminación de género las estamos afrontando con actuaciones específicas que se concretan, entre otras, en la puesta en marcha de un centro de acogida temporal para familias con menores y de otro centro para familias monomarentales.

La sociedad plural e innovadora que deseamos reactivar tiene que contar con el sector cultural muy dañado por la paralización de la actividad como exigencia de la prevención anti Covid. Por eso quiero destacar en este conjunto de realizaciones el Plan de Acción Cultural de Emergencia por un valor superior a los 9 millones de euros, o la iniciativa “nuestro verano por Gran Canaria” que implica a artistas y artesanos de nuestra isla.

Estas medidas han tenido y están teniendo una función de sostén y de atención inmediata. Las hemos complementado con un programa de inversiones que articula 160 actuaciones por un valor superior a los 100 millones de euros. Están en fase de licitación o de elaboración de proyectos generando las modificaciones presupuestarias correspondientes y la puesta en marcha de planes de ejecución temporal y convenios con los municipios para la realización inmediata de estas acciones.

Quiero insistir en tres objetivos del gobierno insular con estas inversiones. En primer lugar, queremos fomentar el empleo directo e indirecto, sabemos que junto a la pobreza son los dos grandes retos que tenemos delante para los próximos años. Además, queremos allanar el camino a las empresas grancanarias que concursen y contraten estas obras para la reactivación económica y por tanto se genere un efecto dinamizador. Y en tercer lugar, garantizamos una actuación en todos los municipios por lo que favorecemos la cohesión territorial por un lado y la atención a las zonas más empobrecidas por otro.

Atendiendo a los hechos de estos seis meses la conclusión a la que llegamos es que el Cabildo de Gran Canaria ha estado y sigue estando cercano a las personas, está dinamizando la economía con determinación y agilidad, está volcado en la sociedad y no encerrado en sí mismo. Está defendiendo y liderando públicamente el sentir de la ciudadanía de Gran Canaria, en la reclamación de recursos económicos y sociales, en la atención sanitaria, en el aumento de medidas de acción y de prevención ante la pandemia, en la promoción de Gran Canaria como isla segura o en la resolución de los problemas de las personas inmigrantes. No estamos distraídos en otras polémicas

No queremos ser autocomplacientes, pero sí estamos obligados a transmitir un mensaje de confianza en la institución insular y estamos convencidos de que nuestro Cabildo responde. Este convencimiento viene respaldado por los hechos como el esfuerzo extraordinario y sin precedentes de incrementar el presupuesto inicial de 2020 en un 29,1% (de 780 millones a 1.007) utilizando los remanentes de tesorería y el superávit o el conjunto de medidas sociales y de inversión anteriormente señaladas.

La pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto la necesidad y la pertinencia del modelo de desarrollo que estamos impulsando. Estamos construyendo una isla que suma, con igualdad social e inclusiva,  que persigue un modelo de ecoisla, de desarrollo social y económico sostenible, que emprende y se transforma y que tiene identidad, cultura y valores democráticos. Como presidente del Cabildo, puedo asegurar a la ciudadanía de Gran Canaria que esta institución está ejerciendo como gobierno de la isla, que es para lo que nos eligieron hace ahora 16 meses. Y que ese proyecto de desarrollo ecosocial que defendemos tiene más sentido ahora que nunca.