Portada Antonio Morales


Los necesarios contenidos canarios y el Cabildo

Un pueblo que no tiene conciencia de sí mismo, está condenado a ignorarse. Esa es una de las reflexiones de Juan Manuel Trujillo, uno de los intelectuales más destacados de nuestra tierra en el siglo XX, vinculado a las vanguardias artísticas, escritor, editor, secretario personal del ministro José Franchy Roca y esposo de la musicóloga Lola de la Torre Champsaur. Su análisis de la realidad isleña nos muestra esa carencia de conciencia secular de Canarias, el archipiélago que fue poblado por personas cuya  cultura  fue sometida y sepultada por los colonizadores hace casi 550 años. Y se fueron sucediendo después distintos procesos que  moldearon y enriquecieron ese sustrato inicial. Gran Canaria se insertó como gran puerto de escala en el desarrollo de la globalización avanzando pocos años después con la aventura colombina. Esa realidad condicionó nuestra cultura como sociedad atlántica.

Y desde que Juan Manuel Trujillo aportara su visión crítica, no ha cambiado suficientemente el guión en casi un siglo, tras escuchar en el Parlamento de Canarias a los representantes autonómicos dejar en el Diario de Sesiones sus valoraciones sobre el déficit de contenidos canarios en el sistema educativo.

Por ello, considero necesario no pasar página en este debate abierto sobre la importancia de los contenidos canarios para nuestra comunidad. Es una cuestión de defensa propia y colectiva que nos atañe a todos, colectivos y organismos, pero que es de especial trascendencia en el sistema educativo en todas sus áreas de actuación. No es justo culpar a uno de sus estamentos, como se ha hecho recientemente señalando al colectivo docente, de las carencias y fracasos en el conocimiento de nuestra realidad, así como en el compromiso por la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural, material e inmaterial.

Probablemente sea el profesorado canario el grupo profesional que más ha adaptado, creado y compartido recursos didácticos y culturales para conservar, apreciar y disfrutar los contenidos que nos singularizan y distinguen como pueblo y que entre todas y todos y durante generaciones hemos generado. No olvidamos que suya ha sido la teorización y la concreción de un modelo de escuela canaria que ha tenido expresiones muy felices y valiosas. Recordemos el acontecimiento que supuso la realización de las Escuelas de Verano como gran expresión de participación y formación del profesorado.

Y menos podemos aceptar la crítica si parte de dirigentes políticos que han llevado las riendas del Gobierno en Canarias durante décadas. Son responsables, por tanto, de la educación recibida por varias generaciones de canarios y canarias, precisamente las que hoy conforman la población activa, tras la jubilación de aquellas personas que fueron educadas en el sistema educativo que estuvo vigente hasta hace apenas 50 años y que  carecía de contenidos canarios.

Desde la asunción de las competencias educativas en 1983 por el Gobierno de Canarias el cambio respecto a las situaciones anteriores ha sido palpable. En unos casos por iniciativa de la administración pública y en su mayoría por la acción de escuelas, colegios e institutos, movimientos de renovación pedagógica, colectivos docentes de investigación e innovación y una infinita y anónima lista de profesionales que han sembrado las ocho islas de iniciativas y proyectos que justifican un agradecimiento y un reconocimiento sinceros.

Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que se ha creado una nueva situación en nuestra realidad social con la presencia de poderosos medios de comunicación, redes sociales y sistemas de información que han desbordado la respuesta que familias y escuelas pueden dar. Si nuestros niños y jóvenes están, de media, tanto tiempo delante de las pantallas digitales como horas pasan en una actividad escolar reglada, es imposible que podamos garantizar la conservación de nuestra habla, el conocimiento de nuestro medio natural y patrimonial y el disfrute de las creaciones que han hecho de nuestra cultura referencia en las artes plásticas, en la literatura, en la música o en la arquitectura.

Este desfase entre los medios que nos ofrece/impone la globalización y las herramientas de las que la mayoría de nuestra gente puede disponer para acercarse a lo general desde lo local, desde lo cercano, no se está abordando con suficiente profundidad y rigor. No se puede prevenir un tsunami como el que nos desborda, con medios rudimentarios o voluntaristas, si se quiere conservar y transmitir las raíces que nos identifican y que nos permiten ser un pueblo con voz propia en el concierto mundial. Y aquí sí hay una responsabilidad política de quienes tienen competencias educativas en Canarias. La necesidad de elaborar un conjunto de recursos del máximo nivel, atractivos, adaptados a las distintas edades y etapas y que recojan la riqueza natural, etnográfica, artística, lingüística, patrimonial, deportiva, histórica que suponen un tesoro que nosotros y la humanidad necesitamos conservar.

La obligación central es del Gobierno de Canarias que tiene las competencias. Cabe preguntarse por qué se entregó al Partido Popular en el pacto de gobierno, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes si se consideraba que la difusión y defensa de los contenidos canarios eran una prioridad. No se conoce ninguna iniciativa que identifique a ese partido con ese objetivo, ni realizaciones donde gobierna en esa dirección. Esta contradicción me lleva a preguntarme si no estamos ante un debate poco sincero y que no responde de verdad a una preocupación real de la mayoría de gobierno actual.

Pero en esta tarea deben arrimar el hombro todas las instituciones y colectivos que de verdad consideran una prioridad la transmisión de los valores culturales canarios. Por eso, el gobierno del Cabildo de Gran Canaria tiene entre sus ejes preferentes de actuación la investigación, conservación y difusión de las riquezas patrimoniales, culturales y naturales de Gran Canaria. Podemos y queremos aumentar esos recursos y las iniciativas que garanticen que el conjunto de nuestra población conozca y valore una realidad de enorme valor. Y así debemos avanzar en colaboración con los 21 municipios de la isla.

En Canarias, una década antes de la muerte del dictador, la percepción borrosa de lo que éramos cambió porque desde Lanzarote a El Hierro tuvimos programas informativos, culturales y deportivos sobre Canarias. Se elaboraban en las islas por el enorme coste que suponía conectar al archipiélago con la señal de Televisión Española en la Península Ibérica. Y la alternativa económica era crear un centro de producción en Canarias que, por primera vez en nuestra historia, hizo concebir la unidad territorial, cultural, social y económica de nuestro fragmentado territorio. Las telecomunicaciones y aquellas pantallas catódicas elaboraron y difundieron más contenidos canarios en unas pocas décadas que ninguna otra iniciativa en toda nuestra historia.

Los programas pioneros (y hoy decanos en España) como ‘Telecanarias’, ‘Tenderete’ (1971) o La Luchada (1985), llenaron una televisión en blanco y negro de encuentros entre gentes de las islas en torno a sonidos amables y cargados de sentimiento. Todo ello a pesar de tratarse del órgano de propaganda, controlado y encorsetado por la dictadura a través del Ministerio de Información y Turismo. Pero, a pesar de las restricciones a la información, el impacto de este nuevo medio de comunicación se hizo notar en el auge de un sentimiento de canariedad que superó las barreras de la isla. Los resquemores del pleito insular dejaron paso a la convicción de que teníamos los mismos problemas pero agravados por la lejanía y la falta de mecanismos de autogobierno, a excepción de los Cabildos.

En esta senda profundizaron también entidades como el Museo Canario, la Escuela Luján Pérez, Radio Ecca o proyectos editoriales como Edirca, Natura y Cultura de las Islas Canarias, Taller JB o el Centro de la Cultura Popular Canaria.

Desde su creación, el Cabildo de Gran Canaria afrontó el reto del impulso educativo y cultural ante la falta de centros educativos, por lo que una de sus primeras actuaciones originó en 1916 el Instituto de Las Palmas de Gran Canaria, (después se convertiría en el Pérez Galdós). La puesta en marcha de la Casa de Colón en 1952 como Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, las casas museo de  Pérez Galdós, Tomás Morales, Antonio Padrón y León y Castillo, para profundizar en la figura de isleños universales, el Museo Cueva Pintada, para divulgar el conocimiento de nuestro pasado  o el Jardín Canario en 1952 con su colección de endemismos de nuestra región macaronésica, afianzaron ese reto

En la misma línea aparecen el intento del Cabildo de crear en 1962 la Universidad Internacional Pérez Galdós para dotar a la isla de estudios universitarios, la creación del Plan Cultural de la Mancomunidad provincial que impulsó numerosas  publicaciones de historia, literatura, arquitectura y otras temáticas en su breve tiempo de 1975 a 1978, las becas-préstamo que puso en marcha nuestra Corporación en 1980 para apoyar a los y las jóvenes que se veían obligados a estudiar sus carreras universitarias fuera de la isla, los premios de investigación Viera y Clavijo de Humanidades y de Ciencias que se crearon a mediados de los años 50 del siglo XX para impulsar los estudios sobre temas canarios, los Anuarios de Estudios Atlánticos que edita la Casa de Colón desde 1955,  los Coloquios de Historia Canario Americana o los Congresos Internacionales de Estudios Galdosianos.

El Cabildo también conserva y pone a disposición de la ciudadanía la mayor colección artística de Canarias en sus centros y el próximo Museo de Bellas Artes (Mubea) será la expresión de esta permanente vocación. Sostiene o colabora con fundaciones relacionadas con la naturaleza, o con figuras ilustres de las artes (Kraus, Tomás Morales, Antonio Padrón, Pancho Guerra, etc), el folklore y la etnografía (Nanino Díaz Cutillas, el Instituto Canario de las Tradiciones o la Fedac), así como la política y la ciencia (Juan Negrín).

A pesar de no tener competencias educativas el Cabildo siempre ha apoyado, a la formación profesional, creando escuelas de capacitación agraria (1958) y de hostelería (1962) que abrió el Cabildo en San Cristóbal. Otro ejemplo es la creación de la Escuela de Enfermería (ATS) en 1971, o el Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) en 1973, así como un largo etcétera de actuaciones que han tenido la realidad, la tradición y la identidad como objetivos estratégicos.

Estoy convencido de que el cambio de escenario comunicativo y formativo es un reto para trabajar la conciencia de la  canariedad. No para retroceder en el tiempo, sino para avanzar con la conciencia de un pueblo que aprecia su cultura, su naturaleza, su identidad, o para comprender los cambios producidos en la psicología del pueblo canario tal y como nos enseña Manuel Alemán. Porque los contenidos canarios no solo son reconocer nuestro paisaje, sino compartir emoción y sentimiento, raíces y tradiciones, oportunidades y esperanzas, valores y enseñanzas que alumbramos a lo largo de una historia milenaria que nos permitirá ganar el futuro.

Las protestas del campo

En las últimas semanas han irrumpido con fuerza en el debate público las protestas del “campo”, de los  hombres y mujeres de la agricultura y la ganadería. Es una constante en Europa (Países Bajos y Francia llevan años con movilizaciones masivas) que ha llegado a España un poco más tarde pero con mucha virulencia. Aunque es un fenómeno complejo y se mezclan diversas sensibilidades e intereses, hay un núcleo de reivindicaciones en las que coincide la mayoría.

La primera es la competencia desleal de productos de terceros países, que no tienen las reglamentaciones medioambientales, fitosanitarias y laborales de la UE y que por lo tanto tienen un precio mucho más bajo. Lo peor es que esta competencia desleal es fomentada por la UE a través de tratados de libre comercio, como el que se va a firmar con Mercosur, Chile, Kenia o México. No tiene ningún sentido establecer una serie de regulaciones para tu sector primario y luego fomentar el libre comercio con países que están a años luz de estos estándares.

La segunda de sus reivindicaciones tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe comprar y vender los productos por debajo de sus costes de producción. Las grandes distribuidoras y comercializadoras obligan a los productores a vender sus productos a precios irrisorios y luego aplican enormes márgenes de beneficios, de tal manera que productos que compran a 20 o 30 céntimos el kilo terminan vendiéndose por encima de los 2 euros. Hacen falta más controles y multas más altas para quien incumpla. Es imprescindible.

Otra de las quejas recurrentes es el exceso de burocracia, que muchas veces es muy difícil de gestionar por las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería. Estamos hablando de los procedimientos para acceder a ayudas a las gestiones vinculadas al cumplimiento de la normativa. Creo que esto es un tema que va más allá del campo y es una queja recurrente en casi todos los sectores. Los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, las ONG, la propia ciudadanía, hasta los propios gobernantes locales nos quejamos de unos trámites engorrosos que paralizan la gestión. La desburocratización de la administración pública y su eficiencia deberían ser  objetivos compartidos.

Estas protestas a lo largo de toda Europa vienen a constatar el fracaso de la Política Agraria Común, la PAC. No puede ser que la UE se gaste un tercio de todo su presupuesto (estamos hablando de 386.000 millones de euros para el periodo 2023-2027, una cifra astronómica) y aún así tenga al sector primario de todo el continente en pie de guerra. Urge revisar profundamente la PAC y orientarla realmente a generar una agricultura sostenible y a aumentar las rentas de los pequeños y medianos agricultores.

Dicho esto, no podemos obviar que una parte no desdeñable de estas protestas están siendo alentadas por una plataforma de extrema derecha, instrumentalizada por VOX, que pretende usar este tema como estilete contra el gobierno y que incluso hizo un llamamiento fracasado a hacer una tractorada delante de Ferraz. Dentro de este sector es habitual ver proclamas contra la agenda 2030 y las políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático. Esto es algo absurdo porque es imposible tener una agricultura y ganadería sanas si no frenamos las consecuencias del cambio climático (sequías, incendios, plagas, especies invasoras…). Y están ganando algunas batallas como la de conseguir una mayor laxitud en el control  y la reducción de los usos de los productos fitosanitarios. Realmente lo que está detrás, parapetado en el negacionismo climático, es un refuerzo a la agroindustria más intensiva y contaminante.

Por otra parte, es totalmente absurdo oponerse a un documento como la Agenda 2030, que textualmente propone “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala (…) entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”.

Las grandes organizaciones del sector, ya han anunciado movilizaciones en Canarias a partir de esta semana. Su principal reivindicación es la que señalaba antes: piden dejar de vender a pérdidas y que se aplique la ley, con controles y sanciones para las distribuidoras que compran por debajo de esos precios y se acabe con los abusos. Asimismo solicitan cláusulas “espejo” en los tratados de libre comercio. Esto es, que se les exija a los terceros países con los que se quiere comerciar la misma normativa fitosanitaria y laboral que a los agricultores locales, porque si no es imposible competir.

Respecto a la competencia desleal, se pone el foco en Marruecos, ya que se ha anunciado la intención de reabrir la línea marítima entre Tarfaya y Fuerteventura, lo que se puede convertir en un coladero de productos con el consiguiente riesgo sanitario, posible entrada de plagas, etc.  También en una competencia brutal en los precios, dada las diferencias en las condiciones laborales, controles fitosanitarios, etc, entre los dos países.

El sector en Canarias pide igualmente medidas concretas para luchar contra una sequía que en este archipiélago es de tremenda gravedad. Un potente plan de riegos que llegue a todos los rincones, que incluya incentivos y la agilización de los procedimientos y las contrataciones, se hace cada vez más acuciante. En Gran Canaria esa tarea se encuentra bastante avanzada.

Es necesario también que se aumenten los fondos del POSEI y que los recursos ociosos del REA se puedan derivar a compensar el consumo local de los productos de cercanía y la solidaridad de sectores como el turístico que debería apostar decididamente por los productos km0 para ofrecerlos a sus clientes.

Son todas reivindicaciones de un gran sentido común, cuyo cumplimiento redunda en beneficio del conjunto de toda la sociedad y que desde el Cabildo de Gran Canaria apoyamos totalmente. Pero vamos más allá. La colaboración entre el sector primario y la institución insular es magnífica. Sin ir más lejos, el Cabildo ya cuenta con un plan de riego con más de 100 millones de euros de inversión que contempla toda la red de hidrantes para repartir el excedente de agua de Salto de Chira, la recuperación de Patrimonio Hidráulico, o la ampliación de la planta desaladora de Moya y el terciario de Barranco Seco.

Nuestro sector primario, lejos de ser negacionista es un aliado imprescindible para la consecución de los objetivos de sostenibilidad, demostrando que la alianza entre las políticas verdes y agrarias es imprescindible. Los pastores trashumantes son parte indispensables en la prevención de incendios,  ayudando con su ganado a eliminar el exceso de vegetación seca. Tenemos una línea de subvenciones específica para la instalación de energías renovables en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en breve inauguraremos en Artenara una planta de pellets que permitirá producir biomasa con los residuos agrícolas. El sector vitivinícola está en auge y es  estratégico para la construcción de un paisaje mosaico resistente a los incendios.

No es casualidad que Gran Canaria sea – con Fuerteventura- la única isla en Canarias que no pierde suelo agrícola – se pierden 42.000 hectareas en todo el archipiélago- sino que gana 700 hectáreas de cultivo. Y sucede lo mismo con la viticultura, es la única isla que crece en el cultivo de la vid.

La sostenibilidad de nuestras islas pasa necesariamente por el tridente formado por la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la seguridad hídrica. El sector primario es fundamental para la consecución de estos objetivos, sus reivindicaciones son justas  y desde el Cabildo estamos demostrando que es compatible y necesaria la convergencia entre las políticas de conservación ambiental y de sostenimiento de un sector imprescindible para una sociedad sana y próspera.

Gran Canaria, el agua y la sequía global

Los medios de comunicación de ámbito estatal han situado en la agenda informativa diaria, de forma tozuda porque su importancia lo merece, la sequía en Cataluña o en Andalucía. Se trata de una realidad que no sólo afecta a estas dos comunidades y a algunas de las ciudades de mayor población del país, sino que nos enfrenta a un panorama desolador de cuencas hidrográficas y acuíferos al límite. La huerta europea y algunos de los humedales más importantes del mundo presentan un diagnóstico dramático que vaticina un futuro a corto plazo alarmante conforme la emergencia climática arrecia.

La crisis del agua amenaza a la salud, al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria mundial. Una cuarta parte de la población del planeta padece escasez de agua. Más de 1300 millones de personas no tienen acceso a agua potable. El planeta está sometido a un “estrés hídrico” galopante que afecta igualmente a la naturaleza y a la biodiversidad. Distintos autores hablan de que vivimos en estos momentos en Europa la peor sequía de los últimos 500 años. Y España es uno de los territorios más afectados, como lo están siendo numerosos países donde el agua es el desafío más acuciante para el desarrollo socioeconómico y humano en general.

Se considera que existe “estrés hídrico”  cuando los suministros anuales de agua en una zona o país se sitúan por debajo de los 1.700 metros cúbicos por persona y año. Por debajo de los 1.000 metros cúbicos por persona y año estaríamos ante una  situación de «escasez de agua».  La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que en el año 2025 unos 1.900 millones de personas vivirán en países o regiones que  se enfrentan a una escasez absoluta de agua y dos tercios de la población mundial podrían estar en una situación de estrés hídrico. Desde hace décadas hemos escuchado a geoestrategas advertir que el agua será la causa de las mayores migraciones y conflictos entre países. Lo estamos viviendo. Y se manifiesta de manera muy sensible

Y la pregunta que deberíamos hacernos todos los grancanarios y grancanarias es ¿cómo hemos podido sobrevivir en una isla con los recursos subterráneos sobreexplotados y con una escasez de lluvia que se repite cada año? La situación es grave. De nuestras grandes presas, el caudal almacenado tiene un nivel muy bajo en Gambuesa (53%) y El Mulato (40%), que hacen que en el conjunto se sitúe la capacidad en el 14%. Pero, si añadimos la presa de Soria apenas alcanzamos el 6% del volumen del que podríamos disponer.

Estos datos son desoladores y se han acrecentado en los últimos años aunque la sequía ha estado presente entre nosotros desde al menos la segunda mitad del siglo XX. Tristemente forman parte de nuestra memoria. Una realidad endémica en un territorio que cuenta con el mayor número de pozos y galerías por kilómetro cuadrado y también con la mayor densidad de grandes presas del mundo.

Esto último nos reafirma en la visión de futuro que tuvieron los responsables del Cabildo desde hace más de medio siglo, cuando elaboraron los primeros estudios y planes hidrológicos. Gracias a su empeño, hoy disponemos de 8 grandes presas que pueden garantizar el agua durante un importante periodo de tiempo. Sólo el volumen de la presa de Soria cubre esas necesidades durante seis meses. Junto a las demás presas (El Mulato, Gambuesa, Ayagaures, Candelaria, Chira, Fataga y El Vaquero) dispondríamos de agua para cubrir todas las necesidades de la isla a lo largo de nueve meses.

No olvidemos que para hacer frente a esa situación también fuimos uno de los lugares pioneros en la desalación de agua del mar, una producción industrial que nos ha permitido disfrutar de un abastecimiento estable  sin depender de los inciertos periodos de lluvia.

Se ha logrado la estabilidad del suministro a las poblaciones y un volumen de agua regenerada importante que nos permite garantizar el agua para el sector primario. Y eso tiene un coste. Los sistemas de desalación por ósmosis o los de depuración y reutilización consumen mucha energía y, por tanto, enormes cantidades de combustibles fósiles. Por ello pusimos en marcha el plan Renovagua para la integración de energías renovables en los procesos de desalación, con el objetivo de reducir en un 40% el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua. Y se ha avanzado muchísimo en desaladoras como las del Sureste, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, etc,.

Renovando el espíritu visionario de quienes hace 60 años planificaron los instrumentos para proveernos de agua, hemos invertido 2,2 millones de euros en el proyecto “Aquagran” un sistema de alta tecnología que nos permitirá  obtener y gestionar datos de las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas, que monitoriza 431 puntos y puede recoger información de hasta un millar de sensores en las instalaciones hidráulicas del Cabildo. Eso permitirá conocer en tiempo real las cantidades de lluvia, el nivel de las presas, las averías en la red o la calidad del agua de las desaladoras y depuradoras. Además de aumentar la eficiencia de la red y minimizar las pérdidas, nos proporcionará un gran flujo de datos de enorme valor para asegurar el suministro de agua en el futuro y adaptarnos a los diversos escenarios.

Por la frecuencia de periodos secos que se han venido registrando en esta isla desde tiempos inmemoriales, desde hace ya más de 30 años los principales sistemas de abastecimiento en la isla -sobre todo en su franja costera, donde se acumula gran parte de la población-, se nutren de aguas desaladas. Esto ha llevado a que, en la actualidad, el 86% de los recursos destinados a cubrir las necesidades de abastecimiento de la población sean recursos no convencionales, en este caso aguas desaladas, hasta un volumen total anual de unos 66 Hm3.

No ocurre lo mismo, no obstante, con los ámbitos de medianías y cumbres, en los que los sistemas de abastecimiento dependen de los recursos convencionales subterráneos que se deben de mantener en la zona para garantizar la supervivencia de la población y los usos y costumbres  tradicionales.

La agricultura se ha visto también gravemente afectada. La práctica ausencia de agua superficial en algunas cuencas está intentando ser paliada, en parte, con el trasvase hacia el sur de aguas de producción industrial, procedentes sobre todo de la planta de tratamiento terciario de Barranco Seco. En este sentido, el incremento inmediato de capacidades de producción de agua industrial empieza a convertirse en una necesidad imperiosa. Tenemos que ser muy firmes en la consecución de la regeneración del cien por cien de nuestras aguas residuales.

La planificación hidrológica de Gran Canaria ya prevé un incremento importante en la capacidad de producción de dos de los centros principales de producción que se vinculan a la actividad agraria, la planta desaladora de Arucas-Moya y el Terciario de Barranco Seco, además de otros terciarios de menor entidad. Es la manera de desarrollar  una política de garantía y flexibilidad que nos permitirá hacer frente al avance de la desertización.

Gran Canaria vuelve a innovar y  a ser pionera, como lo fue en desalación,  con  un proyecto clave como Salto de Chira. El almacenamiento energético para la penetración de las renovables y la disponibilidad de 750.000 m3 de agua anual para el sector primario (el equivalente al volumen que almacena la presa del Mulato), supondrán un cambio de modelo de gestión  del agua en la isla, en beneficio de los agricultores de cumbres y medianías.

El Cabildo de Gran Canaria es hoy el mayor productor de agua para el sector primario, al que distribuimos 11 millones de metros cúbicos al año, de los que el 55% es agua regenerada y el resto, desalada. Desde El Fondillo parte la práctica totalidad de esos recursos necesarios para el conjunto del territorio insular,  9 millones de metros cúbicos. En estos momentos, estamos a un 50% y tenemos que conseguir que, en los próximos años, el cien por cien de las aguas regeneradas se puedan utilizar para el sector primario y para otros usos, como jardines y otras actividades.

Para ello, hemos puesto en marcha la ampliación y mejora de la EDAR de Barranco Seco, que cuenta con un presupuesto estimado de 36 millones de euros. El proyecto ya está redactado y pendiente de su revisión y del inicio de los trámites de autorización. Y, por último, se está finalizando el proyecto de la Planta de tratamiento terciario de la EDAR de Barranco Seco, en la que se invertirán otros 20 millones de euros.

Por todo esto no tenemos los agobios que presenta en estos días la España peninsular en los que Cataluña y Andalucía anuncian el diseño de una propuesta para traer agua potable en barcos desde otros territorios. Vimos venir el problema y actuamos en consecuencia y con la suficiente antelación. Sin embargo esto no puede servir de excusa al  Gobierno central para dejar a nuestro sector primario a la cola en la distribución de recursos para la compensación de las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania. Una decisión injusta, profundamente arbitraria.

El futuro, incierto y amenazante para un territorio aislado como Gran Canaria, pasa por conseguir la soberanía energética e hídrica, dando respuesta a nuestras mayores vulnerabilidades. Y nuestro proyecto de isla va dirigido a alcanzar esos objetivos.

La sostenibilidad desde lo local

Este viernes pasado el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Artenara íbamos a presentar a la sociedad   una planta de Biomasa para Aprovechamiento Energético, pero al infatigable Covid le dio por asentarse en mí durante unos días y nos chafó el acto. Lo haremos en otro momento porque merece la pena visibilizar esta propuesta subvencionada por la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas del Cabildo de Gran Canaria al Ayuntamiento de Artenara, que no descarta comarcalizar la iniciativa. 

La planta consiste, básicamente, en toda la maquinaria necesaria (tractor, peletizadora, ensacadora, astilladora…) para desarrollar el proceso completo de aprovechamiento de material vegetal de origen forestal y agrícola, su transformación en forma de “pellets” (cilindros de biomasa comprimida con gran poder calórico) y su aprovechamiento energético en forma de calor, generando energía de manera sostenible y endógena. 

Este proyecto, lejos de ser una actuación puntual y local, es una iniciativa innovadora que creo puede señalar un camino fundamental para el desarrollo sostenible de las medianías y cumbres de Gran Canaria. Además, esta planta de producción de pellets tiene impactos positivos en muchos y muy diferentes aspectos. 

El primero y más evidente es la dinamización económica, es decir, la generación de puestos de trabajo y de pequeñas empresas locales en un municipio como Artenara, que lleva décadas perdiendo población y que tiene dificultades para ofrecer oportunidades a su población. Una inversión de más de medio millón de euros, más los beneficios derivados de la comercialización de esa biomasa tiene un efecto directo y tangible en el municipio. 

Pero no son empleos cualquiera, sino que están directamente ligados a la gestión sostenible del territorio y a la prevención de incendios. La biomasa procede de residuos agrícolas y de la “limpieza” de montes, es decir, de la retirada del exceso de vegetación seca que arde con facilidad y supone un riesgo para la generación y propagación de incendios. De esta manera no solo estamos previniendo los incendios (uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la cumbre de Gran Canaria) sino que lo estamos haciendo de manera que genera beneficios para la población local. 

Además, la energía generada por esos pellets servirá para cubrir las necesidades energéticas de calor de las instalaciones públicas, como las oficinas municipales del Ayuntamiento de Artenara y la residencia de mayores municipal, de manera sostenible y más económica que si se hiciera recurriendo a fuentes fósiles. 

Esta es una de las actuaciones que está llevando a cabo el Cabildo para el fomento de la economía circular en el sector primario y se une a otras, aún pendientes de licitar, como una  planta de gestión de residuos agroganaderos en el Polígono Agroganadero de Corralillos, en Agüimes o, a través del programa “Agricultura es Mucho Más”, el uso de subproductos ganaderos entre agricultores mediante formación, asesoramiento y poniéndolos en contacto entre ellos para facilitar el uso de estiércoles en la agricultura insular.

Esta misma semana Gran Canaria también fue la sede del Encuentro Nacional del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, una alianza global de ciudades y gobiernos locales comprometidos voluntariamente con la lucha contra el cambio climático, para reducir sus inevitables impactos y facilitar el acceso a una energía sostenible y asequible para todos. 

Para finales de esta década, el actual Gobierno de España se propone reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, lo que se traduce en una subida de 9 puntos respecto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima vigente. En esta línea, la intención es llegar a un 48% de renovables sobre el uso final de la energía (6 puntos más que el objetivo actual) y alcanzar el 81% de energía renovable en la generación eléctrica (un 7% más). Estos ambiciosos objetivos son inalcanzables si las administraciones locales no ponen de su parte para lograrlos. 

Por eso el Cabildo fue pionero en desarrollarlo en Gran Canaria, como espacio de formación y coordinación local de las medidas destinadas a combatir, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Este Cabildo ha sido coordinador del Pacto de las Alcaldías desde 2016 y hemos impulsado su implantación en los 21 municipios de la isla. Y es que los municipios tienen un papel clave en la transición ecológica global e iniciativas como el Pacto de las Alcaldías permiten ofrecer soluciones concretas, pragmáticas y efectivas. Los municipios deben prepararse para actuar y deben hacerlo sin demora. 

Creo además que en este marco, las islas son laboratorios vivientes, los territorios más afectados por la erosión costera y otros efectos negativos del cambio climático. Así que, sin lugar a duda, ofrecemos un observatorio naturalmente privilegiado para medir la eficiencia de nuestras acciones, incluso para la mitigación, la adaptación y la economía circular. Por eso estamos trabajando para convertir a Gran Canaria en una referencia. 

Como vemos, acciones como la Planta de Biomasa para Aprovechamiento Energético entroncan directamente con los objetivos del Pacto de las Alcaldías. Generar alternativas concretas, factibles, reales y locales para mitigar y adaptarnos al cambio climático, al tiempo que generamos oportunidades económicas y de empleo para nuestras poblaciones. Es, sin lugar a dudas, la única alternativa de futuro que tenemos.