Juntos ganaremos esta batalla

La pandemia del coronavirus está haciendo daño a muchas personas, deteniendo la actividad económica y dejando sin recursos básicos a un porcentaje muy alto de nuestra población. Está incrementando el desempleo en cifras desconocidas en nuestra tierra y paralizando sectores estratégicos de nuestra actividad social como jamás había ocurrido.

Para salir de esta dura situación se necesita un compromiso solidario del conjunto de nuestra sociedad. Las personas que soportan las tareas sanitarias y las que mantienen los servicios esenciales están dado un ejemplo extraordinario. Quiero agradecerlo y expresar, en nombre de los hombres y mujeres de esta isla, el reconocimiento más sincero del Cabildo de Gran Canaria. Las administraciones públicas tenemos que cumplir con la obligación de facilitar las tareas de las personas  que están en la primera línea de combate y también planificar  la salida a esta situación aportando recursos, organización y apoyo para que recuperemos, al menos, la situación anterior a esta enorme crisis sanitaria, social y económica.

El Cabildo de Gran Canaria asume sus responsabilidades complementando la acción de los Gobiernos de España y de Canarias y en coordinación directa con los 21 ayuntamientos de nuestra isla. Entendemos como prioritaria la recuperación para todas las personas de sus derechos básicos a la subsistencia, el empleo y la inclusión social. Es fundamental que nuestras empresas resistan y puedan volver a generar valor económico y trabajo. Queremos tener una especial consideración con las pequeñas y medianas empresas de nuestra isla, auténticas vertebradoras del tejido socioeconómico.

Vamos a estar cerca de las personas y las familias que no tienen recursos para afrontar esta situación excepcional. Y queremos colaborar en la reactivación de todos los sectores teniendo en cuenta que las personas en paro, los empresarios y empresarias autónomas y todo el sector turístico y de servicios debe levantarse para garantizar una reactivación solidaria de Gran Canaria.

Nuestra isla debe recuperar, desde que las autoridades sanitarias lo permitan, todo su potencial turístico. Ahora mismo debemos consolidar también nuestro sector primario porque representa la garantía de continuidad de un modelo saludable y sostenible.

En este momento la batalla contra la pandemia la ganamos manteniendo la conducta disciplinada, solidaria y comprometida que la inmensa mayoría de los y las grancanarias está manifestando estas semanas. Pero además, debemos asumir desde las administraciones públicas compromisos concretos que nos abran un horizonte de esperanza. Por eso hemos aprobado en el Cabildo de Gran Canaria un conjunto ambicioso de medidas destinadas a reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria para que desde que las autoridades sanitarias lo autoricen, la máquina de nuestra sociedad recupere la actividad con plena determinación.

Reforzar los servicios públicos.

De manera inmediata hemos puesto en marcha un fondo de 3,5 millones de euros con el objetivo de financiar una bolsa de empleo adicional para la contratación inmediata de personal de refuerzos o sustituciones en centros de mayores,  sociosanitarios y  de menores, crear un servicio complementario de ayuda a domicilio de usuarios de centros de día y centros ocupacionales e incrementar el servicio de teleasistencia dirigido a los mayores que no necesitan ayuda a domicilio. Igualmente hemos puesto en marcha los mecanismos administrativos con el fin de que las ONG de atención directa a las personas afectadas por la emergencia reciban desde ya las subvenciones del 2020 sin el requerimiento de la justificación de las recibidas el año anterior.

Promoción de empleo y respuesta a la emergencia social

Es evidente que una de las consecuencias económicas más graves de la crisis sanitaria va a ser el desempleo que llevará aparejado el cierre de empresas, agravando este problema estructural en Canarias. Por ello nos volcaremos en medidas de fomento del empleo, a través de la creación de un fondo para la contratación de desempleados por valor de 5 millones de euros. Aportaremos además 4 millones de euros en incentivos a las empresas para la contratación de personal y el reforzamiento de los servicios sociosanitarios de atención a mayores y menores por un total de 3.250.000 euros.

Muchas personas y familias que ya se encontraban en una situación precaria han visto cómo esta situación la empeoraba y las dejaba sin los escasos recursos con los que contaban. Por ese motivo transferiremos de manera inmediata 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para ayudas de emergencia social que tengan como fin cubrir las necesidades básicas y vamos a conceder prioritariamente las subvenciones a las ONG que atienden a las personas afectadas por la emergencia. También se creará un fondo para el pago de matrículas universitarias para el curso 20/21 destinado a los estudiantes cuyos progenitores estén en situación de desempleo y se ha  prorrogado la vigencia de los bonos de transporte joven y residente por la imposibilidad de poder usarlo durante el periodo de confinamiento.  Hemos acordado también diferir y ampliar el pago de los impuestos.

Apoyo a pymes, autónomos, sector primario y comercio local

El brusco parón económico que hemos sufrido va a tener un impacto muy fuerte en  autónomos y pymes, que son los que crean la mayor parte del empleo y que van a necesitar  un fuerte apoyo e impulso para evitar que se destruya una parte importante de nuestro tejido productivo. Hemos presupuestado 4 millones de euros de ayudas a trabajadores autónomos, complementando así las ayudas que otorguen las administraciones estatal y autonómica. Implementaremos una línea de microcréditos de hasta 5 millones de euros para la reactivación de las pymes y habilitaremos distintos instrumentos de financiación y aval a estas empresas a través de la SPEGC por un montante de tres millones y medio de euros.

Subvencionaremos los alquileres de las pymes instaladas en el Parque Tecnológico de Gran Canaria durante el año 2020 y estableceremos un periodo de carencia hasta 2021 de los alquileres de las empresas instaladas en las estaciones de guagua de Gran Canaria. Para reactivar el comercio local una vez acaben las medidas de confinamiento adelantaremos el 50% de las subvenciones a las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. Los artesanos  y artesanas de la isla, que durante este tiempo no van a poder vender prácticamente nada, contarán con un fondo de ayuda de 120.000 euros.

A pesar del aumento de consumo en el sector de la alimentación que se está experimentando estos días, el cierre de los hoteles y de la restauración así como el descenso de la afluencia a los mercados agrícolas por las restricciones a la movilidad, está provocando un grave daño al sector primario, que en los últimos años estaba en expansión. Por ello el plan de medidas incluye un millón de euros para que los productos agrícolas y ganaderos que no se hayan podido vender en los canales de comercialización habituales (hoteles, restaurantes, etc.) se integren en la red de distribución alimentaria actualmente en funcionamiento y de esta manera minimizar las pérdidas. Por otra parte, se suspenden los cortes de suministro de agua de riego a los agricultores por falta de pago  y se establece un plan de pago.

Reactivación de la actividad turística

Aproximadamente el 40% del empleo de las islas depende del turismo. Nuestra capacidad para recuperarnos de esta situación depende en gran medida de que seamos capaces de reanudar esta actividad en el menor periodo de tiempo posible. Por ello destinaremos 3 millones a la  reactivación de la imagen de Gran Canaria como destino turístico cuando finalice la crisis sanitaria. También vamos a disponer de un fondo  público o  público-privado para la atracción de eventos a Gran Canaria, una vez se puedan realizar, dotado con 1.000.000 de euros. Este dinero también tendría un impacto positivo en el sector cultural, que ha visto cancelados o aplazados sine die buena parte de los eventos programados.

Agilización de la gestión y apoyo a ayuntamientos

El Cabildo estará a la altura de la situación y mejorará y agilizará el pago a proveedores ya que la retribución de facturas pendientes puede dotar de liquidez a corto plazo a pymes y autónomos para superar estos meses. Crearemos equipos de trabajo – con funcionarios propios y de otras administraciones –  para agilizar la licitación de obra pública que ya cuente con presupuesto y proyecto. Para estos equipos se ha consignado un millón de euros. La Intervención General del Cabildo también se ha comprometido a simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes.

Por otra parte además de la transferencia de 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para las ayudas de emergencias, sus ingresos no se verán mermados por el aplazamiento del pago de tributos ya que el Cabildo adelantará el dinero y pondrá a su disposición los medios necesarios para hacer frente a cuantas situaciones sobrevengan durante esta crisis. En casos de excepcionalidad en la situación de alarma o en los momentos posteriores a la crisis sanitaria, el Cabildo, en la medida de sus posibilidades, estará atento a la situación de los ayuntamientos de Gran Canaria para impedir, con recursos insulares, que problemas de liquidez sobrevenidos y coyunturales puedan poner en riesgo servicios esenciales.

Plan extraordinario de inversiones

Superada la crisis sanitaria, ejecutaremos un plan de inversiones con la finalidad de incentivar el empleo y la economía local por valor de 100 millones de euros. Además de la reactivación económica, es una gran oportunidad para hacer hincapié en aquellas inversiones e infraestructuras que contribuyan a la transición ecológica, a avanzar en un nuevo modelo energético renovable y a generar empleos verdes y de calidad que nos hagan más sostenibles, menos dependientes y más resistentes frente a futuras crisis.

Como he explicado en reiteradas ocasiones en estos días, nuestra obsesión es que esta crisis no la terminen pagando los que menos tienen como pasó en la de 2008. No podemos permitir que se precaricen aún más las condiciones de vida de nuestra gente, y la salida a esta situación tiene que ser social, con más protección, reforzamiento del estado del bienestar, más solidaridad e inversiones que nos ayuden a modernizar nuestra economía y hacerla más sostenible y justa. Desde el Cabildo de Gran Canaria pondremos todo de nuestra parte y nuestra sociedad unida lo volverá a conseguir.

Gran Canaria lucha contra el coronavirus

Un suceso insólito y absolutamente inesperado ha transformado nuestras vidas literalmente de un día para otro. La aparición del coronavirus en China nos pareció un fenómeno lejano hasta que se detectaron cuatro personas infectadas en La Gomera. La incidencia del coronavirus en Europa y en España y el altísimo riesgo que la pandemia entraña para la salud pública ha obligado al Gobierno a tomar medidas inéditas hasta el momento. La declaración del Estado de Alarma y la orden de confinamiento salvo para gestiones imprescindibles, para la adquisición de productos básicos, visitas médicas o atención a personas dependientes, nos sitúan ante un escenario desconocido. Están siendo semanas muy duras y difíciles, pero debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás y quedarnos en casa los que no estemos obligados a salir, porque esa es la única manera de “aplanar” la curva de contagios, frenar la expansión del virus y evitar muchas muertes.

Quiero mostrar mi enorme agradecimiento a todas las personas que se están sacrificando para luchar contra el virus y garantizar el suministro de productos básicos así como el resto de actividades diarias necesarias. El personal sanitario, de farmacias, de supermercados, transportistas, conductores/as de transportes públicos, taxistas, repartidoras/es, personal público de servicios esenciales, trabajadores/as de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc… Hay miles de personas trabajando, en ocasiones realizando un esfuerzo extra, para garantizar la salud, la provisión de servicios básicos y para afianzar la normalidad dentro de la excepcionalidad de la situación. Se merecen nuestro más sincero aplauso y agradecimiento.

En estos días también estamos asistiendo a una nueva muestra de solidaridad por parte de la sociedad. Se multiplican las iniciativas culturales, deportivas y de todo tipo para hacer el confinamiento más llevadero, con conciertos gratuitos en internet, libros y revistas que se ofrecen en formato digital, contenidos audiovisuales, rutinas de ejercicio físico para hacer en casa y mantenerse en forma durante el aislamiento y un largo etcétera de actividades que suponen un enorme ejemplo de civismo y solidaridad espontáneos por parte de una sociedad dispuesta a responder en uno de los momentos más difíciles de su vida. Es una forma solidaria de aprovechar la sociedad de la comunicación.

Es evidente que el mayor ejemplo lo está dando el sistema sanitario público y el conjunto de sus profesionales que constituyen la primera línea de contención contra la pandemia y que son los que están impidiendo que se convierta en una catástrofe de enormes dimensiones. Un sistema sanitario que sin embargo ha sido sometido a una década de recortes por parte de las consignas “austericidas” de la política neoliberal y que ha visto mermada su capacidad de acción y respuesta durante la crisis de la segunda década de los 2.000.

Solo recordar algunos datos, según el Ministerio de Sanidad entre 2010 y 2014 el presupuesto sanitario pasó de 60.000 millones de euros en 2010 a poco más de 53.000 millones en 2014.  Aunque a partir de ahí empezó a recuperarse hasta volver a alcanzar los 60.000 millones en 2018 en ese periodo se dejaron de invertir más de 28.000 millones, el personal contratado bajó en 30.000 efectivos entre 2012 y 2015, y las listas de espera quirúrgicas pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes. Entre 2009 y 2018 el gasto sanitario autonómico disminuyó en casi 4.000 millones. Ojalá esta crisis sirva para volver a evaluar en su justa medida la importancia crucial de la sanidad pública y del Estado de Bienestar en general como marco de desarrollo sostenible y protección a la ciudadanía.

Desde el Cabildo de Gran Canaria tomamos medidas para la contención del virus desde antes de la declaración del Estado de Alarma. El 12 de marzo suspendimos todas las actividades públicas organizadas por la institución insular o que tuvieran lugar en nuestras instalaciones, al margen del aforo, y procedimos al cierre de bibliotecas, centros culturales o de ocio, zonas de acampada, áreas recreativas, centros de día para personas mayores y en general cualquier servicio o infraestructura no esencial que fuera un potencial foco de contagio comunitario.

Tras la declaración del Estado de Alarma y la restricción de la libre circulación, en apenas un par de días, elaboramos un decreto de servicios mínimos, habilitamos una plataforma de teletrabajo y adquirimos ordenadores portátiles suficientes para garantizar el correcto desarrollo de la actividad laboral desde los domicilios. El objetivo de todas estas medidas es garantizar la provisión de los servicios públicos esenciales (servicios sociales, centros de mayores y menores, emergencias, servicios de bomberos, aguas, residuos, protección a la mujer, mataderos, carreteras, transporte colectivo, etc.) en un momento en el que son más importantes que nunca, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad laboral y sanitaria de todo el personal del Cabildo de Gran Canaria. Hay una comisión de la que forman parte todos los consejeros y consejeras del Gobierno insular, asesorados por un cuerpo técnico, que se reúne periódicamente para hacer un seguimiento de la situación y adoptar y actualizar todas las medidas que se estimen oportunas.

En las próximas semanas lo único que cabe es poner todo de nuestra parte para reducir al mínimo imprescindible las salidas de los domicilios y conseguir contener un virus, cuya afección en Canarias y Gran Canaria afortunadamente está siendo menor que en otras partes del Estado, aunque según los expertos lo peor está por venir. Si mantenemos la disciplina y cumplimos con nuestra parte, en unas semanas podemos empezar a tener noticias positivas. Pero es evidente que la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para paliarla generan una crisis económica y social cuyo alcance aún no podemos prever. Se suceden los expedientes de regulación de empleo, muchas personas están perdiendo su trabajo y muchas pequeñas y medianas empresas no podrán aguantar cerradas el tiempo que dure la cuarentena.

Es una situación que nos preocupa profundamente y sobre la que ya hemos empezado a trabajar. Desde que terminen la crisis sanitaria y las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno tendremos que volcarnos para revertir sus consecuencias económicas. En el Cabildo ya hemos creado una comisión de trabajo que va a empezar a estudiar las medidas a incluir en un plan de atención socioeconómica para las personas directamente afectadas, un plan de reactivación económica de la isla y en general en las políticas de empleo, sociales y de desarrollo económico que se consideren necesarias una vez se evalúe la situación y la dimensión del impacto económico.

A principio de semana presentaremos un paquete de medidas encaminadas a dinamizar la economía insular, aliviar la situación de las personas que peor lo están pasando, de los más vulnerables, reforzar los recursos materiales y humanos de nuestros centros de mayores y de menores y para la asistencia domiciliaria, ayudar a los autónomos, mejorar los plazos a los proveedores, crear planes de empleo, promocionar  la isla como destino atractivo para cuando se normalicen las conexiones, etc.

Vamos a estar cerca de las personas y las familias que no tienen recursos para resistir esta situación excepcional. Y queremos colaborar en la recuperación de todos los sectores teniendo en cuenta que las personas en paro, los empresarios autónomos y todo el sector turístico y de servicios debe levantarse para garantizar una reactivación solidaria de Gran Canaria.

Les quiero mandar un mensaje de serenidad. Soy consciente de que la situación es muy difícil y que se va a ir complicando a medida que pasen los días. La cuarentena es una situación que puede llegar a ser muy estresante, en especial para quienes no tienen una casa en las mejores condiciones o tienen problemas familiares. Pero todas las instituciones estamos trabajando de manera coordinada para proteger la salud pública y salir lo antes posible de esta situación. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, con unos profesionales comprometidos y entregados de primer nivel y las muestras de solidaridad y apoyo mutuo de la sociedad están siendo apabullantes. Necesitamos hacer un esfuerzo personal por el bien de todos.

Es imposible saber cuándo y cómo saldremos de esta situación, ni cuáles serán sus consecuencias. Pero si algo se ha puesto de manifiesto estos días es que frente a la doctrina neoliberal que propugna la reducción del papel del Estado y una sociedad basada solo en la competencia y la maximización del beneficio particular, necesitamos intervención pública para garantizar el bienestar, así como el cuidado mutuo, la colaboración y la solidaridad. No podemos permitir que se repita lo sucedido en 2008, cuando las personas más vulnerables fueron las más perjudicadas. Debemos aprender de lo que sucedió. Desde el Cabildo pondremos todos nuestros recursos y esfuerzos en intentar para conseguirlo. 

Habrá que pelear sin desmayo para que la sanidad pública, la educación, las políticas sociales, las fuerzas de orden público, los servicios esenciales públicos en general, sean dotados de los medios suficientes para afrontar el futuro de una manera más justa socialmente y más efectiva. Porque el calentamiento global nos volverá a poner con mayor frecuencia ante situaciones como la que estamos viviendo. Habrá que demostrarle a Europa que solo tiene sentido como comunidad si es solidaria, socialmente justa, independiente frente a los mercados, creíble para la mayoría social. Sigamos aplaudiendo a los servidores públicos, pero defendamos después con el mismo ahínco que se potencie el Estado de Bienestar.

Muchas gracias y muchísimo ánimo. Con la ayuda de todos y todas vamos a recuperar una Gran Canaria que siempre ha sabido hacer frente a las adversidades  y  salir victoriosa.

La revolución de las azoteas

El bienestar y el progreso de Gran Canaria para las próximas décadas dependen de que seamos capaces de realizar una revolución energética  que se sostenga en la producción de energías limpias  y en la ruptura con la dependencia de las energías contaminantes.

Desde el punto de vista energético, las Islas Canarias son 6 sistemas eléctricos aislados, uno por cada isla salvo Fuerteventura y Lanzarote que están interconectadas por un cable eléctrico submarino. Quiere  decir esto que cada isla tiene que producir autónomamente toda la energía que consume, y además, al ser sistemas pequeños, impiden el aprovechamiento de economías de escala, generando mayores costes de inversión y explotación. Hasta hace poco esta producción se realizaba casi exclusivamente a través de energías fósiles.

Aunque en los últimos años se han incorporado al mix energético las renovables, lo cierto es que seguimos dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles. Esto genera dependencia y nos hace muy vulnerables a los cambios en el precio de petróleo, dependientes de suministradores inseguros y, por supuesto,  produce mucha contaminación en forma de emisiones.

Por ese motivo la transición hacia un nuevo sistema energético basado en renovables tiene que ser el eje fundamental del nuevo modelo económico para Canarias. Este cambio reduciría drásticamente nuestra dependencia del exterior (ya que el sol, el viento, y el resto de fuentes se encuentran abundantemente en Canarias), abarataría el precio de la energía, reduciría las emisiones de C02 contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y generaría empleo, ya que las renovables crean más empleo que las convencionales por kilovatio producido. Pero además, y tan importante como lo anterior,  permitirá a la ciudadanía romper la dependencia de las grandes empresas energéticas, ya que cada casa se podrá convertir en una microcentral energética a través de la instalación de placas solares en las azoteas.

Para hacernos una idea del potencial de generación baste decir que la cantidad de energía solar que la Tierra recibe cada año empequeñece todos los demás recursos energéticos. De hecho, la superficie de la Tierra recibe cada minuto suficiente energía solar para satisfacer la demanda mundial de energía durante todo un año. A pesar de esta irrefutable realidad, durante los sucesivos gobiernos del Partido Popular se desarrolló una estrategia calculada para frenar la utilización de la energía fotovoltaica gracias al “impuesto al sol” que condenó al ostracismo a una industria puntera y de referencia a nivel mundial y nos colocó a la cola europea y mundial en la implantación de la fotovoltaica.

Y es que el autoconsumo tiene una serie de ventajas incuestionables ya que supone un coste eléctrico fijo para siempre, contribuye decisivamente a la soberanía energética -en especial en una isla como Gran Canaria- es una inversión rentable, ayuda a luchar contra el calentamiento global y contribuye a desarrollar un sistema energético distribuido con miles de pequeños productores, que es más democrático y al evitar pérdidas en el transporte de la energía es también  más eficiente.

Por todos estos motivos el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía, lanzó un programa de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas con una partida de 150.000 euros con el objetivo de fomentar el autoconsumo y caminar hacia un nuevo modelo que permita alcanzar la máxima soberanía energética posible a través de las renovables. La cantidad a subvencionar en cada proyecto era de 1 euro por vatio instalado, con un límite de potencia de 3.000 vatios y hemos otorgado un gran protagonismo en las mismas a la figura del instalador de baja tensión como representante para la gestión. A día de hoy podemos decir que esta subvención ya ha contribuido a la instalación de, al menos, 600 paneles solares.

Los resultados hasta ahora de las subvenciones han sido un éxito incontestable. En las dos primeras convocatorias se concedieron 218 subvenciones y en el poco tiempo que lleva la del 2020 se han concedido 10. Se han subvencionado 350 kW y en total se han instalado 595 kW. Se ha evitado la emisión de 702 toneladas de CO2 a la atmósfera. La inversión total que se ha logrado impulsar es de 1.407.000 €

Por ese motivo redoblamos nuestra apuesta por el fomento del autoconsumo. Por un lado lanzamos la  tercera convocatoria para la concesión de subvenciones dirigida al fomento e implantación de energías renovables en viviendas. En este caso, nos referimos a 200.000 € para el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas particulares y comunidades de vecinos. Además, nos adaptamos a la nueva regulación energética e incluimos en la misma la nueva modalidad de autoconsumo colectivo.

Por otro lado, este año, conscientes de la importancia del autoconsumo eléctrico y de la eficiencia energética en la gestión empresarial, también promovemos la primera convocatoria de subvenciones por un montante de 150.000 € para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores y 10 millones de € de facturación) así como entidades sin ánimo de lucro. Estos sectores cuentan con menores recursos y mayores dificultades para llevar a cabo inversiones como la que supone una instalación fotovoltaica y, en muchas ocasiones, carecen de tiempo para la tramitación de ayudas. Por ello es indispensable que desde el ámbito público se contribuya al autoconsumo eléctrico de estas empresas y entidades, y se facilite la tramitación de la solicitud y la concesión de estas subvenciones. Apostar por la eficiencia y la gestión energética es hacerlo por la competitividad de la empresa, pues la energía es en muchas ocasiones uno de los mayores costes empresariales.

Este es el primer gobierno del Cabildo de Gran Canaria que se implica en el fomento del autoconsumo y vamos a continuar potenciándolo en las instalaciones propias. El objetivo del Cabildo debe ser que en el 2022 no quede ni un solo espacio propio adecuado para el autoconsumo sin utilizar. Por otro lado, estamos comprometidos con impulsar el autoconsumo tanto en los hogares como en las pymes. El objetivo en este caso debe ser apostar por que en el 2030 no quede libre ninguna superficie o cubierta de la isla susceptible de ser utilizada para la fotovoltaica.

Y es que el futuro de nuestro modelo energético, y con él de nuestro modelo económico, pasa necesariamente por dar un impulso a la implantación de la energía renovable en los hogares y en las empresas junto a otras iniciativas puestas en marcha por el Gobierno insular (el proyecto Renovagua para la desalación de aguas utilizando energía renovable, GC Inteligente, red insular de cargadores para vehículos eléctricos, Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible, proyectos de parques fotovoltaicos, campañas de concienciación, etc.) para minimizar el impacto del cambio climático y avanzar hacia el modelo de ‘ecoisla’. El autoconsumo supone una democratización de la energía que revertirá positivamente en el bolsillo de las familias, de las empresas y en el medio ambiente. Una pequeña revolución energética que va a tener lugar en nuestras azoteas.

La igualdad, un reto permanente

La movilización de las mujeres y de las organizaciones feministas ha convertido la lucha por la igualdad de género en un clamor en nuestra sociedad. Afortunadamente, crecen la conciencia y las acciones de transformación pero, al mismo tiempo, se mantienen datos insoportables de asesinatos de mujeres y de discriminación en todos los ámbitos de la sociedad que no podemos tolerar. Por eso el 8 de marzo de 2020 vuelve a convertirse en una convocatoria de lucha, de reivindicación y de compromiso de todas las personas con dignidad y convicciones.

Hay cuatro temas que probablemente van a marcar la gestión pública en los próximos años e incluso en las próximas décadas: la transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática, la gestión de las migraciones (que se prevé que aumenten), la lucha contra la desigualdad económica y la igualdad entre hombres y mujeres, con la integración de la perspectiva de género en todas las dimensiones de la vida. Todas estas cuestiones comparten rasgos comunes: afectan de una manera u otra al conjunto de la ciudadanía, son transversales y globales -no se pueden abordar mediante políticas sectoriales ni exclusivamente a escala estatal-, están interrelacionadas, atañen a todas las instituciones públicas y son fundamentales para conseguir el bienestar de las personas.

Como cada ocho de marzo, toca poner el foco en la igualdad y los derechos de las mujeres. En los últimos años hemos asistido en España y en Canarias a un auge sin precedentes del movimiento feminista y de sus reivindicaciones igualitarias, lo que ha impulsado un conjunto de cambios positivos tanto en la sociedad como en las políticas públicas. Hoy nadie, salvo la extrema derecha, discute las políticas de discriminación positiva, el contenido de la ley de igualdad, la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género o la reforma del código penal para luchar contra la violencia sexual.

Pero el reto que afrontamos va mucho más allá. Esta semana se celebraron unas jornadas organizadas conjuntamente por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que llevaban por título “La isla de los cuidados” y creo que ésta es una de las cuestiones que más nos puede ayudar a hacernos una idea de la dimensión de los cambios estructurales que tenemos por delante. La pensadora política feminista Carole Pateman nos explicó que si el contrato social que constituye la sociedad moderna fue posible, fue gracias a otro contrato, el sexual, que instauró la desigualdad estructural mediante una especialización del trabajo que relegó a las mujeres a los llamados trabajos reproductivos o de cuidados (mantenimiento del hogar, cocina, cuidado de menores y personas mayores etc.) que no estaban remunerados y se realizaban en la esfera privada y otorgó a los hombres el trabajo remunerado y reconocido en el ámbito público.

Esta división del trabajo institucionalizó la desigualdad de ingresos, de patrimonio, de reconocimiento público, etc. y fue permeando todas las esferas de la vida pública, ya que la perspectiva de género fue excluida de la configuración de las instituciones públicas, del poder político o de  las leyes, por poner algunos ejemplos. La propia economía se ha desarrollado excluyendo a la mitad de la población al no contabilizar el valor económico del trabajo doméstico. La revista “Alternativas económicas” dedicó un especial a esta cuestión el año pasado y los datos que mostraba eran elocuentes: en España las mujeres, mayoritariamente, dedican de promedio en un año 130 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerados. Hay 16 millones de personas trabajando ocho horas al día gratis, lo que  equivaldría a más del 15% del PIB español. Y a pesar de los avances en las últimas décadas, son las mujeres las que realizan más del 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerados, y le dedican tres veces más tiempo que los hombres.

La dedicación de las mujeres al trabajo de cuidados no remunerados es el principal obstáculo que se encuentran para acceder al mercado laboral. El 42% de las mujeres inactivas lo son por tener que dedicarse a este tipo de labores y el 75% del empleo a tiempo parcial (peor pagado que el trabajo a tiempo completo) lo ocupan ellas. Vemos por lo tanto que esta cuestión es una de las principales causas de desigualdad económica y social de las mujeres. Además, esta desigualdad se perpetúa, se cronifica y llega hasta la tercera edad, ya que la falta de incorporación al mercado laboral se traduce en pensiones más bajas y no contributivas.

En el mismo artículo se alertaba de que estamos entrando en una auténtica “crisis de los cuidados”, ya que las necesidades de este tipo de trabajos aumentarán en todo el mundo. En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de dependencia (cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevará desde el 54,2% actual hasta el 62,4% en 2033, y llegará al 75,8% en 2068. Y, mientras, el acceso de la mujer al mercado laboral, la falta de corresponsabilidad masculina, los nuevos modelos de familia o los recortes en el Estado del Bienestar están dificultando la provisión de estas necesidades.

Durante la etapa de expansión de la economía española en la segunda mitad de los años 90 y principios de los 2.000, fueron las trabajadoras inmigrantes en condiciones muy precarias las que asumieron estas labores. Es el fenómeno de las cuidadoras internas, que viven con la misma familia o persona a la que cuidan, por sueldos en muchos casos de miseria y con una carga de trabajo excesiva no sometida a ninguna regulación o inspección. Pero desde luego no parece que hacer recaer el peso de esta tarea en mujeres de países del sur en condiciones de trabajo poco aceptables sea una solución sostenible, progresista o feminista.

Como expliqué al principio del artículo se trata de un problema complejo, global, que va a ir en aumento y que no tiene soluciones sencillas. Necesitamos una nueva organización social de los cuidados, así como garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países y para eso es imprescindible promover su inclusión en las cuentas nacionales. Pero no podemos obviar la imperiosa necesidad de ampliar y fortalecer el Estado del Bienestar, desarrollando y financiando adecuadamente la ley de dependencia, poniendo en marcha una red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, dotándonos de suficientes plazas sociosanitarias, avanzando en políticas de conciliación, etc.

Para el Cabildo de Gran Canaria estas políticas son prioritarias. El pasado mandato aprobamos un plan sociosanitario con 1.440 plazas para personas mayores y dependientes que ya hemos empezado a ejecutar. Aplicaremos todas las medidas contenidas en la Ley de Dependencia que sean de nuestra competencia y facilitaremos, en colaboración con los ayuntamientos, que las personas dependientes puedan permanecer en sus domicilios si lo desean, realizando las mejoras y adaptaciones necesarias en el hogar. También consolidaremos la red de centros residenciales para personas mayores y dependientes, como red centrada en la persona y con control público. Por supuesto la igualdad de género es un compromiso transversal que debe permear todas las políticas de la institución, sin olvidar la concienciación y la educación, fundamentales para revertir la discriminación secular y estructural que sufren las mujeres.

Una sociedad que margina a más de la mitad de su población nunca será una sociedad sostenible. Es el mismo capitalismo neoliberal que está destruyendo el planeta y provocando un aumento global de la temperatura poniendo en riesgo la vida humana, el que necesita de la explotación de las mujeres en el ámbito privado para poder sostenerse. Para que la transición económica y ecológica que necesitamos se haga de manera socialmente justa, esta tiene que estar impregnada de los aportes de la economía feminista y del movimiento en su conjunto. La ecología y el feminismo representan las dos herramientas más potentes con las que contamos para construir un nuevo modelo económico más sostenible, justo económica y socialmente y que ponga la vida y el bienestar de las personas en el centro.

El agua en Gran Canaria

La escasez de agua es uno de los grandes problemas mundiales. Un suministro adecuado de agua potable es imprescindible para la salud, para la agricultura y para la industria. Según los datos del World Resources Institute (WRI) más de 1.000 millones de personas viven en regiones con insuficiencia de agua y hasta 3.500 millones podrían no tener las cantidades suficientes de este elemento en 2025. Sin llegar a los niveles de otras partes del mundo, lo cierto es que los recursos hídricos siempre han sido una importante y permanente fuente de preocupación en el archipiélago, especialmente en Gran Canaria y por ese motivo en las últimas décadas se ha destinado una importante inversión, pública y privada, para cubrir la demanda.

Esta constante preocupación por el agua ha resurgido con fuerza en las últimas semanas debido a la persistente sequía que estamos sufriendo en Canarias, con precipitaciones que están un 75% por debajo de lo que deberían en esta época del año. Esta escasez de lluvias está generando alarma entre la población y sobre todo preocupación por el riego de cultivos de medianías y cumbre. La situación ha llevado a algunas organizaciones a pedir la declaración de emergencia hídrica, pero desde el Cabildo hemos explicado que no se dan las condiciones para adoptar tal decisión, dado que el agua de abasto para la población está garantizada. Es más, una declaración de emergencia perjudicaría notablemente a la agricultura.

A pesar de la garantía del agua de abasto, lo cierto es que el cambio climático acentuará las sequías haciéndolas más frecuentes y persistentes, por lo que necesitaremos “fabricar” más agua potable. El problema histórico del agua ha hecho que Canarias sea la comunidad con más experiencia en la explotación de plantas desalinizadoras. Desde que se construyera la primera en 1964, en las islas hemos utilizado casi todas las tecnologías de desalinización existentes. Es más, las Islas Canarias son el espacio territorial con mayor densidad de desaladoras por km2 en el mundo, con más de 300 plantas en explotación con una capacidad instalada de 600.000 metros cúbicos por día. Pero hoy por hoy los procesos de desalación tienen un alto coste de producción, y, en particular, un elevado consumo energético. Según un informe del instituto tecnológico de Canarias (ITC) producir agua desalinizada genera una dependencia energética en las islas de un 10% de la energía puesta en la red insular.

En Gran Canaria el agua desalinizada supone el 50% de la oferta total insular de agua. La isla cuenta con una capacidad total de desalación de agua de mar de 104 hectómetros cúbicos al año procedente de un total de 20 complejos de desalación públicos y privados. De los 78,3 hm3/año que se producen, 70 son para el suministro a la población y 9 hm3/año para la agricultura. Específicamente el Consejo Insular de Aguas explota en la actualidad cuatro desalinizadoras de ósmosis inversa que producen entre 5.000 y 15.000 metros cúbicos al día. Esto supone unos 9,5 hm3 de agua desalinizada que consumen el 15% de la energía eléctrica generada en la isla, lo que supone una facturación anual de unos 4,8 millones de euros.

Dedicamos asimismo un enorme esfuerzo en la reutilización de aguas negras – las depuramos casi en su totalidad-  haciendo una aportación de 12,7 hm3 anuales al sector agrícola de la isla, esto es, en torno al 50% de las aguas depuradas. Tenemos que conseguir que sea el 100%. Esta línea de trabajo es especialmente importante, ya que debemos centrarnos en el ciclo integral del agua y tiene beneficios adicionales como la reducción del aporte de contaminantes a los cursos naturales de agua, porque las diversas sustancias orgánicas son “filtradas” de manera natural biológicamente durante su infiltración a través del terreno de cultivo ya que algunos de sus componentes minerales serán absorbidos por las plantas.

Parece evidente por lo tanto que en nuestra agenda política de prioridades para convertir nuestra isla en un referente ambiental, la provisión de agua de manera sostenible y a precio asequible sea una prioridad para el actual gobierno del Cabildo insular. Una de las líneas de trabajo prioritarias es la transformación de las actuales instalaciones, combinando la desalación, depuración y reutilización con el empleo de energías sostenibles y sistemas de ahorro energético,

Por ese motivo pusimos en marcha el proyecto RENOVAGUA, un ambicioso plan para que 26 plantas de desalación y depuración, distribuidas por todo el territorio insular, se abastezcan de energías limpias. El Cabildo destina a esta propuesta un total de 18 millones de euros en cuatro anualidades desde 2017 a 2021. El objetivo es reducir en un 40 % el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo además de ahorrar dos millones de euros  de la cantidad total destinada a desalar agua.

La semana pasada dimos un nuevo paso al lanzar, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, una ambiciosa iniciativa que permitirá desarrollar y testar tecnología innovadora aplicada a la desalación de aguas en Gran Canaria por valor de 20 millones de euros. La iniciativa se enmarca en la consulta pública lanzada por el CDTI con el fin de averiguar qué actividades de I+D proponen las empresas españolas para resolver diversas necesidades públicas.

De las propuestas recibidas por parte de Canarias, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial seleccionó la del Cabildo de Gran Canaria, un proyecto conjunto de la Sociedad de Promoción Económica y el Consejo Insular de Aguas que también contó con la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias. En distintos ámbitos de investigación, la convocatoria recibió 274 candidaturas de todo el país. El reto propuesto por el Cabildo es buscar soluciones tecnológicas innovadoras que hagan la desalación de aguas más eficiente, por lo que esta iniciativa permitirá crear un prototipo que sirva de demostrador tecnológico que podrá ser testado en Gran Canaria para optimizar la desalación de aguas.

El  proceso está en fase de recopilación de propuestas de las empresas, gracias a las cuales el CDTI podrá disponer de la información suficiente para licitar la compra pública de la tecnología, probarla, implantarla en las Islas e incluso exportarla a otras regiones del país. Además celebramos una jornada técnica con una veintena de empresas interesadas en la consulta. Esta novedosa iniciativa nos sitúa a la vanguardia de la desalación de agua y ayuda a afrontar el futuro con mucha mayor tranquilidad, porque vamos a disponer de soluciones tecnológicas eficientes para seguir fabricando agua, porque los acuíferos disminuyen y las sequías serán cada vez más intensas.

La transición ecológica que la emergencia climática nos obliga a hacer es sin duda un reto de una tremenda envergadura que plantea riesgos innegables desde el punto de vista social y económico. Pero es asimismo una enorme oportunidad para Canarias ya que cuenta con la “materia prima” de la nueva economía (energías renovables, mar, biodiversidad, centros de investigación e innovación etc.). No obstante tenemos que ser ambiciosos, abandonar el cortoplacismo y planificar a corto y medio plazo para adaptarnos y realizar la transición hacia la sostenibilidad de manera justa socialmente. La apuesta del Cabildo de Gran Canaria por la innovación para proveernos de agua de manera sostenible medioambiental y económicamente, ahorrando dinero y generando nuevas oportunidades de empleo, es un ejemplo de estas oportunidades de futuro.