Por una reactivación económica sostenible

Vivimos tiempos que nos exigen compromiso y entereza porque las dificultades que tenemos que sortear superan todas las previsiones. “Si no conseguimos un Green New Deal, sucederá una desgracia”. Así de contundente se mostró Noam Chomsky, uno de los intelectuales de izquierda más destacados del último siglo, en una entrevista que la pasada semana se publicó en el periódico El País, con motivo del lanzamiento por intelectuales de todo el mundo de la “Internacional Progresista”, una organización que surge para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas de todo el mundo, y que tiene al Green New Deal (“Nuevo Acuerdo Verde”) como una de sus principales reivindicaciones. 

El New Deal fue el nombre que el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dio a su política para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. Basándose en las teorías del economista Keynes, Roosevelt puso en marcha un plan de inversiones públicas y de  medidas sociales que transformó el país y que tuvo una enorme repercusión en toda Europa. Las políticas keynesianas implantadas en el New Deal fueron la base de los programas de la  socialdemocracia en Europa y Estados Unidos hasta, al menos, finales de los años 70.

Inspirados por el espíritu de las políticas de Roosevelt, los promotores del Green New Deal (GND en lo sucesivo) defienden un programa global de medidas e inversiones estatales que persigue un triple objetivo: hacer frente a la crisis climática y al calentamiento global, crear millones de “empleos verdes” de calidad y bien remunerados, y luchar contra la desigualdad, tanto social como económica, racial y de género. Desde que la joven y prometedora congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez y el candidato a las primarias demócratas Bernie Sanders la lanzaran, la propuesta ha tenido un fuerte eco mundial y la mayor parte de los partidos verdes de Europa la están asumiendo como base de sus programas políticos.

Se trata de una iniciativa de acción global que tendría efectos muy limitados si se realizara exclusivamente a escala local o regional e, incluso, estatal y que necesita movilizar una gran cantidad de dinero que probablemente solo sería posible recurriendo al endeudamiento público por parte de la UE, emitiendo “bonos verdes europeos” para financiar estas inversiones. Creo que la filosofía del GND es la que debería guiar la acción de todos los planes de inversiones y reactivación de la economía de todas las administraciones. En Canarias podemos ser un referente mundial en esta materia. Por ese motivo, esta filosofía (que nosotros adaptamos a nuestro modelo insular a través de la ecoisla) es la que ha guiado el plan de inversiones del Cabildo de Gran Canaria de cien millones de euros (más otros 60 adicionales en medidas de emergencia para paliar los efectos del COVID) que presentamos la semana pasada. 

Es evidente que cualquier proyecto de sostenibilidad en las islas pasa necesariamente por una reorientación de la actividad que genera el 35% del PIB de Canarias, el turismo. Por cierto, Nueva Zelanda estudia cambiar este indicador de desarrollo económico pues no siempre va ligado a una mejora de las condiciones de vida de la población y sustituirlo por otro que mida el “bienestar de la ciudadanía”. En Gran Canaria debemos transitar hacia un modelo turístico de mayor calidad, amplitud y pluralidad,  basado en nuestro patrimonio natural y cultural, que aumente el gasto en destino con actividades de alto valor añadido que pueden ser proporcionadas por actores locales y vinculadas a la sostenibilidad. Por ello, en nuestro plan de inversiones hemos incluido quince millones de euros en distintas obras de rehabilitación, embellecimiento, accesibilidad y dotación de servicios, incluyendo energías renovables y gestión del ciclo del agua. Se incluyen obras como las del nuevo Mercado de Maspalomas, un edificio sostenible y orientado hacia el consumo del producto local, la rehabilitación del entorno del Oasis y La Charca como continuidad del Parque Tony Gallardo, también en Maspalomas, y actuaciones en Las Canteras o en La Laja en Las Palmas de Cran Canaria.

Las energías renovables tienen que ser una de las patas del nuevo modelo económico de Canarias y son una prioridad para este Gobierno insular. Por eso, en el plan de inversiones hemos incluido 7,5 millones de euros para la generación de energía fotovoltaica en el complejo ambiental de Juan Grande (que ya es autosuficiente y genera más energía de la que consume), en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), así como 300.000 euros para el parque científico tecnológico de Gáldar que está llamado a ser una de las referencias en la innovación y el desarrollo de Gran Canaria. Y aunque no formen parte de este plan de inversiones, también hay que tener en cuenta las líneas de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas, pymes y entidades sin ánimo de lucro, y que hasta el momento han conseguido impulsar casi un millón y medio de euros de inversión en este sector. 

En este aspecto es importante destacar las actuaciones del plan Renovagua, un proyecto para que 26 plantas de desalación y depuración, distribuidas por todo el territorio insular, se abastezcan de energías limpias con el objetivo de reducir en un 40% el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo, además de ahorrar dos millones de euros de la cantidad total destinada a desalar agua. Hemos destinado 1.270.000 euros a tres actuaciones que forman parte de Renovagua, que se está desarrollando con un presupuesto total de 18 millones de euros. 

La provisión de agua de manera barata y sostenible es imprescindible también para el desarrollo del sector primario y las políticas de soberanía alimentaria a las que destinamos 3,5 millones de euros. Estos cambios están ligados a recuperar, proteger e impulsar la actividad del sector primario en nuestra isla. La defensa y consumo del producto local garantiza la continuidad de nuestros agricultores y ganaderos, conservando el territorio que nos identifica y colaborando en la lucha decisiva contra el cambio climático. Nuestras acciones encuentran las inequívocas señales de que vamos en el camino correcto en el aumento de la superficie cultivada, en la consolidación de las empresas del sector o en la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería. 

Gran Canaria cuenta con un inmenso patrimonio histórico y cultural que no siempre ha recibido la atención debida y que puede y debe jugar un papel clave en el futuro, por alto valor estructural, vinculado al territorio y a los actores locales. Vamos a destinar más de tres millones y medio de euros a diversas actuaciones de restauración del Centro Atlántico de Arte Moderno, del edificio de la Orquesta Filarmónica y a la adquisición de obras del futuro Museo de Bellas Artes (MUBEA) de Gran Canaria, una reivindicación histórica que se hará realidad en este mandato. A través del área de Patrimonio Histórico, vamos a dedicar 2,5 millones de euros a la conservación de los caminos tradicionales, a la renovación de los centros de interpretación del Patrimonio Cultural, a la restauración de las salinas de Gran Canaria y a la restauración paisajística, embellecimiento y mantenimiento del Paisaje Cultural de Risco Caído y Las Montañas Sagradas de Gran Canaria, que además de ser insignia de nuestra cultura, también son atractivos turísticos de primer orden. 

Uno de los aspectos que en ocasiones se olvida es que la sostenibilidad no hace referencia únicamente a cuestiones de carácter medioambiental. Un modelo no puede ser sostenible con los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social que tiene Canarias y el Green New Deal es un plan para realizar una transición ecológica socialmente justa. Por ese motivo, vamos a destinar 9,5 millones de euros a la promoción de vivienda pública, proyectos de covivienda y rehabilitación de viviendas privadas. Es una inversión básica en un archipiélago que lleva una década sin construir vivienda pública. A esto se suman los 3,5 millones que destinaremos a la adquisición de recursos alojativos para mujeres y menores víctimas de violencia de género, por lo que la cantidad total movilizada para proveer de un alojamiento digno a las personas que lo necesitan alcanza los 13 millones de euros.

También nos vamos a volcar para ayudar a los ayuntamientos que van a ver seriamente mermados sus ingresos públicos, por lo que a través de la consejería de Cooperación Institucional destinaremos trece millones de euros a inversiones municipales, cinco de los cuales se destinan al proyecto “La Cumbre Vive” para la revitalización medioambiental, social y económica de las medianías y zonas altas de la isla, muy golpeadas por los incendios de los últimos años. Por supuesto, toda esta inversión tiene un objetivo transversal que es la generación de empleo, especialmente de empleo de calidad vinculado a nuevos sectores económicos, aunque el plan también contempla más de dos millones de euros para acciones específicamente vinculadas al empleo. 

Frente a algunas declaraciones  escuchadas en las últimas semanas que defienden el modelo de la construcción como la única salida de la crisis, desde el Cabildo de Gran Canaria planteamos un plan de inversiones que se alinea con las propuestas más innovadoras y que sitúa a la isla en una buena posición para encarar el que debe ser el futuro del desarrollo y que pasa por grandes planes públicos de inversión en sostenibilidad y derechos sociales. El importante descenso de los ingresos que estamos experimentando las administraciones públicas hace imprescindible que prioricemos y destinemos el dinero a aquellos sectores que permitan mejorar el nivel de vida de nuestra gente y la competitividad de nuestra economía garantizando así el futuro para las generaciones venideras

Para reactivar Gran Canaria

La pandemia del COVID 19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica que está dañando, como no había sucedido nunca en períodos de paz, al conjunto de la población de Gran Canaria, al tejido productivo y a sus instituciones. Es una realidad excepcional que reclama del Cabildo de Gran Canaria, hoy más que nunca, una actuación decidida y comprometida en favor de la ciudadanía a la que representamos. Es el momento de liderar, de arriesgar, de tomar decisiones, de comprometerse, de definir estrategias, de cambiar las reglas del juego… Es el momento de utilizar todos los recursos del Cabildo de Gran Canaria para ayudar a los hombres y mujeres de esta isla que están en dificultades y a las pequeñas y medianas empresas y autónomos que generan miles de empleos y una actividad económica esencial para nuestra isla.

La lucha por salvar las vidas de las personas y reducir los efectos del virus ha supuesto la paralización de la actividad económica y, en el caso de Gran Canaria, la práctica inmovilización del turismo lo que afecta decisivamente al resto de sectores productivos. La realidad es que el daño es generalizado y nuestra obligación es apoyar y trabajar con el conjunto de la población, especialmente con las personas y colectivos más vulnerables e indefensos. De plantear alternativas y soluciones.

Desde mediados de marzo este Cabildo fue consciente de la gravedad y extensión de los daños y puso en marcha unas primeras 33 medidas para atajarlo, con una aportación económica inicial superior a 140 millones de euros. Su aplicación inmediata está ofreciendo apoyo a las personas en situación de emergencia, a sectores económicos y profesionales grancanarios que se han quedado sin actividad y está colaborando en la reactivación económica, en cuanto las medidas sanitarias lo han permitido. Hemos contado con la colaboración de los ayuntamientos de la isla y de organizaciones no gubernamentales.

Con la experiencia de estas semanas consideramos necesario incrementar esas medidas en otras 16, todas de contenido social, para atender necesidades urgentes de las personas o colectivos a las que el Cabildo debe dar respuesta. Estas nuevas actuaciones sociales que hemos aprobado suponen un costo aproximado de 18 millones  que sumados al resto ya comprometido nos acerca a los 160 millones de euros en el conjunto de acciones que el Cabildo está realizando para reducir los daños causados por la COVID19.

Estas nuevas medidas sirven en algunos casos para complementar las anteriores, como el incremento de  4 millones de euros a la subvención a los ayuntamientos de la Isla para ayudas de emergencia social destinadas a familias en situación de vulnerabilidad o 3 millones extra para la promoción del producto local. También hay nuevas líneas de actuación para responder a las necesidades generadas por la actual situación, como dos centro de acogida temporal para unidades familiares con menores y para familias monomarentales, recursos para el apoyo escolar o ayudas para el empleo y la creación de empresas de inserción. 

Al mismo tiempo, esta misma semana el Cabildo de Gran Canaria cumplió con su compromiso de aprobar, concretar y presentar ante la sociedad grancanaria, un Programa de Inversiones por un total de 100 millones de euros que tiene como objetivo la recuperación social y económica de Gran Canaria. Este acuerdo, ya iniciado desde el mes de marzo, estaba comprometido en ese conjunto de medidas para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria. Hoy ofrecemos un Programa de Inversiones con proyectos elaborados, con localizaciones definidas y listas para iniciar los trámites de licitación. 

Estas inversiones tienen dos grandes objetivos, la generación de empleo directo e indirecto y la aportación de capital para que las empresas grancanarias que concursen y ejecuten estas obras retomen la actividad y generen un efecto en cadena de recuperación social y económica y que esta sirva para avanzar en la diversificación y la transición hacia la sostenibilidad del  modelo  de ecodesarrollo que defendemos.

Una de las prioridades del Programa de inversiones se dirige a sectores estratégicos que nos hacen avanzar hacia una Gran Canaria sostenible, hacia la ecoisla que tenemos como meta. Hay un peso decisivo en las inversiones medioambientales para la lucha contra incendios así como inversiones del proyecto “Renovagua” para la desalación y la depuración de agua basándose en energías renovables. En este sentido también destacan los 7 millones destinados a la instalación de energías fotovoltaicas en diversas instalaciones del Cabildo de Gran Canaria.   

Destinamos cerca de 3,5 millones de euros a la potenciación del sector primario a través de obras para la mejora de los sistemas de riego, depósitos y filtrado de aguas.  Asimismo destacan las inversiones para el tratamiento de residuos y la regeneración de nuestro paisaje. En este bloque debemos reseñar una partida específica de 5 millones de euros destinada al proyecto La Cumbre Vive de apoyo a los municipios de la cumbre y medianías de Gran Canaria. (En realidad son 13 millones en total si repasamos las inversiones de otras áreas. Para infraestructuras y equipamientos, para mejorar la calidad de vida de las personas que mantiene viva una parte importante de nuestros valores. Para activar su economía). 

Es evidente que gran parte de la reactivación económica de Gran Canaria pasa por la recuperación de la actividad turística. Es el momento para poner en marcha inversiones en infraestructuras turísticas con el fin de rescatar espacios colectivos que revaloricen a Gran Canaria como destino seguro y de calidad. Estas inversiones tienen un destino preferente en el Consorcio turístico compartido con San Bartolomé de Tirajana y se dirigen también a Las Palmas de Gran Canaria y Mogán como referencias de la oferta turística en nuestra isla. Serán más de 15 los millones dedicados a embellecimientos de zonas turísticas, mejoras de accesibilidad y diversas infraestructuras prioritarias. 

La economía de Gran Canaria tiene en las pequeñas y medianas empresas y en los empresarios autónomos un pilar fundamental. Además, son en gran medida los que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis. Esto justifica importantes inversiones en la dinamización industrial y comercial, con el impulso a las zonas comerciales abiertas y los polígonos industriales como dos referencias destacables. Este impulso también se extiende a la realización de proyectos de carreteras. 

Hace más de 10 años que la Comunidad Autónoma no invierte un euro en vivienda en Canarias. Por eso destinamos 9 millones de euros para diversas acciones de promoción de viviendas públicas, uno de los grandes déficits tanto de Canarias como de Gran Canaria. También destinamos 3,5 millones al área de igualdad para la adquisición de recursos alojativos para mujeres y menores víctimas de violencia de género.

La cultura tiene que ser otro de los pilares de la recuperación económica. El cierre de cines y salas de teatro así como la prohibición de eventos multitudinarios y otras medidas encaminadas a frenar la extensión del COVID han generado una paralización de las actividades. En primer lugar contamos con un plan cultural de emergencia para paliar los efectos del COVID-19 sobre el sector más otros 4 millones de inversiones en las diversas infraestructuras culturales con las que cuenta el Cabildo de Gran Canaria. A estos se suman más de 2 millones de euros para restauración paisajística y renovación de los centros de interpretación del patrimonio cultural así como del Paisaje Cultural de Risco Caído y Las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Y para la reforestación, la creación de nuevos centros para la protección de nuestra fauna, el impulso al puerto de Taliarte…

Estamos ante un catálogo de actuaciones que se destina a obras necesarias que tienen como objetivo mejorar la vida de las grancanarias y grancanarios. Son medidas que contribuyen a transformar Gran Canaria de manera estable y significativa transitando por el nuevo modelo económico que queremos para nuestra isla y que se construye poco a poco, con acciones concretas como las 177 que se incluyen en este Programa que ya está en marcha. En realidad, en estos momentos, y sumando estos cien millones de inversión, el Cabildo está en proceso de ejecución  en la isla de un conjunto de inversiones de más de 400 millones de euros.

Todas estas iniciativas, además, están disponibles en la página www.juntossaldremosdeesta.com para que toda la ciudadanía de Gran Canaria pueda consultarlas, porque la transparencia es uno de los compromisos del actual grupo de gobierno. Estamos definiendo el lema con el que lanzamos la primeras medidas hace mes y medio “juntos saldremos de esta”. Porque la única manera de salir de esta crisis será con la ayuda y colaboración de todos y todas, sin dejar a nadie atrás, y con una institución al frente que nació para liderar la defensa de la isla, para hacer posible un futuro mejor para la sociedad que la conforma

Discriminación fotovoltaica

La transformación de Gran Canaria, a través del modelo de ecodesarrollo que guía nuestro trabajo en el Cabildo de la isla, depende de que avancemos correcta y aceleradamente hacia la soberanía energética con la introducción de las energías limpias.

Hemos defendido siempre la necesidad de avanzar en un mix energético renovable sustentado en nuestras condiciones naturales (sol, viento, mar…)  y en el respeto al territorio y al paisaje. Por eso, estamos muy preocupados porque desde hace unos días anda circulando un borrador del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con las propuestas de distribución de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Canarias y cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER. Obviamente, se trata de un borrador consensuado con el Gobierno de Canarias (Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial).

La información ha levantado ampollas en los promotores fotovoltaicos y las administraciones públicas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.  Se trata de una distribución profundamente  injusta y parcial que provoca un desequilibrio importante entre los distintos territorios insulares. Distintas asociaciones han presentado, alarmadas, alegaciones a un borrador que ha preocupado gravemente a las administraciones públicas, promotores, instaladores y ciudadanía.

Por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria, además de contactar directamente con la Consejería del Gobierno de Canarias responsable de coordinar esta nueva distribución de potencia, ha formulado de manera inmediata un escrito de alegaciones. La primera de las reclamaciones que hacemos tiene que ver con el presupuesto de la convocatoria, que consideramos debe incrementarse hasta los 40 millones de euros en lugar de los 20 previstos. No se trata de una cifra arbitraria,  sino de la cantidad que se contemplaba en una convocatoria de similares características para Baleares, y parece evidente que Canarias, con una mayor demanda energética, merece como mínimo unas ayudas con un presupuesto similar al de Baleares.

Además de la escasez de fondos de la convocatoria, el problema más grave que presenta es que, en lugar de equilibrar la diferencia de potencia fotovoltaica actualmente instalada entre las diferentes islas, especialmente en Gran Canaria, profundiza en ese desequilibrio de manera alarmante. En el borrador figura un reparto de potencia insular que no se relaciona con las necesidades a cubrir para lograr la máxima penetración de renovables en el archipiélago. Así, por ejemplo, la isla de Tenerife prevé instalar 94 MW más de los que actualmente dispone frente a los 32 MW a instalar en Gran Canaria. Según el Anuario Energético de Canarias de 2018, la potencia fotovoltaica instalada en la isla de Tenerife es de 116,8 MW frente a los 41,5 MW de Gran Canaria, es decir, un diferencial de 181,45% a favor de la primera, al que hay que sumar el que ya existe en potencia eólica: un 20,93% más de eólica instalada en Tenerife que en Gran Canaria.

Sin embargo, la demanda de energía eléctrica en ambas islas es muy similar, por lo que la penetración de renovables debería seguir una evolución parecida, que no se está cumpliendo en estos momentos. Y hay que tener en cuenta que Gran Canaria está pendiente de la autorización administrativa para la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Almacenamiento e Hidrobombeo de Chira-Soria que, con una potencia de turbinado de 200 MW, permitirá incrementar la capacidad de penetración de energías renovables en Gran Canaria. A esto se suma la prevista interconexión con Fuerteventura y Lanzarote en un futuro, lo que supondrá un potencial muy alto de penetración de renovables para Gran Canaria a medio plazo.

Es decir, de no corregirse la convocatoria del IDAE, se profundizaría en la desigualdad de potencia energética fotovoltaica instalada entre las dos islas, a pesar de que la demanda energética de ambas es similar y de que Gran Canaria está dando los pasos necesarios para aumentar muy considerablemente la penetración de energías limpias en nuestra isla. Es más, desde nuestro punto de vista, esta convocatoria debería ir justamente en sentido contrario y contribuir a equilibrar el diferencial entre islas. Por ese motivo hemos propuesto un reparto alternativo de la potencia mínima instalable para que a Gran Canaria le correspondan  95 MW en lugar de los 32 que contempla el IDAE. De no atenderse nuestra reclamación, la diferencia de potencia instalada entre Tenerife y Gran Canaria aumentaría hasta el 186,8 %, algo absolutamente inaceptable.

Desde el Cabildo de Gran Canaria también hemos presentado alegaciones para aumentar el plazo de presentación de los proyectos de 2 a 6 meses, para que se incremente un 20% el presupuesto financiable unitario máximo por proyecto y así compensar los sobrecostes derivados de nuestra condición ultraperiférica así como otras medidas que tengan como objetivo favorecer la presencia de cooperativas y comunidades energéticas locales. En definitiva, hemos trabajado en una batería de propuestas que contribuirán a mejorar el borrador en el actual contexto de emergencia sanitaria, considerando nuestro hecho diferencial geográfico y corrigiendo desequilibrios que desde nuestro punto de vista impiden un abordaje equitativo de la transición energética de Canarias.

El cambio de modelo energético para transitar hacia uno basado en renovables es uno de los principales ejes sobre los que debe construirse la diversificación económica de las islas. Las energías limpias son, junto con el turismo, el sector en el que contamos con una mayor ventaja comparativa, además de ser crucial para reducir emisiones, la dependencia del exterior así como los costes energéticos (ya que son las energías más baratas) haciendo más competitivos y rentables a los sectores restantes. Además, un sistema energético distribuido con participación de cooperativas, particulares, pymes y entidades locales contribuiría a democratizar el sistema energético y a repartir de manera más equitativa sus beneficios. Por eso desde el Cabildo de Gran Canaria nos hemos volcado con las políticas de soberanía energética.

La fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y da calor durante todo el año, se ha convertido en la energía renovable más competitiva. La institución está en proceso de instalación de 5,34 MW de potencia fotovoltaica. Además, a través del Consejo Insular de la Energía, lanzamos un programa de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas con una partida de 150.000 euros con el objetivo de fomentar el autoconsumo y caminar hacia un nuevo modelo que permita alcanzar la máxima soberanía energética posible a través de las renovables. La cantidad a subvencionar en cada proyecto era de 1 euro por vatio instalado, con un límite de potencia de 3.000 vatios y hemos otorgado un gran protagonismo en las subvenciones a la figura del instalador de baja tensión como representante para la gestión. A día de hoy podemos decir que esta subvención ya ha contribuido a la instalación de, al menos, 600 paneles solares.

Los resultados de las subvenciones hasta ahora constituyen un éxito incontestable. En las dos primeras convocatorias se concedieron 218 subvenciones y en el poco tiempo que lleva la del 2020 se han concedido 10. Se han subvencionado 350 Kw y en total se han instalado 595 Kw. Se ha evitado la emisión de 702 toneladas de CO2 a la atmósfera. La inversión total que se ha logrado impulsar es de 1.407.000 €. Además hemos redoblado nuestra apuesta con una tercera convocatoria dotada con 200.000 € para el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas particulares y comunidades de vecinos así como el lanzamiento de la primera convocatoria de subvenciones por un montante de 150.000 € para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores y 10 millones de € de facturación) así como entidades sin ánimo de lucro. Estamos convencidos de que el autoconsumo  de las familias y las pymes debe ser un elemento fundamental en la implantación de las renovables. Favorece una auténtica democratización de la energía y permite utilizar miles de metros cuadrados de cubiertas que consiguen también generar menos impacto en el territorio y el paisaje.

Afortunadamente hoy la energía fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y dar calor durante todo el año, es la renovable más competitiva,

En una situación como la actual, con un parón turístico sobrevenido y por tiempo aún indefinido, las medidas para impulsar la transición energética así como una industria local para la fabricación, montaje y mantenimiento de insumos relacionados con las energías renovables, son absolutamente imprescindibles. También desde luego la formación de nuestros jóvenes en este nuevo reto profesional. Valoramos positivamente que tanto el Gobierno de Canarias como el de España estén comprometidos también con este objetivo, ya que esta alianza progresista puede acelerar el ritmo de implantación de las energías limpias. Por eso creo que es crucial que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Gobierno de Canarias atiendan nuestras justas reivindicaciones y contribuyan a un desarrollo energético en Canarias equilibrado entre islas y adaptado a nuestro hecho diferencial.

Mayores, pobreza, desigualdad y derechos sociales

Hace unas semanas reflexionaba en mi artículo semanal sobre el drama que se ha vivido durante esta pandemia en las residencias de mayores en toda España. Se calcula que han muerto más de 15.000 personas en estos centros. Los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 67 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Y eso que no tenemos los datos completos dada la imposibilidad de realizar pruebas a todas las personas fallecidas por lo que podemos suponer que el número puede ser incluso mayor.

El virus está produciendo un daño superior en la población mayor de 60 años, pero también es consecuencia de una escasez en toda España de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. De centros públicos y de recursos suficientes para la dependencia, la atención domiciliaria, los centros de día… Según los datos del IMSERSO el 75%  de las residencias de mayores que hay en España son privadas. Muchas de ellas están en manos de fondos buitres. Hay más de 4.000 centros privados, frente a unos 1.400 públicos. Esta misma semana el diario “Público” informaba de que los trece mayores grupos de residencias de mayores de España están controlados por fondos de inversión (algunos con sede en paraísos fiscales como Jersey), multimillonarios y empresarios implicados en el caso Gúrtel. Todos ellos alrededor de un negocio que mueve más de 4.500 millones de euros al año y que tiene un ritmo de crecimiento de casi un 4% anual. Madrid, Aragón y Asturias son las comunidades con más plazas privadas que públicas. En Canarias el porcentaje es también alto, sobre todo en Tenerife: en un informe reciente CanariasAhora.es apuntaba que Tenerife dispone de 63 residencias (el 92% privadas) y Gran Canaria 38 (el 42,1% privadas).

Es una muestra de las políticas económicas neoliberales de las últimas dos décadas que han ido desmantelando paulatinamente el Estado del Bienestar y despojándonos de derechos sociales a través de privatizaciones para el lucro de fondos de inversión, multinacionales y grandes empresas. Si el impacto social de la crisis generada por la pandemia del coronavirus está siendo tan fuerte (Cáritas lleva semanas llamando la atención sobre el aumento de las demandas de peticiones de ayudas en sus oficinas) es por la situación de precariedad, desigualdad y pobreza que vivimos, incrementada por las políticas del Gobierno del Partido Popular durante la crisis que empezó en 2008 y duró hasta 2015 aproximadamente.

Para el neoliberalismo el Estado del Bienestar es un lujo inaceptable que alimenta a los ociosos y desincentiva a la iniciativa emprendedora. Entienden la democracia como un instrumento para favorecer la iniciativa privada y nunca como un elemento corrector de las desigualdades, que es un fenómeno natural. Friedman, refiriéndose a Pinochet en Chile, decía  que prefería una dictadura liberal a una democracia social. La justicia social, según Hayek, anula la responsabilidad personal, eleva el poder del Gobierno sobre los ciudadanos y limita sus libertades.

A finales del año pasado se publicó el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en el archipiélago elaborado por la Fundación Foessa y publicado por Cáritas.  Revelaba que en Canarias el 29% de la población está en situación de exclusión social. Otro informe, también de 2019, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) establecía que el 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir un total de 773.422 personas. Pese a estos datos el gasto en protección social en Canarias es inferior a la media española, ya que gastamos 2.714 euros por persona y año frente a los 3.214 euros, que se destinan en el resto del Estado.

Pero en perspectiva comparada, la situación es aún más grave si cabe, ya que somos la única comunidad autónoma donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos 5 años. Desde el 2013 a 2018  ha pasado del 28,6% al 29%. Pero es que además  la mayoría de la población  coincide en  que “los pobres son cada vez más pobres”. Hay 330.000 personas en situación de exclusión social severa que han pasado de representar un 10,7% de la población canaria en el año 2013 a un 15,7% en el año 2018, porcentaje muy superior al del conjunto de España y al resto de las comunidades autónomas.

Si nos fijamos en los ámbitos en los que más dificultades encuentran las personas que están en riesgo de pobreza severa el informe destaca la vivienda, el empleo y la salud, justamente tres ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, especialmente si contemplamos la estrecha relación existente entre educación y empleo. En nuestras islas la imposibilidad de acceder a una vivienda ocupa el primer lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en desventaja social. El 68,1% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación. Parece evidente que los 10 años que lleva Canarias sin construir una sola vivienda pública tienen bastante que ver con las dificultades de acceso a este bien básico.

Si nos fijamos en el empleo vemos que no se trata tan solo de un problema de paro, ya que aparte de los problemas para la integración laboral, el 20,4% de las personas que trabajan está en situación de pobreza  en Canarias, por lo que tener un empleo ya no es sinónimo de salir de la pobreza, consecuencia de las políticas de desregulación del mercado laboral y desprotección de los trabajadores. Por último nos encontramos con las afecciones a la salud ya que por ejemplo el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

Si esta era la situación antes de la pandemia, después de un lustro de crecimiento moderado en el que tanto España como Europa se estaban recuperando de los efectos de la crisis económica de 2008, no es difícil imaginar la terrible situación que nos podemos encontrar tras la crisis del COVID que ha paralizado completamente por tiempo aún desconocido el sector que produce el 35% del PIB de las islas y proporciona el 40% del empleo. La exclusión y la desigualdad tienen efectos muy graves sobre la cohesión de las sociedades y si no hay un plan de actuación ambicioso, rápido y decidido las consecuencias de la actual situación son imprevisibles y la desafección ciudadana con la política y la democracia puede ser irreversible.

Como he repetido en varias ocasiones últimamente, no podemos volver a cometer los errores de 2008. Ni Europa, ni por supuesto Canarias pueden encarar otra década de recortes en el estado del bienestar y de políticas de austeridad. Más bien al contrario, además de los planes de reactivación económica que se están elaborando y en los que tenemos que trabajar de manera conjunta todas las instituciones y la sociedad civil, urge igualmente en Canarias un plan de recuperación y ampliación de derechos sociales que se sustente en los tres ejes que marcan nuestra exclusión y sobre los que pivota la cohesión social: el acceso a una vivienda digna, la sanidad y salud públicas (incluyendo políticas preventivas de fomento de alimentación saludable y ejercicio físico y la dimensión sociosanitaria de atención a mayores y dependientes) y la educación pública, que además de un garante de cohesión y futuro tiene una incidencia determinante en el acceso al empleo.

Estamos asistiendo y vamos a asistir a los mayores programas de intervención estatal en la economía en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. A la espera del acuerdo que se adopte en la UE es evidente que la actual crisis va a cambiar, aunque sea transitoriamente, el papel que el Estado ha venido desempeñando en la economía. Prácticamente nadie discute la necesidad de planes de estímulo públicos, lo que se discute ahora es su dimensión y a qué sectores deberían ir dirigidos. Con todas las cautelas, podemos afirmar que esta crisis ha creado la oportunidad propicia para avanzar hacia un “nuevo acuerdo verde” de inversión pública para garantizar una transición ecológica socialmente justa.

Canarias se encuentra ante un punto de inflexión y, de no actuar en la dirección correcta y con la intensidad requerida, la degeneración de la situación social y económica nos va a situar ante un escenario de consecuencias graves e imprevisibles. En Gran Canaria tenemos una dirección y un compromiso indiscutibles, los recursos del Cabildo de Gran Canaria, todos, incluidos los remanentes y el endeudamiento, tenemos que destinarlos a mejorar estas condiciones sociales. Pensamos que los servicios públicos son una garantía de bienestar y de progreso y no un gasto insostenible. Es posible mantenerlos con un gran compromiso de quienes más tienen y de las administraciones públicas. Estoy convencido de que el futuro de las islas pasa por un modelo de desarrollo sostenible integral que contemple como objetivo estratégico la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que eso solo puede hacerse con inversión pública para la mejora y ampliación de nuestro modelo de bienestar, a partir de un gran consenso del conjunto de la sociedad.