La lucha del salmón por llegar

El salmón -un pez marino y de agua dulce- libra una lucha brutal desde el  momento en  que comienza a migrar desde el océano, en el que ha estado entre 1 y 4 años, remontando el río en el que nació hasta la parte más alta donde se produce el desove. Cada salmón inicia su andadura en las mejores condiciones físicas. Utiliza toda su energía para combatir los rigores físicos de un viaje agotador que le obliga, en la mayoría de ocasiones, a nadar cientos de kilómetros río arriba y contra las corrientes, las cascadas  y los rápidos, saltando hasta por encima de  los  4 metros. En esta batalla por conseguir su objetivo se encuentra en el camino con depredadores especializados, atentos a despedazar la presa antes de que alcance la meta. Osos, águilas calvas, nutrias, focas, leones marinos y los pescadores, hacen todo lo posible por impedir, tanto de día como de noche, esta llegada, intentando dar caza a un pez que emplea toda su energía para remontar la corriente y que termina exhausto, sin un momento de sosiego, sorteando todos los obstáculos que se cruzan a su paso.

Muchas veces me viene a la cabeza y reflexiono sobre la idea de que gestionar los intereses de Gran Canaria, desde el gobierno de la isla, desde el Cabildo, se vuelve una travesía difícil. Que luchar contra corriente y contra tantos intereses cruzados, con el esfuerzo que eso supone, se asemeja bastante al trabajo titánico de los salmones por remontar el río para frezar, sorteando a tantos depredadores.

Ha sido así desde que un gobierno progresista, conformado por tres fuerzas políticas de izquierdas, tomara las riendas de la institución insular en 2015. Llegamos con una enorme ilusión para poder avanzar en un modelo de desarrollo ecosocial, con el objetivo de buscar fórmulas para la diversificación económica de nuestra isla y romper con las enormes tasas de desigualdad y pobreza arraigadas en nuestra sociedad. Llegamos con alternativas reales para las soberanías energética, hídrica y alimentaria, para las economías verde, azul y circular, para la investigación y el conocimiento, para la movilidad sostenible, para un turismo sostenible y digital, para reforestar nuestras cumbres, para luchar contra el cambio climático, para hacer posible una sociedad más justa e igualitaria. También para denunciar las prácticas insularistas perversas instaladas en el Gobierno Autonómico y los partidos que lo sustentaban y lideradas por ATI-CC. Plantamos cara al gas como alternativa energética, frenamos el intento de meternos con calzador el gas ciudad, denunciamos las ya mencionadas prácticas insularistas discriminatorias y peleamos por un trato en las inversiones justo e igualitario, luchamos contra la distribución del FDCAN con la fórmula de la triple paridad, nos opusimos con uñas y dientes a la Ley del Suelo que se nos quería imponer… 

Para qué fue aquello. Bajo la batuta de Fernando Clavijo, se desató una batalla campal en contra del Gobierno de la isla y la imagen de su presidente. Se organizó y financió a una acorazada mediática que se batió el cobre en montar campañas difamatorias con decenas de titulares fuertemente agresivos y sustentados en la manipulación, en ningunear la gestión realizada, en presentar denuncias con testaferros ante la fiscalía y, por cierto, con ningún resultado favorable para sus intenciones y se trató de utilizar a la Audiencia de Cuentas para conseguir informes que luego intentarían manipular. Se presionó hasta el infinito –lo que no quiere decir que muchos de ellos no lo hicieran a gusto- a círculos y organizaciones empresariales para que atacaran al Cabildo y a su presidente en manifestaciones públicas y actos institucionales. Algunos empresarios tenían que hablar mal del Cabildo si querían acceder a alguna ayuda o a desarrollar algún proyecto. En definitiva, según ellos, la isla estaba paralizada, no habían proyectos para avanzar, Tenerife iba por delante en todo y tenía las ideas muy claras…

Fernando Clavijo y ATI-CC, consiguieron montar un frente mediático empresarial de primer orden para obstaculizar, ocultar y tergiversar nuestra acción de gobierno y para hacer un enorme daño personal a algunos de sus miembros. Hicieron mucho daño, pero no consiguieron el objetivo de impedir que la ciudadanía devolviera la confianza y volviera a votar mayoritariamente a la constitución de un nuevo gobierno de progreso para la isla en 2019.

Tampoco consiguieron amilanarnos. Como dijo Barak Obama hace algunos años, en una entrevista en la Ser, “los gobiernos son, como yo suelo decir, buques trasatlánticos, no lanchas motoras. Mover la maquinaria del estado hacia una dirección mejor, requiere un esfuerzo enorme. En las democracias hay muchas presiones para frenar, hay grupos de interés que hacen lo que pueden para que las cosas no cambien. Es más fácil parar algo que poner algo en marcha”.

Actualmente nos encontramos en el ecuador de un nuevo mandato en el que hemos coincidido gobiernos progresistas en las diversas instituciones y se han calmado los poderes mediáticos-empresariales, que hacían de altavoz del poder político. Pero ahora el ruido y los ataques selectivos provienen de sectores más minoritarios  aunque con el mismo tesón, ardor y tono de aquellos. Y con las mismas mañas. El gobierno tripartito del Cabildo de Gran Canaria es un gobierno plural con representación de un amplio número de corrientes y visiones dentro de la izquierda, siempre  abierto y dispuesto a dialogar con la sociedad civil, por convencimiento y porque ello nos permite hacer mejores políticas públicas. Por eso duele ver como algunos de estos grupos utilizan estrategias de la derecha más reaccionaria (descalificaciones, bulos, mentiras e incluso “trolls” en redes sociales) para atacar a un gobierno de izquierdas.

Me refiero a sectores minoritarios del independentismo -que no entienden que el soberanismo no es posible si no tenemos garantizada la producción endógena de energía, agua o alimentación-, o a intelectuales de larga trayectoria pero anclados en una teorización utópica, paralizante y poco realista con las posibilidades de cambio que se abren desde la acción de un gobierno progresista. También, y esto es lo  más grave, me parece, con “neo-opositores” de las energías renovables, que piden su paralización (moratoria) a pesar de que hasta hace muy poco peleaban  por un nuevo modelo energético y con los que hemos compartido muchas reivindicaciones. Es evidente que en muchos casos la transición energética no se está haciendo de la manera que los progresistas consideraríamos idónea, pero estamos ante una situación de emergencia ante la que es necesario que nos adaptemos para poder intervenir en un mercado cuyas normas vienen impuestas por instituciones supranacionales. En ocasiones incluso abundan entre estos grupos actitudes antipolíticas, rechazando la interlocución y la legitimidad de los partidos e instituciones, lo que les impide convertirse en actores de los profundos cambios sociales que se están produciendo.

De esta manera ni siquiera son capaces de reconocer algunos de los logros incontestables de este gobierno, que son también logros de la mayoría social de Gran Canaria que nos presta su apoyo y de la isla en general. Si conseguimos un hito histórico como la Declaración de Patrimonio Mundial para Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria y ponemos en marcha un Instituto para su gestión, con el apoyo de todas las instituciones, nos atacan porque no lo hacemos con una Fundación. Si estamos, como nunca se había hecho, avanzando en el autoconsumo, la producción pública de energía limpia, – aunque algunos de ellos dicen que no son limpias-, el almacenamiento de las renovables y la producción de agua para luchar contra la desertificación de la isla y garantizar la agricultura de la cumbre con el Salto de Chira, ahora hay que pararlo todo hasta que no se ponga fin al sistema capitalista y al consumismo y hasta que los medios de producción de energía sean públicos. Y así podría seguir poniendo muchos ejemplos de críticas que parecen más destinadas a justificar una animadversión previa que a generar el necesario debate público en los sistemas democráticos.

Para explicar todo esto, pienso como Pepe Mujica, el expresidente uruguayo y referente de la izquierda mundial:  “La política es elegir decisiones y elegir decisiones que pueden favorecer a uno y perjudicar a otro. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas infinitas; que la burocracia tiene vida propia; que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias (…) Si algo tengo que criticarle a mi izquierda es el renunciar al uso sistemático del sentido común. (…) Este es el problema que tiene la política: la política está reaccionando con fotos, lo de hoy; y hay una resistencia a mirar adelante, a intentar adivinar cómo va a ser el futuro”.  

Pepe Mujica deja siempre clara su voluntad de implicarse realmente para solucionar los problemas: “Estoy luchando por ideales. Macanudo. Pero no puedo sacrificar el bienestar de la gente por ideales. La vida es muy corta”. Y va más allá: aboga por una idea-fuerza – el poder de la gestión- que atraviesa su pensamiento, sobre todo tras su experiencia en el gobierno de Uruguay:  “Al final de mi vida estoy descubriendo que el poder es la gestión. Quien se plantea el poder tiene que aprender el duro oficio y el compromiso de la gestión”.

En fin, termino como empecé. Se hace muy dura la batalla al salmón por llegar a frezar. Pero a pesar del esfuerzo y de los depredadores que encuentra en su camino, termina llegando. Exhausto, pero termina consiguiendo su objetivo.

Tiempo de compromiso, diálogo y solidaridad

Tenemos la necesidad de que la situación sanitaria, la social y la económica mejoren y que estos últimos 18 meses de pandemia dejen progresivamente paso a la recuperación de derechos, de empleo, de ingresos, de actividad económica  y de expectativas de futuro. El verano nos ha dejado signos de esperanza y aunque no sean señales definitivas nos animan a afrontar los próximos meses con la energía y la confianza necesarias para mirar de frente a la normalidad que anhelamos.

Estos momentos convulsos generan también conflictos sociales y laborales  -provocados por la desigualdad, la pobreza, el desempleo o la desesperanza- sobre los que tenemos que reflexionar y aprender para evitar que se generalicen y que lastren la mejoría que empieza a percibirse. De esta crisis tenemos que salir de manera distinta a la de 2010. Las familias empobrecidas, las  trabajadoras y trabajadores y las pequeñas y medianas empresas no pueden verse abocadas a quedarse en una trinchera de impotencia y exclusión.

Se acumulan datos que debemos analizar sin euforia y a la vez sin la irritación lógica que los efectos de la pandemia ha creado en gran parte de nuestra población. Y de estas reflexiones debemos sacar enseñanzas prácticas como sociedad madura que somos. Las administraciones públicas tenemos que seguir comprometidas  en aportar colaboración a los sectores más afectados y en dinamizar la economía. Y al mismo tiempo valorar y animar el esfuerzo continuo que realiza toda la sociedad para salir de este enorme hoyo. Por eso, mi reflexión de hoy trata de descubrir las señales positivas y los avisos o señales de alarma en los que tenemos que fijarnos para salir juntos y cuanto antes de esta situación.

Una primera constatación es que en pocas semanas hemos pasado de los negros nubarrones de julio, donde teníamos en Canarias los indicadores de contagios rondando el millar y con ellos los niveles de alerta sanitaria máximos, a una situación de control de la pandemia que está permitiendo reducir restricciones y aumentar la actividad turística, comercial, educativa y social como hacía meses no veíamos.

Sería irresponsable proclamar que la batalla está ganada. Al contrario, la gran enseñanza es que estos datos son  la expresión de una sociedad responsable, que en su mayoría se está comportando con civismo y que ha comprobado que la recuperación pasa por una acción concertada entre profesionales sanitarios, administraciones públicas coordinadas y con un mensaje común y una ciudadanía que ha comprendido que sin control del virus, no hay recuperación de la normalidad.

Desde esta seguridad constatamos algunos datos que se han confirmado en los últimos dos meses, que muestran una tendencia que apreciamos positiva y que están relacionados entre sí: los niveles de vacunación han superado el 80% de la población y los efectos en los contagios y en la gravedad de los ingresos han reducido los niveles de alerta. Estos datos están generando confianza en el mercado turístico y los datos de ocupación, de apertura de centros alojativos y de desplazamientos superan en un 60% los alcanzados en agosto de 2020. Como consecuencia de esta reactivación, el mes pasado salieron del paro casi 20.000 personas. La actividad escolar se ha iniciado con un porcentaje muy alto de presencialidad en todos los niveles, favoreciendo la normalización de la actividad laboral y social de muchas familias y el efecto integrador en cientos de miles de menores y jóvenes que han vivido con mucha tensión este tiempo de confinamiento.

Pero no debemos engañarnos ni generar un falso espejismo. La marea empieza a bajar pero los daños de este temporal son visibles y duraderos. Junto a los datos positivos, nos golpean las cifras de personas que están en pobreza severa en Canarias, más de 350.000. El número de mujeres y hombres que continúan en paro, a pesar de la disminución de agosto, es altísimo  y todavía no hemos recuperado los niveles anteriores a la pandemia. La cantidad de jóvenes menores de 35 años que no pueden acceder al alquiler de una vivienda para iniciar su emancipación supera el 60% del total de esas edades. El número de autónomos que no han podido reiniciar su actividad o de pequeñas y medianas empresas que no han podido reabrir son señales de una normalidad no recuperada.

El optimismo realista o la determinación solidaria podrían ser las  claves o los lemas para este tiempo que debemos abordar. Canarias y Gran Canaria no pueden retroceder en derechos sociales, en actividad económica, ni en desarrollo sostenible. Pero hay dos maneras de llevarlo a la práctica, la conservadora que recorta prestaciones, suprime ERTES, elimina ayudas para alimentación, vivienda o becas de estudio. O la que intentamos mantener desde el Cabildo de Gran Canaria y desde los gobiernos progresistas que consiste en mantener la inversión pública como motor de la economía, favorecer planes de empleo para reincorporar a quienes lo han perdido como consecuencia del parón de la economía e impulsar sectores que generen valor añadido y diversificación económica, como el de la economía azul, el de las renovables, el turismo sostenible, la economía circular o la innovación e investigación.

En este panorama contradictorio, la huelga que ha convocado el personal de handling en el aeropuerto de Gran Canaria, perteneciente a la empresa Groundforce, denunciando las condiciones de trabajo que sufren después de la pandemia, tiene que servirnos de aviso  de un clima que no vale para salir de la crisis. La estabilización económica de las empresas no puede hacerse a costa de sobrecargar los horarios de unas plantillas insuficientes. Las consecuencias de una huelga  tienen que evitar, en lo posible, el deterioro de la imagen de la isla como destino turístico preferente.

Tenemos que afrontar un tiempo de concertación social, donde los trabajadores y trabajadoras de Canarias  no pierdan su capacidad salarial, porque parten ya de los niveles más bajos del estado. Me sorprende y me duele que estas condiciones laborales hayan incidido especialmente en nuestro aeropuerto. La negociación, la responsabilidad y la redistribución de beneficios tienen que ser actitudes de todos los sectores para este difícil tiempo de recuperación. 

Somos conscientes de que tenemos que colaborar en el reflotamiento de la actividad empresarial como agente fundamental de la actividad económica y del empleo. Pero esta activación tiene que hacerse colaborando en la reducción de las desigualdades y la precariedad que han aumentado con la paralización económica durante la pandemia.

No se pueden utilizar fraudulentamente los ERTE. No se puede hacer una oposición frontal al aumento del Salario Mínimo Interprofesional. No se pueden forzar las ganancias multimillonarias del oligopolio energético incrementando la pobreza energética, aumentando la inflación del país y por tanto los precios del transporte o de los alimentos, disminuyendo su capacidad de recuperación económica y chantajeando al Gobierno con cerrar las plantas nucleares cuando toma medidas para controlar estas maniobras especulativas. Sin duda todo esto supone una amenaza seria  a una recuperación serena, fiable, solidaria.   

En esta reflexión  trato de describir las sinergias positivas que se están generando, pero si no se controlan estas situaciones injustas que profundizan en la desigualdad social, el optimismo en la recuperación y la normalización será un engaño para las personas y los colectivos más vulnerables. No podemos repetir los errores de la anterior  crisis económica, que abrió abismos de desigualdades en la sociedad.

Las eléctricas y el fraude sistémico

Las crisis política y social que se vive en estos momentos en el estado español a causa del desorbitado aumento del precio de la electricidad no se da por primera vez. Es recurrente. Cada cierto tiempo el precio de la luz sufre una subida brutal y a continuación se producen la polémica airada entre el partido de turno en el Gobierno y la oposición, el cabreo de la ciudadanía y los debates en los medios de comunicación. Siempre igual. Pasados unos meses todo el mundo pasa página, se ponen sobre el tapete otros asuntos, se cambia de tema, se aparcan las alternativas planteadas  y las eléctricas vuelven a las ganancias altísimas y especulativas.

No siempre los trucos empleados para propiciar el alza de los precios son los mismos, aunque detrás aparece siempre el mercado marginalista, un sistema diseñado por el lobbie energético europeo, y refrendado por la Unión Europea a finales de los noventa, que les garantiza que en cada subasta diaria se cobre el total de la energía producida al precio de la más cara que se haya utilizado. Es como si usted comprara diez kilos de jamón cocido (renovables o hidráulica) y 100 gramos de jamón ibérico de bellota (gas y petróleo)  y se le cobrara todo al precio de este último. Es un modelo diseñado para maximizar las ganancias, para propiciar dividendos millonarios a costa de los consumidores. Inicialmente se intentó enmascarar al mercado marginalista  con el argumento  de que  las más baratas desplazarían a las más costosas, pero la realidad es que solo se ha conseguido afianzar un modelo especulativo escandaloso. Y para justificar el desaguisado culparon primero a las renovables porque se producía un exceso subvencionado, luego a la falta  de viento y por tanto a la escasez de la eólica, después al mercado de derechos de emisión de CO2  y ahora al alza del precio del gas, sí del gas, ese que nos querían introducir en Canarias de cualquier manera. Pero claro, al tiempo nos enteramos de que –como están haciendo ahora- vacían pantanos para no producir hidráulica, paran la producción de la energía nuclear y la renovable, se ponen de acuerdo para pactar los precios y un largo etcétera de trampas confirmadas y sancionadas en muchas ocasiones por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que en realidad, en la mayoría de las ocasiones es como si le hicieran cosquillitas. Las ridículas  multas que soportan, en comparación con los escandalosos beneficios que obtienen, apenas significan nada ante sus cuentas de resultados anuales: miles de millones, mientras el país sufre datos escalofriantes de pobreza energética, aumenta la inflación y disminuye la capacidad de recuperación económica.

Caben mil alternativas para frenar esta dictadura de los mercados eléctricos, este sistema viciado. Desde luego no se consigue pidiéndole empatía social a las eléctricas. Para mí, sin duda, la más importante es la de la democratización de la energía. Parques eólicos y fotovoltaicos en manos públicas, pymes, cooperativas, pequeños inversores, comunidades energéticas, etc. Y autoconsumo. El Cabildo de Gran Canaria impulsa en estos momentos parques públicos de eólica y fotovoltaica (más de 40 MW), comunidades energéticas industriales, rurales y urbanas, autoconsumo para depurar y desalar, para sus edificios, para la agricultura y la ganadería… Y la “Revolución de las azoteas”, un proyecto para concienciar, animar y financiar la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas y pymes de la isla. Es la mejor manera de plantar cara al oligopolio energético, a la concentración de inversiones,  al abuso de las eléctricas, al cambio climático … Recuerden cómo se resistieron las eléctricas a la implantación de renovables (que ahora pretenden copar), recuerden el “impuesto al sol” del PP y las campañas difamatorias, recuerden cómo se resistieron a perder la Tarifa de Último Recurso (TUR)…

Y caben más cosas, claro. Desde luego, lo primero sería romper con el mercado marginalista, pero se me antoja harto difícil que se pueda conseguir, ante el enorme control que las eléctricas ejercen sobre el poder político en Europa (y en España existen vergonzosos ejemplos). Un lobbie brutal del que participan ex presidentes de países europeos, ex ministros, ex comisarios, etc…

Cabría también la posibilidad de avanzar en una propuesta de impuestos especiales que no se pudieran derivar al consumidor y realizar una intervención directa en las tarifas tal y como permite la UE en caso de desprotección de los consumidores vulnerables. Y exigirles de manera inmediata la devolución de los miles de millones que se han quedado tras recibir, a finales de los noventa, millonarias ayudas del Estado -12.000 millones de euros- para hacer frente a los  Costes de Transición a la Competencia, con la obligación de reintegrarlos a las arcas públicas, cosa que no han hecho. En teoría se les reforzó económicamente para, ante las privatizaciones, hacer frente  a la posible entrada de empresas extranjeras en el mercado español.

También sacar a la hidráulica y la nuclear de la subasta diaria, excluirlas del pool, y eliminar así, de un plumazo lo que se conoce como “beneficios caídos del cielo” (windfall profit). Se trataría de desterrar del sistema esas ganancias perversas que se obtienen al pagar al precio de gas los costes bajísimos de la hidráulica o la nuclear. Se frenaría también el mercado especulativo de los costes de emisiones de CO2 que no se producen con esta obtención de energía. Para esto sería efectiva la creación de una empresa pública de electricidad, aunque apenas podría hacer nada con la gestión directa de las hidráulicas hasta 2030. No se olviden de que fueron los gobiernos del PSOE (con las nucleares) y del PP (con las hidráulicas) los que extendieron “gratis total” su concesión (en el caso de algunas hidráulicas a 75 años). Sería también necesario agilizar la tramitación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Y por último, lo que me parece más importante, hacer todo lo posible por recuperar, por nacionalizar, un sector estratégico para el país como es el de la energía, que antes era pública y que el neoliberalismo -instalado en el capitalismo más voraz y en las políticas neoconservadoras- junto a  la socialdemocracia liberal, obligó a privatizar en el conjunto del continente europeo (y en otros lugares del mundo). Alemania, Italia, Francia, Austria, Suecia o Finlandia siguen teniendo eléctricas públicas importantes y solventes. Desde luego, no creo que crear una empresa pública de electricidad, como ha propuesto Podemos y que tantas ampollas está produciendo, sea la solución definitiva a las consecuencias perversas del sistema marginalista. El que se ponga al país en un brete cada cierto tiempo, requiere mayor contundencia.

Las privatizaciones y la falta de control, y cuando no la complicidad con el oligopolio energético, está en el origen de todo. A principios de los noventa Felipe González empezó a abrir la posibilidad de incorporar capital privado a las empresas públicas y comenzó a trasladar la idea de que estas empresas en manos del Estado eran como “tener un elefante en el salón de una casa”. Aprobó la “Ley de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas” que propició 70 operaciones de venta de acciones públicas en empresas como Enagás, Astican, Seat o Campsa  Pero fue Aznar el que empezó en 1996 con el proceso real de las privatizaciones. Según el Tribunal de Cuentas, con “actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos”. No podía ser menos que Reagan, Margaret Thatcher o Bush y entró a saco poniendo en marcha el “Programa de Modernización del Sector Público Empresarial” y un Consejo Consultivo de Privatizaciones para malvender, como reconocieron los propios organismos reguladores, un patrimonio extraordinario. Así entregaron a la especulación casi todo el patrimonio público: Endesa, Trasmediterránea, Elcano, Santa Bárbara, Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Industrial, Aceralia, Repsol, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial), Indra, Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Telefónica, Retevisión, Aldeasa y tropecientas más. Según el profesor Joaquín Vergés –que ha estudiado muy bien todo el proceso- el promedio de resultados positivos de las empresas vendidas era de 4.057 millones de euros y el promedio de empresas con resultado negativo de 765 millones.  Más tarde vendrían las cajas de ahorros,  AENA, Loterías…Desde mediados de los 80 hasta el final de los 90 se privatizaron más de 130 empresas públicas que ingresaron en las cuentas del Estado más de 50.000 millones de euros que se han volatilizado (pero esa es otra historia).

Los propios organismos reguladores llegaron a recriminar al Gobierno la poca transparencia de las operaciones y lo precipitado de las decisiones. Y tenían razón ya que, en vez de producirse la anunciada liberalización, se dio paso –mientras se despedían trabajadores a mansalva- a oligopolios ligados al gas, la electricidad, el petróleo o las comunicaciones de la mano de personas cercanas al entonces presidente Aznar o a su ministro Rodrigo Rato (Villalonga, Alierta, Pizarro, Francisco González…). También González, Aznar y numerosos ex ministros o secretarios de estado pasaron a sentarse en los consejos de administración de las empresas malvendidas. Estas empresas tienen hoy día unas ganancias multimillonarias y de ser públicas contribuirían sin duda a paliar el déficit y a garantizar las prestaciones básicas del Estado de bienestar que demanda la ciudadanía. Algunas de ellas (como Endesa o parte de Repsol) han pasado a manos de otras naciones que toman decisiones sobre sectores estratégicos españoles.

El 19 de mayo de 2008 los líderes europeos Jacques Delors, Jacques Santer, Helmut Schmidt, Michel Rocard, Massimo D’Alema y otros socialdemócratas del continente dirigían una carta al presidente de la Comisión Europea que empezaba con un grito desesperado: “Los mercados financieros no nos pueden gobernar”. No ha servido de mucho. Incluso los socialdemócratas europeos han terminado claudicando. Como apunta Jean Ziegler (Los nuevos amos del mundo. Destino) el mercado está desalojando a la política de las instituciones y “ la privatización del mundo debilita la capacidad normativa de los estados. Pone bajo tutela a los parlamentos y a los gobiernos. Vacía de contenido a la mayoría de las elecciones y a casi todas las votaciones populares”. El sistema energético europeo está perfectamente anclado y coordinado con el sistema político. No me cabe la menor duda.

Para Sharon Beder , autora del libro “Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo” (Fondo de Cultura Económica), ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha obtenido los beneficios esperados: “los precios se incrementan, los servicios se vuelven menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se pierden miles de empleos”. Según esta investigadora australiana y profesora universitaria de Ciencia, Tecnología y Sociedad “la privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado”. Y es que las privatizaciones en España huelen tremendamente a podrido. Y de aquellos polvos estos lodos, que huelen muy mal, que apestan.

Preocupante neonegacionismo «verde»

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) -el organismo de la ONU responsable de evaluar el estado del conocimiento sobre el cambio climático, sus causas e impactos- publicó, el pasado 9 de agosto, la primera de las tres partes de su nuevo informe de evaluación, dedicado a la evidencia científica de la relación entre las emisiones humanas y el clima extremo. Las conclusiones clave del informe las resume muy bien Greenpeace: nuestro sistema climático está cambiando rápidamente y sin duda es debido a la actividad humana; los cambios son de una naturaleza sin precedentes en toda la historia de la humanidad y algunos de ellos ya son irreversibles. Nuestra huella ya está en todas partes y hemos dejado un legado que durará cientos y miles de años, con el derretimiento de la capa de hielo en los polos, el aumento del nivel del mar y cambios en los océanos. Estamos haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más extremos y más frecuentes y, sin embargo, esto es solo el comienzo si seguimos sumando carbono a la atmósfera. Cada tonelada de carbono añadida está empeorando la situación. La temperatura en la tierra podría aumentar cuatro grados poniendo en riesgo la vida en el planeta tal y como la conocemos, poniendo en riesgo a la humanidad.

También la coincidencia sobre la interpretación acerca de las medidas a adoptar para revertir algunas de las consecuencias son unánimes en el mundo científico y conservacionista: cumplir con el nivel de calentamiento del Acuerdo de París de no permitir que las temperaturas aumenten más de 1,5 °C haría que todos los cambios futuros fueran menores y más manejables. Cuanto más rápido lleguemos a cero emisiones y menores sean las emisiones totales para entonces, menores serán el calentamiento futuro y los impactos relacionados. El camino para no ir más allá de 1,5 °C es muy estrecho, pero aún existe, aunque no nos queda mucho tiempo si los recortes de emisiones no se aceleran de manera decidida.

Como si la naturaleza se quisiera hacer notar de manera especial para llamar nuestra atención y reafirmar las tesis del IPPC, en este verano el azote de los incendios, las inundaciones y las temperaturas extremas está siendo especialmente virulento en Europa y en todo  el mundo. En distintos países africanos, el más cercano Argelia, en Canadá, en EEUU, en Europa (en Siberia, Italia o Grecia) se han quemado millones de hectáreas y producido miles de muertes. Las temperaturas han llegado hasta a los 60 grados en algunas zonas de Siberia y a más de 50 en EEUU y Canadá. Y se han acercado a esta cifra en muchos lugares de Europa. Las lluvias torrenciales y las inundaciones como las de Alemania, la peor sequía en EEUU desde el siglo XVI o la penetración de los anticiclones africanos en el Mediterráneo, nos dejan claro también que ya no estamos ante un problema que afecta solo a los países pobres sino también a los ricos.

En un trabajo firmado por Raúl Rejón en elDiario.es, comprobamos cómo las sequías, las inundaciones y los calores extremos son los impactos climáticos que más cuestan en vidas y pérdidas económicas. Según el adelanto del Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, entre los diez peores desastres del último medio siglo, las sequías han provocado 650.000 muertes, las tormentas, más de 577.000 y las inundaciones, más de 58.000. Según la revista Nature, el incremento de la mortalidad es evidente en todos los continentes. Solo en Europa los desastres climáticos registrados entre 1970 y 2019 han producido unas pérdidas de 400.000 millones de euros. Y no nos olvidemos de los millones de muertes prematuras por la contaminación. O la pérdida brutal de biodiversidad.

El estudio del IPPC deja muy claro, también, que la incidencia del cambio climático en territorios insulares como el nuestro será aún mayor. Y los efectos empiezan a ser notables. Llevo insistiendo en ello desde hace muchos años y en la necesidad de combatirlo. Y se pueden conseguir avances extraordinarios: en tres décadas, la capa de ozono se ha recuperado, evitando que se precipite la catástrofe del calentamiento global. El Cabildo de Gran Canarias elabora en estos momentos la Estrategia de Actuación ante el Cambio Climático. Los alisios se desvían hacia el este y el aumento del nivel del mar y la pérdida de metros en las playas se hacen cada día más visibles. Igualmente están aumentando los periodos de sequías y los momentos de precipitaciones intensas. El océano se calienta y en algunas épocas del año se están acercando hasta nosotros  huracanes y tormentas tropicales. Nuestro mar se acidifica y emergen también en él peces de otras latitudes y toxinas, como la ciguatera, producidas por microorganismos antes inexistentes en nuestras aguas. La calima aparece cada vez con mayor frecuencia e intensidad. En algunas ocasiones nos han empezado a rondar enfermedades tropicales. Aumentan las temperaturas medias y avanza la desertificación. Los riesgos de incendios de sexta generación son cada vez mayores. Los fenómenos costeros adversos serán cada vez más frecuentes…

Durante las últimas décadas el capitalismo y las doctrinas económicas conservadoras han negado el cambio climático, sus consecuencias y que  el ser humano lo haya provocado. Este negacionismo se ha acentuado desde los años setenta hasta la actualidad de la mano del neoliberalismo y las doctrinas económicas y políticas ultraconservadoras y de extrema derecha. Durante todo este tiempo las grandes multinacionales de la industria o la energía ( fundamentalmente las grandes productoras de combustibles fósiles), entre otras, han empleado una ingente cantidad de recursos económicos para negar la evidencia. Miles de millones de euros o de dólares se han destinado, a través de universidades o centros de pensamiento creados expresamente para la causa, a financiar investigaciones fraudulentas, publicaciones “científicas” o medios de comunicación, para combatir la evidencia científica del cambio climático y sostener un modelo suicida de crecimiento y consumismo voraz. Un capitalismo insostenible, como dice el propio IPPC. La evidencia del calentamiento global y sus causas están derivando todo este movimiento negacionista hacia un neonegacionismo que no cuestiona directamente el cambio climático pero que lo achaca a causas naturales y defiende que la humanidad no lo puede combatir. Retrasan entonces los compromisos del Acuerdo de París, lanzan mensajes ecopopulistas, se agarran a propuestas tecnológicas fraudulentas como la captura y el almacenamiento de carbono o los derechos de emisión, plantean acciones climáticas de baja intensidad y proponen el gas o el hidrógeno azul como alternativa blanda o hablan de movilidad eléctrica sin sustituir las fuentes de generación fósiles… O poniendo todas las pegas del mundo, cuando ejercen de monopolios energéticos, para impedir la implantación de las energías alternativas. Y tiene que ver con esto, y bastante, el que los trámites administrativos puedan durar hasta media docena de años para instalar una planta renovable.

Pero no es este solamente el negacionismo que me preocupa. Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y del gas, les da alas para su continuidad. Mientras la ONU, la comunidad científica, las agencias internacionales de la energía y el propio IPPC, defienden la necesidad de poner fin de manera inmediata al consumo de los combustibles fósiles y avanzar en su reemplazo total por las energías renovables, una parte considerable de las organizaciones sociales y ecologistas, que defendieron durante décadas la sustitución de los combustibles fósiles por las energías limpias, respaldan ahora una suerte de moratoria suicida a las instalaciones de plantas eólicas y fotovoltaicas. No pongo en duda el que muchas de las infraestructuras previstas adolecen de las medidas correctoras necesarias, de la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, de una mayor democratización en la gestión y los beneficios… Y hay que hacer todo el esfuerzo del mundo para hacerlo posible. Pero no hay más opción que la penetración de las renovables para frenar el calentamiento global. Y no son suficientes las comunidades energéticas, ni las plantas de autoconsumo, ni la eficiencia y el ahorro, ni el decrecimiento económico (esta es la más importante de las alternativas, sin duda)…

En Canarias se están sucediendo situaciones similares desde algunos movimientos medioambientalistas y también desde los ámbitos técnicos encargados en último lugar de dar el visto bueno a las plantas eólicas o fotovoltaicas a instalar. Algunos técnicos – que defienden en sus informes una moratoria- ya no se ocultan para afirmar que las islas son apenas una “cagadita de mosca” (sic) en el planeta y que sean otros territorios entonces los que se impliquen.  Es el mismo argumento que se está utilizando por este neonegacionismo rampante. Y se olvidan que las dos plantas de generación de energía de Canarias están entre las siete industrias del estado español más contaminantes. Que nos cuesta casi ochocientos millones más cada año producir electricidad en las islas. Y da lo mismo que sea un parque eólico, una planta fotovoltaica, un salto hidroeléctrico, un observatorio astronómico para hacer un seguimiento de las consecuencias del cambio climático o una antena para protegernos de los incendios forestales… Hay que oponerse a todo y da lo mismo el fin que se persiga. Es lo mismo que sostiene VOX. Tal y como nos cuenta Miguel González en El País, Abascal mantiene el discurso “de que no hay fronteras para el medio ambiente y no tiene sentido que España limite la emisión de gases de efecto invernadero o la producción de energía nuclear mientras importa electricidad de origen atómico de Francia o productos fabricados sin respetar las normas”.  VOX, Trump, Bolsonaro…

Estoy a favor de que una parte importante del aprovechamiento de los recursos naturales debe ser público, de que se debe financiar, potenciar y avanzar en el autoconsumo y las comunidades energéticas ( en el Cabildo de Gran Canaria estamos muy implicados en ello), de que se debe caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo, de que no podemos seguir sosteniendo el desarrollo en el crecimiento y el consumismo sin límites…¿Pero debemos parar la penetración de las energías limpias hasta que esto suceda no se sabe cuando? Vuelvo a defender que hoy por hoy son necesarias todas aquellas instalaciones que cumplan con las exigencias de las leyes medioambientales y territoriales de las que nos hemos dotado y las infraestructuras necesarias para su almacenamiento y que no caben moratorias encubiertas utilizando torticeramente posiciones técnicas de privilegio para imponer suspensiones, ni neonegacionismos cortoplacistas que frenen la lucha contra el cambio climático y que abaraten el recibo de la luz, fraudulentamente elevado cada vez más. No nos podemos olvidar de que las renovables fueron la fuente de energía más barata del mundo en 2020.