Canarias demanda un mejor trato

La gravedad de la situación social y económica de Canarias como efecto de la COVID19 requiere medidas excepcionales por parte de todos los sectores sociales e institucionales. El Cabildo de Gran Canaria sabe que no puede exigir si no asume un compromiso total y  por eso hemos puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones y medidas sociales. Tenemos una relación estrecha con el Gobierno de Canarias y confiamos en que se mantenga una coordinación que es a todas luces indispensable. Pero es el momento de insistir ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea para expresar con contundencia que la situación de Canarias no es homologable al resto de comunidades del Estado y requiere una intervención urgente y especial.

A pesar del carácter prácticamente inédito de una pandemia como la que estamos sufriendo, lo cierto es que muchas de sus peores consecuencias están relacionadas con problemas estructurales muy anteriores a la aparición del COVID. La escasez de plazas sociosanitarias públicas, la infradotación de la atención primaria sanitaria, la excesiva dependencia de determinados sectores económicos, la falta de inversión en I+D+i, el aumento de la desigualdad etc. son factores preexistentes que han condicionado la respuesta tanto a la crisis sanitaria como a la social y económica.

Canarias es una comunidad que presenta algunas de las peores cifras del Estado en materia social. El último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa establecía que el 29% de la población  de las islas está en situación de exclusión social y que había un 30,8% de la población en situación de precariedad. Igualmente llevamos prácticamente una década por encima del 20% de desempleo, llegando incluso a superar el 30% de 2011 a 2015. Aunque los ERTE han conseguido frenar de momento la destrucción de empleo, corremos el riesgo incluso de superar esos tristes récord históricos, desconocidos en Europa.

Es evidente que nuestra economía es de las más afectadas del mundo y de las que más van a tardar en salir de la crisis económica debido fundamentalmente a que el turismo,  actividad que ha estado completamente detenida durante tres meses, genera el 35% del PIB de Canarias y el 40% del empleo. Pero hay otros factores menos evidentes que también influyen muy negativamente en nuestro crecimiento y desempeño económico y que suponen un enorme impedimento para afrontar la actual situación.

Quizás el más importante de ellos es que durante mucho tiempo Canarias ha sido la comunidad peor financiada de todo el Estado. En 2016, un estudio sobre financiación autonómica del Consejo General de Economistas establecía que la cantidad que recibían las islas por habitante se situaba 11,5 puntos por debajo de la media del conjunto de regiones. Hasta el acuerdo y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que permitió que los recursos del REF (unos fondos específicos para Canarias que se transfieren para compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias), se considerasen” adicionales” y no computables en el Sistema de Financiación Autonómica, las islas perdían unos 700 millones de euros al año respecto al dinero que recibían de media otras comunidades.

Está claro que 700 millones de euros al año adecuadamente invertidos nos hubiesen permitido tener una sanidad, una educación y en general unos servicios públicos mucho mejores, así como generar empleo y avanzar en la diversificación del modelo económico. Por todos estos motivos Canarias no puede volver a una normalidad en la  que salía claramente perjudicada y en la que no se tenían en cuenta las singularidades del único territorio que cuenta con un régimen diferenciado tanto en el estado español como en la Unión Europea.

En primer lugar no cabe la menor duda de que la economía canaria no va a recuperarse hasta que no lo haga el turismo, porque además en nuestro caso esta actividad no es estacional. El pasado 17 de junio, el Congreso de los Diputados a iniciativa de Nueva Canarias y sin ningún voto en contra, instó al Gobierno de España a aprobar un plan específico de recuperación para el sector turístico en Canarias. Debemos por tanto exigir el cumplimiento de dicho compromiso que debe centrase en la recuperación y la bonificacian ser muy superiores por el efecto de arrastre que produce el turismo en otros sectores productivoa.ón de la conectividad aérea, en la promoción de Canarias como destino seguro, en el apoyo a los trabajadores y trabajadoras con contratos  suspendidos, en avales y planes de estímulo públicos, etc.

Pero la prioridad tiene que ser garantizar la seguridad y la salud de nuestra ciudadanía. No podemos ser imprudentes y arriesgarnos a sufrir un rebrote, máxime cuando ha quedado claro que los puertos y aeropuertos fueron algunos de los principales factores de riesgo para las islas. La apertura de puertos y aeropuertos tiene que ser lo más controlada posible. Hay que explorar todos los mecanismos, recurriendo a la tecnología con aplicaciones para el rastreo de los turistas durante su estancia, acuerdos de reciprocidad con los países de origen de los turistas para crear corredores seguros… En definitiva todas las medidas que sean posibles y contribuyan a que Canarias siga siendo un destino turístico seguro.

También debe contemplarse la prórroga de los ERTE hasta la recuperación del sector. La aprobación de este mecanismo por parte del Ministerio de Trabajo ha sido uno de los grandes aciertos del Gobierno, ya que ha frenado la destrucción de empleo, ha garantizado las rentas a cientos de miles de trabajadores y ha evitado el cierre de muchas empresas. Por eso es imprescindible que esta medida siga funcionando en las islas mientras sea necesario, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante una situación dramática. Vuelvo a insistir en ello, si el turismo no se recupera con la rapidez debida, si se produjeran nuevos rebrotes… nos pondríamos en unas cifras de paro superiores al 45% y  podrían ser muy superiores por el efecto de arrastre que produce el turismo en otros sectores productivos

Por otro lado tenemos que ser conscientes de que a medio y largo plazo debemos afrontar una diversificación de nuestro modelo económico que en parte ya ha comenzado. Por eso reclamamos que el Gobierno de España  cumpla sus compromisos con Canarias, transfiriendo el dinero que adeuda, como son los 500 millones del fondo de carreteras, o el cumplimiento de todos los convenios sociales que están pendientes. En la actual situación con la capacidad de inversión privada muy limitada, es el sector público el que tiene que contribuir decisivamente a dinamizar la economía. Y con ese dinero se tienen que llevar a cabo obras que generan empleo y que además sean imprescindibles para mejorar la conectividad, la movilidad o la transición ecológica  en las islas.

En este sentido también debemos recordar que hace unas semanas el Cabildo de Gran Canaria presentó alegaciones al borrador de la convocatoria de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) que otorgaba a Canarias 20 millones de euros, la mitad que a Baleares, a pesar de que nosotros tenemos una mayor demanda energética. Es un asunto especialmente grave si tenemos en cuenta que las energías renovables son el sector sobre el que va a pivotar cualquier proyecto exitoso de futuro para la economía de las islas.

Es necesario contemplar la especificidad de la financiación de Canarias que junto con País Vasco y Navarra son las únicas que no están dentro del régimen común. Los recursos propios del REF se van a ver reducidos en más del 50%. El Cabildo de Gran Canaria  dejará de ingresar tan solo en 2020, unos 150 millones de euros y los ayuntamientos pueden llegar a perder el 90% de su presupuesto. Por ello es imprescindible y urgente que se nos autorice a utilizar no solo el superávit sino también los remanentes y a recurrir al endeudamiento, ya que las instituciones canarias son las menos endeudadas del Estado y cuentan, por ello, con un amplio margen. Pero tiene que ser ya. No se puede seguir dilatando la respuesta.

Todos estos asuntos y otros muchos que no caben en un único artículo ponen de manifiesto que Canarias necesita un tratamiento diferenciado al del resto de comunidades autónomas, lo que solo se puede lograr a través de una relación bilateral y permanente entre Canarias y el Gobierno de España. No es comprensible que año tras año se sigan adoptando medidas sin tener en cuenta nuestras singularidades y que no haya un marco de relaciones diferenciado que permita abordar de manera estructurada y periódica estas materias en una comunidad que dentro de España tiene el Régimen Económico y Fiscal y que en la UE tiene el status de Región Ultraperiférica.

Los problemas estructurales de paro, pobreza y desigualdad en Canarias corren el riesgo de agravarse hasta niveles inéditos en los países desarrollados tras esta crisis. Sin unas mayores dosis de autogobierno, sin la mejora de la financiación de Canarias, y sin un marco de relaciones diferenciado no será posible dar una respuesta adecuada a los problemas de la ciudadanía de las islas. Un gobierno progresista debe atender con mayor sensibilidad esta realidad. El presente y el futuro de cientos de miles de canarias y canarios están en juego.

Risco Caído al alcance de todos

La sucesión de acontecimientos que estamos viviendo ha desplazado del sentir colectivo algunos hechos históricos recientes. Pronto hará un año que el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria fue declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial y no hemos podido celebrarlo adecuadamente, ni vivirlo como la decisión trascendente que implica al  proyectar hacia el mundo nuestra riqueza arqueológica y reforzar el valor de nuestra cumbre y de un territorio que identifica a Gran Canaria.

Pero necesitamos romper esa inercia negativa y lo estamos consiguiendo con esfuerzo, coordinación entre instituciones y voluntad firme de recuperar la normalidad en nuestra isla. Así el pasado viernes se ha abrió al público en Artenara la reproducción de la cueva de Risco Caído en su Centro de Interpretación.

Los objetivos importantes cuesta conseguirlos. Pero la réplica de la cueva 6 de Risco Caído que inauguramos el viernes nos reafirma en que podemos alcanzar en Gran Canaria las grandes transformaciones que necesitamos si trabajamos unidos en proyectos colectivos y si resistimos los momentos difíciles.

Más de 700 años de historia nos contemplan. Es el tiempo que aproximadamente ha transcurrido desde que los primeros pobladores de estas tierras trabajaron con sus manos la cueva 6 del yacimiento arqueológico de Risco Caído así como las otras veinte cavidades excavadas en la margen izquierda de Barranco Hondo, hasta que la Unesco declaró esta obra de los antiguos canarios como un patrimonio común de toda la humanidad.

Se trata del vestigio de una civilización insular que aislada y sin conocimiento del metal, evolucionó hasta configurar una de las culturas más avanzadas de su tiempo. El almogarén o cueva ritual es una manifestación única en la Tierra, un complejo ingenio óptico que proyecta el sol en una de las paredes de la cámara principal, muestra de un lenguaje visual insólito para estas culturas. Es prueba también de unos conocimientos de matemáticas y astronomía que aún sorprenden en nuestros días.

Pero la Unesco no ha reconocido exclusivamente el monumento arqueológico troglodita, sino el paisaje cultural,  el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto, una realidad compleja derivada de la interacción armónica del ser humano con su entorno. Los antiguos canarios nos legaron su enorme capacidad para aprovechar de manera sostenible los recursos naturales de los que disponían, legado que durante  siglos los habitantes de estas tierras han sabido conservar y evolucionar sin recibir, hasta hoy, el reconocimiento que merecían.

Ganadería, agricultura, alfarería, panadería, gastronomía, recursos hídricos, construcciones, senderos, etc. constituyen algunas de las manifestaciones casi innumerables de las diferentes formas que ha adoptado la cultura y que han ido modelando este paisaje rural. Un patrimonio en constante evolución que nos ofrece muchas de las respuestas que necesitamos para afrontar el reto de definir para el futuro un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con nuestro medio natural, nuestras tradiciones y nuestra cultura.

El centro de interpretación en el que se encuentra la neocueva es una de las piezas centrales en el modelo de gestión del paisaje cultural que debe convertirse en un ejemplo mundial de cuidado y divulgación del patrimonio histórico, de sostenibilidad y de buenas prácticas. Debe ser también el eje de un cambio en el modelo turístico, transitando hacia uno de mayor valor añadido, vinculado a nuestra riqueza cultural y natural, que oferte experiencias genuinas proporcionadas por los actores locales. Un turismo que nos diferencie y sobre todo que contribuya a mejorar las rentas y la calidad de vida de las personas que habitan la cumbre y a cuyo tesón y trabajo les debemos el reconocimiento de la Unesco.

Y para hacer realidad ese nuevo modelo, contamos con una nueva herramienta, el Instituto de Risco Caído y la Reserva de la Biosfera, que por primera vez implantará un modelo de gestión integral para estas dos figuras cuyos valores son compartidos y que afectan a prácticamente el mismo territorio. Supondrá un salto cualitativo sin precedentes para la cumbre y medianías altas de Gran Canaria.

Pero este nuevo tiempo ya se está haciendo real a través del proyecto “La Cumbre Vive” puesto en marcha tras los desgraciados incendios del pasado verano. Se trata de una manera innovadora de promover el fortalecimiento de la cohesión social integrando el medio rural y el medio urbano con el objetivo de alcanzar un ecosistema resiliente frente a los incendios, los efectos del cambio climático y los desafíos que confronta Gran Canaria.  Un proyecto que  ya se está haciendo realidad con un presupuesto de 5 millones de euros que ascienden a 13 si contabilizamos las cantidades destinadas a la reposición de infraestructuras afectadas por el fuego.

La cumbre tiene que ser sinónimo de tradición, conservación y cultura, pero también de innovación y de desarrollo. Por eso estamos trabajando con el Instituto Geográfico Nacional para buscar un emplazamiento adecuado y respetuoso con el medio, el paisaje y el patrimonio mundial para el radiotelescopio que medirá movimientos tectónico y la afección del calentamiento global en los océanos, una infraestructura científica de primer nivel internacional que nos ayudará en nuestro objetivo de convertir a Gran Canaria en una referencia mundial de la investigación y la lucha contra el cambio climático.

La declaración de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña como Patrimonio Mundial de la Humanidad fue un éxito histórico resultado del esfuerzo colectivo de toda la sociedad y las instituciones de Gran Canaria y del conjunto de Canarias. El  Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos de Artenara, Tejeda, Gáldar y Agaete, la población de estos municipios y la comunidad científica, dieron un ejemplo de que, cuando somos capaces de crear un consenso y trabajar para el bien común, podemos conseguir los objetivos que nos propongamos. Las enseñanzas extraídas de esta experiencia deberían servirnos como inspiración para afrontar la recuperación tras la difícil situación en la que nos encontramos.

La inauguración del facsímil de la cueva estaba prevista para principios de año, pero la terrible pandemia que ha golpeado a toda la humanidad, nos obligó a posponerlo hasta el pasado viernes, y aun así no se pudo realizar en las condiciones que teníamos previstas. Me gustaría que el acto de esta semana fuera también la inauguración simbólica de un nuevo tiempo alejado de la normalidad insostenible que estaba llevando al conjunto del planeta y a Canarias a una situación límite en la que los efectos del cambio climático comienzan a ser irreversibles.

Risco Caído es una expresión valiosa de la cultura y del esfuerzo colectivo de las mujeres y hombres de Gran Canaria. Lo siente y aprecia nuestro pueblo. Por eso vivimos una sensación de satisfacción plena, de alegría compartida cuando se produjo la declaración y la votación en Bakú. El centro de interpretación viene a completar estos años de esperanza, de ilusión y de profesionalidad. Tenemos razones para la alegría y para sentir un sano orgullo de ser herederos de este gran territorio.

Tenemos la oportunidad de derribar muchas de las barreras que durante décadas nos han separado y han frenado nuestro progreso. Es un puente entre el mundo rural y el urbano, un puente entre generaciones, entre nuestra historia y nuestro modelo futuro, entre progreso y sostenibilidad. La humildad, la dedicación, el trabajo y la paciencia de quiénes durante siglos han trabajado las tierras y han ido construyendo el paisaje nos inspiran para labrar día a día, acción a acción, la ecoisla en la que deseamos convertir a Gran Canaria.

La neocueva, núcleo del centro de interpretación, es un trabajo extraordinario que reproduce a escala real y con fidelidad milimétrica la cueva Nº 6 del Yacimiento Arqueológico, y sumergirá al visitante en esa experiencia mágica que supone visitar ese templo aborigen y contemplar el espectáculo de luz tal y como lo concibieron los antiguos canarios. Es emocionante pensar que miles de personas cada año contemplarán el legado de nuestra cultura indígena y se llevarán esos conocimientos y ese recuerdo a todos los rincones del mundo. Y también pensar en los cientos de miles de canarios y canarias que a través de este centro profundizarán y conectarán con sus orígenes y sus antepasados.

Nos encontramos en un momento histórico crucial y las decisiones que tomemos en los próximos años van a marcar el devenir de las próximas décadas. Y me llena de esperanza compartir este momento con ustedes y comprobar que Gran Canaria afronta esta encrucijada desde la reivindicación de su milenaria cultura, símbolo de la convivencia entre los seres humanos y su entorno. Que contamos con un modelo propio abierto y plural, que no renuncia a abrirse al mundo y a ser referencia para luchar por un futuro de sostenibilidad, justicia social e igualdad. Y al mismo tiempo vive con pasión la conservación y valoración de una cultura que nos identifica y nos hace singulares.

Quiero agradecer personalmente a José de León, Julio Cuenca, Cipriano Marín, Carlos Ruiz, Oswaldo Guerra y tantísima gente que, desde el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, con la colaboración de otras instituciones y científicos, trabajaron durante años intensamente para hacer posible que contemos con el reconocimiento de ser patrimonio de la humanidad.

Retomamos el pulso con esta inauguración. Recuperamos las sensaciones de confianza y de orgullo que la Declaración como Patrimonio Mundial generó entre nosotros hace ahora un año y nos permite renovar el compromiso de avanzar hacia la isla que abraza tradición y futuro.

Polarización política y democracia

La pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales han provocado una situación inédita. Ya estamos abandonando los momentos más trágicos de la crisis sanitaria gracias al enorme esfuerzo colectivo de una población que aceptó disciplinada y solidaria uno de los confinamientos más duros de Europa, pero aún existe una enorme incertidumbre sobre la magnitud de los efectos que tendrán la destrucción del tejido productivo, el aumento de la pobreza y la desigualdad tras dos meses de parón económico casi total. En estas circunstancias son más importantes que nunca la unión y el consenso para adoptar las medidas necesarias y responder a las demandas colectivas como se ha hecho en Canarias sumando esfuerzos. En ello han estado el Gobierno autonómico, los cabildos, los ayuntamientos, el Parlamento, la sociedad civil…

Sin embargo, estamos viendo cada día en la política estatal un nivel de polarización y crispación política desconocido hasta el momento, con imágenes poco edificantes e intercambios de insultos permanentes tanto a través de redes sociales como en el Senado y en el Congreso de los Diputados en el que la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, llegó a acusar al vicepresidente del Gobierno de España de ser “hijo de un terrorista”. Día tras día leemos y escuchamos declaraciones de la extrema derecha machistas, racistas, homófobas, negando la legitimidad del gobierno democrático e incluso alentando posiciones de insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las sociedades desarrolladas han sufrido un proceso paulatino de polarización política e ideológica que se ha visto incrementado en los últimos años  y más concretamente en la última década. Las razones son múltiples, pero cabría destacar el aumento de la desigualdad en los países desarrollados como consecuencia de las políticas neoliberales y la consiguiente pérdida de confianza en el sistema democrático por parte de la población. También la frustración de esos sectores desfavorecidos al no encontrar respuestas inmediatas a sus demandas. Más recientemente ha sido decisiva la articulación internacional de un potente movimiento de extrema derecha fundamentado en el discurso del odio, amplificado por las redes sociales y su efecto “cámara de eco”. Interactúan en estas redes solo con las personas que comparten su opinión  lo que los reafirma en sus posicionamientos y los aleja de los demás.

Lejos de ser un problema menor, la polarización política debería ser una de nuestras principales preocupaciones y mucho más en el actual escenario ya que, como explica Javier García Arenas, doctor en Economía del área de planificación estratégica y estudios de CaixaBank, a mayor polarización, más difícil resulta generar consensos amplios entre grupos con sensibilidades distintas para acometer reformas profundas que permitan que la sociedad avance. Es decir, la polarización es un obstáculo para el progreso.

La derecha es perfectamente consciente de esto y por eso aplica, desde hace tiempo una deliberada estrategia de la crispación, que inauguró Aznar para derribar al Gobierno de Felipe González y posteriormente Rajoy contra José Luis Rodríguez Zapatero.  Belén Barreiro e Ignacio Sánchez Cuenca, dos de las personalidades más destacadas de la sociología en España, ya analizaron este fenómeno en un estudio de la Fundación Alternativas en 2007.

Según Sánchez-Cuenca, en declaraciones al periódico El País, la crispación “es un mecanismo que el PP aplicó en la última legislatura de Felipe González; en la primera de Zapatero y hoy con Sánchez, acompañado de Ciudadanos. Consiste en insistir en que España está amenazada como nación por la debilidad del PSOE, cómplice de sus enemigos, y elige como campo temas sensibles como el terrorismo y la cuestión territorial. Además, como vemos estos días, elude el debate político al centrar la agenda en ataques personales a ministros y al presidente”.

Hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, Patxi López, el presidente de la Comisión para la reconstrucción estalló, después de que la sesión constituyente se convirtiera nuevamente en un espectáculo deplorable con múltiples acusaciones cruzadas. Estas fueron sus palabras: “Este es el momento de entender para qué sirve la política. Si no somos capaces, es que no servimos para nada. Debiéramos de ser capaces de autocensurarnos para estar a la altura de las circunstancias. Vuelvo a disculparme. No ahondemos en esto y hagamos lo que tenemos que hacer “.

Suscribo completamente la opinión de Patxi López porque además creo que los progresistas somos los primeros interesados en frenar esta dinámica que ha convertido a España en uno de los países más polarizados de su entorno. En varias intervenciones públicas he señalado que la “antipolítica” es una actitud profundamente reaccionaria, y más en estos momentos en los que se está demostrando que para millones de personas es la política lo único que les puede garantizar unas condiciones de vida dignas. La desafección que provoca la crispación y el “todo son iguales” privan a las personas que más lo necesitan de la principal herramienta con la que cuentan para mejorar sus vidas.

Afortunadamente creo que en Canarias esta dinámica polarizante y de crispación está más atenuada. No quiero pecar de chovinista, pero somos una sociedad plural, abierta y tolerante, en la que los discursos de odio no han tenido el mismo recorrido que en otros territorios. Prueba de ello es que la extrema derecha no consiguió representación en ninguna de las instituciones de Canarias. Pero ello no quiere decir que no nos afecte y no estemos atentos a los riesgos que entrañan esos discursos en un territorio con los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que tiene Canarias y que además es una de las fronteras sur de Europa y por lo tanto receptora de personas migrantes, uno de los aspectos centrales del discurso de las nuevas derechas.

Creo que todos los demócratas tenemos la obligación de trabajar para frenar la polarización y la crispación, porque ponen en riesgo la propia democracia y la capacidad de los sistemas políticos para solucionar los problemas de la gente. Podemos empezar por las redes sociales, no compartiendo las publicaciones que buscan provocar y sembrar el odio, evitando consumir fake news o no dando credibilidad a los bulos que nos llegan a través de mensajería instantánea y otros canales. También como ciudadanos tenemos que castigar electoralmente a los partidos y representantes políticos que pretenden sacar rédito electoral azuzando los lógicos miedos e incertidumbres de las personas.

Pero es evidente que los que ejercemos la labor de representación pública somos los que tenemos la principal responsabilidad. La mejor manera de frenar estas estrategias es dando respuesta a las demandas ciudadanas, mejorando nuestros sistemas de protección social, avanzando hacia un modelo más sostenible, justo e igualitario, mejorando la transparencia de nuestras instituciones y la participación en la toma de decisiones. Debemos incorporar toda la inteligencia colectiva de nuestra sociedad, contando con las organizaciones económicas y sociales para generar amplios consensos, ya que es la única manera de afrontar con garantías una diversificación de la economía canaria sin dejar a nadie atrás.

Quiero huir del catastrofismo, pero acabamos de salir de la “Gran Recesión” que nos hizo perder casi una década de crecimiento y bienestar social y nos encontramos en medio de una pandemia, que ha generado una crisis sanitaria, económica y social, junto con una crisis climática que nos exige actuar de inmediato para frenar sus efectos. Estamos en un momento decisivo que exige decisiones transcendentales  con amplios consensos y ello será imposible si sustituimos el debate público por la confrontación cainita, los insultos, las descalificaciones y el no reconocimiento de las opiniones discordantes.

Desde el Cabildo de Gran Canaria queremos hacer política con mayúscula para alejarnos de estos riesgos. Por eso estamos comprometidos en facilitar la protección de las personas más vulnerables e impulsar medidas eficaces para recuperar el desarrollo sostenible de nuestra isla y de Canarias.

Emergencia sanitaria y climática

La sociedad grancanaria valora el esplendor de la naturaleza que nos acoge. La conciencia medioambiental es creciente y nuestro apego al territorio, a las riquezas de nuestra tierra es una de nuestras señas de identidad. Cuando hemos padecido desastres naturales el sentimiento de dolor es compartido y masivo. Es verdad que tenemos mucho que avanzar, pero el compromiso por la conservación y protección de nuestro medioambiente aumenta constantemente y se acrecienta de forma especial entre nuestros jóvenes.

El pasado viernes 5 de junio celebramos el día mundial del medio ambiente que, como todo, ha estado marcado por la pandemia de COVID-19. Sin duda es una excelente ocasión para llamar una vez más la atención sobre los riesgos concretos y cotidianos que implica para el ser humano la destrucción del planeta. El coronavirus saltó de algún animal salvaje al ser humano y esta transmisión del agente patógeno se vio facilitada por la destrucción de los bosques y los hábitats naturales, así como por el tráfico de especies exóticas a nivel mundial.

Aunque de menos intensidad, todas las epidemias que hemos vivido en los últimos años (síndrome de las vacas locas, gripe porcina, gripe aviar, covid-19, etc.) están estrechamente relacionadas con la sobreexplotación de los recursos naturales por una ganadería y por una agricultura industrializadas e intensivas en manos de grandes corporaciones transnacionales que ahogan las pequeñas explotaciones de base campesina. También están relacionadas  con la desigualdad y la pobreza.

La emergencia sanitaria ha coincidido con la declaración por parte de diversas administraciones de la emergencia climática y aunque tratándose de fenómenos claramente diferentes, hemos visto que están relacionados. Además, lo más importante, si queremos combatirlas no podemos pretender regresar a una normalidad insostenible con consecuencias catastróficas e irreversibles para el conjunto de la vida en la tierra y con efectos concretos e inmediatos en nuestra salud y nuestra economía. 
Ya he hablado en otras ocasiones de los impactos del cambio climático en Canarias, una de las regiones del mundo más afectadas por este proceso. Las sequías persistentes, el aumento del riesgo de incendios,  la subida del nivel del mar con amenaza a nuestro litoral, la destrucción de la biodiversidad, la aparición de enfermedades tropicales, los fenómenos meteorológicos adversos y graves son algunos de los hechos naturales que amenazan nuestra forma de vida y nuestra economía. Está claro que de no actuar de manera inmediata sus efectos pueden terminar siendo irreversibles.

El jueves inauguramos las jornadas de MAC-Clima, un proyecto liderado por el Cabildo de Gran Canaria que tiene como objetivo impulsar la creación de un tejido institucional, científico y social para trabajar de forma coordinada en materia de adaptación y mitigación del cambio climático y convertir a Canarias y a Gran Canaria en una referencia internacional en este campo. MAC-Clima comprende un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de una estrategia para monitorizar el cambio climático, impulsar medidas y políticas de adaptación, mitigación y fomento de la cultura medioambiental. También pretende mejorar los procesos de sensibilización entre ciudadanía y entidades públicas.

Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar las causas o factores agravantes del COVID-19 y la temática abordada por este proyecto Mac-Clima? Sin lugar a dudas, apoyando y difundiendo los resultados de la mejor ciencia disponible. La ciencia ha advertido durante décadas de los peligros del cambio climático, pero no ha sido capaz de comunicarlo de forma efectiva al conjunto de la población, lo que ha llevado a una acción lenta y dado alas al negacionismo en muchas ocasiones. Con este proyecto vamos a tener la oportunidad de contar con instituciones científicas de prestigio que van a aportar sus conocimientos para después transmitirlos a través de numerosas actividades de formación y sensibilización.

La pérdida de biodiversidad y la contaminación severa y progresiva de espacios terrestres, marinos y de la atmósfera en todo el planeta crean condiciones para que nuevos virus y enfermedades letales como COVID-19 se extiendan en nuestras sociedades. Por eso mismo es tan importante conocer cómo nos va a afectar el calentamiento global en la región macaronésica. Ahora bien, el objetivo último de Mac-Clima no es ser una mera recopilación de datos sobre las afecciones del cambio climático en nuestra región, sino que pretende compartir buenas prácticas de adaptación al cambio climático. Al fin y al cabo, la acción contundente liberando recursos humanos y materiales para luchar contra el coronavirus ha permitido aplanar la curva en un corto espacio de tiempo. Del mismo modo, una acción potente y concertada sobre el cambio climático podría reducir la escasez de alimentos y agua, los impactos de desastres naturales y el aumento del nivel del mar, protegiendo a innumerables personas y comunidades.

Efectivamente, una conclusión que podemos extraer de todo lo que nos ha sucedido en los últimos meses es que cuando estamos suficientemente motivados podemos suspender nuestro modo de vida habitual para ayudarnos mutuamente. Una implicación similar para luchar contra el cambio climático podría transformar nuestro consumo de energías fósiles de inmediato. Todos podemos aportar y jugar un papel importante en la solución: la ciudadanía, las instituciones públicas, las empresas, en definitiva, la sociedad civil.

Del mismo modo, estamos convencidos de que la lucha contra el cambio climático debe ser global y debe traspasar fronteras. Por eso creemos que este proyecto Mac-Clima de cooperación transfronteriza puede jugar un papel clave estableciendo una colaboración estable para lograr una mayor resiliencia y adaptación frente al calentamiento del clima en la región.

El predominio de los combustibles fósiles, la tala sistemática de bosques y, en general, el sacrificio de la salud del planeta para obtener ganancias mediante el consumismo desaforado, nos está conduciendo hacia un cambio climático catastrófico. Como informó la ONU recientemente, 2019 fue el segundo año más caluroso en la historia registrada del planeta Tierra. Y la década de 2010 a 2019 fue la más calurosa jamás observada.

Además, los indicadores a largo plazo del cambio climático para el presente siglo XXI, como las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano, continuarán irreversiblemente por la inercia de lo acontecido hasta hoy, pero podemos contribuir a reducir sus impactos si actuamos de inmediato y con la máxima convicción, compromiso y recursos a nuestro alcance.

Ojalá que el 2020 sea recordado como un momento en el que nos vimos obligados de repente a detener lo que estábamos haciendo, prestarnos atención y actuar para mejorar la vida en nuestro planeta, especialmente la de los hábitats y las personas más vulnerables. Es hora de abandonar este sistema destructivo y encontrar formas sostenibles de habitar la Tierra. Por esta razón, Gran Canaria quiere entregar un futuro mejor a las próximas generaciones y para ello es necesario que nos esforcemos en cumplir los Acuerdos de París. Y en este sentido, espero que Mac-Clima, el Pacto de los Alcaldes por el Clima o la Estrategia Insular contra el cambio Climático – entre otras acciones que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria- aporten soluciones ante la emergencia climática a la que nos enfrentamos en este siglo XXI.

Superávit, remanentes, deuda

La situación social y económica que padecemos las grancanarias y grancanarios y los hombres y mujeres de Canarias en general es muy grave. Todos los recursos de los que disponemos parecen insuficientes para proteger las situaciones familiares de extrema necesidad, mantener los servicios esenciales y reactivar la economía generando iniciativas que arrastren una cadena de efectos inversores y la demanda y el consumo internos. El Cabildo de Gran Canaria considera que debe incrementar la inversión para producir el efecto multiplicador en el resto de sectores económicos de la isla, aún cuando en estos momentos estemos gestionando alrededor de 500 millones de euros de inversión en nuestro territorio.

Sabemos que la pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias muy graves sobre las economías de las familias y las empresas, pero también sobre los ingresos de las administraciones públicas que van a ver seriamente mermada su recaudación al tiempo que aumentan drásticamente los gastos tanto en medidas de atención y protección social y sanitaria, como de reactivación de la economía. Esta reducción va a ser especialmente significativa en Canarias debido al parón brusco del turismo, la actividad económica responsable del 35% de PIB insular y del 40% del empleo. Triplicamos estos porcentajes por encima de la media estatal.

Es el momento de activar todos los recursos disponibles y hemos vuelto a centrar la mirada, esta vez con más razón si cabe, en la utilización del superávit y los remanentes de los que las administraciones locales disponemos en los bancos y que la legislación del PP nos ha impedido utilizar durante estos últimos años. Los cabildos y los ayuntamientos canarios hemos aprobado resoluciones urgentes exigiendo que el Gobierno central autorice el uso de estos fondos que son resultado del ahorro de todos los canarios y canarias. En nuestro archipiélago se han multiplicado las peticiones para que el Ministerio de Hacienda nos autorice a utilizar el superávit y los remanentes para hacer frente a la crisis. Una cuestión que en ocasiones puede parecer muy técnica pero que en momentos como estos resulta vital porque, si no podemos usar esa financiación en la peor crisis de nuestra historia, para qué nos servirá guardada en las entidades bancarias. Y pagando además por ello.

Canarias es una comunidad en la que los recursos fiscales propios tienen una importancia significativamente superior que en la mayoría de comunidades autónomas denominadas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra que tienen un régimen foral particular). En 2019, la recaudación propia supuso en Canarias un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente al 7,7% en el resto de comunidades, a través de diversos impuestos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo, etc.

Esos ingresos de recaudación propia, que forman parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, se calcula que se reducirán en un 54,6%, unos 1.022 millones de euros, de los cuales 429,5 millones de euros corresponderían a la financiación del Gobierno de Canarias y 593,2 a las administraciones locales. Esto supone más de un 40% de los recursos corrientes de los cabildos insulares.

Para hacernos una idea, el Cabildo de Gran Canaria  va a pasar de recibir los 33 millones mensuales que percibe en la actualidad a ingresar solo 2 millones mensuales (790 mil euros para los ayuntamientos y 1,3 millones para el Cabildo). Tan solo en 2020 nuestros ingresos se van a reducir en unos 150 millones de euros. La situación de los ayuntamientos puede ser dramática: si detraemos de la Carta Municipal lo que tienen que pagar por distintos conceptos  los ayuntamientos al Cabildo de Gran Canaria -servicios prestados como el tratamiento de residuos- los municipios perderían más del 90% de sus recursos.

Los cabildos insulares también nos vamos a ver más dañados que el Gobierno de Canarias por esta situación ya que los anteriormente citados recursos del REF representan un 40% de los ingresos corrientes de cabildos y ayuntamientos frente a solo un 10% para la Comunidad Autónoma. Además, el Gobierno de Canarias tiene más capacidad de endeudamiento que los cabildos y los ayuntamientos, así como la competencia de subir o aprobar nuevos impuestos para aumentar sus ingresos mientras que los cabildos no tenemos capacidad fiscal ya que apenas cobramos impuestos y no podemos recurrir a figuras extraordinarias para cuadrar nuestros presupuestos.

A esto habría que sumar que las competencias que el Gobierno de Canarias ha ido transfiriendo a los cabildos (por ejemplo, las políticas sociales, la atención a personas mayores o menores, las relacionadas con protección del medio ambiente,  la gestión y conservación de espacios naturales protegidos o la conservación de carreteras…) están infradotadas. Una primera aproximación establece que se necesitarían 21 millones de euros más para equilibrar las cuentas, pero todos los datos apuntan que esta cantidad no sería suficiente. Por ese motivo, los cabildos y ayuntamientos canarios exigimos al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias un trato diferenciado en la negociación que se está llevando a cabo con el Estado. De no atenderse las necesidades de las administraciones locales canarias no podríamos mantener las transferencias y nos veríamos obligados a devolverlas al Gobierno de Canarias.

Pero lo cierto es que a pesar de la gravedad de esta situación hay una solución para este escenario que solo requiere de voluntad política por parte del Gobierno de España. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un remanente de tesorería que, descontando gastos pendientes de pagos, es de 350 millones de euros. A esta cantidad se le llama técnicamente remanente de tesorería, pero la palabra que mejor la define es ahorro. Porque es un ahorro que ha salido de la aportación de los grancanarios y grancanarias, que, con su esfuerzo de estos años, en momentos muy difíciles ha permitido que el Cabildo disponga en la actualidad de una importante cantidad de dinero para ser puesta a disposición de quien verdaderamente lo va a necesitar. Sin embargo, el Gobierno de España no nos deja utilizar ese dinero a pesar de que está en los bancos y que las entidades bancarias están empezando a cobrar comisiones a las administraciones públicas por mantener estos ahorros en las cuentas corrientes.

Este mismo mes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció la necesidad de que Canarias utilizara el superávit para compensar la pérdida de ingresos, pero recurriendo al dicho popular, podríamos decir que el superávit es el “chocolate del loro” ya que para el Cabildo supone apenas 80 millones de euros y 300 para el Gobierno de Canarias, algo muy alejado de las necesidades de ambas instituciones y de su capacidad de inversión para revertir una situación económica inédita en nuestra historia.

Lo importante es que nos permitan utilizar los remanentes. Es aquí donde está el quid de la cuestión. Deberíamos poder utilizarlos libremente sin acudir a un Plan Económico Financiero como se exige hasta ahora, lo que supondría que se quiebre nuestra autonomía de funcionamiento y nuestra capacidad de autogobierno ya que  tendríamos que pedir autorización para endeudarnos, para crear órganos independientes, etc. Por lo tanto, hay que flexibilizar las reglas fiscales y modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2/2012), aprobada por el PP. De esta manera el Cabildo podría utilizar casi 300 millones para reactivar la economía insular y paliar las consecuencias sociales de la pandemia.

Asimismo, se nos debería permitir endeudarnos sin tener que realizar el citado plan económico financiero –fruto del incumplimiento de las reglas de estabilidad financiera- ya que el Cabildo de Gran Canaria tiene capacidad para hacerlo en una cuantía de alrededor de 470 millones de euros sin sobrepasar los porcentajes de endeudamiento sin autorización (en estos momentos el Cabildo grancanario soporta un nivel de endeudamiento de solo un 3,5% y podemos llegar al 75% sin autorización y al 120% con autorización). Y que además este endeudamiento no sea solo para inversiones como está establecido sino que lo podamos dedicar a garantizar los servicios esenciales y a atender a los sectores sociales más vulnerables. Creo que es el momento también para que se modifiquen todas las leyes que limitaron gravemente la capacidad de acción de las administraciones públicas flexibilizando la Ley de Contratos Públicos con el objetivo de permitir una mayor agilización de los procedimientos para realizar inversiones y contratar obra pública. También se debe modificar el techo de gasto en lo referido a la contratación de más personal para atender las necesidades sociales provocadas por la crisis y para afrontar las inversiones que reactiven la economía, así como contribuir a aliviar el problema estructural del paro en Canarias a través del empleo público. 

Estamos ante una situación sin precedentes que está agravando los problemas de pobreza, precariedad y desigualdad que son estructurales en nuestra tierra. Pero contamos con administraciones públicas saneadas y progresistas que tienen intención y capacidad de poder llevar a cabo planes de inversión que nos permitirían avanzar en la diversificación de nuestro modelo económico e iniciar una transición ecológica socialmente justa en Canarias. Por ello no tendría justificación que por falta de voluntad política del Gobierno de España se pusieran impedimentos al ejercicio de nuestro autogobierno, al progreso de nuestra tierra y al bienestar de nuestra gente. Si se puede hacer con el País Vasco y Navarra, con todos los indicadores sociales y económicos muy por encima de los que soportamos en este archipiélago atlántico, ¿por qué no permitirlo entonces en Canarias?