Portada Antonio Morales


Patrimonio, identidad y futuro

“El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado”. Estas palabras de William Faulkner invitan a reflexionar sobre la resonancia en el presente de acontecimientos y procesos sociales que tuvieron lugar tiempo atrás. En Gran Canaria lo sabemos bien porque nuestra fuerte identidad atlántica es resultado de la cristalización a lo largo de los siglos de una realidad construida con diversos materiales, como la fusión de culturas y la adaptación al territorio. Si se evaporara el mar, quedaría la sal. Si se desvaneciera el tiempo, permanecería la cultura. La huella.

Seguimos adelante porque tenemos un horizonte, pero sobre todo un punto de partida. El Cabildo de Gran Canaria es consciente de la importancia de preservar el legado histórico y arqueológico. Y actúa en consecuencia. Lo hacemos porque preservar un edificio, una fachada o un yacimiento aborigen es mucho más que proteger un espacio o un material determinado. El bien superior que amparamos es la memoria. Y también las enseñanzas que entrañan momentos, lugares y episodios que nos hablan de resistencia y evolución, al tiempo que ponen sobre la mesa aspectos tan trascendentes y actuales como las migraciones humanas, la relación con el entorno, la sostenibilidad, la identidad, el sentimiento de comunidad, la condición insular o la resiliencia.

Además, descubrimos que ese hilo ininterrumpido que llamó la atención de Faulkner enhebra pasado, presente y futuro. El Cabildo ha dado recientemente una puntada muy significativa en este sentido con la segunda pieza de su plan de apoyo al gran proyecto de modernización del Museo Canario con la adquisición, por cuatro millones de euros, del antiguo hogar infantil de Santa Rosalía, en Telde, propiedad hasta ahora de la sociedad científica. La compra permitirá a la entidad culminar el proceso de reforma y ampliación de su sede en Vegueta y se suma a la inyección financiera inicial de otros cuatro millones, dinero que resultó crucial para romper con el bloqueo del proyecto tras más de una década.  

La compra de Santa Rosalía cumple con un triple objetivo en el que vemos con claridad cómo se dan la mano el ayer, el hoy y el mañana, en este caso con una mejora para la sociedad grancanaria. Por un lado, damos el impulso definitivo al Museo Canario, guardián de nuestra historia y del fondo concertado insular de arqueología. En segundo lugar, contribuimos a la salvaguarda de un inmueble de elevado valor patrimonial en Telde, que fue propiedad del doctor Gregorio Chil y Naranjo, fundador de la sociedad científica, y que sirvió desde principios del siglo XX como hospital, orfanato y centro de acogida. Y, por último, convertiremos a Santa Rosalía en un espacio de uso sociosanitario. 

Con ello, respetamos el deseo del doctor y su familia de que este inmueble fuera destinado en todo momento a las personas que precisan de cuidados. Insisto en un concepto: protegemos el patrimonio, pero respetamos ante todo la idea, el espíritu, en este caso plasmado en piedra y en la voluntad de quien deseó mejorar las condiciones de vida de los grancanarios y grancanarias. Proyectamos a los días que están por venir lo mejor que nos entrega el pasado.

La indudable visión del Cabildo que entiende el patrimonio como argamasa de la construcción social ha alentado la articulación y desarrollo de una estrategia que destaca su valor y que abarca conservación, investigación y acciones de sensibilización. En la última década hemos impulsado nuevas excavaciones, restaurado estructuras, reforzado la labor de inspección y mejorado los sistemas de documentación. Prueba de ello es también la activación del programa de Protección del Patrimonio Cultural, que agilizará las declaraciones y delimitaciones de los Bienes de Interés Cultural, además de sentar las bases del Centro de Documentación del Patrimonio Cultural y planificar el cuidado del patrimonio religioso, trascendental junto a los 1.400 yacimientos arqueológicos distribuidos por el mapa insular. Esta diversidad refleja las capas históricas superpuestas en la isla. 

La isla es una pirámide de memoria. Bloque a bloque, persona a persona, se ha levantado sobre el Atlántico y alcanza su cima en la cumbre, declarada Patrimonio Mundial. Es un cofre, una llave y a la vez una enorme responsabilidad. La creación del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con la que convive en el territorio, se ha confirmado como una herramienta esencial para su preservación. Su existencia se ha traducido en múltiples hitos, como la puesta en marcha de los Senderos de Gran Recorrido o las líneas de apoyo directo a proyectos de los ayuntamientos y de las entidades sin ánimo de lucro enraizadas en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. También la reciente ampliación de la red de centros de interpretación con la apertura del nuevo espacio en Degollada de Becerra, que se suma al de Artenara o el Bentayga, así como la apertura del Centro de Información y Gestión de Tejeda. Son igualmente espacios que propician la dinamización social, cultural y económica. 

Hemos buscado también la complicidad del conocimiento científico. Actualmente se ejecuta la segunda fase del convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para estudiar el origen y evolución del poblamiento humano en la cumbre, proyecto que en su primera etapa abrió nuevas líneas de investigación apoyadas en técnicas de última generación y que ha revelado, por ejemplo, la complejidad del asentamiento de la Sierra del Bentayga. Escuchamos la voz del pasado indígena y contribuimos a escribir un relato todavía incompleto. Y hace poco, presentamos las nuevas instalaciones del Laboratorio de Arqueología de la ULPGC, el más importante del archipiélago y cuya dotación ha financiado el Cabildo. 

Otro convenio, en este caso con la Universidad de La Laguna, nos permite contar con instrumental de última generación y personal para interpretar los datos que recogen los sensores instalados en los espacios, evaluar la evolución de manifestaciones pictóricas en enclaves sensibles mediante obtención de imágenes en infrarrojo, el escaneo láser o la caracterización de la evolución natural de esos lugares, desde la visera rocosa de Risco Caído a las Cuevas del Rey. 

A veces la memoria equivale a justicia. A veces el patrimonio es el eco de un disparo, el rastro de una infamia, el casquillo de una bala, una moneda o un peine sepultados en las entrañas de la tierra. Es lo que encontramos, entre otros ejemplos, en el fondo de la chimenea volcánica de la Sima de Jinámar en el transcurso de la intervención arqueológica que tendrá continuación próximamente y en la que se documentaron restos pertenecientes a varios varones adultos con evidencias de impactos craneales. Constituyen una prueba de valor científico en el contexto de la represión franquista. Pasado el 20N, y ante el avance del negacionismo de la democracia, el rescate de la verdad se alza como tarea prioritaria de las políticas de patrimonio histórico. 

Las actuaciones alrededor del patrimonio son un latido permanente en el Cabildo. Y no estamos solos. Valga el dato de que más de 7.000 personas están inscritas en la plataforma del Servicio de Patrimonio Histórico para seguir sus contenidos y actividades. Hace unas semanas se exhibió en el Patio del Cabildo una recopilación de los numerosos materiales arqueológicos que se documentan y estudian cada año gracias a notificaciones de la ciudadanía. Su título es elocuente: ‘Un compromiso común. Patrimonio Arqueológico y Participación Ciudadana’. Revela que nunca sobran manos para guarecerlo. La memoria es una criatura tan prodigiosa como frágil. Si recibe el cuidado que merece, se torna en un poderoso instrumento de transformación. Porque el legado no es un ancla. Es una vela que propulsa. Y una brújula. Y de las más fiables. Es, de hecho, la adecuada para que el futuro contenga lo mejor del pasado, y no lo peor.  

75 años de reforestación en Canarias

Celebramos en estos días el 75 aniversario del inicio de la repoblación forestal de Gran Canaria. Setenta y cinco años de un recorrido compartido que se ha convertido en una parte esencial de la historia de esta isla. No lo planteamos como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de memoria útil, que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad.

La repoblación forestal iniciada a finales de los años cuarenta supuso una de las transformaciones territoriales más profundas del siglo XX en Gran Canaria. En una isla muy castigada por siglos de deforestación, aquella política pública alteró de manera  decisiva el paisaje, los usos del suelo y del bosque  y la relación de la población con su entorno natural.

Hoy, cuando miramos nuestras cumbres, medianías y barrancos, vemos masas forestales consolidadas que forman parte de nuestra identidad colectiva. Pero nada de eso fue espontáneo. Fue el resultado de decisiones humanas, planificación técnica y un enorme esfuerzo colectivo que se prolongó durante décadas.

Es importante situar aquel proceso en su contexto histórico real. La repoblación se desarrolló en un tiempo muy distinto al actual: en plena dictadura, en una sociedad profundamente empobrecida, con una economía de subsistencia frágil y con una relación entre las administraciones y la población completamente diferente a la que hoy defendemos. Las políticas se imponían desde estructuras centralizadas, sin participación de las comunidades que habitaban los territorios y sin los espacios de diálogo social que hoy consideramos esenciales.

Entender ese contexto no resta valor al esfuerzo realizado. Al contrario, nos permite comprenderlo con mayor profundidad, reconocer sus aciertos y también sus límites, así como extraer aprendizajes fundamentales para el presente. Por eso días atrás se rindió un homenaje, con nombre y apellido, a quienes representan esa historia plural de la repoblación forestal de Gran Canaria. A Milagrosa Marrero Mayor, viverista, por el trabajo silencioso y paciente de cuidar cada planta desde su origen, haciendo posible que los árboles llegaran vivos y fuertes al monte. A Antonio González Herrera y Orlando Guillén Díaz, jornaleros, por el esfuerzo físico sostenido durante años en condiciones extremas, abriendo hoyos en laderas imposibles y levantando con su trabajo buena parte de los bosques que hoy conocemos. A Mariano Domínguez Gutiérrez, del Grupo Montañero Gran Canaria, por su compromiso continuado con la mejora, la defensa y la protección social del monte. A Domingo Moreno Moreno, pastor, por representar una actividad tradicional inseparable del paisaje insular y hoy reconocida como aliada imprescindible en la gestión del territorio y la prevención de incendios. A Pedro Herminio Santiago Henríquez, “Mino”, trabajador de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, porque sin agua no hay bosque, y porque la gestión colectiva del agua ha sido uno de los pilares invisibles que han hecho posible la repoblación y la vida en las medianías y cumbres. A los herederos de Pedro Suárez Suárez, en representación del Monte Consorciado, reflejo de una etapa histórica compleja de nuestra política forestal que hoy abordamos desde el conocimiento, la justicia territorial y la corresponsabilidad. Y a Manuel Cardona Sosa, divulgador, por haber sembrado cultura forestal, conciencia ambiental y compromiso cívico durante generaciones.

Todas estas personas representan saberes distintos pero complementarios: el saber del trabajo, el saber del territorio, el saber comunitario y el saber de la transmisión cultural. Sin ninguno de ellos, la repoblación forestal de Gran Canaria habría sido posible tal y como hoy la conocemos.

Este proceso tampoco se entiende sin el trabajo técnico que lo hizo viable. Es de justicia reconocer el papel de los ingenieros y técnicos forestales que planificaron y dirigieron la repoblación en condiciones extremadamente difíciles. Queremos recordar de manera expresa al ingeniero de montes Juan Nogales Hernández, que llegó a Gran Canaria en 1949 para organizar la Brigada del Patrimonio Forestal del Estado y dirigir los primeros trabajos de repoblación. Y al ingeniero Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna, primer responsable de la Sección Forestal del Cabildo, cuya labor fue decisiva para estructurar viveros, planificación y coordinación institucional.

Ellos, junto a las personas homenajeadas, forman un mismo relato colectivo: el de una transformación territorial construida a partir del conocimiento, el esfuerzo y la implicación de muchas personas distintas. Setenta y cinco años después, la realidad de Gran Canaria es muy diferente. Vivimos en una sociedad democrática, con mayor conocimiento científico, con instituciones cercanas y con una ciudadanía cada vez más consciente del valor del territorio.

Hoy sabemos que no existe política ambiental eficaz sin la implicación activa de las personas que viven y trabajan en el territorio.Y, sin embargo, el desafío vuelve a ser enorme. La emergencia climática se manifiesta ya en forma de sequías más intensas, aumento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos y riesgo creciente de grandes incendios forestales.

En este nuevo contexto, los montes de Gran Canaria han pasado a ser una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad, la protección del suelo y el bienestar colectivo. De esta lectura nace Gran Canaria Mosaico. Un programa que entiende el territorio como un paisaje diverso, vivo y habitado, donde la gestión forestal, la agricultura, la ganadería, el pastoreo y la conservación se integran para reducir riesgos y aumentar su fortaleza.

Gran Canaria Mosaico rompe con la idea del monte como espacio aislado. Apuesta por mosaicos de usos del suelo que reducen la continuidad del combustible vegetal, previenen grandes incendios, generan oportunidades en el medio rural y fortalecen la adaptación al cambio climático. Es una política territorial basada en ciencia, conocimiento local y participación social. Ese enfoque es el que nos permite hablar hoy de territorio resiliente. Un territorio capaz de responder mejor al fuego, a la sequía y a los impactos del cambio climático. Un territorio gestionado con visión de largo plazo, sin imposiciones, aprendiendo de la historia y actuando desde la corresponsabilidad.

Y esto es, en el fondo, lo que define nuestro proyecto de ecoísla. No un lema, sino una visión política clara: entender que el futuro de Gran Canaria depende del equilibrio entre naturaleza, economía y cohesión social. Que no hay desarrollo duradero sin territorio cuidado. Y que no hay justicia social sin sostenibilidad ambiental. Si hace 75 años la repoblación forestal fue una respuesta a una isla empobrecida y degradada, hoy la respuesta tiene que ser distinta: más democrática, más participativa, más integrada y más consciente de los límites del territorio. El reto ya no es solo plantar árboles, sino construir resistencia, reducir riesgos y garantizar bienestar para las generaciones presentes y futuras.

Este aniversario no es un punto final. Es un punto de apoyo. Nos recuerda que Gran Canaria ha sabido afrontar desafíos enormes cuando ha actuado con visión colectiva y sentido público. Y nos invita a hacerlo de nuevo, ahora desde el conocimiento, la democracia y la implicación compartida.

Que este 75 aniversario de la repoblación forestal sirva para honrar a quienes nos trajeron hasta aquí y para reafirmar un compromiso claro: seguir construyendo una Gran Canaria resistente, justa y sostenible, una Gran Canaria que convierte su territorio en fortaleza compartida y proyecto común.

Deporte grancanario, seña de identidad y progreso

El pasado jueves participé en un reconocimiento a tres deportistas canarios que simbolizan la excelencia, la resistencia y la humanidad que caracterizan a nuestro pueblo y que se amplifican en el deporte. Carla Suárez, Kirian Rodríguez y Juan Espino representan el esfuerzo, la habilidad y la  positividad de las personas jóvenes por alcanzar sus metas, obtener resultados óptimos en la competición y practicar el juego limpio que distingue a quienes son referencia para el conjunto de la sociedad.

El deporte para un grancanario o grancanaria forma parte de nuestra forma de ser, de la manera en que nos relacionamos con nuestras amistades y con la naturaleza que nos acoge. Nos anima a disfrutar de unas condiciones únicas que nos permiten practicarlo durante los doce meses del año.

Los deportistas que reconocimos encarnan fielmente estos valores. Con Carla hemos subido a la red, hemos defendido bolas desde el fondo de la pista y, siempre, siempre, hemos admirado su combinación de resistencia y calidad humana y deportiva. Kirian es la expresión del exquisito y apreciado fútbol canario. Es el portador de la pausa, de la sutileza y de la capacidad del isleño para imprimir su sello en todas las manifestaciones de la vida. También de una enorme capacidad de recuperación. Juan Espino es la raíz en el terrero y la prolongación de la isla al mundo. Es el puntal canario y es el león blanco africano. Es la Gran Canaria que alcanzó sus metas porque no permitió que nadie le pusiera límites.

Estoy seguro de que Carla, Kirian y Juan estarán de acuerdo en que nadie gana en solitario, ni tan siquiera el corredor de fondo. Detrás de cada trayectoria deportiva de éxito siempre hay alguien más que, en algún momento del camino, entregó su comprensión y apoyo incondicional. El Cabildo asume el respaldo al deporte como parte intrínseca de sus obligaciones con la sociedad insular a la que sirve.

Esta identificación del deporte y Gran Canaria la entendió desde siempre el Cabildo cuando tomó la iniciativa de construir instalaciones decisivas como el histórico estadio insular, la ciudad deportiva Gran Canaria o el Centro Insular de Deportes. Y a lo largo de la historia ha modernizado esos equipamientos y ha incrementado el apoyo a los clubs de élite, al deporte base, a los deportes autóctonos y a los ayuntamientos, hasta el punto de  que hoy en día es el sostén fundamental de la práctica deportiva en la isla.

La confluencia entre características naturales de nuestros deportistas, cultura deportiva de nuestro pueblo y condiciones de nuestra tierra ha generado una pasión por el deporte compartida por la mayoría de nuestra población y,  a la vez, ha impulsado la proyección de deportistas excepcionales que simbolizan el carácter de nuestro pueblo.

Este sentimiento de pasión colectiva, perseverancia y trabajo solidario es uno de los innumerables elementos de inspiración que el deporte entrega a la acción pública. Son ejemplos que perduran cuando se apagan el clamor de la grada y las luces de la pista. Porque, como nos recordó Jorge Luis Borges, “cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito”.

Para mantener el pulso de ese ritual, el Cabildo de Gran Canaria ha apostado de manera decidida en la última década por el deporte, elevado a parte esencial de las iniciativas del Gobierno de la isla. Es una actuación que refuerza objetivos esenciales de una sociedad de progreso y sostenible como la que queremos afianzar desde el gobierno insular. Consolida nuestra apuesta por la salud para todas y todos, afianza el arraigo y el sentimiento de pertenencia en todas las personas que lo practican o se identifican con los equipos representativos, mejora las relaciones sociales y supone un atractivo para miles de personas que encuentran en Gran Canaria un espacio incomparable para la práctica de todos los deportes durante todo el año. Por añadidura, impulsa la industria deportiva, la cual supone un revulsivo económico muy relevante. Contamos para ello con un Instituto Insular de Deportes altamente cualificado para hacerlo posible y con profesionales implicados , de la mano del responsable del área, Aridany Romero.

La importancia de estos objetivos reclama una actuación exigente en distintas direcciones y respaldada por unos presupuestos que hemos duplicado y que justifican el incremento de participación y de actividad deportiva. Una línea fundamental es la renovación de instalaciones y equipamientos que nos permiten aspirar a celebrar las mayores competiciones internacionales. Nuestra estrategia pasa por modernizar el Estadio de Gran Canaria con una inversión de 106 millones de euros para disponer de unas instalaciones polivalentes que acogerán los partidos del Mundial de Fútbol 2030, que seguirá siendo la sede estable de la Unión Deportiva Las Palmas y que hará posible acoger cualquier actividad social, cultural, gastronómica, tecnológica, etc,  con un equipamiento del máximo nivel internacional. Lo mismo ocurre con la rehabilitación del Centro Insular de Deportes, el acondicionamiento de la Ciudad deportiva Gran Canaria o el avance enmascaramiento la autosuficiencia energética  del Gran Canaria Arena y el Estadio Gran Canaria.

Esta línea ambiciosa se complementa con las obras de los campos municipales de Maspalomas o de Telde, que serán sedes complementarias durante el mundial de fútbol. Y también con actuaciones en infraestructuras deportivas en todos los municipios de la isla bajo el principio de la democratización del deporte. Porque el deporte no es una ‘maría’. Es una asignatura de primer orden.

Sabemos el papel que representan los equipos de alta competición en el fútbol, baloncesto, voleibol, hockey,  automovilismo, natación o vela para identificar y animar al conjunto de la población a practicar los valores que el deporte encarna. Como expresan los propios representantes de estos clubs, su participación y continuidad se deben fundamentalmente a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Lo mismo ocurre con el deporte base y con los deportes autóctonos. El Cabildo sirve a menudo  de catalizador de la enorme vocación colectiva para que nadie se quede sin practicar el deporte que elige y que le ayuda a crecer. Y lo mismo pasa con los deportes autóctonos como la lucha, la vela o el juego del garrote, que encuentran en nuestra institución el apoyo permanente para su continuidad y crecimiento.

El deporte, en efecto, habita en nuestro interior. Y en el caso de las islas, supone una extensión de la historia, la evolución, la adaptación al entorno, la resiliencia y la nobleza de esta tierra. Con esta lógica, es evidente que sociedad insular y deporte son un espejo frente a frente que devuelve un reflejo constante.

Priorizamos el deporte porque nos identifica. Lo hacemos porque permite proyectar a la isla internacionalmente, siempre en base a principios éticos, democráticos y de defensa de los derechos humanos y la paz. Lo dijo Nelson Mandela: “El deporte tiene el poder de transformar el mundo y de unir a la gente como muy pocas cosas”. Por ello, hay que hacer lo imposible para que esta afirmación no se convierta en una frase hecha, desterrando cualquier manifestación o acto que atente contra la dignidad de las personas o la diversidad que nos enriquece.

Lo hacemos también porque es un factor de diversificación económica y generación de empleo. Pero lo hacemos, sobre todo, porque resulta esencial en el engranaje de la cohesión y la justicia social que tratamos de consolidar para el conjunto de la población. Por eso es tan importante un título de baloncesto o tener una sede mundial como garantizar que las instalaciones deportivas de nuestros barrios y pueblos reúnan las condiciones que necesita la ciudadanía, en especial nuestros niños y niñas, así como las personas con necesidades especiales. Ese, y no otro, es el partido más importante que tenemos que ganar día tras día.

Por una industria tecnológica en Gran Canaria

El pasado miércoles se inauguró en el Auditorio Alfredo Kraus  de Las Palmas de Gran Canaria el Congreso de la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines. Se trata de un encuentro científico de primer nivel que refleja la pujanza de un sector que desempeñará un papel importante en el futuro tecnológico y económico del Estado español. 

La elección de Gran Canaria como sede de este foro no es casual: responde al reconocimiento de nuestra isla como un territorio capaz de acoger y promover proyectos estratégicos de innovación y desarrollo industrial. Aquí se está construyendo, con paso firme, un marco de trabajo en el que la ciencia, la empresa y la administración cooperan de manera decidida  para generar oportunidades de negocio sostenibles y de alto valor añadido.

La industria tecnológica es uno de los sectores con mayor crecimiento mundial. Con altos niveles de inversión y rentabilidad, creación constante de nuevos mercados e incremento de la productividad en otros ámbitos económicos y sociales como los de la salud, el transporte, la educación o el sector primario. Su desarrollo, motor de innovación, profundiza en una enorme transformación social, supone un potencial para el bienestar y adquiere una dimensión estratégica y geopolítica de primer orden.

Vivimos una etapa apasionante y compleja en la que Europa se ha propuesto reforzar su soberanía tecnológica y su autonomía industrial. En ese contexto, la industria de los semiconductores y la microelectrónica ocupa una posición central como base de la digitalización, la transición energética y la modernización productiva.

Gran Canaria quiere formar parte de ese esfuerzo colectivo. Queremos contribuir a que Canarias, España y Europa fortalezcan sus capacidades científicas e industriales, mediante la conjunción de la cooperación, la especialización y el talento, con el objetivo de  favorecer un desarrollo sostenible integral. 

Antonio Morales Presidente Cabildo de Gran Canaria

Un ecosistema de estas características en territorios insulares cambia completamente el tipo de desarrollo posible: menos dependencia del turismo y del transporte, más empleo altamente cualificado, acceso a cadenas de valor globales, impulso a la innovación local, mejora del equilibrio territorial y conexión con el talento y la ciencia ya presentes. De la misma manera, reequilibra el mapa tecnológico estatal, fortalece la presencia científica y tecnológica fuera de la península y aumenta el peso político y económico en programas de soberanía tecnológica como el PERTE chip y otras iniciativas europeas.

En este marco queremos y estamos en condiciones de aportar las capacidades y las ventajas de nuestro ecosistema. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aporta a este esfuerzo un valor incalculable. En primer lugar, la variada y cualificada oferta de titulaciones STEM: en el último curso, más 3.300 estudiantes accedieron a ellas, lo que supone, sin lugar a dudas, una potente cantera de profesionales para empresas tecnológicas.

La ULPGC, dispone, igualmente, de institutos de investigación reputados y consolidados en estos ámbitos: el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC). Desde hace años, con más de 200 investigadores e investigadoras adscritos, realizan una labor de investigación aplicada, reconocida nacional e internacionalmente, en áreas relacionadas con las Tecnologías Avanzadas de la Información. 

Para reforzar todo este engranaje, y de la mano del Cabildo, a través de la sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha puesto en marcha un proceso de diseño y construcción de un centro dotado de laboratorios y salas blancas para la localización de empresas y proyectos de los ámbitos de la microelectrónica, la óptica y la fotónica, así como de la industria aeroespacial. 

Este edificio, que estará ubicado en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá 7.000 metros cuadrados de espacios e infraestructuras adaptados a las necesidades de las empresas y sus proyectos y estarán disponibles para el acogimiento de empresas en 2027. Desde ya se puede contactar con la SPEGC o con el Parque Tecnológico de la Universidad para evaluar las posibilidades de uso o de instalación en este nuevo centro que marcará un antes y un después en la consolidación de Gran Canaria como un enclave de referencia para la industria de la microelectrónica y la industria aeroespacial.

No debemos olvidarnos de que, además de nuestras capacidades, ofrecemos un entorno fiscal altamente competitivo para la inversión, la investigación y la innovación. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) proporciona instrumentos únicos en Europa para impulsar la I+D+i, con deducciones fiscales de hasta el 75% en actividades de investigación y desarrollo, así como otros incentivos para la implantación de empresas de base industrial y tecnológica. A ellos se suman los de la Zona Especial Canaria (ZEC), que permiten operar con un tipo impositivo reducido al 4% del Impuesto de Sociedades.

Todas estas condiciones, junto con la estabilidad institucional, la seguridad jurídica europea, la conectividad internacional, la calidad de vida y el creciente dinamismo de nuestro tejido empresarial, hacen de Gran Canaria un lugar excepcional para invertir e innovar. El Cabildo de Gran Canaria seguirá apoyando decididamente este camino, fortaleciendo las alianzas con la universidad, el sector privado y las instituciones nacionales e internacionales que comparten esta visión de futuro.

Mi agradecimiento más sincero a la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines por su confianza a la hora de  elegir a Gran Canaria como sede de este encuentro y por permitirnos avanzar juntos en este camino. Y también mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en la investigación, la ingeniería, la empresa o la representación pública y que impulsan cada día una industria tecnológica más fuerte, más sostenible y más humana. Estoy convencido de que, desde la unidad, avanzaremos con rumbo fijo en pos de ese objetivo estratégico.

Canarias, España y Marruecos

La pasada semana, Atalayar, un medio cercano al gobierno de Marruecos, insistió en  calentar el ambiente previo a la reunión de alto nivel (RAN) de España y Marruecos, a celebrar los días 4 y 5 de esta semana, adelantando algunos de los objetivos estratégicos que manejan los negociadores alauitas. Ignacio Cembrero, periodista y escritor experto en el Magreb lo ha desnudado todo en los últimos días. Según la narrativa oficial marroquí, ambos países componen hoy un tándem estable basado en una cooperación política al más alto nivel, intercambios comerciales récord -en torno a los 22.700 millones de euros anuales-, cooperación en inversiones, infraestructuras, energía, transporte y tecnología y, además, colaboración en seguridad, migración y lucha contra el terrorismo, áreas en las que Marruecos es considerado un socio clave. No cabe la menor duda de que Marruecos se ha consolidado como el primer socio comercial de España fuera de la UE y en el principal cliente y proveedor español en África. Para las empresas españolas, es un mercado cercano, competitivo y atractivo en costes; para Marruecos, España es puerta de entrada privilegiada a la UE.

Para Atalayar se trata de una relación pragmática en la que todos ganan: España asegura estabilidad fronteriza, comercio previsible y oportunidades para sus empresas y Marruecos obtiene inversiones, reconocimiento implícito a su creciente peso regional y apoyo en sus grandes proyectos económicos. Esta narrativa, sin embargo, deja fuera el principal punto de fricción: el impacto asimétrico de estos acuerdos en un territorio como Canarias, a la que se pretende utilizar como moneda de cambio. Aunque el marco “win-win” -donde todas las partes involucradas buscan y logran un beneficio mutuo- es válido a nivel macroeconómico, en Canarias el panorama es diferente. El archipiélago, por su proximidad a Marruecos y su posición estratégica en el Atlántico, es el territorio español que más puede verse afectado y sacrificado por los pactos bilaterales en aspectos de crucial relevancia.

La delimitación marítima es un conflicto que se recrudece cada vez que se intenta avanzar en negociaciones de este tipo. Marruecos reclama una y otra vez, unilateralmente, zonas marítimas que se solapan con áreas próximas a Canarias lo que afecta a zonas de pesca históricas, recursos submarinos estratégicos (telurio, cobalto y tierras raras) y al control  del Atlántico. Una histórica reivindicación marroquí que, en caso de salir adelante,  nos llevaría a un profundo daño económico, ecológico y estratégico.

Marruecos argumenta que su extensa costa continental merece un trato «equitativo» frente a las «limitadas» costas de Canarias. Esta retórica, sin embargo, es profundamente engañosa. Se produce una desnaturalización del Estatuto de Canarias porque el archipiélago no es un peñón deshabitado. Es una comunidad autónoma española con más de 2,2 millones de ciudadanía europea, cuya economía y subsistencia dependen directamente del mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no distingue entre «costa continental» y «costa insular» a la hora de generar derechos marítimos. Pretender lo contrario es un intento de crear una categoría de segunda clase para los territorios insulares. La equidistancia sí es equidad: la línea media no es un «automatismo» ciego, sino el punto de partida más objetivo y ampliamente aceptado para una delimitación justa. Corregirla sistemáticamente a favor de la parte con la costa más larga no es equidad, es la ley del más fuerte disfrazada de derecho.

Y se apunta una posible “equivalencia” peligrosa. Marruecos ofrecería a España “reconocer la soberanía española sobre Canarias” si España reconoce la marroquí sobre el Sáhara Occidental. Como apuntan distintos análisis diplomáticos se trata de un movimiento altamente inquietante. Canarias es territorio español reconocido internacionalmente -sin discusión jurídica- y por lo tanto introducirla en una negociación implica ponerla al mismo nivel que un territorio en disputa lo que  genera un precedente político muy peligroso. La soberanía del archipiélago no debería ser moneda de intercambio. Es inaceptable y no podemos permitirlo.

La propuesta de una Zona de Desarrollo Conjunto (ZDC) alrededor del Monte Tropic suena bien en teoría, pero en la práctica es una trampa para Canarias. Establecer una ZDC en un área que, por geología y proximidad, debería corresponder a la plataforma continental extendida de Canarias, supone legitimar la pretensión marroquí sobre ese espacio. Es ceder antes de negociar. En cualquier empresa conjunta, Marruecos, como estado continental con fuertes apoyos políticos, tendría una posición de fuerza abrumadora frente a los intereses canarios. La historia demuestra que en estos esquemas, la parte más débil suele salir perdiendo.

El intento marroquí de extender su plataforma continental hasta 350 millas al norte de Canarias es el movimiento más agresivo. Es un ataque en la línea de flotación a nuestro futuro. De prosperar, convertiría a nuestras islas en una prisión marítima – rodeada por aguas marroquíes por el este y el sur- y con un acceso al Atlántico profundamente restringido. Estrangula nuestra ZEE potencial -limitando nuestro acceso a recursos pesqueros, minerales y genéticos futuros-, compromete nuestra seguridad y capacidad de vigilancia marítima y amenaza proyectos vitales como la conectividad submarina por cable con África Occidental.

Sorprendentemente, la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara es presentada como una mera cuestión técnica. No lo es. Es una cuestión de soberanía y seguridad para España y para Canarias. El Centro de Control de Gran Canaria es una infraestructura crítica que garantiza la seguridad de una de las rutas aéreas más transitadas del mundo. Ceder su gestión a Marruecos, aunque sea «de forma progresiva”, debilita la posición estratégica de España y de la OTAN en el flanco sur, introduce un riesgo geopolítico innecesario en una infraestructura vital e ignora que la eficacia técnica del servicio actual está más que demostrada.

La grandilocuente «Visión Atlántica» marroquí no incluye a Canarias como socio, sino como un obstáculo a sortear o un botín que incorporar. Para Rabat, el acuerdo con España no es un fin en sí mismo, sino un paso para avanzar en su objetivo estratégico último: debilitar los vínculos de Canarias con España y Europa y aumentar su influencia sobre el archipiélago. 

Todo esto nos sitúa ante una grave asimetría territorial dentro de España. Mientras que la península puede beneficiarse del comercio y la inversión, Canarias queda en la periferia económica, en una preocupante primera línea geopolítica y con menor capacidad para influir en la política exterior española.

Las decisiones bilaterales tomadas en Madrid repercuten de forma directa en Canarias, a la que se margina y se le impide participar activamente en la negociación. Una vez más se sitúa a esta tierra en la incertidumbre, ante la pasividad del Gobierno de Canarias. El discurso del “acuerdo win-win” entre España y Marruecos está fundamentado en datos económicos y diplomáticos reales: comercio récord, cooperación reforzada y estabilidad política, pero oculta una asimetría evidente: lo que beneficia al conjunto del Estado no necesariamente beneficia —y puede perjudicar— a territorios como Canarias, cuya posición geográfica la convierte en frontera, plataforma y punto crítico.

Canarias no puede ser un actor secundario en este proceso: es el territorio español más afectado por la delimitación marítima, los recursos estratégicos y la geopolítica atlántica. La clave del futuro será si España integra al archipiélago en la toma de decisiones y protege de forma inequívoca sus intereses —o si, por el contrario, permite que el “win-win” se convierta en un “win para unos, riesgo para otros”. La cooperación con Marruecos debe ser absolutamente respetuosa con Canarias y con una total seguridad jurídica. España debe defender con firmeza la mediana marítima impidiendo que Marruecos amplíe unilateralmente su ZEE.  No puede ceder en el establecimiento de  mecanismos bilaterales de control y de protección de recursos. Y debe garantizar que Canarias se beneficie del incremento del comercio y de inversiones energéticas y tecnológicas y que el archipiélago se afiance como hub logístico entre Europa, África y América. Que se produzca un win-win real también para Canarias. 

Pero además,  la dimensión saharaui añade otra capa de complejidad que no puede ser obviada de ninguna de las maneras, a pesar de las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Si el Sáhara Occidental sigue siendo reconocido internacionalmente como territorio distinto y pendiente de descolonización, las delimitaciones marítimas deben manejarse con extremo cuidado, pues cualquier redefinición por parte de Marruecos —o en alianza con España— vulneraría derechos reconocidos. Los recursos marítimos y submarinos en disputa en el Atlántico —alrededor de Canarias, Sáhara y aguas marroquíes— se convierten no sólo en un interés económico, sino en una cuestión jurídica internacional. Por tanto, la defensa de los intereses de Canarias no puede desentenderse de la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Es necesario exigir, por tanto, legalidad, respeto al derecho internacional y coherencia entre diplomacia, comercio y justicia.

El Sáhara Occidental no es una variable negociable al margen de la ley. Es una cuestión de derechos, soberanía y justicia internacional. Y esto debe contemplar el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, la exigencia de su consentimiento para cualquier acuerdo que le afecte y la exclusión clara del Sáhara Occidental de tratados que vinculen a la UE con Marruecos. Si no, lo que se proclama como “cooperación estratégica” puede terminar siendo una construcción frágil -rentable para unos, ilegal para otros-, y moralmente insostenible. Y en ese equilibrio entre geopolítica, economía y derecho internacional, está en juego no solo el futuro del Sáhara, sino la credibilidad de la UE, de España, de Marruecos. Y de todos los que reclamamos justicia.

Dajla, una expansión que compromete a Canarias

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria, me veo en la obligación de expresar, con claridad y responsabilidad institucional, mi profunda preocupación, que coincide con la de una parte importante de la   sociedad grancanaria, ante la misión comercial organizada por PROEXCA, en colaboración con FEDEPORT,  al puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Se trata de una iniciativa que, lejos de responder a los intereses estratégicos de Canarias,  supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar.

Estoy hablando de una actuación pública que promueve la inversión y la colaboración empresarial en un territorio ocupado ilegalmente según las Naciones Unidas y que impulsa el desarrollo de un puerto concebido para competir directamente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas, uno de los principales motores de diversificación económica, empleo y conectividad del archipiélago.

El puerto atlántico de Dajla nace con una vocación evidente: convertirse en una gran plataforma logística internacional y captar tráficos estratégicos de mercancías y contenedores. Un puerto del siglo XXI, con un modelo operativo flexible y con la ventaja de quedar fuera de las regulaciones y obligaciones fiscales y medioambientales de la Unión Europea. Las propias descripciones de la misión comercial lo reconocen: la operación está orientada a apoyar el desarrollo del futuro puerto de Dakhla Atlantique, una infraestructura de 1.300 millones de euros diseñada para ser un “nexo logístico clave entre África, Europa y América”.

Que sea precisamente el Gobierno de Canarias quien promueva que nuestras empresas portuarias se posicionen en un enclave que competirá con nuestro propio sistema logístico, constituye una grave contradicción y una grave irresponsabilidad. No parece razonable que, en un momento en el que nuestros puertos afrontan desafíos de competitividad, se anime a deslocalizar conocimiento, capital y actividad hacia instalaciones que aspiran a sustituirnos. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que nos ha sucedido con la pesca o con el tomate.

Empresarios del sector portuario me trasladan mensajes muy claros: Dajla operará con tasas más bajas, salarios reducidos, menores exigencias ambientales y sin los marcos regulatorios europeos que aquí asumimos. Es imposible competir en igualdad de condiciones. Y peor aún, es absurdo colaborar en fortalecer al competidor.

En estas condiciones, el trabajo que se debería hacer en Canarias es buscar soluciones para abaratar nuestros altos costos como puerto europeo, no animar a nuestras empresas a posicionarse en Dajla. El Gobierno de Canarias debería ser el primero en defender el peso del Puerto de Las Palmas como infraestructura crítica del Estado y pieza central de la economía de Gran Canaria. Sin embargo, esta misión comercial transmite un mensaje opuesto: que es preferible favorecer el crecimiento de un puerto extranjero. Y no cualquiera, sino uno que Marruecos plantea como alternativa directa a los puertos canarios. Al puerto de Gran Canaria, el cuarto del estado español.

La expansión portuaria, pesquera, agrícola y energética de Marruecos ha seguido un patrón inequívoco en los últimos años. Allí donde Canarias ha demostrado fortaleza estratégica, el reino alauí ha activado proyectos paralelos para disputar posiciones de mercado. Tánger compite en tráfico de mercancías, Agadir en pesca, las zonas francas industriales en captación de inversión y ahora Dajla en interconexión logística.¿Tiene sentido facilitar esta estrategia con recursos públicos canarios?

Pero el debate no es solo económico: es ético, jurídico e institucional. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización con un proceso internacional inconcluso. Marruecos ocupa ilegalmente ese territorio incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Promover inversiones en Dajla, tal y como se plantea en esta misión, es contribuir a la estrategia de hechos consumados de Marruecos para consolidar su ocupación.

Diversas organizaciones internacionales han calificado esta iniciativa como un “campo minado legal”, alertando de los riesgos que supone para las empresas canarias implicarse en actividades económicas en un territorio ocupado sin consentimiento del pueblo saharaui y sin garantías jurídicas claras. La misión ha sido criticada también por analistas y observadores internacionales que señalan la irresponsabilidad de que instituciones públicas españolas respalden operaciones de legitimación económica en un enclave donde la soberanía no pertenece a Marruecos sino al pueblo saharaui. No es de recibo que Canarias contribuya, aunque sea de forma indirecta, a fortalecer una estrategia que vulnera la legalidad internacional y que compromete nuestra propia posición geopolítica en el Atlántico.

Hace años que venimos alertando de la creciente presión geopolítica de Marruecos sobre Canarias: desde la pesca hasta la agricultura,  desde los acuerdos bilaterales con terceros países —Israel y Estados Unidos entre ellos— hasta las iniciativas para fijar fronteras marítimas ignorando al archipiélago. Hemos denunciado maniobras militares en aguas próximas, los intentos de extraer crudo o tierras raras en aguas cercanas a nuestras islas, la explotación de recursos naturales saharauis y proyectos como el del cable submarino o la exportación de arena que vulneran todas las garantías internacionales.

No es posible entender esta misión comercial como un gesto neutral. Es un paso más en una estrategia de expansión económica y política que afecta directamente a nuestros intereses como región ultraperiférica, como frontera sur de Europa y como territorio con un peso estratégico indiscutible en el Atlántico. Lo que está en juego es mucho más que la participación de unas cuantas empresas en una misión comercial. Lo que se compromete es la coherencia de la acción exterior del Gobierno de Canarias y su responsabilidad institucional hacia nuestros sectores estratégicos.

Canarias necesita una política exterior responsable, alineada con la legalidad internacional y protectora de los intereses de nuestras islas. No podemos actuar como si Marruecos fuese un aliado inocuo ni como si el desarrollo del puerto de Dajla fuese irrelevante para nuestro futuro. Es imprescindible dejar de mirar hacia otro lado y asumir que la defensa de Canarias pasa por reforzar nuestros puertos, apoyar a nuestras empresas, exigir al Estado el reconocimiento pleno de nuestra condición archipielágica, estar atentos a los afanes expansionistas de Marruecos y actuar con prudencia en un contexto internacional cada vez más complejo, sin obviar la necesaria defensa del Derecho internacional y los Derechos Humanos.

Promover Dajla no es diplomacia económica. Es un error estratégico. Y Canarias no puede permitirse errores en su principal frente geopolítico.