Portada Antonio Morales


Artenara, memoria viva de la cumbre

Artenara no es solo el municipio más alto de Gran Canaria. Es uno de los lugares donde la isla conserva su memoria más profunda. En su paisaje abrupto, en sus cuevas blancas abiertas a los riscos, en el pinar que abraza la cumbre, late una forma de entender la vida basada en la resistencia, el equilibrio y el respeto por la tierra.

Mucho antes de la conquista, las poblaciones indígenas eligieron estas alturas por razones estratégicas y vitales. La cumbre ofrecía control del territorio, defensa natural y cercanía a los recursos del monte. Durante los episodios finales de la conquista castellana, los parajes de Artenara, Acusa y los riscos cercanos a Tejeda se convirtieron en refugio de quienes resistían. La geografía escarpada no era un obstáculo, sino una aliada. Las cuevas excavadas en la roca y el conocimiento profundo del terreno permitían una defensa basada en la adaptación y la integración en el paisaje.                                                                                                                                                              Esa forma de habitar no desapareció. Las cuevas-vivienda que aún hoy siguen ocupadas son la expresión tangible de una continuidad histórica singular. Representan una manera de vivir sin herir la tierra, de protegerse del frío y del calor aprovechando lo que el entorno ofrece, de integrarse en el paisaje en lugar de imponerse a él. Artenara no se construyó contra la montaña, sino con la montaña

La identidad de la cumbre está profundamente ligada a la relación con el campo y el monte. Durante siglos, la vida dependió casi exclusivamente de la agricultura de secano y de la ganadería. En ese contexto se consolidó la devoción a San Matías, especialmente a partir de los siglos XVII y XVIII. No fue una fe ornamental, sino una espiritualidad vinculada a lo esencial: la lluvia que asegura la cosecha, la protección del ganado, el cuidado del pinar. Que su festividad se celebre en febrero no es casual. Es el momento en que el campo espera la lluvia decisiva, cuando la semilla necesita agua para brotar y el futuro del año agrícola aún está en suspenso. San Matías se convirtió así en símbolo de esperanza y protección, profundamente integrado en el calendario agrícola y en la vida cotidiana del pueblo.

En la cumbre, la fe nunca estuvo asociada a la abundancia desmedida, sino a la supervivencia digna. Se pedía equilibrio, no exceso. Se pedía agua, no riqueza. Se pedía cuidado para el monte, no dominio sobre él. Esta visión revela una conciencia ecológica anterior a cualquier formulación técnica moderna.

El pinar canario es mucho más que un elemento paisajístico. Retiene la humedad, protege el suelo de la erosión, regula el ciclo del agua y hace posible la vida en barrancos y valles. Cuidarlo ha sido siempre, aunque no se expresara con términos científicos, una forma de cuidar a toda la isla. Los mayores sabían cuándo entrar al monte y cuándo dejarlo descansar. Sabían aprovechar la madera sin arrasar el bosque. Entendían que la tierra no se exprime, se acompaña.

Esa cultura del uso responsable constituye el antecedente de lo que hoy llamamos gestión sostenible. No era teoría, era práctica cotidiana transmitida de generación en generación. El equilibrio entre aprovechamiento y conservación formaba parte del sentido común de la cumbre.

Sin embargo, la historia reciente ha recordado la fragilidad de ese equilibrio. Los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de Gran Canaria. El fuego mostró que el monte no es invulnerable y que su protección exige planificación, prevención e implicación colectiva. Desde entonces, la gestión forestal, la vigilancia y la educación ambiental han adquirido un papel prioritario.

En esa tarea desempeñan un papel esencial las trabajadoras y trabajadores del medio ambiente: brigadas contra incendios, guardas forestales, técnicos, agentes, personal de mantenimiento, educadores ambientales, agricultores y ganaderos que cuidan la tierra día a día. Su labor, muchas veces silenciosa y realizada en condiciones difíciles, sostiene la resiliencia del territorio. Gracias a ellos, el pinar sigue en pie y la cumbre conserva su capacidad de regeneración.

Artenara forma parte hoy del corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estos reconocimientos no son simples distinciones simbólicas. Representan una responsabilidad. Significan que el equilibrio logrado durante siglos posee un valor que trasciende lo local y adquiere dimensión universal.

Pero antes de que llegaran los títulos y las declaraciones oficiales, ya existía en la cumbre una cultura del cuidado. Antes de que se hablara de sostenibilidad, ya se practicaba. Antes de que la UNESCO mirara hacia estas montañas, ya eran sagradas para quienes las habitaban. En realidad para toda Gran Canaria.

El verdadero patrimonio de Artenara no son solo las cuevas, los pinares o los riscos. Es la gente que mantiene viva esa herencia. Sin población no hay conservación posible. La cumbre no puede convertirse en un museo vacío. Necesita escuelas, proyectos, agricultura, ganadería, comercio y oportunidades para que las nuevas generaciones puedan quedarse sin renunciar a su identidad.

Tradición y sostenibilidad no son enemigas. Son aliadas. Preservar la identidad no significa anclarse en el pasado, sino proyectar hacia el futuro lo mejor de lo aprendido. La devoción a San Matías puede leerse también como una forma de memoria ecológica: el recordatorio de que dependemos del medio y de que nuestra supervivencia siempre estuvo ligada al buen estado del monte y del campo.

Artenara es un lugar donde el paisaje invita a levantar la mirada. Desde sus miradores, el mundo parece latir más despacio. El abismo enseña humildad; la altura obliga a reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza natural. Sin embargo, esa sensación no empequeñece, sino que integra y nos hace conscientes de que formamos parte de algo mayor. En la cumbre, la isla recuerda quién es. Recuerda que su carácter se forjó en la relación entre piedra, agua y pinar. Recuerda que el equilibrio no es una consigna moderna, sino una práctica antigua. Recuerda que defender el árbol es defender la vida.

Celebrar la identidad de Artenara es, en definitiva, renovar un compromiso: con el pinar, con el agua, con la gente que trabaja el territorio y con una forma de vivir que ha sabido resistir siglos de aislamiento, escasez y transformación sin perder su vínculo con la tierra. Porque en estas montañas no solo se contempla el paisaje: se aprende de él. Y mientras el pino siga esperando la lluvia y la mano humilde sepa cuándo cortar, la cumbre seguirá siendo memoria viva de Gran Canaria.

Muchas gracias, Artenara, por el reconocimiento que han hecho al Cabildo de Gran Canaria y a los trabajadores y trabajadoras de Medio Ambiente. Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero su papel es imprescindible para mantener ese ecosistema. Muchas gracias por invitarme a pregonar las fiestas de San Matías.

Una Ecoísla de cuidados

La inauguración del nuevo centro sociosanitario Benedicta Ojeda, en Tamaraceite, es una de esas noticias que hablan de presente, pero sobre todo de futuro. Un futuro que se construye con hechos, con planificación pública y con una convicción clara: Gran Canaria no puede avanzar como ecoísla, como territorio sostenible y cohesionado, si no sitúa la justicia social y los derechos de las personas en el centro de todas sus políticas.

El centro Benedicta Ojeda no es una infraestructura más. Representa una forma de entender los cuidados, la atención a la dependencia y la dignidad de las personas mayores y con discapacidad. Con 156 nuevas plazas —135 residenciales, para dependientes y salud mental, y 21 de atención diurna—, se convierte en el segundo gran centro abierto en este mandato en términos de oferta de plazas. Cada una de esas plazas es una respuesta concreta a una necesidad real, cada una de ellas supone alivio para la familia, oportunidades de empleo cualificado y un paso más hacia un sistema de cuidados más humano y cercano.

Este avance se inscribe en una estrategia mucho más amplia: el Segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria, que contempla la creación de 1600 nuevas plazas a gestionar directamente por el Gobierno de la isla y casi 400 plazas más a través de infraestructuras creadas por el Tercer Sector con financiación insular. Se trata del mayor esfuerzo inversor en materia sociosanitaria de los últimos veinte años. No es una cifra retórica: es el resultado de años de planificación, de acuerdos institucionales complejos y de una voluntad política sostenida de no mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia.

El plan nació con una aportación de 90 millones de euros, fruto de la cooperación interadministrativa, pero se ha ido ampliando, con la financiación adicional del Cabildo de Gran Canaria, hasta llegar a los 200 millones de euros. Son 110  millones de euros más de recursos propios para ampliar la oferta y acelerar la puesta en marcha de nuevos centros y servicios. No hay ningún plan de estas características en ningún territorio insular de Canarias. Esta decisión no es menor. Significa asumir responsabilidades más allá de lo estrictamente financiado, porque las necesidades sociales no siempre pueden esperar a los tiempos administrativos.

Un plan sociosanitario público de estas carácteristicas es imprescindible para responder de forma integral y coordinada a las necesidades crecientes de las personas en situación de dependencia, con problemas de salud mental y con discapacidad. Se trata de una parte importante de la ciudadanía que requiere  apoyos que no son solo sanitarios ni solo sociales, sino una combinación de ambos: atención médica continuada, rehabilitación, acompañamiento psicológico, apoyos a la autonomía personal, recursos residenciales y refuerzo a las familias. Sin una planificación pública estructurada, la atención suele fragmentarse entre distintos servicios, generando desigualdades, duplicidades y retrasos.

En paralelo, el nuevo Convenio de Dependencia 2025–2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, garantiza la estabilidad financiera de los servicios y moviliza 604 millones de euros en cuatro años, de los cuales el Cabildo aporta en torno al 30% del total. Este acuerdo permitirá atender a más de 5.300 personas cada año y sostener casi medio millón de horas de atención en servicios clave como la Promoción de la Autonomía Personal y la Ayuda a Domicilio, pilares del nuevo modelo de cuidados centrado en la persona y en su entorno comunitario.

El centro Benedicta Ojeda es heredero de una trayectoria que ha transformado profundamente la política social insular en la última década. Gran Canaria ha pasado de atender a poco más de 4.000 personas a atender a casi 8.700, no solo aumentando plazas residenciales, sino diversificando recursos: centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria, servicios comunitarios y dispositivos especializados para personas con discapacidad y problemas de salud mental. La red se ha ampliado y, al mismo tiempo, se ha hecho más flexible y más humana.

Este cambio de modelo también se hizo visible en los momentos más difíciles. Durante la pandemia, los centros sociosanitarios de la isla demostraron que la planificación, la coordinación con el sistema sanitario y la anticipación salvan vidas. La experiencia dejó una enseñanza clara: invertir en cuidados no es un gasto, es una política de protección colectiva.

La política social del Cabildo no se agota en la dependencia. Incluye programas de emergencia social que atienden cada año a decenas de miles de personas, proyectos de alojamiento para familias en riesgo de desahucio, una red consolidada para jóvenes extutelados, y una apuesta decidida por la igualdad, la diversidad y la accesibilidad universal. Todo ello responde a una misma lógica: no dejar a nadie atrás y construir cohesión desde lo público, en alianza con los ayuntamientos y el tercer sector.

Un plan integral como el desarrollado por el gobierno insular de Gran Canaria coordina los sistemas sanitario y social, garantizando continuidad asistencial, reduciendo listas de espera y mejorando el acceso equitativo a recursos; prioriza la atención comunitaria, favoreciendo la inclusión y la vida independiente; apoya a las familias cuidadoras, que actualmente asumen una gran carga; y optimiza recursos públicos, evitando costes mayores derivados de hospitalizaciones evitables o institucionalizaciones innecesarias.

Además, el envejecimiento de la población y el aumento de trastornos de salud mental hacen urgente un modelo estable, financiado y planificado a largo plazo. Un plan sociosanitario público no es solo una cuestión de gestión, sino de derechos, dignidad e igualdad de oportunidades para las personas más vulnerables.

Desde esta perspectiva, el proyecto de la ecoísla no puede reducirse a energías renovables, economía circular o protección del territorio. La sostenibilidad tiene también una dimensión social ineludible. No hay transición ecológica justa si no se garantiza el derecho a unos cuidados dignos, a la igualdad de oportunidades y a una vida autónoma para todas las personas, independientemente de su edad, capacidad o situación vital.

La apertura del centro Benedicta Ojeda es, por tanto, una buena noticia por lo que aporta hoy y por lo que simboliza. Es la constatación de que la planificación pública funciona cuando se mantiene en el tiempo; de que los grandes acuerdos institucionales son posibles; y de que la política, cuando se pone al servicio de la gente, mejora de forma tangible la vida cotidiana.

Unos días antes inauguramos el Hogar Funcional de Teror, esta semana el Hogar Julia en Tafira, antes del verano se pondrá en funcionamiento el nuevo Taliarte, similar al Benedicta Ojeda, luego Teror, Guía, y así sucesivamente.

Gran Canaria sigue avanzando. Queda camino por recorrer y nuevas necesidades que atender. Por eso ya se trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario, porque las demandas crecen y no admiten pausas. Pero cada nuevo centro, cada plaza creada y cada servicio puesto en marcha refuerzan una idea sencilla y poderosa: una isla más justa es también una isla más fuerte, más cohesionada y más preparada para afrontar el futuro.

Gran Canaria, motor canario de la Economía Azul

La diversificación económica es clave para las islas porque reduce la dependencia del exterior, aumenta la resiliencia ante crisis externas y genera empleo más estable. Además, permite aprovechar mejor los recursos propios, protege el territorio y favorece un desarrollo sostenible con mayor equilibrio social y capacidad de futuro. En Gran Canaria, el modelo de ecoísla que defendemos avanza en este sentido. Más allá del modelo turístico, que representa el 35% del PIB insular, impulsamos la economía circular, la movilidad sostenible, la economía verde, el sector audiovisual, las políticas de cuidados, deportivas y culturales, la innovación y la digitalización, la industria y el comercio, la soberanía alimentaria, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático o la economía azul.

Los datos avalan en estos momentos el papel de Gran Canaria como motor de la economía azul en Canarias. Según el Informe de Economía Azul en Gran Canaria elaborado por la SPEGC, con el aporte fundamental del Informe del CETECIMA de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2024, la producción total desee sector en Canarias alcanzó en 2022 los 3.521,8 millones de euros, lo que equivale al 7,18 % del PIB regional.

De esa cifra, Gran Canaria genera 1.901,3 millones de euros, es decir, el 54 % de toda la producción azul del archipiélago, y un 3,87 % del PIB regional canario atribuible exclusivamente a la isla. Muy por detrás se sitúan Tenerife, con el 19 %, y Lanzarote, con el 13 % de la producción regional.

En términos insulares, la producción de la economía azul en Gran Canaria (1.901,3 millones de euros, sobre un PIB insular de 18.786,4 millones de euros) supone un peso directo del 10,12 % del PIB. Incorporando estimaciones conservadoras de actividades no plenamente cuantificadas —desalación, biotecnología marina y energías renovables offshore—, la aportación se sitúa entre el 10,5 % y el 11 % del PIB insular. Además, la isla concentra el 90 % de la producción regional en reparación naval, el 71,7 % en puertos y servicios portuarios y el 69,8 % en pesca, liderando prácticamente todos los subsectores de la economía azul.

Para que nos hagamos una dimensión real de este salto importante de la economía azul, recuerden que la industria en Canarias representa un 2,8% del PIB y que si sumamos industria+construcción llegamos a un 5,8% del PIB

Las actividades económicas vinculadas al mar son ya un pilar estructural de la economía de Gran Canaria, con un nivel de especialización muy superior a la media regional y un papel central como motor logístico, industrial y portuario del archipiélago. La isla se consolida así como el principal nodo azul en Canarias y como un referente en el ámbito atlántico. En un momento en el que los territorios buscan modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes y menos dependientes de sectores volátiles, el mar se ha convertido en una de las grandes oportunidades del siglo XXI. Esta economía, basada en el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros, ha pasado de ser un concepto emergente a un pilar estratégico para regiones con fuertes vínculos con el oceáno. En Canarias, y de manera muy destacada en Gran Canaria, esta transformación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad económica medible.

Este modelo económico propone una visión integral del mar como fuente de riqueza, empleo, innovación y conocimiento, pero también como un ecosistema que debe ser protegido. Bajo este enfoque conviven actividades tradicionales como la pesca o los servicios portuarios con sectores altamente tecnológicos como la biotecnología marina, las energías renovables offshore o la investigación oceanográfica. En un contexto global marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, este modelo se presenta como una alternativa necesaria y estratégica.

Gran Canaria es, ante todo, un territorio oceánico. Más del 90 % de su superficie es mar, un dato que explica su historia, su cultura y su posición geoestratégica. El océano ha sido durante siglos vía de comunicación, fuente de alimento y espacio de intercambio comercial. Hoy, además, se ha convertido en uno de los principales ejes de diversificación económica de la isla.

La economía azul en Gran Canaria engloba un amplio abanico de actividades vinculadas directa o indirectamente al mar, desde la logística portuaria y la reparación naval hasta el turismo náutico, la acuicultura sostenible o la investigación científica. Este ecosistema productivo, como ya señalé anteriormente, no solo genera riqueza, sino que contribuye a reforzar el músculo de la economía insular frente a condicionantes geoestratécios o geopolíticos.

Uno de los grandes pilares de este modelo es el Puerto de Las Palmas, una infraestructura clave en el Atlántico medio. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un nodo fundamental para las rutas marítimas entre Europa, África y América, consolidando a Gran Canaria como plataforma logística de primer nivel.

En torno al puerto se concentra un potente tejido empresarial ligado a los servicios a buques, la reparación y construcción naval, el suministro energético, el transporte marítimo y las actividades offshore. Este conjunto de sectores genera miles de empleos y explica buena parte del liderazgo de la isla en la economía azul regional.

Otro ámbito esencial es la desalación de agua de mar y la gestión del ciclo integral del agua. En un territorio con escasos recursos hídricos naturales, esta actividad resulta estratégica para garantizar el abastecimiento a la población, al sector turístico y a la agricultura. Gran Canaria ha sido y es pionera en el desarrollo de tecnologías de desalación, impulsando mejoras en eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.

Las energías marinas y las renovables vinculadas al mar representan, además, uno de los grandes campos de futuro. Las condiciones oceánicas y climáticas de la isla favorecen el desarrollo de la energía eólica marina, la energía de las olas y otros sistemas experimentales. Más allá de la generación eléctrica, este sector abre oportunidades en investigación, ensayo, mantenimiento y transferencia tecnológica, contribuyendo a la transición energética y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. ¡Cuánto está tardando el gobierno central para hacerla posible en nuestra isla!

La acuicultura marina sostenible se ha consolidado como una actividad complementaria a la pesca tradicional. Gestionada bajo criterios ambientales rigurosos, permite producir alimentos de calidad, generar empleo local y fomentar la innovación tecnológica. La pesca artesanal, por su parte, mantiene un papel relevante no solo por su aportación económica, sino también por su valor social, cultural y patrimonial.

El turismo costero y las actividades náutico-deportivas constituyen otro de los ejes de la economía azul en Gran Canaria. Deportes como el surf, la vela o el buceo, junto al turismo náutico o los cruceros, diversifican la oferta turística y generan oportunidades ligadas al ocio, la formación especializada y los servicios avanzados.

Gran Canaria destaca también como polo de conocimiento vinculado al mar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alberga centros de referencia como el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) o el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). A ellos se suman infraestructuras estratégicas como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), situada en  Taliarte, el gran espacio estratégico de desarrollo azul que impulsa el Cabildo de Gran Canaria

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) completan este ecosistema impulsando proyectos de biotecnología azul, acuicultura sostenible y emprendimiento innovador, como la plataforma Bioasis o la Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima.

Salto de Chira es una infraestructura clave para profundizar en la economía azul de Gran Canaria. Gracias a esta central hidroeléctrica, la isla podrá integrar de forma segura energías marinas como la eólica offshore superando el problema de la intermitencia. Además, facilita que la desalación de agua de mar, actividad estratégica de este modelo económico, funcione con mayor peso de energías limpias, reduciendo costes y emisiones. Hará de infraestructura habilitadora para hacer posible una economía azul más sostenible, innovadora y fuerte.

Más allá de los datos, el reto ahora es mantener este liderazgo con una visión de largo plazo. Apostar por la economía azul implica coordinación institucional, inversión en conocimiento, apoyo al tejido empresarial y una ciudadanía consciente del valor del mar. En Gran Canaria, el océano no solo define su geografía: se perfila como una de las claves más sólidas para construir un futuro sostenible, innovador y competitivo.

Los riesgos del sector primario

El sector primario canario atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Agricultura, ganadería y pesca se encuentran en una encrucijada marcada por decisiones que se están tomando fuera del archipiélago, principalmente en el ámbito europeo aunque también en el del Gobierno español, pero cuyas consecuencias recaen de forma directa sobre un territorio ultraperiférico con marcadas singularidades económicas, sociales y ambientales.

Las posibles modificaciones del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el debate en torno a la pesca del atún mediante redes de cerco y la entrada en vigor de nuevas normas de control pesquero que afectan a la flota artesanal configuran un escenario de gran incertidumbre para el campo y el mar canarios.

El POSEI ha sido, desde su creación, una de las principales herramientas de compensación de los sobrecostes estructurales que sufren las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En el caso de Canarias, este programa -que inyecta 300 millones anuales al sector- ha permitido sostener producciones agrarias y ganaderas que, sin ese apoyo, difícilmente podrían competir en un mercado único diseñado para territorios continentales. La insularidad, la fragmentación del territorio, la lejanía de los principales mercados y la dependencia del transporte marítimo encarecen tanto la producción como la comercialización, situando a los productores canarios en clara desventaja frente a competidores de otras regiones europeas. Así está reconocido expresamente en el artículo 349, que costó tanto conseguir, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante años, el POSEI ha servido para garantizar el abastecimiento del mercado interior, apoyar cultivos estratégicos como el plátano, el tomate o la vid y mantener viva una actividad económica que cumple también una función social, territorial y ambiental. No obstante, en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, han surgido propuestas que apuntan a una posible integración del POSEI dentro de instrumentos más generales de la Política Agrícola Común. Esta opción supondría diluir el carácter específico del programa y poner en riesgo su financiación directa, vinculada precisamente al reconocimiento de las desventajas permanentes de las regiones ultraperiféricas.

Cualquier debilitamiento del POSEI tendría consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de miles de explotaciones. En un contexto de aumento de los costes energéticos, encarecimiento de los insumos y presión creciente sobre los precios en origen, perder un instrumento diseñado a medida del archipiélago  aceleraría el abandono del campo, aumentaría la dependencia exterior y comprometería la ya frágil soberanía alimentaria de las islas. Es necesario, igualmente, que se extienda una filosofía similar al ámbito pesquero, con un POSEI específico para la pesca y la acuicultura que tenga en cuenta los costes particulares de la flota canaria.

Paralelamente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur supone una amenaza adicional. Aunque el pacto persigue la liberalización del comercio entre ambos bloques y se presenta como una oportunidad para determinados sectores industriales y exportadores, el sector primario europeo, y especialmente el de las regiones más vulnerables, se verá seriamente afectado con la apertura del mercado comunitario a productos agrarios procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia ambiental, sanitaria y laboral.

En el caso canario, la inquietud es doble. Por un lado, la entrada de productos agrícolas a precios más bajos  ejercerá una presión a la baja sobre los precios locales, haciendo inviable la producción en un territorio donde los costes son estructuralmente superiores. Por otro, no genera ninguna confianza la aplicación de “cláusulas espejo”, para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.

La combinación de un POSEI debilitado y un acuerdo comercial de gran alcance como el de Mercosur es  un cóctel extremadamente peligroso. La pérdida de ayudas específicas, unida a una mayor presión competitiva en el mercado, acelerará la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas, con efectos en cascada sobre el empleo, el paisaje, la cohesión territorial y la economía rural. En este contexto, es imprescindible que Canarias, en su condición de región ultraperiférica, sea tenida en cuenta no solo en las políticas de cohesión, sino también en los grandes acuerdos comerciales de la Unión.

En el ámbito pesquero, el debate se intensifica en torno a la posible introducción o ampliación de técnicas de pesca industrial, especialmente el uso de redes de cerco para la captura de atún. La pesca del atún es una actividad estratégica para la flota artesanal canaria, que tradicionalmente ha utilizado métodos altamente selectivos, como el anzuelo, con un impacto ambiental reducido y una elevada calidad del producto. La entrada de flotas industriales o la autorización de técnicas como el cerco con grandes redes supone una amenaza directa a este modelo y elimina la zafra de la pesca del atún que es la que mantiene viva en la actualidad a nuestra flota pesquera artesanal. La utilización de pescado de la zona para alimentar a las crías de atún, con ratios de 15:1 sería realmente insostenible y  realmente dañina para la fauna local.

Las organizaciones de pescadores y también el Cabildo de Gran Canaria han alertado de que la pesca industrial del atún altera los equilibrios del caladero, reduce la disponibilidad del recurso para la flota local y provoca un impacto ecológico significativo, especialmente si se utilizan dispositivos de agregación de peces. Más allá del daño ambiental, el riesgo principal es socioeconómico: la flota artesanal no puede competir con la capacidad extractiva ni con la escala de la pesca industrial, lo que podría llevar a la desaparición de un sector que genera empleo y forma parte de la identidad cultural de Canarias.

A esta preocupación se suman las nuevas normas europeas de control pesquero que han entrado en vigor recientemente con el objetivo de reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de los recursos y luchar contra la pesca ilegal. Aunque el principio de sostenibilidad es compartido por el sector, la aplicación práctica de estas normas ha generado un fuerte malestar entre los pescadores artesanales canarios. Muchas de las obligaciones administrativas y tecnológicas que se exigen, como el registro electrónico detallado de capturas o los avisos previos de llegada a puerto, están diseñadas para flotas de mayor tamaño y no se adaptan a la realidad de pequeñas embarcaciones de bajura.

Para la pesca artesanal, estas exigencias suponen un aumento de los costes y una carga burocrática difícil de asumir. La falta de adaptación normativa a las particularidades de Canarias puede convertir una actividad tradicional y sostenible en económicamente inviable. Las cofradías advierten de que, si no se introducen excepciones o ajustes específicos, muchas embarcaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con la consiguiente pérdida de empleo y de conocimiento tradicional.

En conjunto, las tensiones actuales reflejan un problema de fondo: la dificultad de encajar políticas europeas de carácter general en territorios con características excepcionales como Canarias. La defensa del sector primario no pasa por rechazar la sostenibilidad, la modernización o el comercio internacional, sino por exigir que estos procesos tengan en cuenta la singularidad insular y ultraperiférica. El futuro del campo y del mar canarios depende de que la Unión Europea mantenga instrumentos específicos, escuche a los territorios afectados y diseñe políticas que no sacrifiquen a los sectores más frágiles en nombre de un mercado globalizado.

Y como señalé en mi artículo de la semana pasada, pasados los años, la UE y el Gobierno español de turno, se darán cuenta del error y del daño producido, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquíes. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran. Lo mismo que hicieron con la pesca artesanal situándola al borde del precipicio.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, comprometido con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a unas medidas que ponen en riesgo el presente y el futuro del campo canario. De esta manera reafirmamos el compromiso del Gobierno de la isla con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria, el producto local y el mantenimiento de un medio rural vivo y sostenible.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la rentabilidad económica de unas actividades productivas, sino un modelo territorial, social y cultural que ha dado forma a Canarias durante siglos. Preservar el sector primario significa también comer más fresco y más sano y proteger el paisaje, la biodiversidad, la lucha contra los incendios, la reducción de la huella ecológica en el consumo de alimentos, la identidad y la capacidad del archipiélago para decidir sobre su propio abastecimiento y su relación con el entorno. No podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. La respuesta que se dé hoy a estos desafíos marcará el rumbo del sector primario canario durante las próximas décadas.

Puertos y Geopolítica en el Atlántico Oriental

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria me debo a la defensa del interés general de esta isla y me siento en la obligación, por tanto, de manifestar mi opinión -ya lo he hecho en otras ocasiones- sobre el marco de relaciones que se nos propone para con Marruecos y sus derivas para Canarias, para Gran Canaria y, especialmente, para el puerto de La Luz y Las Palmas. Lo hago días después de que una delegación de nuestra Comunidad Autónoma, encabezada por su presidente, Fernando Clavijo, visitara Marruecos para, según se nos dijo, generar espacios de colaboración económica entre el país alauita y Canarias.

El diálogo entre los pueblos y establecer relaciones de buena vecindad es siempre bueno. Pero no es de recibo que se haga  con las cartas marcadas y con la espada de Damocles de las exigencias marroquís  de anexión de nuestros minerales y tierras raras del Monte Tropic, nuestras aguas territoriales y la seguridad aérea del Sáhara Occidental. Por eso es más necesario que nunca que los resultados de este viaje último a Agadir y su zona de influencia se trasladen a la sociedad canaria con total transparencia. Se nos debe mostrar nítidamente los beneficios reales que se han producido para nuestra tierra.

Y me preocupa, además de esa “visión atlántica” de Marruecos y sus ambiciones sobre Canarias, la estrategia portuaria diseñada por el país vecino en el Atlantico Oriental. Dice Fernando Clavijo que los puertos canarios y marroquís “deben actuar de manera complementaria y no competitiva”, repitiendo los mismos argumentos que las autoridades andaluzas expresaron en relación a los puertos de Algeciras y Tánger, hasta que este último ha terminado por fagocitar buena parte de la actividad del puerto gaditano. Curiosamente, en esos mismos días el expresidente de la autoridad portuaria de Santander, Jaime González, nos dejó claro, en declaraciones a este medio, que los puertos marroquís son la principal amenaza para los “hubs” portuarios de Canarias.

El Atlántico oriental vive una reconfiguración silenciosa pero profunda. Los flujos marítimos, las decisiones de las grandes navieras y las estrategias estatales están redefiniendo el equilibrio logístico entre Europa y África. En ese proceso, Marruecos ha emergido como un actor central, utilizando sus puertos no solo como infraestructuras económicas, sino como instrumentos de política geoestratégica. Esta transformación plantea riesgos reales de competencia para el Puerto de Las Palmas, riesgos que no son meramente comerciales, sino profundamente políticos.

Al mismo tiempo, el impacto de este fenómeno es claramente asimétrico dentro de Canarias, afectando mucho más al Puerto de La Luz y de Las Palmas que al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Quizás sea por esto que a algunos les preocupe poco esa competencia real con el puerto grancanario. Quizás por eso no se esté valorando en toda su dimensión el daño que se le hace. 

El contraste con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es significativo. Su perfil es marcadamente distinto: tráfico regional, cabotaje, cruceros y mercancía con origen o destino canario. No aspira a ser un hub intercontinental ni compite por el gran transbordo o el bunkering a escala global. Esta menor ambición internacional actúa, paradójicamente, como un factor de protección. Santa Cruz no es un objetivo estratégico para Marruecos, ni un elemento central en la disputa logística entre la UE y el norte de África. Su exposición a la competencia marroquí es indirecta y limitada, y en segmentos como el turismo de cruceros incluso puede beneficiarse de una especialización más clara dentro del sistema portuario canario.

A diferencia de otros países donde el desarrollo portuario responde principalmente a dinámicas de mercado, Marruecos ha construido un modelo portuario de Estado. Tánger Med, Agadir y el emergente Puerto Atlántico de Dajla no compiten entre sí, sino que forman parte de una arquitectura planificada, con funciones diferenciadas y un objetivo común: posicionar al país como plataforma logística clave entre Europa, África y las grandes rutas marítimas globales.

Tánger Med es el ejemplo más evidente. En poco más de una década se ha convertido en uno de los mayores hubs del Mediterráneo y de África, superando en volumen de contenedores a puertos históricos del sur de Europa. Su éxito se explica por una combinación de factores: fuerte inversión pública, costes laborales y regulatorios más bajos que los europeos, zonas francas altamente competitivas y una integración estratégica con las grandes navieras internacionales, que han redibujado sus rutas para priorizar escalas en el enclave marroquí. Un ejemplo claro es el de la naviera  noruega Maersk que dejó Algeciras para irse a ese puerto..

Agadir refuerza este sistema desde un perfil más sectorial, vinculado a la exportación agro-pesquera y a la logística regional. Representa una amenaza más acotada, pero es el proyecto del Puerto Atlántico de Dajla el que introduce una dimensión nueva y más inquietante para Canarias. Concebido como puerto de aguas profundas y orientado a África Occidental y el Sahel, Dajla -en contra del derecho internacional al estar construyéndose en territorio ocupado- aspira a captar tráficos que históricamente han encontrado en Las Palmas un punto natural de escala, redistribución y servicios.

El Puerto de Las Palmas ha sido, durante décadas, una pieza clave en el Atlántico medio. Su valor no reside únicamente en el volumen de mercancías, sino en su función como nodo de servicios marítimos avanzados: bunkering, reparaciones navales, apoyo a flotas pesqueras y offshore, y redistribución logística hacia África Occidental. Esta centralidad lo ha convertido en un activo estratégico para España y para la Unión Europea.

Sin embargo, esa misma posición explica su vulnerabilidad. Los segmentos en los que Las Palmas es fuerte coinciden exactamente con aquellos que Marruecos busca desarrollar y captar. La consolidación de Tánger Med ya ha reducido la importancia relativa de algunos puertos españoles en las grandes rutas, y la futura operatividad de Dajla introduce una presión adicional sobre el papel histórico de Las Palmas como hub atlántico intermedio.

No se trata de una amenaza inmediata ni de un “sorpasso” automático, pero tampoco que tarde en suceder  veinte años. Estamos ante un auténtico riesgo estructural. A medio plazo, la combinación de menores costes, mayor respaldo estatal y creciente atractivo para las navieras puede erosionar la centralidad de Las Palmas si no se adoptan medidas estratégicas claras.

Uno de los elementos más delicados de este escenario es el marco europeo. Los puertos comunitarios operan bajo regulaciones ambientales y sociales cada vez más exigentes. Medidas como el sistema ETS aplicado al transporte marítimo o las normativas FuelEU incrementan los costes operativos, especialmente en puertos periféricos como los canarios. Los puertos marroquíes, por el contrario, no están sujetos a estas obligaciones en la misma medida. Esto genera una distorsión competitiva evidente: competir en el mismo mercado global con reglas diferentes. La paradoja se acentúa cuando se constata que parte del desarrollo portuario marroquí cuenta con financiación de entidades en las que participa la propia UE.

Luego se darán cuenta del error, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria: el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquís. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran, al igual que hicieron con la pesca artesanal.

Desde la perspectiva europea, Marruecos es un socio estratégico para la estabilidad regional y la proyección hacia África. Pero esa lógica tiene un efecto colateral: externalizar funciones logísticas fuera del territorio comunitario, debilitando puertos europeos que cumplen un papel geoestratégico clave, como Las Palmas.

La posición española no es sencilla. Las relaciones con Marruecos se han convertido en un eje central de la política exterior, especialmente en ámbitos como la migración, la seguridad y la energía. En ese contexto, la defensa activa de los intereses portuarios canarios no siempre aparece como una prioridad explícita. El resultado es una sensación de desprotección estratégica: Las Palmas es un activo europeo de primer orden, pero no siempre es tratado como tal en las decisiones políticas de mayor alcance.

El ascenso portuario marroquí no es un fenómeno coyuntural, sino parte de una transformación profunda del Atlántico oriental. Las Palmas está en el centro de esa transformación y por ello afronta riesgos reales que combinan economía, geopolítica y regulación europea. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, permanece relativamente al margen de esta disputa estratégica. Y vuelvo a repetir que quizás sea por eso que en algunos ámbitos políticos eso importe menos.

El verdadero desafío para Canarias no es elegir entre cooperación o confrontación con Marruecos, sino definir una estrategia portuaria coherente y diferenciada, que reconozca el valor geopolítico de Las Palmas como activo europeo. Si esa estrategia no se articula con claridad, el riesgo no es el debilitamiento del principal puerto canario sino algo más sutil y preocupante: la pérdida progresiva de centralidad estratégica de Canarias en el Atlántico oriental en un momento en que el control de las rutas marítimas vuelve a ser, como tantas veces en la historia, una cuestión de poder.