Democratizar la democracia

El pasado 10 de noviembre acudimos a votar en las cuartas elecciones generales de los últimos cuatro años y en  la segunda ocasión en la que se repetían los comicios por la incapacidad de las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo. Era una  cita electoral innecesaria e irresponsable fruto de la falta de altura de miras de los partidos que tenían apoyo suficiente para haber conformado una mayoría de gobierno progresista. Pero pudo más el interés partidista y los cálculos electorales que el interés general.

La principal novedad que arrojaron los resultados, además del hundimiento casi sin precedentes de Ciudadanos, fue el espectacular ascenso de la extrema derecha, que ha pasado en apenas dos años de no tener representación a recibir más de 3.600.000 votos, a ser tercera fuerza a nivel estatal y a ser determinante en la formación de gobiernos, aunque afortunadamente y de momento no lo será en el gobierno de España. Quienes han venido siguiendo mis artículos en los últimos años saben que el ascenso de las opciones de extrema derecha en Europa, una tendencia sostenida en las últimas décadas, es una de mis principales preocupaciones, a la que he dedicado más de media docena de escritos.

Los mismos mensajes extremos, aunque actualizados, que sembraron el horror y la muerte  en el continente hace 80 años y que sumieron a España en una dictadura criminal hasta hace apenas cuatro décadas, vuelven a tener aceptación social y representan una de las principales amenazas a las democracias. Y lejos de tomarse en serio el riesgo que supone para la convivencia y los derechos humanos el crecimiento de estas organizaciones, las derechas supuestamente democráticas no tienen reparos en blanquearlos gobernando con ellos y copiando parte de su lenguaje y  de sus propuestas políticas.

No obstante, no basta solo con denunciar su fomento del odio al diferente y sus ataques contra los derechos de las mujeres, de las personas migrantes o de los que defendemos los derechos culturales e históricos de nacionalidades y territorios como Canarias (Vox amenaza con ilegalizar a los partidos nacionalistas y suprimir la comunidades). Hay que ir más allá e intentar analizar quiénes les votan, por qué motivos y establecer como prioridad democrática el aislamiento político de estos partidos y el combate contra las razones de su ascenso.

En otros países de Europa, especialmente en Francia con el Frente Nacional, la nueva extrema derecha tuvo la capacidad de aumentar su electorado tradicional y crecer a costa del voto obrero de zonas deprimidas por el paro y las malas condiciones de vida que generó, entre otros factores, la deslocalización empresarial y el abandono institucional. Los “perdedores de la globalización”, trabajadores y trabajadoras que se han empobrecido por la marcha de las fábricas a países del sur, han encontrado atractivo el discurso nacional populista que promete el fin de todos los males saliendo de la Unión Europea y frenando la entrada de inmigrantes. No obstante, en España de momento parece que no han logrado penetrar entre el electorado progresista y  su crecimiento se debe a otros factores.

Según los datos de la empresa Sociométrica, Vox fue primera fuerza entre los hombres de 18 a 30 años con un 19,4% del voto y segunda entre quienes tienen entre 31 y 45 años con un 18,5 %. Este apoyo triplica al de las mujeres en la misma franja de edad, dado que solo el 6,5% de las que acudieron a votar lo hicieron por los extremistas de derecha. ¿Cómo es posible que jóvenes que se han criado en un país plenamente democrático, disfrutando de educación, sanidad y servicios públicos y en un entorno de tolerancia opten por una fuerza que promueve todo lo contrario? Parece evidente, por lo menos entre los hombres jóvenes, que existe una reacción frente al auge del movimiento feminista, combinada con una temprana socialización digital en foros y redes sociales que propugnan abiertamente el machismo y la misoginia.

El influyente politólogo Ignacio Sánchez Cuenca publicó el pasado 12 de noviembre en el semanario Contexto, un artículo muy esclarecedor sobre las razones del voto a Vox (Noticia electoral sobre Vox para la izquierda). En su reflexión, Sánchez Cuenca, tras analizar varias hipótesis sobre el voto ultraderechista, demostraba que el apoyo es menor en aquellas comunidades autónomas con un menor sentimiento nacional español (en las que hay mayor porcentaje de población que se siente solo de su comunidad o más de su comunidad que de España). Es decir, el agravamiento de la cuestión catalana parece haber resucitado el nacionalismo español agresivo, atávico y excluyente, que no reconoce la pluralidad nacional de España y pretende reprimirla.

La encuesta preelectoral del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) también aportaba datos interesantes sobre el perfil de votante de la formación extremista. Confirmaba que la intención de voto a Vox era más del doble entre los hombres que entre las mujeres, que la media de edad de sus votantes era joven (46 años, siendo la de los votantes de Podemos 44 años, la del PSOE 55 años y la del PP 60), y que el partido es especialmente popular entre militares y miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, directores y gerentes y trabajadores agrícolas.

De los datos podemos deducir que el votante medio de Vox es un hombre (reacción antifeminista), joven en términos electorales (probablemente consecuencia de su situación de precariedad), con una fuerte identidad nacional española (reacción anticatalana) y, o bien de ingresos altos (reacción frente a la exigencia cada vez mayor de la redistribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad), comarcas agrícolas en las que prima el sentimiento de que los inmigrantes se quedan con los trabajos y las ayudas o bien de zonas agrícolas y ganaderas del interior (lo cual puede interpretarse como reacción a la situación de “España Vaciada”, como consecuencia de la depauperación de empresarios agrícolas y ganaderos, o porque es en estas zonas en las que el sentimiento de agravio frente a Cataluña es mayor).

Más allá de las particularidades de España, el problema del ascenso de populismos de extrema derecha es global y de una gran gravedad. Trump en EE.UU., Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia, Le Pen en Francia, Orban en Hungría o Abascal en España son todos, con sus diferencias, representantes del ultranacionalismo excluyente. Enfrentan a la sociedad, se alimentan del odio y de la insatisfacción de un porcentaje de personas decepcionadas con unas democracias cada vez más impotentes ante el neoliberalismo, los poderes salvajes y el aumento de las desigualdades. Gobiernan en algunos de los países y regiones más importantes del mundo y amenazan con una era de recortes de derechos y libertades donde los más desfavorecidos van a empeorar su situación.

En su artículo ¿Reinventar las izquierdas? Boaventura de Sousa Santos, una de las mayores referencias intelectuales de la izquierda decía: “En los últimos cincuenta años, las izquierdas (todas) han contribuido a que la democracia liberal disponga de una cierta credibilidad entre las clases populares y a que los conflictos sociales se puedan resolver en paz. Como a la derecha solo le interesa la democracia en la medida en que sirve a sus intereses, las izquierdas son hoy la garantía de su rescate. ¿Estarán a la altura del reto? ¿Tendrán el coraje de refundar la democracia más allá del liberalismo?”

Estamos en una época en la que los avances democráticos de las últimas décadas empiezan a estar en serio peligro. El apoyo a la democracia es cada vez menor entre las poblaciones de los países desarrollados, generando el contexto adecuado para el auge de los populismos. Parafraseando nuevamente a  de Sousa Santos el reto que se nos presenta es el de “democratizar la democracia” abriendo espacios de participación y democracia directa en nuestros sistemas pero también exigiendo invertir la tendencia actual en la que los poderes políticos están subordinados a los poderes económicos y financieros.

Volviendo al caso de España, es evidente, como defendía Sánchez Cuenca en su artículo, que la cuestión nacional se ha instalado en la política española, y que la izquierda, (en especial la izquierda nacionalista, añado yo) tiene que tomarse en serio ese debate y no regalárselo a la derecha. Los nacionalismos progresistas e integradores, que defendemos la soberanía y los derechos económicos y culturales de nuestros pueblos como forma de mejorar la vida de la gente, debemos colaborar y apostar por modelos confederales con capacidad para dar respuesta a la enorme pluralidad de identidades del Estado español. Pero sobre todo nuestra apuesta nacionalista tiene que servir para mejorar la vida de nuestra gente, especialmente quienes tienen menos y evitar la exclusión o el maltrato a Canarias por parte de los poderes centrales.

Debemos también hacer una apuesta por la educación en valores democráticos, puesto que es especialmente preocupante que sean las generaciones nacidas y crecidas en democracia las que más voten a un partido anticonstitucional que pretende destruir nuestro modelo de convivencia. No podemos dar ni un solo paso atrás en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres ni en la lucha contra el cambio climático. La emergencia climática y las aportaciones del feminismo son una oportunidad única para repensar nuestro modelo económico y avanzar hacia otros modelos más igualitarios e integradores, que repartan la riqueza de manera más equitativa entre personas y entre regiones, ya que el bienestar y la certidumbre para desarrollar un proyecto de vida son la mejor vacuna contra el extremismo.

Estamos viviendo tiempos difíciles, de riesgos, en los que el viejo sistema capitalista neoliberal está dando síntomas evidentes de agotamiento pero no conseguimos todavía atisbar las alternativas que están por llegar. En medio crecen los monstruos del odio y de la intolerancia cuyas consecuencias, por desgracia, conocemos bien en Europa y en Canarias. Aún no han cicatrizado las heridas de 40 años de dictadura y miles de personas siguen buscando a sus seres queridos asesinados y enterrados en cunetas y fosas comunes. Necesitamos, hoy más que nunca, la unidad de las personas progresistas para alumbrar un nuevo futuro.

Ecoisla frente al cambio climático

Cada vez somos más los que tenemos la certeza de que el cambio climático supone la mayor amenaza para la supervivencia que la humanidad tiene y ha tenido a lo largo de la historia.  El daño que el capitalismo más voraz y salvaje está produciendo, de manera irreversible, en las condiciones naturales de vida pone en riesgo nuestra continuidad. Las grandes multinacionales de la industria y la energía convencional y una gran parte de los países del planeta miran para otro lado. Sin embargo hay quien lo sigue negando, como un significado dirigente empresarial de nuestra isla llegó a decir no hace mucho que eso de destinar recursos a la lucha contra el cambio climático “era una carta a los Reyes Magos”.

Nos encontramos ante una paradoja histórica: somos al mismo tiempo la primera generación que tiene conciencia y evidencias científicas incontestables sobre el cambio climático, y que por lo tanto es plenamente consciente de esta problemática y la última que puede frenar sus efectos, por lo menos los más graves, y limitar el aumento de la temperatura en 2030 a 1,5 grados centígrados.

Esta emergencia mundial, el mayor reto civilizatorio que jamás haya afrontado la humanidad ya que pone en cuestión las bases materiales de nuestra existencia,  adquiere especial relevancia cuando se observa desde Canarias. Somos uno de los territorios que más y con mayor intensidad está sufriendo y va a sufrir los efectos del cambio climático. Las afecciones empiezan a ser significativas: desvíos de los alisios hacia el este con el riesgo de cambios serios en el clima; calentamiento de nuestras aguas con la aparición de riesgos ligados a la tropicalización del clima; aumento del nivel del mar;  periodos prolongados de sequía y calimas y precipitaciones intensas; aparición de enfermedades tropicales, aumento del riesgo y de los efectos de los grandes incendios forestales; nuestra temperatura aumenta por encima de la media…

Por poner un ejemplo concreto: según un informe interuniversitario sobre los efectos del cambio climático en España, el aumento del nivel del mar oscilará entre los 15 e incluso los 35 centímetros al norte de las islas, lo que implicará un retroceso de las playas de hasta 15 metros. La Academia de la Ciencia de EEUU anuncia que el puerto de la Luz y Maspalomas pueden quedar cubiertos por el mar a finales de siglo. Nuestra salud, nuestra biodiversidad, nuestro sistema económico (el Tides habla de un impacto en el PIB de un 10%) y hasta nuestra seguridad están en riesgo.

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de paliar o frenar los peores efectos derivados del aumento de temperatura a nivel global. Pero para que la respuesta que demos sea efectiva tiene que ser global y coherente: tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro modelo de desarrollo: la huella ecológica en nuestra tierra es 10,4 veces mayor que la superficie del archipiélago. Necesitaríamos más de diez archipiélagos para producir los productos que consumimos y para absorber los residuos que generamos; cada español necesita para satisfacer sus necesidades 5,3 hectáreas y solo dispone de 1,8… en Canarias necesitamos lo mismo y solo contamos con 0,1 hectárea por habitante…

El Cabildo de Gran Canaria está tan sensibilizado con esta cuestión que ha convertido el desarrollo de la ecoisla en el proyecto estratégico de su gobierno y ha desplegado una agenda de actuaciones transversales que viene poniendo en práctica desde hace 4 años. Se trata de un modelo de respuesta global a la emergencia climática que incluye todas las áreas de gobierno y se dirige a todos los sectores de la sociedad. Le hemos dado el nombre de “ecoisla”, aunque sinceramente creo que es un modelo perfectamente extrapolable al conjunto del archipiélago.

La producción y el uso de energía, junto con el transporte, es la principal fuente de emisiones de efecto invernadero causantes del cambio climático. Cualquier plan de acción realista pasa por la sustitución de los combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía renovable. La incuestionable apuesta del Cabildo de Gran Canaria para la transición energética se sustenta en tres pilares. El primero de ellos es la central hidroeléctrica de Chira-Soria que supone el aumento de la potencia instalada renovable de los 150 MW hasta los 350 MW (aproximadamente el 60% de la demanda punta de la isla). Y ya está bien de marear la perdiz con este tema, por intereses o por desconocimiento.

El almacenamiento es necesario en un sistema aislado y Chira-Soria no puede ser sustituida por baterías. En cualquier caso las baterías son un complemento necesario pero no una alternativa. Ya no podemos retrasar más esta solución con discusiones estériles. Hemos ido más lento que cualquier otro territorio en implantar las renovables; la corrupción revoloteando en su entorno… tenemos que dejarnos de dilaciones, de divagaciones, de falta de inversiones públicas y de obstáculos a las privadas.

El segundo es la construcción de parques eólicos y solares de titularidad pública, que además servirán para socializar los beneficios de la producción de energía. En este sentido (y este sería el tercer pilar) tenemos que aprovechar el potencial energético de los cientos de miles de metros cuadrados de cubiertas y azoteas para instalar placas fotovoltaicas. Para ello hemos puesto en marcha diferentes líneas de subvenciones, para particulares, para explotaciones agrarias y en breve para pymes. El futuro pasa por la generación distribuida, el autoconsumo, la democratización de la energía etc. Tenemos que repensar la implantación de la eólica mirando al mar.

En un territorio que importa cerca del 90% de los productos que consume, el aumento de la producción y el consumo local se presenta como una de las apuestas estratégicas y de futuro. Por eso nuestro Plan de Revitalización Agrícola y Ganadero impulsado desde el área de Soberanía Alimentaria apoyado también en una estrategia de promoción del producto local “Gran Canaria Me Gusta” que empieza a dar sus frutos.

Como ya dije, el transporte es, junto con la producción y consumo de energía, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si con la soberanía alimentaria conseguimos reducir el transporte de mercancías, debemos transitar urgentemente hacia la movilidad sostenible, pasando de un modelo basado en el coche privado a uno sustentado en el transporte público. Nuestra apuesta para Gran Canaria es la de un tren eléctrico alimentado con energía eólica que una la capital con el sur de la isla, el vial que concentra la mayor parte de la población y principales infraestructuras aeroportuarias, turísticas e industriales. Paralelamente hemos abaratado el coste del transporte con bonos para diversos colectivos, hemos apoyado iniciativas municipales como la metroguagua y estamos implantando una red insular de puntos de recarga para promover la electrificación de una parte del parque automovilístico (otra pila de almacenamiento complementaria para las energías renovables).

La economía circular en el archipiélago debe centrarse en la gestión integral de los residuos. No podemos seguir consumiendo territorio, nuestro bien más escaso y valioso, para enterrar las toneladas de basura que generamos. Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha invertido en los últimos años unos 80 millones de euros en la construcción de dos ecoparques para el tratamiento de las 400.000 toneladas de residuos que producimos cada año. Gracias a su equipamiento de última tecnología el ecoparque norte ya genera, a partir de los residuos, más energía de la que consume, y convierte los restos orgánicos en un compost de alta calidad que puede ser utilizado en jardinería y agricultura. Tenemos que seguir trabajando de la mano de los ayuntamientos y el sector privado para reducir el consumo de envases, en especial de plástico y aumentar la separación y recogida selectiva de residuos.

Para reducir las emisiones es necesario impulsar sectores innovadores de nuestra economía, y en ese sentido en Canarias contamos con la posibilidad de crecer en economía azul ligada al mar –la iniciativa BIOASIS avanza en ese sentido y noes está convirtiendo en referencia mundial- en servicios especializados que sean útiles para los países del entorno y nuestro patrimonio cultural. La Reserva de la Biosfera y Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña, Patrimonio Mundial de la Humanidad son el mejor ejemplo del papel central que la cultura y la conservación de saberes ancestrales puede tener en este nuevo paradigma. 

Pero no podemos hablar de transición ecológica sin acercarnos a la transformación de nuestro principal sector económico: el turismo. El turismo es una actividad de un altísimo impacto ambiental: desde el traslado de los visitantes a las islas, el elevado consumo de agua y energías  de los establecimientos turísticos, la generación de residuos… El sector debe afrontar una profunda reconversión hacia la economía circular que lo haga más eficiente y competitivo. Es imprescindible hacer un esfuerzo por vincular turismo y sector primario, conectando el consumo de los que nos visitan con la producción local y conseguir que un mayor número de turistas dinamicen la economía de la cumbre y las medianías de Gran Canaria. De esta manera también conseguiremos una experiencia turística más genuina y diferenciada en un entorno cada vez más competitivo.

Por otro lado, tenemos en marcha el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y las Mancomunidades que contempla una inversión prevista de 9 millones para actuaciones relacionadas con las energías renovables y la eficiencia y el ahorro  energético. Así mismo, hemos logrado impulsar el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible en toda la isla y podemos afirmar con satisfacción que somos la única isla del archipiélago con todos los ayuntamientos adheridos al mismo. Incluye precisos y actualizados inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los 21 municipios y acciones para  contribuir a la descarbonización de la actividad humana en Gran Canaria. Además, llevamos dos años ininterrumpidos trabajando en la configuración de una Estrategia Insular de Cambio Climático mediante un amplio proceso participativo.

No obstante todo este proyecto tiene un eje que lo atraviesa y lo vertebra: la justicia social. La crisis climática agrava la competición por los recursos cada vez más escasos y con ello las tensiones sociales. Como acaba de escribir Jeffrey Sachs, el crecimiento económico sin justicia y sostenibilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar.

En ese sentido la inversión pública tiene que ir destinada a conseguir nuevos empleos verdes o climáticos, vinculados a los sectores emergentes de la nueva economía (como rehabilitación energética de viviendas, transporte público, mantenimiento e instalación de plantas de energía renovable, trabajos ligados a la gestión forestal y al ciclo integral del agua etc.) estables y de calidad. Asimismo debemos asumir como una prioridad que el nuevo modelo acabe con la discriminación secular que vienen sufriendo las mujeres en el sistema económico capitalista y neoliberal y que se manifiesta en forma de feminización de la pobreza, brecha salarial o mayor paro femenino. Un sistema que excluye el 50% de la población nunca será sostenible.

El Gobierno de Canarias  ha dado un buen primer paso con la declaración de la Emergencia Climática. Ya no estamos solos como institución. La futura Ley de Lucha contra el Cambio Climático debe ser ambiciosa sobre todo en lo que a los diferentes sectores económicos se refiere y también en la propia administración. Sectores como movilidad, transporte, pymes, sector primario, industria verde y residuos deben tener incentivos para su crecimiento. Es imprescindible contar con instituciones progresistas alineadas todas e la consecución de un mismo objetivo.

La ecoisla es un modelo de futuro, la respuesta de una isla que se niega a resignarse y a caer en el pesimismo. Tenemos que transformar el catastrofismo en emoción que nos impulse. En Gran Canaria estamos en ese camino y esperamos recorrerlo juntos. Estoy convencido en que nos podemos convertir en una referencia mundial en plantar cara al cambio climático, en proponer alternativas reales en torno a la energía, el turismo, la economía azul… El problema mayor ya no está en los que niegan y combaten la existencia del cambio climático sino en la inacción de las instituciones y la sociedad civil.

En política no todo vale

El pasado viernes 25 de octubre conocimos la noticia de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria había archivado la denuncia que el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria la pasada legislatura, Fernando Bañolas, había presentado contra Ángel Víctor Torres, por aquel entonces vicepresidente de la institución insular y consejero de Deportes y Obras Públicas y hoy Presidente de Canarias. El motivo por el que lo llevó a los tribunales era un supuesto delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación por la gestión de los conciertos en el Gran Canaria Arena.

Ya mostré personalmente mi satisfacción a Ángel Víctor por el archivo de la causa ante una denuncia oportunista y sin fundamento que solo buscaba sembrar dudas sobre la honorabilidad de la persona en pleno periodo electoral. Y es que la denuncia se presentó el 23 de abril, justo una semana después de que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tuviera que declarar durante más de 3 horas como imputado por el Caso Grúas. Coalición Canaria acudió al juzgado 5 días antes de las elecciones generales del 28 de abril y a apenas un mes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, cuando ya Ángel Víctor Torres era el candidato del PSOE a la presidencia de Canarias.

Es profundamente antidemocrático que se utilice la justicia de manera partidista, para atacar a los rivales políticos en pleno proceso electoral, y pretender influir en la voluntad democrática de los electores mediante difamaciones y acusaciones sin fundamento. Además, en este caso también se pretendía sembrar la duda sobre el candidato oponente para intentar compensar la delicada situación judicial del entonces presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la reelección de Coalición Canaria. Tras las acciones judiciales llegaron los titulares y portadas de los medios afines al Gobierno, que buscaban una “condena social” antes de que se dirimieran los hechos judicialmente. En muchas ocasiones, cuando llega el archivo, el daño político y personal ya está hecho.

El denunciante, Fernando Bañolas, formaba parte de la Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes, por lo que conocía de primera mano la gestión que se estaba realizando. Era perfectamente consciente de que no solo no existían prácticas ilícitas en la cesión del Gran Canaria Arena para diferentes espectáculos, sino que además el gobierno del Cabildo había iniciado diferentes trámites para fijar precios públicos para estas actividades tal y como se venía demandando por parte de la Intervención, aunque ese procedimiento no se había concluido. Todos estos hechos demuestran el carácter estrictamente político de la denuncia.

Como ya dije se trata, afortunadamente, de una nueva derrota de la estrategia de Coalición Canaria y su acorazada mediática, la misma que utilizaron profusamente contra el Cabildo de Gran Canaria y contra mí como presidente. El “modus operandi” se repitió con el informe de la Audiencia de Cuentas sobre Agüimes, que llevaron hasta la Fiscalía pese a que evidentemente no existía ninguna irregularidad, con la Residencia de Mayores de este mismo municipio donde forzaron un informe de la Audiencia de Cuentas en el Parlamento, con la denuncia por las obras en los accesos a Playa del Inglés por El Veril, por supuesto con la compra de Amurga… Todo era válido, justificable, para atacar a un enemigo perverso que ponía en riesgo los negocietes pactados y a quienes lo sustentaban.

La utilización de la justicia dentro de la confrontación partidista se complementaba con el uso de dinero o medios públicos dependientes del Gobierno de Canarias (a través de la publicidad de empresas públicas como Promotur, contrataciones de la Televisión Canaria etc.) para tener un grupo de medios afines destinados a inventarse información, a manipular datos, a mentir descaradamente y forzar noticias para que parecieran corrupción. Incluso se utilizaba al propio gobierno y a los plenos y parlamentos de las diversas instituciones para dar pábulo y recorrido a este tipo de acusaciones, con lo que la “degradación institucional” afectaba a todos los estamentos.

La judicialización de la política es un problema democrático de primer orden. La separación de poderes es uno de los pilares de las democracias liberales y la utilización de los estamentos judiciales para dirimir causas de carácter político pone en manos de otro poder la legítima confrontación de ideas y propuestas. Además tiene el reverso de la politización de la justicia: si los tribunales van a dirimir cuestiones de carácter político los partidos intentarán por diversos medios colocar a jueces, lo más afines posible, como ha sucedido en España en los últimos años. Si se erosiona la confianza  de la ciudadanía en la Justicia (como creo que está sucediendo) se pone en riesgo el conjunto del sistema democrático.

En ocasiones se me ha acusado –desde esos ámbitos políticos y mediáticos confabulados- de atacar a los medios de comunicación y no respetar la libertad de información por mis denuncias de la utilización del dinero público para crear una “acorazada mediática” al servicio del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. La libertad de prensa, al igual que la separación de poderes, juega un papel fundamental como elemento de control y rendición de cuentas, pero también es un derecho de la ciudadanía. El art. 20.1.d  de la Constitución Española reconoce y protege el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Es decir, la ciudadanía tiene el derecho a recibir información veraz porque es imprescindible para el correcto ejercicio de nuestros derechos. Como dice Hanna Arendt, “la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos”.

Por ello el desvío del presupuesto público, del dinero de todas y todos, para promocionar medios afines, como hizo el gobierno de Coalición Canaria, es una práctica antidemocrática que podría llegar a ser prevaricadora. Ataca la libertad de prensa, influye de manera directa sobre la información que se publica, pone en riesgo la pluralidad informativa al discriminar a los medios no afines, afecta al ejercicio profesional de los y las redactoras (que tienen que asumir en su trabajo diario que les impongan una determinada noticia, enfoque o titular) y atenta directamente contra el derecho de todas las personas a recibir información veraz. Cuando me opongo a estas prácticas lo hago precisamente porque creo en la libertad de prensa.  Estas prácticas no las podemos olvidar, no puede haber ningún fin supremo que las justifique.

Como apunta Álex Grijelmo, “las técnicas para mentir y controlar las opiniones se han perfeccionado en la era de la posverdad: nada más eficaz que un engaño basado en verdades, o envuelto sutilmente en ellas”. En el fondo, mentir no es más que un arma para obtener –o detentar- el poder. La verdad no importa frente a la ambición del césar, sea este humano o de papel (José Carlos Llop).

La calidad de la democracia siempre ha sido una de mis principales preocupaciones, fundamentalmente en un momento en el que la desafección política en España está alcanzando máximos históricos. Es especialmente preocupante para los progresistas que pensamos que la política es el principal medio que tenemos para luchar contra la desigualdad y defender la democracia contra las oligarquías y los poderes fácticos. Por todo ello creo sinceramente que tenemos que expulsar de la política este tipo de prácticas y a los políticos que las promueven, y no darles balones de oxígeno. De ello depende en gran parte el futuro de nuestras democracias y de que la ciudadanía nos perciba como parte de la solución y no del problema. Vamos aviados si pensamos que la democracia se circunscribe únicamente a votar cada cuatro años.