La torpeza energética de Europa

Europa, y España no es una excepción, ha dejado su seguridad energética en manos de países terceros –en su mayoría no democráticos, inestables y poco respetuosos con los derechos humanos- y de los lobbies que tiburonean nadando entre las necesidades energéticas de un continente y la maximización de las ganancias a costa de los estados y los consumidores cautivos.

La mayoría de los solemnes  pronunciamientos y acuerdos de la UE para reducir las emisiones, luchar contra el cambio climático y apostar por las renovables como alternativa energética, han quedado casi siempre en agua de borrajas. Repetidamente, invariablemente, han prevalecido los intereses geoestratégicos o localistas sostenidos en el carbón, el petróleo, el gas y las nucleares, frente a una verdadera alternativa verde, limpia y sostenible.

A principios de este año, y a pesar de las protestas de algunos países, la Comisión Europea tomó la decisión de declarar “verdes” las inversiones realizadas para afianzar el gas y las nucleares como energías en las que sustentar el sistema energético europeo. Se trataba de una sorpresiva huida hacia delante, de un giro en las políticas energéticas europeas,  a pesar de que la mayoría de los expertos se apresuraron a advertir  que eso significaba realmente un puntillazo a la penetración de las energías limpias en el conjunto del continente y un freno al compromiso de limitar las emisiones de CO2 y evitar el avance del calentamiento global.

Nada se produce por casualidad. Hace unos días hemos conocido los resultados de una investigación realizada por Greenpeace por la que se ha descubierto que empresas ligadas al Kremlin presionaron en Bruselas para etiquetar como “verdes” las inversiones en energía nuclear y gas fósil. Según el informe elaborado por la organización ecologista, las empresas rusas Gazprom, Lukoil y Rosatom y sus lobbies se reunieron con los comisarios y altos funcionarios de la UE al menos 18 veces para influir en la decisión (con nocturnidad, en plena nochevieja de 2021) de incluir el gas fósil y la energía nuclear en la categoría de inversiones sostenibles de la UE. Por ahí debía andar, seguro, el excanciller alemán Shröeder, empleado de Gazprom o de la petrolera rusa Rosneft.

La inclusión de estas energías contaminantes en la taxonomía verde europea (un sistema de clasificación para deslegitimar o no prácticas pretendidamente sostenibles) le daba al gobierno de Putin no solo más poder de negociación sobre la UE sino también más dinero para afianzar sus políticas de expansión y  alimentar la guerra que ya tenía pensada contra Ucrania. Rusia preveía ganar así 4.000 millones de euros más al año con un incremento de la capacidad del comercio del gas al entrar en la taxonomía, lo que supondría un total de 32.000 millones de euros para 2030, mientras que la inclusión de la energía nuclear como “verde” permitiría a Rosatom, la  empresa estatal rusa de energía nuclear, con fuertes vínculos comerciales con la industria nuclear europea, asegurarse una parte de una inversión potencial estimada de 500.000 millones de euros en una nueva capacidad nuclear de la UE.

Como cuenta Greenpeace, los crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de Putin en Ucrania son un cruel recordatorio de cómo la dependencia de la UE del gas fósil y la energía nuclear contribuye activamente a la guerra y a las violaciones de los derechos humanos. Es la demostración palpable de cómo la Comisión Europea se doblega a los grupos de presión y a los intereses económicos de terceros países, en este caso de Rusia. De cómo las relaciones entre la oligarquía energética rusa y los lobbies políticos-empresariales en Bruselas condicionan las políticas oficiales europeas. Todo eso explica que Rusia sea el mayor proveedor de combustibles fósiles a la UE.  Más del 45% del gas, un 25% del petróleo y un 45% del carbón provienen del país de Putin. Y había jugado inteligentemente a aumentar los precios para aumentar sus ganancias y generar malestar social en los países europeos.

Según el Consejo Mundial de la Energía, la dependencia exterior de la UE de los combustibles fósiles supera el 60% y los porcentajes  indican asimismo que es Rusia el mayor proveedor con diferencia. Durante décadas se miró para otro lado y no se hizo prácticamente nada para cambiar esta situación, a pesar de las declaraciones rimbombantes que parecían  orientar las políticas energéticas hacia la sostenibilidad. Humo.

Son, por cierto, los mismos o parecidos lobbies que han impuesto el sistema marginalista en los precios de la generación de electricidad amparando ganancias multimillonarias para las empresas energéticas, frenando el desarrollo económico de los países al encarecer los sistemas de producción y  empobreciendo a las familias. Solo esta crisis bélica ha hecho a la UE abrirse por primera vez a revisar el mercado eléctrico porque –dice- “no está diseñado para situaciones de emergencia”, pero sin tocar el mercado marginalista.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en evidencia estas políticas suicidas de abandono de la seguridad energética necesaria para un continente. Y ha cogido a la UE con el pie cambiado y sometida a una fragilidad energética brutal. Y a partir de ahí se lanza a intentar garantizar el suministro a cualquier precio ante un riesgo más que cierto de emergencia energética. Mientras se sigue comprando el gas a Rusia y financiándoles la guerra contra Ucrania –paradójicamente y cómplicemente-, porque no se tenían alternativas a esta dependencia de Putin (Rusia ya se ha embolsado por este concepto más de 60.000 millones de euros, o de rublos, porque las grandes gasistas están esquivando las sanciones), la Comisión elabora una estrategia de racionalización del gas, de restricciones al consumo y se lanza a la desesperada a buscar a nuevos proveedores.

Y busca desesperadamente de nuevo la seguridad de suministro en países terceros y en EEUU. Cientos de barcos metaneros cruzan el Atlántico desde EEUU para proveernos de gas de esquisto, obtenido por la altamente contaminante técnica de la fractura hidráulica (fracking). Y se fijan en España. El estado español es el mayor importador de gas natural licuado de la UE, está unido a Argelia por un gasoducto  y dispone de una red de grandes terminales de regasificación ociosas, seis en total. Y entonces saca pecho y juega a ser el salvador de Europa. El gran almacén de Europa. Y Europa se lo cree. Y se empieza a pensar en recuperar la idea de 2013  de la construcción de un gasoducto entre Cataluña y Francia (el proyecto Midcat, con un coste de 442 millones de euros) y ser la puerta de entrada del gas licuado que llega desde EEUU. Y se habla también de una conexión con Portugal y un gasoducto con Italia para acercarnos a Argelia (se prevé una inversión para este último de 2.500 millones de euros). Por lo pronto han incluido una partida inicial de dos mil millones de euros en infraestructuras para sortear vetos de países como Hungría al embargo de petróleo, como cuenta El País.

Para hacer esto posible se necesitarían inversiones costosísimas (miles y miles de millones de euros) que tendrían que salir de la misma hucha de la que tendría que nutrirse la penetración de las renovables.  Se profundizaría en la dependencia del exterior y se frenaría radicalmente la inversión en renovables hasta la amortización de las inversiones en infraestructuras gasistas. Una locura, pero la improvisación y la emergencia fruto de la falta de previsión nos está llevando a ello desde más improvisaciones y más sometimientos a terceros. Renunciando a la soberanía energética y a un vuelco decidido hacia las energías limpias. Otra cosa es que dispongamos de los medios adecuados, de la materia prima necesaria, para la revolución renovable. Seguiríamos dependiendo de países como China, pero puestos a depender, mejor hacerlo apostando por las energías limpias.

Y en esta boutade española de nuevos ricos -no alcanzo a entender otra razón- el Gobierno de España, insisto en que creyéndose los reyes del mambo, aprueba un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, donde incluye con calzador, en modo colonial y de espaldas a las instituciones y la sociedad canaria, una disposición cuarta por la que se imponen las regasificadoras en las islas sin autorizaciones administrativas previas. Y para más inri, ante el enfado de una buena parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales y gubernativas, hace un amago de corrección, pleno de ambigüedad y de inseguridad jurídica, que nos deja en la misma situación.

No se nos puede tomar el pelo de esa manera. Ya Canarias decidió hace muchos años que no cabe otra opción para las islas que las renovables. Que cualquier inversión gasista supondría una hipoteca para las energías limpias. No cabe aquí otra cosa que las energías verdes y para eso habría que reducir la burocracia, facilitar el autoconsumo en mayor medida, despejar la ordenación de la eólica marina, instalar grupos de generación más flexibles y profundizar en el almacenamiento. No cabe otra y menos otra centrada en combustibles fósiles como el gas. Ni como respaldo ni otras zarandajas. No nos van a imponer otro modelo.

La ONU, en su último informe anual (Estado del clima global en 2021), afirma que cuatro marcadores clave del cambio climático batieron nuevos récords en el último año. Su Secretario General, António Guterrez, asegura con rotundidad que “el mundo debe reducir su dependencia de los combustibles fósiles con celeridad dado que nos lleva cada vez más hacia la catástrofe”. Y por aquí empeñados en inversiones millonarias en infraestructuras gasistas.

Por cierto, según una investigación dada a conocer por la entidad Transport & Environment, especializada en el impacto del tráfico marítimo,  los barcos movidos por Gas Natural Licuado (GNL), no suponen ninguna ventaja para la atmósfera e incluso pueden ser más contaminantes que los propulsados por el fuel oil debido a las emisiones de metano no quemado. La misma tesis que he defendido siempre para hacer valer que el gas no es la solución para Canarias.

Cabildo y ULPGC: Alianza por la innovación

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nació de una movilización consciente y sostenida de la mayoría de la sociedad grancanaria. Hace 40 años que alcanzamos la mayoría de edad para entender que los retos de progreso y transformación que la isla demandaba requerían de una Universidad que aportara conocimiento, innovación y democratización de la formación.

Hoy, desde la experiencia de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria puedo confirmar que la ULPGC está entregándonos con creces las oportunidades, la cualificación y el talento que reclamamos y que tanta ilusión generó. Estamos ante una realidad gratificante que se concreta en egresados y egresadas, investigaciones, publicaciones, tesis o patentes que nuestra Universidad ofrece a la sociedad isleña y al mundo.

Desde que fui elegido en 2015 Presidente del Cabildo he estado siempre convencido y decidido a impulsar el excelente trabajo en investigación e innovación que se lleva a cabo  en esta isla, tanto por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como por nuestros centros tecnológicos y empresas.  Hemos avanzado mucho al intensificar la cooperación entre todos los que, de alguna manera, tenemos algo que ver con la promoción de la investigación, la innovación o la transferencia de conocimiento. La aportación de este bagaje a las empresas  es clave para afrontar los desafíos que tenemos por delante como territorio ultraperiférico, como isla y como sociedad comprometida con la sostenibilidad y la justicia social.

Y es que la innovación y la transferencia, si están bien orientadas, generan empleo de calidad, una mayor competitividad y una mayor atracción de inversiones, diversifica la economía y nos hace más eficientes y sostenibles. Son  imprescindibles para afrontar los principales retos sociales y económicos que tenemos en Canarias si queremos un futuro con prosperidad y no repetir los errores que nos han limitado en nuestro desarrollo.

Históricamente, el Cabildo no ha tenido ningún tipo de política de innovación clara  a medio-largo plazo. Por ello puedo decir con satisfacción que estamos viviendo el período de mayor implicación presupuestaria y de colaboración de esta corporación para impulsar la I+D+i en toda su historia. Y esto que les cuento lo compartí el pasado lunes con el Rector, su equipo  y los investigadores de la ULPGC.

Tenemos muy claro que si vamos a enfrentar los desafíos globales que afrontamos en esta tercera década del siglo XXI, la solución a algunas de nuestras “misiones” centrales, como, por ejemplo, reducir nuestra contribución para alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en el 2040, se encontrará invirtiendo en I+D+i. Es más, nuestro concepto de ecoísla no se puede concebir si no hay conocimiento que sustente nuestra transición hacia una sociedad más sostenible.

Por eso, desde el año 2016 hemos ido incrementando nuestras partidas presupuestarias gradualmente para este fin. Si en 2016 consignábamos en nuestros presupuestos una única partida de 16.000 euros para apoyar una investigación médica en nanopolímeros, poco a poco hemos ido aumentando los recursos y mejorando nuestra coordinación con los diferentes equipos de gobierno de la ULPGC. En total hemos invertido más de dos millones de euros  en diferentes iniciativas relacionadas con la I+D+i en los dos últimos años.

Ese apoyo se ha centrado fundamentalmente en ayudas a los investigadores, a proyectos de innovación y a las patentes. Desde el 2018 hemos invertido 349.000 € en becas para personal investigador. Pero lo hemos hecho con una clara vocación de transferencia de conocimientos a través del apoyo a doctorandos que desarrollan su actividad investigadora en empresas grancanarias. También hemos desarrollado un programa de apoyo a proyectos de I+D+i de la ULPGC con alta capacidad de transferencia al sector privado por un montante total de 345.000 €. En gastos de gestión de títulos de propiedad industrial e intelectual (patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros) de forma que se protejan legalmente los continuos resultados que se generan por la actividad investigadora, hemos  destinado 210.000 €.

Este apoyo ha sido fundamental para que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria haya alcanzado ya las 100 patentes. El Cabildo de Gran Canaria ha colaborado en esta tarea y también en la búsqueda de la internacionalización de sus patentes, al haberse decidido un cambio de estrategia, presentándolas ante las oficinas oficiales en Europa y Estados Unidos, que son las únicas que cuentan en rankings universitarios nacionales e internacionales.

De hecho, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante el primer trimestre de 2022 se han solicitado desde Canarias 8 patentes nacionales. Pues bien, durante ese mismo periodo la ULPGC ha participado también en la solicitud de 8 patentes, pero ante la Oficina Europea de Patentes. Dicho de otro modo, la ULPGC ha demostrado durante este año que tiene la misma capacidad de solicitar patentes que el resto de instituciones públicas y privadas de Canarias.

Una de las acciones claves de esta colaboración también ha sido la creación de un Experto Universitario en Economía Circular para Territorios Aislados. Se trata de la primera formación de estas características que existe en el mundo ya que el resto no incorpora la especificidad de los territorios aislados.

Para que la innovación sea posible también hay que garantizar las condiciones materiales necesarias, especialmente en momentos difíciles como los generados por la pandemia. Así subvencionamos el equipamiento necesario para permitir la conectividad durante el confinamiento COVID del alumnado con menos recursos y  la condonación de los alquileres a las empresas incubadas en el Parque Científico-Tecnológico de Gran Canaria durante la etapa más dura de la pandemia.

Desde la Sociedad de Promoción de Gran Canaria estamos trabajando también de manera muy coordinada y estrecha y tan solo durante los años 2021-2022 se están ejecutando un gran número de acciones y programas. El  programa de doctorandos busca fomentar el emprendimiento para estudiantes de doctorado, mientras que “Spin-offs” se centra en el impulso a la creación de empresas de base tecnológica y/o científicas universitarias. En estos programas han participado un total de 30 doctores/titulados.

En estos momentos están en desarrollo acciones como el Programa Aptenisa para la aceleración de startups, la gestión de espacios de trabajo a la emprendeduría que ha permitido que unas 30 empresas se instalen en el Parque Científico Tecnológico, un programa formativo de Diseño y Programación de Videojuegos o dos incubadoras, una de Alta Tecnología en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial aplicada al entorno marino y marítimo y otra de Biotecnología azul y Acuicultura. Y además programas gestión de espacios de trabajo para emprendedoras y empresas con el Parque Científico Tecnológico, convenios de colaboración para alumnado en prácticas en el marco de Gran Canaria Isla Inteligente, acciones formativas especializadas en la explotación de recursos marinos insulares, programas como Xper o Sumatechh de formación en nuevas tecnologías…

Como se puede comprobar, se trata de un esfuerzo ingente para impulsar un modelo basado en la innovación y el conocimiento, más resistente frente a futuras crisis, centrado en las fortalezas de nuestra gente, más sostenible y generador de empleo de calidad. Porque no es ningún secreto que nos enfrentamos a grandes desafíos en este siglo XXI: crisis energética y climática, brechas cada vez mayores entre el norte y el sur, desigualdades sociales y muchas incertidumbres. Si queremos ser más resilientes debemos aprovechar realmente el poder de la innovación para mejorar nuestra capacidad de respuesta y ser cada vez más una sociedad en la que el conocimiento y la creatividad tengan el lugar que les corresponde.

Nuestro éxito como isla no depende sólo de aumentar el presupuesto de I+D+i de las diferentes instituciones. Depende de toda nuestra sociedad, trabajando de manera conjunta para impulsar todo el ecosistema innovador de la isla, remando en la misma dirección – como en este caso entre el Cabildo y la ULPGC- y complementándonos para aprovechar las capacidades de todas y de todos.

Pegasus, aguas, prospecciones, migración…

En 2014 y 2015 la sociedad canaria llevó a cabo una lucha ejemplar contra las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas anunciadas por Repsol y el Gobierno de España. Fue una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y  expresó un amplísimo consenso social y político. Incluso se intentó realizar una consulta ciudadana sobre las perforaciones que fue anulada en noviembre de 2014 por el Tribunal Constitucional. El temor a la destrucción de la biodiversidad de nuestros mares y nuestro litoral, el riesgo de daños a las desaladoras que suministran el agua que necesitamos para subsistir o el miedo a que un vertido dañara seriamente nuestras playas con la consiguiente afección a la industria turística consiguieron movilizar a las instituciones y a la sociedad civil de este archipiélago. Finalmente, Repsol se retiró de las aguas canarias en lo que supuso una gran victoria para esta tierra.

El pasado mes de abril Marruecos anunciaba que había hallado petróleo en las costas de Tarfaya e Ifni, a unos 100 kilómetros al noroeste de La Graciosa, en una zona muy cercana a las de las prospecciones contra las que nos movilizamos en 2015. También recientemente, Marruecos concedió una licencia exclusiva a la empresa israelí  Ratio Petroleum para realizar exploraciones al sureste de Canarias, en aguas que no son de soberanía marroquí ya que pertenecen al Sáhara Occidental. 

Por ambos movimientos parece evidente que el país alauí tiene la intención de comenzar, cuando sea posible, la explotación de estos yacimientos en zonas muy cercanas a nuestras costas. Organizaciones ecologistas, instituciones y ciudadanía en general han alertado de que esta actividad pone en serio riesgo a Canarias. Marruecos no es un régimen democrático con todas las garantías sino un sistema autoritario con elevadas dosis de corrupción, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de este tipo de explotaciones ya que cualquier vertido podría ser catastrófico para nuestras islas.

El momento para que esto ocurra no es casual. El pasado 18 de marzo nos enteramos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de una carta remitida a Mohamed VI, había llevado a cabo un cambio en la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental y que reconocía la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como una solución al conflicto.

Esto supone, de facto, saltarse la legalidad internacional y reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Además en las justificaciones del Ministerio de Exteriores sobre el cambio de postura, se sembraron dudas sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla.

En un intento de acallar la preocupación de la sociedad canaria, el Gobierno de España negó siempre esta posibilidad y anunció que en las reuniones que se mantuvieran con Marruecos, tanto para la migración como para las prospecciones y la delimitación de las aguas marroquíes, siempre estarían presentes representantes del Gobierno de Canarias.

En este contexto, el viernes 6 de mayo España y Marruecos mantuvieron en Rabat un encuentro para abordar la cooperación en materia migratoria. Canarias no formó parte de la delegación española que participó en las negociaciones, lo que supone una flagrante vulneración del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 144.3  reconoce a la Comunidad el derecho a “participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica.” En esta misma semana se ha reunido también el grupo designado por los dos países para la delimitación de los espacios marítimos, por supuesto que también sin representación canaria alguna.

Es muy preocupante que el Gobierno de España no respete el Estatuto de Autonomía de Canarias y que no considere fundamental incluir a Canarias en las negociaciones con Marruecos en materia migratoria y de delimitación de las aguas marinas, cuando somos, con mucha diferencia, el territorio más afectado por las decisiones que se tomen en esas mesas de trabajo. De hecho llevamos ya dos años viviendo una crisis migratoria. También nos hace desconfiar y albergar profundas dudas sobre lo debatido en la cumbre y sobre el papel otorgado a Canarias.

Y nuestra preocupación es legítima porque la inmigración lleva mucho tiempo siendo un elemento de presión y chantaje por parte de Marruecos sobre España. Cuando desde España no se cedía a sus pretensiones imperialistas tomaban represalias relajando la vigilancia de los flujos migratorios o incluso alentando el paso de miles de ciudadanos marroquíes, como hemos visto recientemente. Es muy grave que el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconozca que las negociaciones con Marruecos hayan hecho disminuir la llegada de pateras a Canarias y lo es más aún que obvie que han aumentado notablemente las muertes en el mar.

Los intereses de Canarias y los de Marruecos son contrapuestos en muchos aspectos. Las aguas territoriales, el riesgo que suponen las prospecciones petrolíferas a apenas unos kilómetros de nuestras costas, la llegada de personas migrantes por vía marítima, la agricultura (con especial énfasis en el tomate), el posible conflicto bélico en el Sáhara Occidental… Podemos afirmar que las políticas del Gobierno alauí representan una amenaza para Canarias que, como dije anteriormente, se ve acrecentada por tratarse de un régimen  sin suficientes garantías democráticas y con limitaciones muy laxas para con la corrupción.

El Gobierno de España justificó su decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental bajo la premisa de que era necesario normalizar las relaciones hispano-marroquíes e iniciar un nuevo periodo de diálogo, pero nunca ha hecho valer adecuadamente los intereses de Canarias frente a las pretensiones marroquíes. No reaccionó con contundencia cuando Marruecos delimitó de manera unilateral su espacio marítimo e “invadió” aguas canarias. No ha protegido adecuadamente los intereses de nuestros productores de tomates ni de nuestros pescadores y no ha atendido ninguna de nuestras demandas en materia migratoria, solo por citar algunos de los ejemplos más graves.

Por cierto, España ahora agacha de nuevo la cabeza y  mira para otro lado cuando todo apunta a que los servicios secretos marroquíes vigilaban con Pegasus al Presidente del Gobierno español y a algunos de sus ministros. Y se abre la sospecha de si la decisión adoptada sobre el Sáhara tiene algo que ver con los datos robados. O si las decisiones que se tomen a partir de ahora estarán condicionadas por el espionaje realizado a los miembros del Gobierno.

Aunque el Ministro Albares garantizó que velaría por que las prospecciones petrolíferas de Marruecos no afectaran a Canarias, esta afirmación tiene que acompañarse necesariamente de hechos. Y es un hecho fundamental el  respetar nuestro Estatuto e incluirnos en las negociaciones en materia migratoria, oponerse a prospecciones sin garantías, mantener una postura más tajante y contundente frente a las pretensiones imperialistas con nuestras aguas o el establecimiento de una mesa bilateral Canarias-Estado en la que se pudiera hacer un seguimiento de todas estas cuestiones.

Estaremos vigilantes, pero lo cierto es que a día de hoy, Canarias está siendo víctima de actitudes coloniales. Las del Gobierno de España de tomar decisiones que conciernen y competen a las instituciones de las islas sin contar con nosotros y las históricas pretensiones imperialistas de Marruecos, que incluyen no solo Ceuta y Melilla y el Sáhara Occidental, sino también las aguas de las islas y los recursos que en ellas se encuentran.

Ucrania y África, dos miradas distintas

Es realmente entrañable y solidario lo que estamos haciendo con las personas de Ucrania que buscan refugio en España y en Canarias. Todos los procedimientos administrativos se han agilizado significativamente para que puedan trabajar y acogerse a las distintas prestaciones que se han puesto en marcha para atenderlas. Se ha despertado una hermosa solidaridad entre muchas familias isleñas dispuestas a acoger, a abrir sus hogares para recibir a mujeres y niños que vienen buscando asilo a Canarias. Muchos hoteles están poniendo   habitaciones  a disposición de familias que no tienen dónde alojarse.

Compañías aéreas como Binter  están programando vuelos especiales para trasladar hasta las islas a ucranianas que necesitan un lugar para refugiarse mientras dura la guerra. Hasta la frontera de Polonia acuden también organizaciones no gubernamentales, alcaldes, concejales y gente de buena fe para llevar alimentos y otros materiales necesarios… Desde el primer momento la Unión Europea se puso de acuerdo para activar, por primera vez en la historia, una Directiva que tenía más de 20 años y que permitía la entrada sin límite de refugiados ucranianos. La medida no solo contempla su entrada, sino un permiso para residir en la UE durante un año, prorrogable si las circunstancias de la guerra así lo exigieran.

Insisto en que resulta emocionante constatar tanta solidaridad ante la situación de desesperación de tantas familias que huyen despavoridas de una guerra que pone en riesgo sus vidas. Es lo que tenemos que hacer. Es nuestra obligación humanitaria protegerlas, ampararlas… Y me enorgullece que no surjan voces diciendo que estas personas nos invaden, que genera alarma social verlas pasear por nuestras calles, que nos quitan los puestos de trabajo. Es realmente loable que no se convoquen manifestaciones para echarlas, que no se critique que estén en hoteles mientras dure la tragedia.

Desgraciadamente no siempre actuamos igual y no puedo evitar hacer la siguiente reflexión: ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo mismo con las personas que tenemos al lado, en el continente africano? ¿Somos conscientes de la situación terrible que viven los países del Sahel y tantos otros de África? África es un continente inmenso, pero si nos circunscribimos tan solo a los países del Norte de África y del África Occidental  vemos circunstancias tan graves como las de Ucrania  que justificarían una respuesta similar. Y no la damos.

Malí, especialmente el norte del país, está sufriendo un conflicto desde hace una década que enfrenta a rebeldes del pueblo tuareg y yihadistas contra los diversos gobiernos y el Estado maliense. Se trata de un conflicto que ha causado ya 25.000 muertos y 2,5 millones de desplazados internos (personas que tienen que abandonar las zonas de guerra y trasladarse a otras zonas del país más seguras, abandonando sus casas y sus medios de vida).

Además, el Sahel (una región del Norte de África limítrofe con el Sáhara que incluye a varios países del África Occidental) está sufriendo la amenaza de diversos grupos terroristas de corte yihadista que controlan cada vez más franjas de terreno. Se trata de grupos terroristas afiliados a Al Qaeda, reunidos en el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y a Dáesh, como el Estado Islámico del Gran Sáhara. Aprovechando la debilidad de muchos estados hostigan y atacan a poblaciones no solo de Mali, sino de Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín,  Camerún o Togo. En 2021 se produjeron 1253 ataques yihadistas en este continente, más de la mitad de los atentados de este tipo que se produjeron en el mundo. Francia y otros países aliados han desplegado misiones militares en la zona sin que hasta el momento se haya conseguido frenar el avance terrorista. Sus ataques  provocan varios millones de desplazados.

La realidad es que los conflictos bélicos se extienden por todo el continente. Además de en los países ya señalados, la guerra o el terrorismo están presentes de una u otra manera en Níger, Nigeria, Mozambique, Camerún, República Centroafricana, Sudán del Sur, Libia, Somalia, Lago Chad, República Democrática del Congo…  Incluso Senegal, uno de los países más cercanos a Canarias y más estables y seguros de la zona, vive desde hace casi cuatro décadas un conflicto al sur de su territorio en la región del Casamance, con un grupo insurgente que reclama la independencia de esa franja por sentirse abandonados por el Gobierno central. Se calcula que el conflicto ha podido producir más de 5.000 muertos y cientos de desplazados y pueblos abandonados. Esto es especialmente grave porque se trata del “granero de Senegal” y cada aldea abandonada es un campo de cultivo que se queda sin cultivar. No es casualidad que buena parte de los jóvenes senegaleses que vienen a Canarias procedan de esta zona.

No podemos olvidarnos tampoco de que África es uno de los continentes más afectados por el cambio climático. Un informe de 2019 de la  Organización Meteorológica Mundial (OMM) concluía que el cambio climático estaba teniendo  «efectos devastadores en la producción de cultivos y la seguridad alimentaria” del continente, debido sobre todo a un aumento de las temperaturas que conlleva un mayor número de sequías, plagas o inundaciones. Esto, además, está golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables y contribuyendo a la inseguridad alimentaria, al desplazamiento de poblaciones y ejerciendo una importante presión sobre los recursos hídricos.

Son solo algunos ejemplos para demostrar la gravedad de la situación que están viviendo nuestros países vecinos y que, sin embargo, no se traduce en políticas migratorias y de asilo similares a las se han puesto en marcha para Ucrania. Más bien al contrario, la actuación de España y la UE con las personas que llegan desde África buscando refugio supone una vulneración sistemática de sus derechos humanos.

Aún tenemos frescas las imágenes del llamado “campamento de la vergüenza en el muelle de Arguineguín”, en el que se hacinó a casi tres mil personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas.

Pero no hace falta recordar los hechos de Arguineguín. Esta misma semana 20 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco se han escapado y otros 15 se han puesto en huelga de hambre por las condiciones en las que son tratados o que no les permitieran cumplir con el rito musulmán del Ramadán. Hay que recordar que los CIE en la práctica son cárceles para extranjeros en la que se encierra a personas que no han cometido ningún delito y en las que se han documentado ampliamente todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.

No podemos olvidar tampoco que Canarias acoge en estos momentos unos 2.645 menores extranjeros que llegaron a las islas no acompañados, de los cuales 1.496 se encuentran en Gran Canaria. Las derivaciones hacia otras comunidades autónomas apenas ascienden al 3,7%, poco más de un centenar, a pesar de que desde todas las instituciones competentes se ha dejado claro que las derivaciones son necesarias para poder ofrecer una atención adecuada a estos menores en materia de educación e integración social y laboral para cuando cumplan

la mayoría de edad. Hasta ahí no llega la solidaridad de las comunidades autónomas españolas ni la del propio Gobierno del Estado.

Desgraciadamente esto es la muestra de que no medimos a todas las personas por el mismo rasero y de que la diferencia tan brutal de trato entre la situación de Ucrania y la de los países de África, que también están sufriendo guerras terribles, solo se sustenta en prejuicios raciales y religiosos. Pero también es una muestra de que si hay voluntad política hay capacidad para acoger y dar un trato digno a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países como consecuencia de la violencia.

No solo se trata de una cuestión de humanidad, solidaridad y derechos humanos. Las políticas migratorias y de asilo extremadamente restrictivas suponen un lastre para el desarrollo económico, tanto para las sociedades de origen como de acogida de estas personas. Si queremos paz y seguridad en Canarias y en Europa debemos comprometernos con políticas que fomenten la paz, los derechos humanos y el bienestar de nuestros países vecinos, que eviten el éxodo de miles e incluso de millones de personas en busca de los derechos humanos más fundamentales.

Sobre Canarias, ni una asignatura menos

En el último mes se ha abierto una polémica en nuestra Comunidad acerca de la enseñanza de la historia y  la geografía de Canarias en los institutos de Educación Secundaria de nuestra tierra. El debate surge por la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno canario de suprimir la asignatura que actualmente cursa todo el alumnado en cuarto de la ESO, por una materia optativa y por un tratamiento transversal de las competencias y contenidos que esas áreas exigen.

Adelanto que mi posición nace desde la reflexión cultural, social y cívica y no desde tecnicismos administrativos o curriculares en los que no soy especialista. Considero que no son los únicos que se deben tener en cuenta a la hora de decidir un tema de tanta significación. La experiencia, la observación de la realidad que tenemos quienes ostentamos responsabilidades públicas y compartimos las necesidades formativas de nuestra población con todos los agentes sociales, nos obliga a pronunciarnos y a no reducir este debate a una cuestión de especialistas o expertos en la didáctica de las Ciencias Sociales o en legislación educativa.

Empiezo por una conclusión que me parece evidente: necesitamos conocer más Canarias y saber más sobre Canarias. Es una necesidad prioritaria. Las grandes aportaciones que nos llegan desde las Naciones Unidas, desde los informes de sostenibilidad, desde las previsiones de desarrollo económico mundial, defienden que no hay otra salida para la supervivencia de la humanidad que un desarrollo autocentrado que aproveche los recursos de cada territorio de manera sostenible e inteligente. Y esa constatación, que es aplicable a los grandes continentes, a los espacios continuos, es de mayor urgencia en el caso de las islas, de un archipiélago anclado en medio del Atlántico como el nuestro. Cada vez que el mundo se desestabiliza, el archipiélago aumenta su vulnerabilidad, precisamente por depender tanto del exterior en energía, alimentación, producción industrial o turismo.

Una sociedad autocentrada es la que aprovecha todas sus posibilidades para aumentar su bienestar y reduce la dependencia del exterior. Las situaciones que estamos viviendo en los últimos tres años desde la aparición de la pandemia y la continuidad de las crisis que provocan las guerras relacionadas con las energías y las materias primas es un aviso inaplazable de que tenemos que conocer y utilizar nuestros recursos para avanzar hacia la triple soberanía energética, hídrica y alimentaria.

Y este salto trascendental tiene que apoyarse en el conocimiento de toda la población de nuestros recursos y fortalezas a la vez que nuestras debilidades. Ese conocimiento tiene que complementarse con políticas activas a favor de esa triple soberanía y fundirse con un sentimiento de pertenencia e identificación de toda nuestra gente con la tierra que nos acoge. Tenemos que  asumir la defensa de este patrimonio como señal de supervivencia y de compromiso con la permanencia del planeta. Actuando en lo local contribuimos a la conservación de lo global.

Y necesitamos conocer más Canarias porque somos especialmente singulares. Yo diría que afortunadamente singulares. Lo es nuestra biodiversidad, que acumula miles de especies endémicas que solo se conservan entre nosotros, como así lo reconoce la Unesco en las siete Reservas de la Biosfera declaradas en Canarias. Lo mismo habría que decir de los recursos hídricos que son diferentes y que han sido una amenaza y una oportunidad que los canarios y las canarias, a lo largo de la historia han sabido gestionar con ingenio y laboriosidad. O los recursos marinos que se multiplican por los mil quinientos kilómetros de costa de que disponemos. Y el clima que nos ofrece una serie de posibilidades que nos han hecho privilegiados para vivir y desarrollar nuestra industria turística y que ahora además nos convierte en una potencia para la generación de energías limpias vinculadas con el sol y el viento.

Tenemos que conocer desde nuestra más tierna infancia todas estas posibilidades o no iremos construyendo el edificio del saber y la investigación que Canarias necesita. No se puede reducir ni una hora de conocimiento generalizado y obligatorio para que al superar la Educación Obligatoria todo el alumnado canario conozca, se familiarice y ame la enorme riqueza natural, cultural y patrimonial de la que somos herederos.

No podemos repetir el efecto Galdós que fue apreciado en las islas cuando recibió el reconocimiento y la valoración del resto del mundo. No es aceptable que nos hayamos creído que somos punteros en desalación de agua cuando vienen los expertos internacionales a aprender y copiar nuestros adelantos. Las investigaciones en producciones marinas están siendo reconocidas a nivel mundial y muchos de nosotros no terminamos de creerlo y de divulgarlo. Lo mismo podríamos decir de los avances agrícolas o en la organización del turismo. Toda la población tiene que ser conocedora en profundidad de nuestras riquezas naturales, culturales, históricas, etnográficas o económicas para ser más prósperos y más iguales.

Y tenemos que conocer más Canarias para entendernos mejor. No es posible que nuestra juventud desconozca que hemos conquistado unos Fueros, un Régimen Económico y Fiscal que nos permite afrontar la insularidad en condiciones de mayor  igualdad de oportunidades con el resto del Estado y con Europa.
Y debemos comprender igualmente que hay un tejido institucional, autonómico, insular y local que se ha forjado por la lucha de siglos de nuestros antecesores. Y que las desigualdades sociales y de género se han vivido, se han padecido, de manera diferenciada en las islas respecto a otros territorios. Y que también hay diferencias en la historia de cada isla. Lo mismo que hay que buscar las raíces de nuestra multiculturalidad y de nuestra apertura a América o África.

Es una simpleza afirmar que esta es una preocupación solo de nacionalistas. Aumentar el conocimiento y la identificación con Canarias es una necesidad, un deber, una exigencia que los nuevos tiempos aumenta. Nos jugamos el afrontar con garantías de éxito los retos que el futuro inmediato nos obliga a superar. Conocer nuestra enorme riqueza facilitará las elecciones profesionales de nuestros jóvenes, partir de conocimientos generales y básicos para afrontar una especialización más coherente, orientar líneas de investigación que aporten valor añadido y que contribuyan al avance de la tecnología, de la ciencia y de la cultura.

Tenemos tanto que aprender, divulgar y difundir que no compartimos que desaparezca ninguna asignatura ofertada a todo el alumnado en la etapa obligatoria y centrada en conocer mejor la geografía y la historia de Canarias. Conocer Canarias no puede ser optativo. 

Pero no basta con conocer. Necesitamos identificarnos, apreciar, valorar, sentir como propios los valores patrimoniales que definen a Canarias y que nos configuran como un pueblo reconocido así por nosotros mismos y por toda la legislación que nos es aplicable. Estoy pensando en nuestra habla, en el patrimonio inmaterial de nuestras tradiciones, en el patrimonio mundial que tenemos reconocido, desde Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, hasta el Teide, Garajonay, La Laguna o el silbo gomero.

Por eso comparto el manifiesto por la continuidad de la asignatura firmado por docentes y una amplia representación de la ciudadanía y me identifico plenamente con la afirmación de que “el déficit histórico que venimos arrastrando en cuanto a la impartición de este tipo de contenidos, hace más urgente que nunca la presencia de una materia de carácter obligatorio que aborde de forma estructurada el estudio de nuestro patrimonio natural, arqueológico, cultural e histórico”. 

Qué manía la de los tecnócratas de turno, al servicio del materialismo más ramplón, del pensamiento contable, la de eliminar de la educación reglada el Latín, el Griego, la Filosofía. Y ahora en Canarias la Geografía y la Historia. Lo predijo muy bien Martha C. Nussbaun en “Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades”, de Ed. Katz:  “La educación para el crecimiento económico se opondrá a la presencia de las artes y las humanidades como ingredientes de la formación elemental mediante un ataque que, hoy en día, se puede observar en todo el planeta”.

Me felicito de que la movilización de tantos sectores sociales haya hecho recapacitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que desde los años noventa ha contribuido a impulsar los contenidos canarios en la escuela, para que no reste, no suprima, sino incremente y sume a partir de lo ya consolidado. Sería una buena celebración del Día de Canarias.