Portada Antonio Morales


El poder transformador del Salto de Chira

Gran Canaria se ha caracterizado históricamente por perseguir objetivos ambiciosos, acordar consensos sociales para alcanzarlos y mostrar coraje y determinación para superar dificultades y resistencias. Esto es lo que nos está ocurriendo con la construcción del Salto de Chira en el barranco de Arguineguín, que es la gran apuesta para descarbonizar la producción de energía en la isla y disponer de más agua para mitigar los efectos de la sequía.

El proyecto de Salto de Chira simboliza la capacidad de la sociedad grancanaria para definir las necesidades y prioridades que debe resolver a corto y medio plazo y acometer una estrategia eficaz que permita que sea realidad en el menor tiempo posible. Cuando el pasado viernes hacíamos una primera visita a las obras de las instalaciones de la central hidroeléctrica en el barranco de Arguineguín, los representantes sociales que habíamos invitado a acompañarnos, lo que destacaban, además de la trascendencia de las actuaciones, es que no era un proyecto sino una realidad. No anunciábamos previsiones, comprobábamos certezas, actuaciones, obras en marcha con un ritmo profesional y responsable por delante de los plazos establecidos.

Los avances sociales nunca son resultado de la casualidad. El gran proyecto de Salto de Chira que va a definir el futuro energético e hídrico de nuestra isla, nos habla de una sociedad madura que ha sabido articular todas las decisiones para que una actuación de unos 600 millones de euros, progrese hoy en medio de unos de los parajes más hermosos de la isla de Gran Canaria. Se desarrolla con respeto y en diálogo con ese paisaje único que nos identifica y que se engrandece al acoger una Central que nace para que Gran Canaria avance con paso firme hacia la descarbonización y la ruptura de la dependencia de los combustibles fósiles. También nos permitirá disponer del agua que necesitamos para combatir una sequía que nos desertiza. Y estamos interviniendo en este paraje natural con la mayor actuación medioambiental de estas características realizada en Canarias. A lo largo de más de 17 kilómetros se elimina toda la flora invasora y se incorporan, regenerando el medio, más de 14.000 plantas endémicas.

Para llegar a donde estamos se han conjuntado una serie de factores que de nuevo permiten a nuestra isla liderar un reto decisivo para nuestra supervivencia en las próximas décadas. La alta conciencia medioambiental de una parte significativa de la población está detrás de esta iniciativa. La conciencia ciudadana nos empuja a los responsables públicos a buscar alternativas técnicas y presupuestarias para que lo que es urgente sea viable. Y, además, la expresión pública de ese sentir colectivo permitió que en los momentos de debate y de contestación por otros sectores, se impusiera un sentir mayoritario por la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Tenemos que seguir contribuyendo a que esa conciencia medioambiental se generalice y consolide en todos los sectores de nuestra sociedad.

Y quiero destacar también el valor de la política, justo en unos tiempos en que se pretende denigrar y desvalorar la importancia de lo público, de las instituciones democráticas y de los que ejercemos la representación institucional. Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos tomado decisiones trascendentales para que Salto de Chira esté avanzando como lo está haciendo: en primer lugar, seleccionando la transición energética y la seguridad hídrica como dos prioridades estratégicas de nuestra acción de gobierno. En segundo lugar, poniendo a disposición del proyecto el enorme patrimonio hidráulico insular de carácter público que constituyen las presas de Chira y Soria, que son fruto de una visión histórica de nuestros antepasados. Y en tercer lugar, cuando heredamos del gobierno anterior un proyecto de generación que se realizaba con energías fósiles, con el impagable asesoramiento de nuestros técnicos del Consejo Insular de Aguas y de Red Eléctrica de España optamos por una Central Hidroeléctrica de almacenamiento que nos va a  permitir disponer de energías limpias así como garantizar al menos un 50% de utilización de renovables en la isla, porque se podrán almacenar, reduciendo  de golpe un 20% las emisiones de CO2.

Lo importante de decidir desde Canarias, en este caso desde Gran Canaria, es que sabemos cuáles son nuestras urgencias. Y si necesario es descarbonizar la producción energética y avanzar  hacia la ruptura de la dependencia de los combustibles fósiles, conseguir agua para nuestra agricultura y ganadería es igual de decisivo. Y por eso, se ha incorporado en la concesión a Red Eléctrica que el Cabildo dispondrá de 750.000 m3 anualespara su distribución en las cuencas deTunte, Mogán, Tejeda y Artenara. Y con la misma sensibilidad se solicitó y consiguió que la financiación íntegra de las obras corriera a cargo del Estado por la trascendencia que va a tener en la reducción del costo de la generación eléctrica en las islas: 122 millones de euros.

Es fácil comprender que estamos ante una obra de una enorme complejidad técnica, económica, administrativa, medioambiental, financiera y política. De aquí que los riesgos de que la iniciativa descarrilara han sido enormes. Por eso, es de justicia la mención y el agradecimiento especial a tres entidades que están impulsando la ejecución y la implementación rigurosa del plan de construcción: el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria con sus técnicos volcados y disponibles las 24 horas del día, Red Eléctrica de España que está demostrando una profesionalidad y sensibilidad con nuestra tierra extraordinarias, cumpliendo y resolviendo todas las incidencias que se producen y los servicios transversales del Cabildo que asesoran y tramitan el complejísimo expediente que exige información jurídica, fiscalización y conformidad de los órganos competentes.

Con la finalización de la Central en 2027 habremos dado un paso trascendental para ganar la batalla de la adaptación al cambio climático, pero además aportará a la imagen de la isla el valor añadido de que vamos en serio hacia una ecoísla en un momento en el que las personas que nos visitan tienen una enorme sensibilidad medioambiental y demandan una isla alineada con los principios de desarrollo sostenible a alcanzar en 2030. La isla se revaloriza y reafirma la singularidad que aumenta su atractivo. Tienen razón quienes afirman que el desarrollo sostenible, además de imprescindible, es rentable.

Asistimos a un enorme éxito colectivo que justifica que nos sintamos orgullosas y  orgullosos de participar y colaborar en el progreso de nuestra isla. Estamos en el buen  camino y es verdad que no podemos relajarnos y bajar la guardia, ni con este proyecto,  ni con el conjunto de retos con los que estamos comprometidos para responder a las exigencias sociales, económicas y culturales del siglo que avanza. Pero es justo que disfrutemos como sociedad de los progresos que protagonizamos.

Gran Canaria lidera, por el esfuerzo y la implicación de todas y de todos, las transformaciones que nos harán más soberanos energética, hídrica y alimentariamente. También el de la innovación en este campo, porque estamos ante un proyecto de estas características único en el mundo. Al comprobar las luces del camino, recuperamos fuerzas para proseguir la marcha con la enorme ilusión y confianza colectiva así como con el convencimiento de que constituimos una sociedad madura que de nuevo sabe elegir sus prioridades para, con realismo y resistencia, construir los proyectos indispensables y sostenibles, por ambiciosos que sean, como es en este caso el Salto de Chira.

Canarias y la internacional reaccionaria

Este lunes 20 de enero, Donald Trump asumirá por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos. Su reelección representa un gran triunfo para la llamada “internacional reaccionaria”, un movimiento compuesto por diversas corrientes de derechas y extremas derechas —neofascistas, nacional-populistas, y ultraliberales, entre otros— que ponen en peligro pilares fundamentales de nuestras democracias. Entre estos se encuentran el Estado del Bienestar, los derechos de las mujeres y las minorías, así como el respeto a la legalidad internacional.

Tal y como ya comenté en mi artículo de la semana pasada, aunque pueda parecer distante, esta situación implica serios riesgos para Canarias. Un elemento común de los movimientos de derecha radical es su negación del cambio climático, su oposición a las energías renovables y su apuesta por los combustibles fósiles. Trump ha llamado insistentemente a intensificar las extracciones de combustibles fósiles y el mismo canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz ha pedido a Von Der Leyen que flexibilice los estándares medioambientales para impulsar la competitividad de su economía, tal y como pide la ultraderecha de su país. Este enfoque sería devastador para un territorio como el nuestro, que ya experimenta con especial intensidad los efectos de la emergencia climática. Para Canarias, la mitigación y adaptación al cambio climático no solo es una necesidad, sino también una oportunidad para un desarrollo verdaderamente sostenible.

Es ampliamente conocido que Canarias, por su posición geográfica, juega un papel estratégico importante en el comercio internacional marítimo. El Puerto de Las Palmas está creciendo como centro logístico principal del Atlántico medio y ya en 2021, cuando el accidente de un barco inhabilitó el Canal de Suez durante una semana, Las Palmas se erigió como vía alternativa de tráfico marítimo. Por ello una guerra comercial derivada de las políticas arancelarias ultraproteccionistas como las que han anunciado Trump u otras derechas radicales, podría truncar el desarrollo del Puerto como una vía de diversificación e innovación para nuestra economía.

En su primer mandato, Trump reconoció unilateralmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un gesto que probablemente se traduzca en un fortalecimiento del reino alauí como potencia regional durante su segundo mandato. Para Canarias, esto es una noticia preocupante, especialmente considerando los múltiples conflictos abiertos con Marruecos: disputas sobre aguas territoriales, la explotación de tierras raras, maniobras militares o prospecciones petrolíferas.

Y resulta mucho más grave tras el mensaje lanzado hace unos días de que pretende anexionarse por la fuerza Groenlandia y el Canal de Panamá y de que, incluso, Canadá podría ser un nuevo estado de Estado Unidos. Como escribió Miguel Roca el pasado martes en La Vanguardia se trata de algo “muy serio, muy grave y muy preocupante (…), una amenaza que genera incertidumbre y trastoca el orden internacional”. Para el político catalán esta amenaza de Trump recuerda a cuando Adolf Hitler “reclamaba el derecho de ocupar el espacio vital que Alemania necesitaba para asegurar su crecimiento y su seguridad”.

La reelección de Trump se inscribe en una ola reaccionaria que ha impulsado a fuerzas de extrema derecha en todo el mundo. En Europa, líderes como Viktor Orbán en Hungría y Giorgia Meloni en Italia representan esta tendencia. En Austria, el Partido de la Libertad, con raíces en el nazismo, ha sido encargado de formar gobierno tras ganar las elecciones. En Alemania, la AfD, otro partido con reminiscencias neonazis, espera obtener resultados destacados en las elecciones de febrero, mientras que en Francia, Marine Le Pen lidera las encuestas en medio de la mayor crisis político-institucional de la historia reciente del país.

El fenómeno no se limita a Occidente. En América Latina, fuerzas reaccionarias han ganado terreno, utilizando estrategias similares a las de Trump, como la desinformación y el populismo autoritario. El ascenso de gobiernos de corte ultraderechista en Argentina, con Milei, y en otros países, demuestra que la ola reaccionaria tiene alcance global, impulsada en parte por el debilitamiento de las instituciones internacionales y el auge de líderes que priorizan agendas nacionalistas excluyentes sobre el multilateralismo.

Sin embargo, limitar el análisis a los triunfos electorales sería un error. Estamos ante una profunda derechización de los valores, el pensamiento y el debate público. Incluso, principios antes incuestionables, como el apoyo a la democracia, están siendo erosionados. Esto es especialmente preocupante entre los jóvenes: según una encuesta de septiembre publicada por El País, uno de cada cuatro hombres de entre 18 y 26 años considera que el autoritarismo puede ser preferible a la democracia en ciertas circunstancias.

Las redes sociales, que son un espacio clave de socialización para las nuevas generaciones, han desempeñado un papel significativo en esta deriva. Bajo la influencia de magnates como Elon Musk, estos espacios se han convertido en plataformas para la difusión de bulos, mensajes de odio e ideas reaccionarias. Musk, en particular, ha utilizado su poder para desestabilizar democracias, apoyando abiertamente a partidos extremistas en Europa.

Un ejemplo reciente es su campaña en redes sociales para desacreditar al primer ministro británico, Keir Starmer, acusándolo falsamente de encubrir una red de pederastas pakistaníes. Lo irónico es que Starmer fue clave en llevar a los culpables ante la justicia. Este tipo de manipulaciones muestran cómo un excéntrico multimillonario con inclinaciones autoritarias puede amenazar a gobiernos democráticos sin que existan mecanismos efectivos para detenerlo.

La labor prioritaria de los nacionalistas de izquierda debe ser interpretar y responder a los retos globales desde nuestras coordenadas. No podemos limitarnos a ser espectadores, debemos intervenir activamente desde una perspectiva local. Por nuestra situación geográfica y por nuestras características únicas, Canarias es particularmente vulnerable a fenómenos como el cambio climático, la inestabilidad en el Sahel y África Occidental, las políticas migratorias y las turbulencias en el comercio internacional. Estos desafíos tienen un impacto directo en nuestra sociedad y en nuestra economía.

Es fundamental, por tanto, que las personas y las organizaciones progresistas de Canarias desarrollemos un proyecto de país y de gobierno que haga frente a esta ola reaccionaria. Desde la humildad, pero con determinación, debemos organizarnos para ser influyentes en el Congreso de los Diputados y contribuir a revertir esta dinámica en España. Asimismo, debemos librar la batalla cultural en defensa de nuestra identidad, que se basa en la apertura, la tolerancia, la paz, el respeto y la convivencia.

La ruptura del nacionalismo progresista

Llevamos un año asistiendo a un debate intenso en el seno de Nueva Canarias. Durante todo este tiempo las posiciones, lejos de aproximarse, han alcanzado su cenit de desencuentro en las últimas semanas con el anuncio de una de las partes en conflicto de abandonar la organización tras la decisión de la dirección de no plantear acuerdos hasta el congreso de julio. Durante todo este tiempo he mantenido una posición prudente para no contaminar mi papel institucional como presidente del Cabildo de Gran Canaria y para priorizar la estabilidad del gobierno insular que tan buenos resultados está proporcionando al progreso de Gran Canaria. La voy a seguir manteniendo, pero la casi certeza de que las diferencias de posición entre las distintas partes en conflicto dentro de NC no van a acabar en un acuerdo y sí a generar una fractura en la organización que representa al nacionalismo progresista en Canarias me obliga a compartir públicamente una reflexión responsable sobre las consecuencias graves de esa división.

La necesidad de un proyecto nacionalista de progreso en Canarias se ha hecho patente durante todos los años de la democracia: cuando hemos tenido representación en el Parlamento español defendiendo los derechos olvidados de esta tierra, en los gobiernos municipales que han liderado la transformación social y económica de esta isla tras la dictadura de Franco, desde el Cabildo impulsando un modelo de desarrollo ecosocial integrador para Gran Canaria y desde el Gobierno o en el Parlamento canario promoviendo un modelo de bienestar social que garantizara la sanidad, la educación pública o la defensa del territorio.

Con estos antecedentes, me preocupa enormemente que una fuerza que está siendo útil para la vida de nuestra gente y para defender los derechos de Canarias se fracture. Y con más razón si analizamos el contexto estatal e internacional en el que estamos inmersos en el que constatamos el aumento de los totalitarismos y los populismos así como el crecimiento de los movimientos de extrema derecha y fascistas en Europa y en el planeta. Y no nos puede ser ajeno.

La democracia está en crisis en el mundo. Avanzan los totalitarismos y las posiciones excluyentes que expulsan a los sectores vulnerables del disfrute de los derechos fundamentales. La “internacional reaccionaria” se extiende por el mundo. El negacionismo climático, la destrucción de lo público, la quiebra del Estado de Bienestar, de los derechos universales y de  los derechos alcanzados se convierten en objetivos estratégicos para la ultraderecha, el ultraliberalismo y la antidemocracia. Crecen la desigualdad y la pobreza mientras unos pocos se hacen cada vez más ricos. La sociedad se polariza con el debilitamiento o la desaparición de las clases medias y la desesperación genera desconcierto y miradas hacia las posiciones extremas que impiden una salida integradora. Y todo esto se nota muchísimo más en territorios frágiles y aislados como el nuestro.

También la guerra comercial que va a desatar la anunciada imposición de Trump de aranceles a las importaciones, incluidas las de sus socios comerciales, puede tener un fuerte impacto en Gran Canaria, ya que tenemos en el Puerto de La Luz y de Las Palmas unos de nuestros principales vectores de diversificación económica. 

Tampoco podemos olvidarnos de la importancia que tiene para las islas la construcción de un marco internacional de paz y respeto a la legalidad internacional. Tenemos una posición geoestratégica clave, y la creciente militarización de las relaciones internacionales así como el imperialismo de algunas potencias (Rusia, Israel, EEUU, Marruecos, etc.) puede  tener efectos desestabilizadores poniendo en riesgo nuestra seguridad. 

En España comprobamos cómo se afianzan los enfrentamientos entre los distintos partidos, lo que genera desafecto y rechazo hacia la política y las instituciones. Vemos también cómo aumentan el desprecio colonial a la realidad canaria y las posiciones conservadoras en gobiernos autonómicos que debilitan los servicios públicos y aumentan el centralismo excluyente. Esto supone una clara amenaza al estado de las autonomías como podemos comprobar, por ejemplo, con el trato injusto e insolidario que se da a Canarias al rechazar de manera sistemática una redistribución solidaria de la acogida de los menores inmigrantes que llegan hasta aquí. 

Solo los territorios más autocentrados, con nacionalismos de amplia trayectoria y mucho apoyo popular, están siendo capaces de resistir al avance del centralismo o las políticas reaccionarias, a las que hacen seguidismo en muchas ocasiones los que se llaman partidos de estado como el PP o el PSOE. Siempre hemos defendido, y ahora es más necesario que nunca,  que Canarias necesita tener una voz propia y potente en el concierto estatal, con más razones incluso que otros territorios por sus singularidades y por el tradicional olvido que sufrimos de esos poderes centrales.

La crisis de Nueva Canarias coincide con esa deriva totalitaria, geoestratégica  y colonial que sufrimos a nivel estatal, continental y planetario. Sustraernos a esta realidad supone una enorme irresponsabilidad. Ahora, más que nunca, tenemos la obligación de apurar todas las iniciativas que se precisen para encontrar una solución racional al conflicto que amenaza terminar en una ruptura y, por lo tanto, en la división y el debilitamiento del nacionalismo progresista en Canarias.

En este contexto es fundamental contar en Canarias con un movimiento político nacionalista progresista, una voz que represente nuestras necesidades en un contexto de cambio de época. Y digo movimiento y no solo partido, porque tiene que ir mucho más allá de lo partidista-institucional y dar la batalla cultural y social en un momento de profunda derechización social y económica. Y lo cierto es que, hoy por hoy, Nueva Canarias es imprescindible para construir ese movimiento.

Dinamitar la fuerza actual del nacionalismo progresista y poner en riesgo las alianzas de izquierdas para los próximos años en las principales instituciones de Canarias es una enorme irresponsabilidad. La división fragmenta este espacio político, lo debilita de manera exponencial y  quiebra, por tanto, la posibilidad de conformar gobiernos de progreso en ayuntamientos, cabildos y en la propia comunidad autónoma por mucho tiempo. Rompe la posibilidad de asumir el reto de combatir los efectos del calentamiento global, la carencia de viviendas, las disfunciones del modelo turístico o la desigualdad. Se abre paso al escenario que ya vimos hace unos años cuando Coalición Canaria gobernaba a su antojo utilizando los comodines del PP o del PSOE, según las circunstancias. 

Con la ruptura con los grupos independientes, NC se debilita en Gran Canaria de manera notable. Perderá significativamente poder municipal, insular y autonómico. La posibilidad de sumar con grupos minoritarios en distintos municipios no es suficiente. 

El conglomerado de grupos independientes, hasta ahora baluarte municipal de NC, se conforma, como todos sabemos, con una importante diversidad ideológica y corre el riesgo de volver a dividirse como en momentos no muy lejanos: la última alianza de NC con Sumar es una buena muestra de ello. Solos no podrán sino afianzar su poder local y, a lo sumo, tener presencia escasa en el Cabildo. La tentación que se podría plantear en esta amalgama independiente de caminar hacia alianzas antinatura provocaría una nueva división, una nueva fragmentación, una menor capacidad de decisión en las políticas insulares y autonómicas.

Estamos ante un momento crucial y solo la generosidad y la altura de miras de todas y de todos puede lograr un acuerdo digno. Diariamente se dirigen a mí ciudadanos y ciudadanas con la esperanza de una respuesta que les asegure la continuidad de una fuerza que está siendo útil para Gran Canaria y para el conjunto de Canarias. Lo que se está debatiendo es mucho más que una reorganización interna y que una discrepancia en una organización de tantas. La trascendencia que el debate está teniendo en la sociedad así lo demuestra.

Creo que es a la actual dirección de NC a la que corresponde una mayor responsabilidad para hacer frente a esta situación: es preciso que se afronte con altura de miras y sin personalismos. No se pueden sustentar las decisiones en mayorías orgánicas con muchísima menos representación institucional y muchísimo menos número de votos que la que representan quienes han planteado el conflicto. No se puede encontrar una salida sembrando bulos (yo entiendo bastante de esto puesto que lo he vivido en mis carnes) o generando inestabilidades. No se puede dar la espalda a lo que plantea el 80% de los cargos orgánicos o públicos de Gran Canaria. No se puede sustituir el debate político por lealtades personales. 

Por parte del sector crítico no se deben plantear alternativas de la mano de la improvisación y la precipitación al comprobar que las vías del diálogo se agotan. Sin estrategias, con ambigüedades ante futuros pactos. Una huida hacia adelante para luego ver qué va a pasar es de una fragilidad peligrosa. El pragmatismo no puede sustituir a una determinación ideológica clara.

Reconozco que se ha perdido demasiado tiempo para alcanzar un acuerdo que considero factible y posible. Pero nunca es tarde si el objetivo lo merece. En el nacionalismo progresista no puede sobrar nadie. Estoy  convencido de que la mayoría de nuestra sociedad, incluso de quienes no nos votaron, reconoce que un nacionalismo como el de NC es necesario para defender derechos fundamentales de nuestra gente. Es inexcusable responder a esa demanda. En la responsabilidad de todas y de todos está. Insisto: el auge de los totalitarismos, la antidemocracia, el iliberalismo, la ultraderecha, los neofascismos, el negacionismo climático o el desprecio a la realidad de Canarias aumenta la urgencia de buscar un acuerdo. Es una obligación histórica.