Portada Antonio Morales

Mes: junio 2026

Una isla que avanza y crece en valor

Posted on by Antonio Morales

Gran Canaria vive un momento singular. Así lo evidenció el tercer Debate sobre el Estado de la Isla de este mandato -celebrado los días 22 y 23 de este mes-, un ejercicio de rendición de cuentas que retrata a una institución con proyecto definido, rumbo claro y resultados tangibles. Lejos del discurso autocomplaciente, y más allá del todo está mal de la oposición,  los datos que emergen del balance del último año, por parte del gobierno de la isla, dibujan una isla que crece en valor, que crea empleo a ritmo histórico y que consolida un modelo ecosocial orientado al horizonte Gran Canaria 2050.

En un contexto de profunda decepción ciudadana con la política estatal e internacional, desde el gobierno insular —sostenido por las fuerzas progresistas del Cabildo durante once años consecutivos— nos sentimos orgullosos de haber contribuido a construir un clima de respeto institucional y diálogo alejado de la polarización. Esa estabilidad política, poco frecuente en el panorama actual, ha permitido planificar a largo plazo y ejecutar transformaciones estructurales que ya están dando frutos.

El Cabildo se presenta hoy como una institución solvente, con capacidad de alzar la voz cuando es necesario —frente a la conversión de Gran Canaria en zona de internamiento de migrantes, reclamando  inversiones estatales justas o ante decisiones autonómicas discriminatorias— y a la vez capaz de tender puentes con los 21 municipios de la isla y con todos los sectores económicos y sociales. La visita del papa León XIV el pasado 11 de junio, acogida con madurez y orgullo por la ciudadanía, fue la última expresión pública de esa identidad grancanaria en plena forma.

El primer indicador de la salud de cualquier sociedad es el empleo, y aquí Gran Canaria ofrece su mejor cara. En 2025, la isla cerró con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superó por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, situándose en torno a las 63.000 personas y en una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla.

Pero más relevante que el número es la transversalidad de esa mejora. El desempleo femenino cae con fuerza y, de forma especialmente significativa, el paro juvenil cerró 2025 por debajo del 20%, frente al 45% que registraba la isla cuando comenzó este periodo de gobierno, en 2015. Una isla que ofrece oportunidades a sus jóvenes es una isla que construye futuro.

Los datos de 2026 consolidan esta tendencia. El primer trimestre del año fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas, y la tasa de paro ha bajado ya al 14,5%. Al mismo tiempo, crecen las empresas medianas —entre 10 y 250 trabajadores— y aumenta la presencia de grandes empresas que eligen Gran Canaria para proyectos de mayor envergadura.

En materia turística, la estrategia cualitativa demuestra su eficacia. En 2025, Gran Canaria recibió 4.856.485 turistas, un 2,97% más, con un gasto diario de 180,66 euros por visitante —un 3,4% más— y una facturación turística que creció un 4,3%, alcanzando los 6.280,8 millones de euros al cierre del año.

Con un crecimiento moderado del número de turistas, la rentabilidad se ha duplicado. Esta es la esencia del modelo que defiende el Cabildo: consolidar un turismo de mayor valor añadido, con menor presión sobre el territorio, el medioambiente y la convivencia social. La posición es clara y contrapuesta a la que sostienen los partidos de la derecha canaria: Gran Canaria tiene límites territoriales, ambientales y sociales, y superarlos sería un suicidio económico y social.

Los primeros meses de 2026 confirman la senda: el gasto diario crece un 3,3% y la facturación turística sube un 6,2%. Una estrategia correcta que el Consorcio Turístico de Maspalomas refuerza con 7,3 millones de euros movilizados para la renovación del destino.

Las cifras del aeropuerto y el puerto certifican el liderazgo estratégico de la isla. El Aeropuerto de Gran Canaria cerró 2025 con 15.826.553 pasajeros, convirtiéndose en el primer aeropuerto de Canarias por tráfico, con un crecimiento del 4%. El Puerto de Las Palmas superó los 32 millones de toneladas movidas, un 15,7% más, consolidándose por primera vez como el cuarto puerto de la red estatal. El puerto no es solo una infraestructura logística: es una plataforma para la economía azul, la reparación naval, la internacionalización y la generación de empleo cualificado. El sector azul ya representa el 11% del PIB insular, muy por encima, casi cinco puntos,  de la media canaria.

En movilidad interior, el récord también es histórico: 107 millones de viajes en transporte público en el último año. El Cabildo contribuye con 40,6 millones de euros a la gratuidad del transporte, y ha acometido una renovación de flota con 7,3 millones de euros  adicionales. Aportaremos 15 millones más en las próximas semanas.  La inauguración del Intercambiador de Tamaraceite y el Centro de Control de la Movilidad —con una inversión de 10,7 millones— así como el avance decisivo del proyecto del tren de Gran Canaria, con la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y el inicio de las expropiaciones, completan un cuadro de movilidad sostenible e integrada en plena construcción.

Las energías renovables alcanzaron el 28,17% del mix energético insular en 2025, situando a Gran Canaria a la cabeza de las islas en penetración de renovables. La pieza central de esta transformación es el Salto de Chira, con más del 65% del proyecto ya ejecutado. En pocos meses, el agua desalada comenzará a entrar en la presa de Soria, abriendo un nuevo horizonte de soberanía energética e hídrica.

El modelo se completa con instalación de renovables en infraestructuras públicas, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y comunidades energéticas, con una inversión de 25 millones de euros. En materia hídrica, se mejoran y amplían depuradoras en todo el arco de la isla, garantizando abastecimiento y uso agrícola. Una apuesta por la soberanía alimentaria que se refuerza con ayudas directas a más de 1.200 agricultores, 19 obras en caminos rurales y 26 eventos de promoción del producto kilómetro cero.

El área de servicios sociales registra la inversión más alta que jamás ha realizado el Cabildo. El Plan Sociosanitario supera los 120 millones de euros en infraestructuras, a los que se suman las subvenciones directas a entidades del tercer sector, acercando el total a los 140 millones. Más de dos mil plazas nuevas en centros sociosanitarios —muchos ya inaugurados, otros a punto de abrirse—, además de la reforma del antiguo psiquiátrico para convertirlo en un gran centro sociosanitario que pasará a llamarse Carlota de la Quintana.

En educación, las becas alcanzan los 2,15 millones de euros, con casi 1.500 estudiantes beneficiados. En empleo, más de 1.000 personas han accedido a empleos fomentados directamente desde el Cabildo con una inversión de 27 millones. En vivienda, se han activado convenios para la construcción de más de seiscientas  viviendas públicas en alquiler asequible, superando las competencias estrictas de la institución.

La inversión en infraestructuras deportivas se acerca a los 200 millones de euros en el conjunto del mandato: el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva consolidan a la isla como sede de grandes eventos internacionales. La próxima inauguración del CAAM renovado, el apoyo al Museo Canario y la apertura de nuevos centros de interpretación del patrimonio arqueológico refuerzan la apuesta por la identidad y la memoria colectiva de Gran Canaria.

Salto de Chira, estadio, pabellón ferial, centros sociosanitarios, Museo de Bellas Artes, tren, Centro Insular de Deportes: 600 obras que transforman el territorio. Una hacienda saneada, con unos presupuestos que han superado los mil millones de euros por primera vez en la historia del gobierno de la isla, con un periodo medio de pago a proveedores de 5,25 días, y 1.208 millones de euros tramitados en pagos durante el año.

Gran Canaria no está exenta de retos. La incertidumbre internacional —las guerras, la tensión geopolítica y el proteccionismo comercial— obliga a la prudencia. La mejora del empleo debe ir acompañada de mayor calidad y formación. Pero la tendencia es clara. Once años de proyecto político sostenido, de inversión pública inteligente, de diálogo y de apuesta por las personas antes que por el crecimiento desmedido están dando sus frutos. Gran Canaria progresa, y lo hace con el esfuerzo de todas y de todos.

Cuando la isla camina unida

Posted on by Antonio Morales

Diez días después de la visita del papa a Gran Canaria, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la unidad nos hace más fuertes para alcanzar las metas que nos propongamos. La visita de León XIV a esta isla alcanzó una notable proyección en medios internacionales, llegando a más de quince millones de personas. Las imágenes de su llegada a la Base Aérea de Gando, el encuentro con los migrantes en Arguineguín, los actos en la Catedral de Santa Ana y la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria se distribuyeron mediante señal internacional, reforzando la visibilidad global de la isla, tanto como territorio turístico como punto neurálgico de las rutas migratorias hacia Europa.

El tono dominante que percibo en la opinión pública es de satisfacción y orgullo por el hito histórico y por el trabajo conjunto en la organización de la visita de diócesis, administraciones y entidades sociales en la organización. La isla fue capaz de absorber el incremento de tráfico, visitantes y ocupación hotelera, potenciando su imagen como territorio preparado para grandes eventos complejos.

Y es que hay momentos en la vida de un pueblo que trascienden la mera anécdota y se convierten en espejo donde una sociedad se reconoce a sí misma, donde descubre de qué está hecha, cuáles son sus valores más profundos y hasta dónde llega su capacidad colectiva cuando decide actuar como un solo cuerpo.

La visita del papa León XIV a Gran Canaria fue, sin duda, uno de esos momentos. No solo por su dimensión religiosa o por el peso simbólico que entraña recibir al líder espiritual de más de mil millones de católicos en el mundo, sino porque reveló algo más íntimo y quizás más perdurable: la extraordinaria potencia que emerge cuando una isla entera decide hablar con una sola voz, moverse con un solo propósito y mostrar al mundo lo mejor de sí misma.

Esa fuerza no nació de la improvisación ni del azar. Fue el resultado de un proceso de convergencia en el que instituciones, organizaciones sociales, ciudadanía y administraciones de distinto signo y competencia se alinearon en torno a un objetivo común. Y ese alineamiento, esa suma de voluntades, es precisamente la lección más valiosa que nos deja este acontecimiento histórico, más allá de las imágenes impactantes, las cifras de asistencia o los titulares que recorrieron el mundo.

Gran Canaria es una isla compleja. Como cualquier sociedad moderna, alberga en su interior tensiones, debates, diferencias de criterio y pluralidad de intereses. Esa diversidad es, en sí misma, una riqueza. Pero la diversidad sin capacidad de articulación puede convertirse en fragmentación, y la fragmentación debilita. Lo que demostró la visita papal es que esta isla ha madurado lo suficiente como para sostener la pluralidad y, al mismo tiempo, construir unidad cuando la ocasión lo exige.

Las instituciones que habitualmente operan en ámbitos separados —el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno de España, la Diócesis de Canarias — trabajaron en coordinación estrecha para diseñar y ejecutar un dispositivo de una complejidad extraordinaria. Cada engranaje cumplió su función. Cada actor asumió su responsabilidad sin intentar protagonismos estériles ni trasladar sus cargas al vecino. El resultado fue una maquinaria que funcionó, como dije en algún momento, “como un reloj”. No es una metáfora menor: un reloj solo funciona cuando todas sus piezas, por pequeñas que sean, cumplen su papel en el momento exacto.

Pero la coordinación institucional, siendo imprescindible, no habría bastado por sí sola. Lo que verdaderamente infundió vida al dispositivo fue el civismo y la implicación de la ciudadanía. Decenas de miles de personas se desplazaron con orden, con paciencia, con sentido de la responsabilidad colectiva. Priorizaron el transporte público sobre el vehículo privado. Respetaron los protocolos. Siguieron los itinerarios previstos. Y lo hicieron, no porque fueran obligadas, sino porque entendieron que, en esa jornada, ser parte de la solución era también una forma de ser parte de la historia. Eso es civismo en su expresión más genuina: la conciencia de que el espacio colectivo nos pertenece a todos y a todas; que cuidarlo es también cuidarnos.

La logística de un evento de esta magnitud es, en sí misma, un relato elocuente sobre las capacidades de un territorio. Gran Canaria recibió en pocas horas a una cantidad de personas que transformó por completo la fisonomía urbana de su capital y de varios puntos neurálgicos de la isla. Las paradas en el puerto de Arguineguín, en la Catedral y Plaza de Santa Ana y en el Estadio de Gran Canaria configuraron un recorrido que exigió una planificación milimétrica en materia de movilidad, seguridad, comunicación y gestión de espacios.

El hecho de que la zona de Siete Palmas —donde se congregaron cerca de cuarenta mil personas entre el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el Anexo— quedara totalmente despejada apenas hora y media después de la conclusión de la misa multitudinaria no es un dato menor. Es una demostración palpable de eficiencia, de anticipación y de profesionalidad. Las lanzaderas y servicios especiales de Global, los aparcamientos disuasorios, la coordinación de flujos… todo fue trazado con precisión y ejecutado con solvencia. Y todo ello, en última instancia, es el producto de instituciones que confían las unas en las otras, de equipos técnicos que se sienten respaldados y de una ciudadanía que cumple su parte del contrato social.

Este tipo de demostraciones no son gratuitas. Tienen un valor que va mucho más allá del evento concreto. Proyectan una imagen de solvencia ante el mundo, refuerzan la autoestima colectiva y sientan un precedente sobre el que construir futuros retos. Una isla que es capaz de gestionar con garantías absolutas un acontecimiento de esta envergadura está enviando un mensaje inequívoco a propios y extraños: estamos preparados, somos capaces, podemos.

Más allá de la logística y la coordinación, lo que late en el fondo de todo lo acontecido es algo más difícil de medir pero igualmente real: la conciencia de identidad compartida. Lo definí en los medios de comunicación como “un momento de cohesión social y de expresión de la grancanariedad”. Esa palabra, cargada de significado, apunta a algo que va más allá de la geografía o la administración. Habla de un nosotros que se reconoce en valores comunes: el encuentro, la integración, la paz, el entendimiento.

Gran Canaria lleva décadas construyendo esa identidad desde su peculiar posición en el mundo, en el cruce de rutas entre continentes, en la encrucijada entre Europa, África y América. Una isla que ha sido históricamente lugar de paso, de mezcla y de acogida. Y esa tradición no es un accidente geográfico: es una forma de ser que se ha ido sedimentando en la cultura, en las actitudes, en la manera de relacionarse con el otro. La visita papal fue una oportunidad para que esa identidad se expresara con toda su potencia ante la mirada del mundo.

Y el mundo miró. El papa León XIV lo percibió y transmitió su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla. Cuando el máximo representante de una de las instituciones más antiguas del planeta reconoce en un territorio una capacidad especial para el encuentro y la integración, está validando algo que los grancanarios y grancanarias llevan mucho tiempo construyendo en silencio, con la perseverancia discreta de quien sabe que los valores verdaderos no se proclaman, se practican.

Porque la unidad de una sociedad no se forja solo en los momentos de celebración y orgullo colectivo. Se forja, sobre todo, en la capacidad de mirar juntos las realidades más duras, de asumir la incomodidad moral que genera la injusticia y de comprometerse colectivamente con respuestas a la altura de los desafíos. Una isla que puede hacer ambas cosas a la vez —organizarse con eficiencia y mantener viva la conciencia ética— es una isla verdaderamente fuerte.

En definitiva, lo que nos enseña este acontecimiento histórico es que la unidad no es solo un valor abstracto ni un eslogan para tiempos de crisis. Es una ventaja concreta, una capacidad real que se cultiva, que se ejercita y que, cuando llega el momento, marca la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta excepcional.

Gran Canaria demostró que puede. Demostró que cuando sus instituciones se coordinan, cuando su ciudadanía responde con civismo y cuando su identidad colectiva se pone al servicio de un propósito compartido, no hay reto demasiado grande. Y esa demostración, más que cualquier titular o imagen, es el legado más duradero de la visita del papa León XIV a esta isla atlántica que supo estar, en el momento decisivo, a la altura de la historia.

La enseñanza del muelle de Arguineguín

Posted on by Antonio Morales

Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”.

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores – “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente  sobre todo ello en estos tiempos convulsos.

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos – de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores  también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV

Posted on by Antonio Morales

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV. Su llegada a Gran Canaria, a este archipiélago atlántico, constituye un acontecimiento de enorme trascendencia que desborda lo estrictamente religioso para situarse en un plano mucho más amplio, profundamente humano, social y político. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y un preocupante retroceso de valores democráticos, su presencia en Canarias adquiere un significado especial. Estas islas, históricamente situadas en la encrucijada entre continentes, se convierten hoy en un escenario privilegiado desde el que proyectar un mensaje de paz, convivencia y diálogo entre culturas.

Canarias ha sido, desde sus orígenes, un territorio de encuentro. Su posición geográfica entre Europa, África y América ha favorecido el intercambio constante de personas, ideas y tradiciones, configurando una sociedad diversa y abierta. Esa diversidad no ha estado exenta de desafíos, pero ha sabido transformarse en una de sus mayores fortalezas. El pluralismo cultural y religioso que caracteriza a las islas es hoy un ejemplo de convivencia que merece ser reconocido y reforzado. En este sentido, su visita no solo tiene un valor simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el ecumenismo y el diálogo interreligioso como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas.

La presencia de un líder espiritual de su dimensión en Canarias invita a reflexionar sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un elemento de división, la fe puede y debe actuar como un punto de encuentro, como un espacio común desde el que impulsar valores universales como la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana y el respeto mutuo. En un tiempo en el que proliferan los discursos excluyentes, los nacionalismos cerrados y las políticas del miedo, su mensaje adquiere una relevancia aún mayor. Canarias, con su tradición de convivencia, está en condiciones de proyectar al mundo esa visión integradora que usted defiende con firmeza.

Junto a esta dimensión cultural y espiritual, existe otra profundamente arraigada en la identidad canaria: su vocación de paz. A lo largo de su historia reciente, la sociedad de las islas ha manifestado de forma reiterada su rechazo a la guerra y a la militarización del territorio. Episodios como la oposición a la instalación de bases militares o el posicionamiento diferenciado en debates de alcance estatal reflejan una conciencia colectiva orientada hacia la neutralidad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Canarias ha defendido, con claridad, que su papel en el mundo no debe ser el de plataforma estratégica para la confrontación, sino el de espacio de cooperación entre pueblos.

Este compromiso conecta de manera directa con las posiciones que usted ha expresado desde el inicio de su pontificado. Su denuncia de la guerra como una derrota de la humanidad y su insistencia en la necesidad de apostar por la negociación, el desarme y la diplomacia resuenan con especial fuerza en esta tierra. En un momento en el que los conflictos internacionales parecen enquistarse y la lógica de bloques vuelve a imponerse, su voz representa una llamada urgente a recuperar el sentido común, la responsabilidad compartida y la centralidad de la vida humana por encima de cualquier interés geopolítico.

Su firmeza frente a los discursos autoritarios y su defensa de los derechos humanos han marcado un punto de inflexión en el debate global. En un escenario donde algunas de las principales potencias del mundo optan por el enfrentamiento, la exclusión y el debilitamiento de las instituciones internacionales, su posición supone un contrapunto ético de gran relevancia. Canarias, que ha vivido históricamente las consecuencias de las decisiones tomadas lejos de su territorio, comprende bien la importancia de defender un orden internacional basado en la justicia, la cooperación y el respeto mutuo.

Sin embargo, si hay un ámbito en el que su visita adquiere una dimensión especialmente significativa es el de la migración. Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano. La llamada ruta atlántica representa una de las travesías más peligrosas del mundo, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y, en demasiadas ocasiones, la tragedia. Detrás de cada llegada hay historias de vida que interpelan directamente a la conciencia colectiva y que obligan a replantear las políticas migratorias desde una perspectiva más humana.

Su compromiso con las personas migrantes ha sido claro y constante. Ha defendido la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar, denunciando con contundencia la “globalización de la indiferencia” y cuestionando aquellos modelos que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. Este mensaje encuentra en Canarias un espacio especialmente sensible, donde la realidad migratoria no es una abstracción, sino una experiencia cotidiana. Las islas conocen bien las dificultades de la acogida en un territorio limitado, pero también han demostrado una enorme capacidad de solidaridad.

En este contexto, su presencia contribuye a situar en el centro del debate europeo la dimensión humanitaria de la migración. La Unión Europea se encuentra en un momento clave, con reformas en marcha que buscan redefinir su política de asilo y migración. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre el riesgo de que estas medidas refuercen el papel de los territorios fronterizos como espacios de contención. Canarias, por su ubicación geográfica, podría verse especialmente afectada por este enfoque, lo que plantea desafíos importantes tanto desde el punto de vista logístico como ético.

Su visita ofrece una oportunidad única para amplificar este debate y para recordar que detrás de cada política hay personas concretas, con derechos, con dignidad y con aspiraciones legítimas. Su voz aporta legitimidad a una crítica necesaria sobre aquellos modelos que deshumanizan y que erosionan los valores fundamentales sobre los que se construye la convivencia democrática. Canarias, en este sentido, no quiere ser un límite, sino un puente; no un espacio de retención, sino un lugar de acogida y de tránsito digno.

Más allá de estas dimensiones, su presencia tiene también un impacto simbólico de gran alcance. En un momento en el que el mundo parece avanzar hacia la fragmentación, su visita a un territorio como Canarias lanza un mensaje poderoso: la importancia de los espacios de encuentro, de las periferias que conectan, de los lugares donde es posible construir alternativas basadas en la cooperación y el entendimiento. Estas islas, alejadas de los grandes centros de poder, representan precisamente esa otra forma de estar en el mundo.

Canarias le recibe, por tanto, con una mezcla de respeto, esperanza y responsabilidad. Respeto por la figura que representa y por el liderazgo moral que ejerce en un momento especialmente complejo. Esperanza porque su mensaje y compromiso pueden contribuir a abrir caminos de diálogo y a reforzar valores que hoy más que nunca necesitan ser reivindicados. Y responsabilidad porque esta visita también interpela a la propia sociedad canaria, que debe estar a la altura de los principios que dice defender.

No se trata únicamente de acogerlo como líder religioso, sino de asumir el reto que su presencia plantea: seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la dignidad humana. Canarias tiene la oportunidad de mostrarse al mundo como lo que es: un territorio diverso, abierto, profundamente humano y con una firme vocación de paz.

Y todo esto condicionado por las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Canarias representa así el desafío de compatibilizar desarrollo económico, justicia social y protección ambiental en un territorio limitado y vulnerable.

Esta isla, León XIV, le abre sus puertas como tierra de encuentro, de diálogo y de esperanza. Aquí encontrará un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la convivencia, en la justicia y en la necesidad de construir un futuro compartido donde nadie quede atrás.

La corrupción que pudre la democracia

Posted on by Antonio Morales

En la última década, España ha vivido graves casos de corrupción que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones. El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas destaparon una trama de financiación ilegal vinculada al Partido Popular y precipitaron la caída del gobierno de Mariano Rajoy en 2018. En medio, el caso ERE reveló un sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía durante gobiernos socialistas. También el exministro del PP Rodrigo Rato fue condenado por un delito contra la hacienda pública y  Cristóbal Montoro, otro exministro del PP, está siendo juzgado por montar presuntamente una red clientelar para hacer leyes al dictado de intereses empresariales.  Los casos Kitchen, Púnica y Lezo, de corrupción urbanística y de utilización de la policía con fines torticeros, afectaron al PP, mientras que el caso Koldo ha golpeado al PSOE por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia y posibles pagos irregulares vinculados al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En mayo de 2026, la UCO se personó en la sede del PSOE en Ferraz dentro de nuevas investigaciones judiciales sobre presunta financiación irregular y el denominado caso Leire Díez.

La corrupción constituye una de las amenazas más profundas y persistentes para cualquier sistema democrático. Más allá de los delitos concretos, de los nombres propios o de los escándalos que periódicamente ocupan titulares, su verdadero impacto se produce cuando erosiona la confianza colectiva y debilita la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La degradación ética de la vida pública termina generando desapego, frustración y desafección política.

Y no puede interpretarse únicamente como un problema judicial o administrativo. Su alcance es mucho más profundo, porque afecta directamente a la calidad democrática y a la cohesión social. Cuando la ciudadanía percibe  que quienes ejercen responsabilidades públicas utilizan el poder para beneficio personal, cuando observan privilegios, clientelismo o impunidad, se instala una sensación de desconfianza que acaba extendiéndose sobre el conjunto de las instituciones. Esa percepción provoca que muchas personas terminen alejándose de la política, convencidas de que sus problemas reales quedan subordinados a intereses particulares o económicos.

El gran riesgo es que termine normalizándose. Cada nuevo escándalo parece generar una indignación inmediata que, con el paso del tiempo, acaba diluyéndose sin que se produzcan transformaciones profundas. Las promesas de regeneración democrática se suceden, pero la ciudadanía observa con frecuencia cómo determinadas prácticas vuelven a repetirse bajo distintas formas. Ese ciclo permanente de decepción provoca cansancio social y alimenta la idea de que la corrupción forma parte inevitable del sistema político. Y ahí reside uno de los mayores peligros para la democracia: la resignación colectiva.

Cuando la corrupción deja de sorprender y comienza a asumirse como algo cotidiano, el deterioro institucional se vuelve mucho más grave. El problema ya no afecta únicamente a quienes protagonizan conductas ilícitas, sino que contamina la percepción global de la política. Se instala entonces un discurso simplificador según el cual “todos son iguales”, una idea que erosiona el prestigio de las instituciones y favorece el crecimiento del cinismo político. Esa visión indiscriminada resulta especialmente dañina, porque termina debilitando la confianza en la propia democracia y favoreciendo la desmovilización ciudadana.

El avance de la corrupción tiene que ver con un modelo económico global que prioriza el beneficio económico y el poder de determinados intereses privados sobre el interés general. Durante décadas el neoliberalismo ha ido imponiendo una lógica política en la que lo público pierde valor frente a las dinámicas del mercado, reduciendo la política a una simple herramienta de gestión y debilitando su dimensión ética y transformadora. Cuando el dinero y la rentabilidad inmediata se convierten en referencias dominantes, aumentan las posibilidades de que surjan comportamientos corruptos y redes clientelares.

El individualismo extremo, el consumismo y la pérdida de referentes colectivos han contribuido a debilitar la conciencia cívica. En una sociedad donde el éxito personal parece situarse por encima de cualquier consideración ética, resulta más difícil defender valores como la honestidad, la responsabilidad pública o el compromiso con el bien común. Por eso la corrupción no puede combatirse solo mediante leyes o mecanismos judiciales, sino también recuperando una ética pública sólida y fortaleciendo la educación democrática.

Y es muy fácil entonces que prendan los discursos que utilizan la corrupción para desacreditar globalmente la política y las instituciones públicas. Y se hace preciso en este punto distinguir entre la crítica legítima y necesaria a los abusos de poder y el intento de fomentar una visión antipolítica que presente toda acción pública como inútil o sospechosa. Determinados sectores económicos, mediáticos o ideológicos alimentan deliberadamente esa desconfianza generalizada porque una ciudadanía desencantada y desmovilizada resulta más fácil de controlar.

El riesgo de esa deriva es que el vacío dejado por la desconfianza democrática puede ser ocupado por opciones autoritarias o populistas. Cuando las personas dejan de creer en las instituciones, en la representación política o en la capacidad de la democracia para resolver problemas colectivos, emergen discursos basados en el miedo, la confrontación y la simplificación extrema de la realidad. El crecimiento de la extrema derecha en distintos lugares del mundo está relacionado con el malestar social, la precariedad y la pérdida de confianza en los sistemas democráticos.

En ese contexto, la corrupción actúa como un factor especialmente corrosivo porque destruye la credibilidad moral de quienes deben defender las instituciones democráticas. Si quienes representan el interés público aparecen asociados a privilegios, abusos o falta de ejemplaridad, aumenta la frustración ciudadana y se fortalece la idea de que las reglas no son iguales para todos. Esa sensación de injusticia resulta devastadora para la convivencia, porque rompe uno de los principios básicos de cualquier democracia: la confianza en la igualdad ante la ley y en la honestidad de las instituciones.

Pero no podemos quedarnos en una visión derrotista. El diagnóstico sobre el deterioro democrático es preocupante, pero la política democrática  es una herramienta imprescindible para transformar la sociedad. Frente al descrédito y el cinismo, se hace necesario fortalecer las instituciones públicas y recuperar la participación ciudadana. La solución no pasa por aborrecer la política, sino precisamente por exigirle más transparencia, más ética y más compromiso con las necesidades reales de la población.

La democracia, insisto en ello, requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida con la defensa de lo común. La participación social, la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son elementos esenciales para evitar que las instituciones se alejen de la sociedad. Una democracia sana necesita hombres y mujeres capaces de implicarse en los asuntos públicos y de defender los valores democráticos frente a quienes intentan degradarlos.

Y aquí juega un papel clave el fortalecimiento de los servicios públicos como garantía de cohesión social y legitimidad democrática. Unas instituciones eficaces, cercanas y orientadas al bienestar colectivo contribuyen a recuperar la confianza ciudadana. Cuando la política demuestra capacidad para mejorar la vida de las personas, disminuye el espacio para el desencanto y para los discursos que cuestionan el valor de lo público.

La lucha contra la corrupción, por tanto, debe abordarse desde una perspectiva integral. No basta con endurecer penas o aprobar nuevas normas si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen los abusos de poder. Frente a los populismos excluyentes, los totalitarismos, la antidemocracia o el pasotismo  es preciso avanzar hacia modelos institucionales más transparentes, con mayores mecanismos de control y con una relación mucho más limitada entre intereses económicos y decisiones políticas. Solo así podrá recuperarse la credibilidad democrática.

Pretendo con este texto seguir reflexionando y advirtiendo sobre la fragilidad de la democracia. Las sociedades democráticas no se destruyen únicamente mediante rupturas abruptas; también pueden deteriorarse lentamente a través de la corrupción, la desigualdad, la pérdida de valores colectivos y el descrédito permanente de las instituciones. Cuando la ciudadanía deja de confiar en la política y se instala la idea de que nada puede cambiar, la democracia comienza a resquebrajarse desde dentro.

Frente a ese riesgo no cabe otra opción que recuperar la ética pública, fortalecer la participación ciudadana y defender el valor de las instituciones democráticas. Porque, en última instancia, la corrupción no solo roba recursos o vulnera leyes: también erosiona la esperanza colectiva y debilita el vínculo que sostiene la convivencia democrática. Y sin confianza, sin compromiso cívico y sin defensa activa de lo público, ninguna democracia puede mantenerse sólida en el tiempo.

El Papa y el afán de las élites por el autoritarismo

Posted on by Antonio Morales

Una inestabilidad política, profunda y caótica en la República de Weimar, unida a una crisis económica devastadora y a la desconfianza y el rechazo de la ciudadania hacia la democracia sirvió a Hitler para ocupar el poder en Alemania y destruir el sistema democrático desde dentro. Amplios sectores del gran capital industrial y financiero apoyaron sin fisuras una solución autoritaria para defender  sus intereses económicos. La historia del ascenso del nazismo – sucedió lo mismo con el franquismo y el fascismo – demuestra que los regímenes totalitarios se terminan afianzando  con la complicidad de las élites sociales y económicas. 

En los primeros años del nazismo, importantes empresarios alemanes abrazaron el nacionalsocialismo cuando tuvieron la certeza de que supondría un dique eficaz contra el comunismo, los sindicatos y la inestabilidad política. A partir de 1931, y de forma decisiva en 1933, grandes corporaciones comenzaron a financiar al Partido Nazi y a facilitar su acceso al poder.

Entre las empresas implicadas se encontraban IG Farben, el mayor conglomerado químico europeo, que integró sus objetivos empresariales con los del Estado racial y de guerra. Krupp, pilar de la industria armamentística; Siemens, líder en ingeniería eléctrica; Daimler-Benz y BMW, fundamentales para la motorización y la aviación militar; Thyssen y Hoesch AG, gigantes del acero y Deutsche Bank, que desempeñó un papel clave en la financiación del régimen y en los procesos de “arianización” de empresas judías. Hace unos días, Lufthansa, al cumplir su centenario, admitió su pasado nazi y encargó un informe para revisar su papel durante el régimen nacionalsocialista.

Un momento simbólico de esta alianza fue la reunión del 20 de febrero de 1933, en la que Hitler y Hermann Göring se entrevistaron con los principales industriales alemanes con el objetivo de recaudar fondos para la campaña electoral que precedió al establecimiento definitivo de la dictadura y sirvió para sellar la convergencia entre el poder político autoritario y el gran capital industrial. A cambio de apoyo financiero, el régimen garantizó la destrucción del movimiento obrero, la eliminación de derechos laborales y el acceso privilegiado a contratos estatales masivos. Un encuentro clave de las élites empresariales alemanas con este fin lo describe magistralmente -a mí me conmocionó-  Éric Vuillard en su novela “El orden del día”.

Los grandes empresarios alemanes creyeron que podrían domesticar el totalitarismo emergente para garantizar su actividad empresarial  sin riesgos y con menos costes sociales, pero terminaron convirtiéndose en cómplices activos de la represión, el trabajo esclavo y el exterminio. 

Da miedo pensarlo y escribirlo, pero la relación entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y el proyecto político totalitario de Donald Trump transmite las mismas sensaciones y sugiere la misma deriva. La realidad actual tiene más tintes de fascismo que de nazismo, pero vuelve a hacerse patente la disposición de determinadas élites económicas altamente concentradas a respaldar liderazgos autoritarios cuando perciben que la democracia liberal limita su poder o sus beneficios.

Como señaló Lluís Bassets en El País, el pasado 8 de febrero, en su artículo “Hegemonismo depredador, monarquía absoluta e ilustración oscura”, estamos ante un imperialismo sin más límites “que los que encuentre su inmenso poder coercitivo, ya sea por las armas o por los aranceles”,  que “concibe la fuerza como el único fundamento del derecho”, dejando sin significado “los valores universales, la igualdad, la democracia y los derechos fundamentales” y que apela a la Ilustración Oscura, pretendiendo que la humanidad entera “regrese a la minoría de edad de quien no se atreve a pensar por sí mismo, para someterse sumisamente al poder feudal de las grandes tecnológicas”.

En estos momentos, compañías como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft, junto con influyentes magnates tecnológicos, han intensificado su actividad de lobby y su acercamiento a proyectos políticos como el de Trump que prometen desregulación, centralización del poder ejecutivo y debilitamiento de organismos de control, especialmente en ámbitos clave como la inteligencia artificial, la fiscalidad y el derecho laboral. Algunos de ellos abrazan directamente símbolos, mensajes y prácticas fascistas que alientan la subversión del orden del sistema democrático. Recuerden el brazo en alto de Elon Musk. También la cruzada apocalíptica en la que vaticina la llegada del anticristo, de Peter Thiel, el dueño de Palantir y PayPal, que proclama que la libertad es incompatible con la democracia y que deben ser los magnates tecnológicos los que gobiernen el mundo.

Desde ámbitos políticos, filosóficos y científicos no dejan de surgir voces que alertan acerca de la concentración de poder tecnológico y de datos que crean formas de dominación incompatibles con una democracia real. En este marco, estudios recientes sobre tecnofascismo señalan que la combinación de plataformas privadas, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la extrema derecha están erosionando  la soberanía democrática sin necesidad de instaurar un régimen totalitario clásico. Y cada vez se debilitan más los controles sobre los autoritarismos algorítmicos y los “ tecno-tiranos” que utilizan toda la capacidad de la IA para controlar a los pobres, los migrantes o los movimientos sociales democráticos.

No nos puede extrañar entonces los ataques a lideres democráticos como Pedro Sánchez de los dueños de X o de Telegram cuando planteó límites de edad para el uso de sus plataformas. Lo han hecho también contra Thierry Bretyon, impulsor de la regulación europea digital. La UE, los parlamentos democráticos, las organizaciones internaciones deben actuar en consecuencia. Se trata de poner límites, de establecer normas y de plantear alternativas alejadas de los poderes salvajes y totalitarios.

A diferencia de la Alemania de 1933, las instituciones democráticas se mantienen aparentemente operativas. No existe todavía un partido único ni un proyecto totalitario coherente. Pero, como se nos viene advirtiendo desde hace un par de décadas,  las democracias rara vez colapsan de forma abrupta sino que se van vaciando  desde dentro cuando élites políticas y económicas normalizan la degradación de las normas, la captura de las instituciones  y la concentración de poder.

La historia nos sitúa ante una analogía que nos debe hacer reaccionar. El precio que terminamos pagando al aceptar el debilitamiento de la democracia, por pasotismo, complicidad o puro interés económico termina siendo siempre muy caro.  

Sucedió en la Alemania de Hitler y lo estamos viendo repetirse ahora, las élites económicas sacrifican contrapesos democráticos, derechos y regulación pública a cambio de ventajas inmediatas. Esa alianza terrible, con escasos controles democráticos, de “tecno-tiranos” con la extrema derecha totalitaria supone un ataque en la línea de flotación de la democracia liberal. Y tras el debilitamiento será siempre algún tipo de autoritarismo el que tome las riendas.

Por eso ha sido especialmente relevante la presentación, el pasado 25 de mayo, de Magnifica Humanitas,  la primera encíclica de León XIV. En ella, el papa nos advierte sobre el “tecnofascismo”: el colonialismo de datos, la concentración del poder tecnológico y de la inteligencia artificial en manos de élites políticas y empresariales que nos pueden conducir a nuevas atrocidades. Sostiene que la IA no es neutral, porque refleja los intereses de quienes la controlan, y puede aumentar la desigualdad, manipular democracias y deshumanizar el trabajo. 

El obispo de Roma habla de la existencia de un nuevo colonialismo de la IA al apropiarse de los datos, reivindica el multilateralismo y el papel de la ONU en el orden mundial, plantea un rechazo firme al transhumanismo y pide “desarmar la IA” mediante regulación ética, supervisión pública y un uso orientado al bien común, la dignidad humana y la justicia social. 

Y considero que fue significativo que contara en su presentación con la participación de Christopher Olah, ateo y cofundador de Anthropic, una de las principales compañías de IA, que plantó cara a Donald Trump impidiéndole el uso de su tecnología en el Pentágono. 

Hacen falta más voces así.