DISCRIMINACIÓN Y FRENO A LAS RENOVABLES

Esta decisión del Gobierno del Estado supone una discriminación en perjuicio de los productores canarios con respecto a los del resto de país

La implantación de las energías renovables en nuestras islas para la producción de electricidad es una necesidad urgente si queremos cumplir con los objetivos de la Unión Europea, orientados principalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para romper nuestra dependencia casi absoluta del exterior. Una medida especialmente eficaz para estimular su implantación ha sido la instauración de incentivos a los promotores. La Ley 24/2013, del sector eléctrico, regula en su artículo 13 y siguientes los aspectos económicos del sistema eléctrico, reconociendo la necesidad de compensar los costes adicionales de la generación convencional en los territorios no peninsulares.

La retribución de las plantas generadoras, que formalmente se denomina “régimen retributivo específico”, se calcula con los mismos criterios para todo el Estado y se ha venido liquidando con regularidad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el caso de las islas, la generación a partir de fuentes renovables no solo no genera extracostes al sistema eléctrico (puesto que tiene la misma retribución que la generación en territorio peninsular), sino que, al sustituir a la energía convencional que deja de ser generada, disminuye el montante de la compensación que tiene que abonar el sistema eléctrico por los costes adicionales de la generación convencional en territorios no peninsulares, amén de contribuir a la mejora del medioambiente y de hacernos avanzar hacia la soberanía energética.

Los productores de energía renovable de Baleares y Canarias se han llevado una desagradable sorpresa al recibir la primera liquidación del año 2017 porque han cobrado la mitad de lo previsto, lo que se ha hecho de manera implícita, poco transparente, además de injusta. Una vez más, el Ministerio de Energía ha cambiado las reglas del juego en medio de la partida modificando el mecanismo retributivo fuera de la Península y, de este modo, una mitad del pago que les correspondía se queda pendiente hasta que el Ministerio de Hacienda aporte su contribución sobre los sobrecostes de la electricidad, algo que resulta incoherente porque, como comentaba anteriormente, las renovables no tienen sobrecostes. Pero, por la aplicación de la orden de tarifa y del Real Decreto 738/2015, que regula  la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se ha establecido la equiparación de la retribución a la producción de energía mediante fuentes renovables, con la retribución a la generación convencional en los territorios no peninsulares, de modo que ahora la generación eléctrica por renovables está en las mismas condiciones que la generación convencional.

Esta decisión del Gobierno del Estado supone una discriminación en perjuicio de los productores canarios con respecto a los del resto de país. Gracias a los incentivos a la generación con energías renovables en Canarias existen actualmente 1.599 plantas generadoras que, en su práctica totalidad, son instalaciones fotovoltaicas (1.533) y eólicas (58). Además, la mayor parte de instalaciones fotovoltaicas son pequeñas plantas de 100 Kw o menos, en las que participa un gran número de pequeños ahorradores a los que se les dijo, para animarles a invertir,  que ésta era una inversión respaldada por el Estado.

Pero sigamos con el mencionado Decreto, que invoca la disposición adicional decimoquinta de la ley para, en contra de lo que la propia ley establece, vincular a los Presupuestos Generales del Estado la retribución de la generación con fuentes renovables en territorios no peninsulares, como si fuera un extracoste más cuando, como se ha reiterado, esta generación no sólo no provoca costes adicionales, sino que los disminuye.  Este error se mantiene en la Orden ETU/1976/2016, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017, que incluye en el apartado 1 de su disposición adicional tercera lo siguiente: “… el extracoste de la actividad de producción en estos sistemas (en los archipiélagos),(… ), incorporará las cuantías correspondientes de los costes de generación para las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico”, con lo que de nuevo considera “extracoste” un concepto que no es tal. Y esta idea conceptualmente errónea se recalca en el apartado 2:“… el órgano encargado de las liquidaciones del sector eléctrico incorporará como extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, las partidas correspondientes de los costes de generación de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico“.

 

La aplicación del Decreto y de la Orden referidos, que contradicen la Ley del sector eléctrico, tiene dos consecuencias perversas: Consideran la retribución de las instalaciones renovables en las islas como extracostes, cuando la Ley le otorga la misma consideración que las instalaciones equivalentes en la Península, dado que tienen el mismo régimen retributivo y no generan costes adicionales en el sistema. Y se crea una situación de agravio comparativo y discriminación evidente de los productores insulares con respecto a los peninsulares, a pesar de que la Ley establece en su artículo 14.2 que la retribución debe basarse en criterios no discriminatorios:“ La retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios …”

La consiguiente vinculación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del 50 por ciento de la retribución de las instalaciones de energías renovables en las islas, que podría parecer una garantía para estos productores de energía, se ha tornado en un grave perjuicio para muchos pequeños ahorradores.  Esto es así porque, de acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la parte a cobrar con cargo a los PGE  puede sufrir retrasos de aproximadamente dos años, por los complejos trámites que tiene que superar.

Este retraso en el cobro de la retribución va a provocar problemas muy serios de tesorería en la mayor parte de las 1.600 instalaciones existentes en Canarias, hasta el punto de que muchos de sus titulares no podrán hacer frente a sus obligaciones de pago y podrían verse abocados a abandonarlas o malvenderlas. Hay que tener en cuenta que muchas plantas están en periodo de amortización, por lo que mantienen cargas importantes en las entidades bancarias, a las que no podrán responder, por lo que las instituciones financieras deberán proceder a ejecutar las garantías de los préstamos, entre las que estará la propia instalación de generación. Pero las repercusiones de este nuevo procedimiento de pago de la retribución a las instalaciones de energías renovables en las islas no sólo se concretan en los gravísimos perjuicios económicos que van a sufrir los pequeños inversores de estas instalaciones, sino que también se pone en riesgo el mantenimiento de buena parte de la generación eléctrica de origen renovable en Canarias, que podría terminar abandonada, en manos de las entidades financieras o malvendida a grandes inversores que tengan suficiente capacidad financiera.

De acuerdo con los datos aportados por ANPIER, la parte de la retribución a las instalaciones de energías renovables en los territorios no peninsulares que se cargará a los PGE asciende a unos 140 millones de euros. Esta cantidad, que  es muy elevada desde el punto de vista de los productores afectados, para los que,  un retraso en dos años en cobrar la parte correspondiente podría significar la ruina, para el sistema eléctrico nacional resulta una cantidad irrisoria. Si se tiene en cuenta que el coste del sistema asciende a unos 17.000 millones de euros, los 140 millones de euros que suponen la parte de la retribución de las plantas de energías renovables en las islas que se financia con cargo a los PGE, apenas representan un porcentaje ínfimo.

Se nos discrimina una vez más. Las protestas del sector y del Cabildo de Gran Canaria, que anunció una moción para el pleno ordinario de mayo, consiguieron que el Ministerio de Energía pagara hace unos días la deuda de 250 millones acumulada desde principios de año, pero no la modificación de la legislación. Todo sigue igual. Es absolutamente necesaria la reforma de la legislación y que se siga haciendo frente a los pagos a cuenta de las cantidades que correspondan a los productores insulares, al margen de la regularización y liquidación que la CNMC realice con cargo al PGE, con el fin de no discriminar a los productores insulares respecto a los del resto del territorio del Estado. Y quedan más cosas, desde luego: acabar con la inseguridad jurídica y con todos los peajes del autoconsumo; liberar para la desalación de agua la paridad entre potencia de generación instalada y potencia instalada de consumo; diferenciar las subastas para Canarias de las peninsulares; acabar con las servidumbres aeroportuarias obsoletas… Estamos en un momento idóneo para hacerlo posible y Nueva Canarias lo ha incluido en las negociaciones con el PP para la aprobación de los presupuestos. Sería un logro extraordinario. No hay otro camino para romper la dependencia exterior, luchar contra las emisiones, abaratar los costes, democratizar la energía…

 

PRIVATIZACIONES Y CORRUPCIÓN

Como plantea Michael Hudson, se ha conseguido crear un monstruo al que ahora no se puede controlar. Un golpe de estado financiero contra el Estado democrático y social de derechos en Europa.

Aunque hace ya casi un par de años la noticia llegó a los medios de comunicación, a mediados del mes de abril pasado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacía pública la implicación de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno español con José María Aznar, exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, en prácticas de blanqueo de dinero y defraudación y que, a través de su empresa familiar COR Comunicación, había recibido más de 83 millones de euros de varias empresas privatizadas durante su etapa como ministro de economía, durante los años 1996-2004. Según la UCO, Alierta (Teléfonica), González (BBV), Martín Villa (Endesa) o Pablo Isla (Altadis) contrataban con las empresas familiares de Rato campañas de comunicación suculentas incluso cuando fue ministro. El informe de la Guardia Civil señala que la sociedad familiar COR Comunicación se crea, presuntamente, “con el propósito de facturar con determinadas empresas que habían sido privatizadas o que estaban en ese proceso de privatización”. La noticia coincidió con el escándalo del caso Lezo que implica a Ignacio González y pasó por los medios de comunicación casi sin pena ni gloria. Se termina la sociedad acostumbrando al olor de la podredumbre.

Y es que las privatizaciones en España huelen tremendamente a podrido. Y de aquellos polvos estos lodos de corrupción y podredumbre. El auge del neoliberalismo en la década de los ochenta tuvo como laboratorio principal a Latinoamérica. Desde allí se ponían en práctica las consignas de Reagan y Thatcher y economistas estandartes como Friedman no dudaron en ejecutar sus más sangrantes experimentos de la mano de dictadores como Pinochet y otros gobiernos sátrapas. Pero España no se quedó atrás en el cumplimiento de políticas privatizadoras. Desde mediados de los 80 hasta el final de los 90 se privatizaron más de 130 empresas públicas, que ingresaron en las cuentas del Estado más de 50.000 millones de euros. En la etapa de Felipe González se dieron pasos importantes realizando casi 70 operaciones de venta de participaciones públicas. Se empezó a desmantelar el INI y a poner en manos privadas empresas como Seat, Enasa-Pegaso, Acesa, Tabacalera y, parcialmente, Repsol, Endesa, Gesa, Ence y Telefónica. El Gobierno socialista hizo con todas estas ventas una caja de casi dos billones de las antiguas pesetas. Con la llegada de Aznar en 1996, las privatizaciones, revestidas de liberalizaciones, se precipitan. En esta época, el Estado pierde definitivamente Telefónica, Gas Natural, Repsol, Endesa, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial), Tabacalera, Indra, Retevisión, Aldeasa, Aceralia, Red Eléctrica, Iberia, Santa Bárbara, Trasmediterránea y una larga lista de casi cincuenta empresas que reportaron unos ingresos de más de cuatro billones de pesetas. Los propios organismos reguladores llegaron a recriminar al Gobierno la poca transparencia de las operaciones y lo precipitado de las decisiones. Y tenían razón, ya que, en vez de producirse la anunciada liberalización, se dio paso -mientras se despedían trabajadores a mansalva- a oligopolios ligados al gas, la electricidad, el petróleo o las comunicaciones de la mano de personas cercanas al entonces presidente Aznar o a su ministro Rodrigo Rato (Villalonga, Alierta, Pizarro, Francisco González…). Estas empresas tienen hoy día unas ganancias multimillonarias y de ser públicas contribuirían sin duda a paliar el déficit y a garantizar las prestaciones básicas del Estado de bienestar que demanda la ciudadanía. Algunas de ellas (como Endesa o parte de Repsol) han pasado a manos de otras naciones que toman decisiones sobre sectores estratégicos españoles. Y, además, cada día contemplamos cómo se suben las tarifas desmesuradamente, cómo se hacen más laxos los cumplimientos medioambientales, cómo ahorran en los mantenimientos, cómo, en muchos casos, se reduce drásticamente la calidad de los servicios, cómo se minimizan las inversiones e innovaciones tecnológicas…

Y todo ello con una garantía fraudulenta de reversión. Al tratarse en su mayoría de empresas que sostienen servicios indispensables, si se vieran en algún momento en apuros, entonces papá Estado estaría obligado a intervenir y a salvarlas de la ruina. Es lo que ha pasado con la banca o lo que está pasando con las autopistas de peaje, cuyo rescate puede suponer un desembolso de más de 5.000 millones de euros para las arcas públicas, y eso tras negociarse una quita con la banca del 50%. Para hacerlo posible se creará una sociedad de capital 100% público que, cuando esté saneada, se pondrá de nuevo a la venta, para que otros se queden con lo mejor del pastel. Y vuelta a empezar.

Las privatizaciones de Rato y Aznar ya fueron en su día bastante cuestionadas. Se intuía lo que muchos años después ha ido saliendo a la luz. Para el Tribunal de Cuentas, las privatizaciones realizadas por José Mª Aznar tuvieron “actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos”. Muchas de las acciones privatizadoras de los gobiernos del PP se hicieron a un precio, según el TC, “sensiblemente inferior” al establecido en valoraciones independientes, e incluso se hicieron “ajustes que dieron lugar a una importante minoración del precio señalado en los respectivos contratos”.

En el caso de Repsol y Endesa, en 1997 dos de los Bancos de negocios preseleccionados para desempeñar funciones de coordinación global eran a su vez accionistas de la petrolera y tenían participaciones en el capital de la eléctrica, “lo que pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflictos de interés”. Fíjense que finos y discretos los del Tribunal.

La privatización de Red Eléctrica Española fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con “falta de claridad y transparencia” en beneficio exclusivo de las compañías del sector y “de espaldas al interés general” según el TC. Los grandes beneficiarios fueron Iberdrola y Endesa.

Para Antonio Zabalza, presidente de ERCROS, “la privatización del sector en España hizo un flaco favor al nivel de competencia del mercado resultante. Globalmente considerada, la política de privatización, tal y como se llevó a cabo, fue ineficiente”.

Más allá de las advertencias del TC, todo el proceso público siguió adelante. El oficial y el clandestino, a tenor de los informes de la UCO. Y uno, Rato, terminó montando una empresa de comunicación para recibir prebendas y el otro, Aznar, en el consejo de administración de Endesa, con una remuneración de más de 200.000 euros al año. Y detrás la podredumbre de comisiones, financiaciones ilegales, sobresueldos, paraísos fiscales. No les gusta lo público pero si pueden terminan saqueándolo en beneficio propio.

Y después tanto los gobiernos de Zapatero como los posteriores de Rajoy se apuntaron a la misma senda. Y señalaron a Renfe, AENA, Paradores, Loterías, Puertos, Correos y algunas empresas más propiedad del estado en su totalidad o parcialmente. La crisis económica impidió que se hicieran ofertas interesantes y frenó buena parte de este último proceso que pretendía recaudar unos 40.000 millones de euros.

El 19 de mayo de 2008 los líderes europeos Jacques Delors, Jacques Santer, Helmut Schmidt, Michel Rocard, Massimo D’Alema y otros socialdemócratas del Continente dirigían una carta al presidente de la Comisión Europea que empezaba con un grito desesperado: “Los mercados financieros no nos pueden gobernar”. No ha servido de mucho. Incluso los socialdemócratas europeos han terminado claudicando. Como apunta Jean Ziegler (Los nuevos amos del mundo. Destino) el mercado está desalojando a la política de las instituciones y “la privatización del mundo debilita la capacidad normativa de los estados. Pone bajo tutela a los parlamentos y a los gobiernos. Vacía de contenido a la mayoría de las elecciones y a casi todas las votaciones populares”.

Como plantea Michael Hudson, se ha conseguido crear un monstruo al que ahora no se puede controlar. Un golpe de estado financiero contra el Estado democrático y social de derechos en Europa. Se ha avanzado en la perversión de las democracias del Viejo Continente para dejarla en buena parte en manos de “la libertad salvaje y sin ley” de la que habla Kant, como poder del más fuerte en cuanto no sujeto a límites y a reglas, como señala Ferrujoli en su ensayo sobre los poderes salvajes y la crisis de la democracia constitucional. Han vaciado las instituciones públicas, se las han quedado, han empobrecido al país quedándose con una buena parte de los dividendos. Es el objetivo último del neoliberalismo: hacer posible un estado fallido donde el mercado sustituya a los valores democráticos. El filósofo francés André Glucksmann asegura que el siglo XXI va a estar protagonizado por una lucha entre la democracia y la corrupción. Me temo que estamos inmersos en esa guerra y que nuestras élites políticas y financieras no tienen clara la opción. Miren si no lo que está sucediendo con la corrupción endógena del PP sin que les pase nada. Desde luego, no parecen ser ellos los que estén dispuestos a regenerar la democracia.

Y se rasgan muchos después las vestiduras ante el Tramabus de Podemos o los populismos y neofascismos que proliferan peligrosamente por todos los rincones de Europa.

UNA VENTANA AL CIELO

La UNESCO reconoce a las Islas Canarias como una de las “ventanas al cielo” del planeta. Gran Canaria es una extraordinaria ventana al cielo.

La UNESCO reconoce a las Islas Canarias como una de las “ventanas al cielo” del planeta. Gran Canaria es una extraordinaria ventana al cielo. La defensa de la calidad del cielo nocturno como un derecho de todos y de los valores culturales, naturales y paisajísticos asociados a la visión del firmamento, así como la promoción del turismo relacionado con la observación de las estrellas, se ha convertido en un eje de actuación del Gobierno de Gran Canaria para avanzar en la diversificación de la oferta turística y para propiciar nuevos atractivos para los hombres y mujeres de esta isla y para quienes nos visitan.

A lo largo de este mandato, el Cabildo ha dado pasos de gigante en esta línea, empezando por el proceso de incluir una buena parte de la zona central de la isla, bajo la denominación de “Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de Montañas de Gran Canaria” en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los valores culturales asociados a la astronomía, al cielo de los antiguos canarios, constituyen uno de los núcleos centrales de la candidatura. Los primeros pobladores de esta tierra buscaban respuesta a sus inquietudes religiosas en lugares cargados de misticismo, espiritualidad y relacionados con los astros. Risco Caído, la necrópolis de Arteara, el Bentayga o Cuatro Puertas son algunos ejemplos significativos. Como dice la Declaración Starlight: “La Humanidad ha observado siempre el firmamento para interpretarlo y para entender las leyes físicas que gobiernan el universo y este interés en la astronomía ha tenido implicaciones profundas en la ciencia, la filosofía, las costumbres y en nuestra concepción general del mundo”.

Consecuentes con esta línea de defensa del cielo nocturno y sus valores culturales y espirituales, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó, el 28 de octubre de 2016, la moción relativa a la adopción de los principios de la Declaración Starlight (Declaración de La Palma de 2007) y el compromiso de iniciar un proceso para la certificación de una amplia zona del centro montañoso de la isla como Destino Starlight. Lo ha apoyado también todos los ayuntamientos y muchas organizaciones sociales. Asumimos así, como apunta el manifiesto, que “El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento, debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales”. Y reunimos las condiciones para ello: son espacios visitables, al menos el 50% de sus noches están despejadas, el cielo está oscuro, las estrellas se observan con nitidez… Y tenemos muchísimas razones para defenderlo porque, entre otras cosas, genera valores astronómicos para los profesionales y los aficionados, propicia la integridad ecológica y la biodiversidad, favorece la eficiencia energética, profundiza en la cultura, la mitología y la sensibilidad por el firmamento, pone en valor los patrimonios tangibles e intangibles, conciencia sobre la necesidad de la protección del paisaje y contribuye a la salud y el bienestar, la salvaguarda de la diversidad cultural, la diversidad biológica, la conservación del patrimonio cultural y  la lucha contra el cambio climático…

Esta isla nuestra posee espacios privilegiados, escasamente contaminados en términos lumínicos, que permiten contemplar las estrellas y realizar actividades astroturísticas en imponentes escenarios naturales, como los que jalonan la Reserva de la Biosfera (el 46% del territorio insular, más de 100.000 hectáreas protegidas, 65.000 terrestres y 35.000 marinas) y los entornos de la Caldera de Tejeda. Gran Canaria dispone de unas condiciones extraordinarias para hacer valer unas características ambientales únicas. Y las tiene que hacer valer. En muy pocos lugares del planeta encontramos tal conjunción de excepcionales recursos naturales y culturales asociados a la visión del cielo. Estamos ante unos parajes dotados de firmamentos nítidos que se despliegan en escenarios geológicos y naturales imponentes, y que acogen, además, elementos relacionados con la cultura astronómica de nuestros antepasados. Estos factores refuerzan, sin duda, las cualidades y oportunidades para el desarrollo de nuevas formas de turismo del conocimiento, respetuoso con la cultura y el territorio.

Igual que la economía internacional se diversifica y los sectores se van especializando, debemos ir más allá del tradicional turismo de masas que busca sol y playa (o, para ser más exactos, sol, piscina y restaurantes con el estandarizado modelo del todo incluido en el que el visitante ve exactamente lo mismo si está en Canarias, en el Caribe o en el norte de África). Paralelo a ese modelo, sobre el que se ha sustentado el desarrollo turístico grancanario en las últimas décadas, apostamos por dar los pasos necesarios para consolidar nuevas vías: estamos hablando del turismo ecológico, el turismo verde, el turismo cultural, el turismo deportivo, el agroturismo, el turismo gastronómico, el turismo activo, el astroturismo y muchas otras variables sustentables que deben ser un reclamo para un público potencial cada vez más exigente con la preservación del medio. Sin renunciar, por supuesto, al atractivo de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestro clima, de la acogida de nuestra gente…

En este contexto, entendemos que el fomento del turismo de las estrellas o astroturismo, así como la promoción del patrimonio natural y cultural astronómico asociado a la visión del cielo, puede constituirse en un nuevo motor para la puesta en valor y la conservación de nuestro legado, diversificando nuestra oferta a los visitantes en clave de sostenibilidad y abriendo, al mismo tiempo, nuevas ventanas al conocimiento, a la educación y al disfrute de la población.

La generación de nuevos productos turísticos basados en la observación del firmamento, la cultura astronómica y los fenómenos de la noche, forja posibilidades insospechadas de cooperación entre los actores turísticos, las comunidades locales y las instituciones científicas. Está claro que no debemos olvidar que estas iniciativas deben tener como principales protagonistas y beneficiarios a los municipios de la zona, que al fin y al cabo han sido y serán los garantes de este patrimonio común. Estamos trabajando estrechamente con ellos, como en el caso de Risco Caído. Tejeda, Artenara, Agaete y Gáldar están haciendo esfuerzos considerables para adaptar el alumbrado público a esta iniciativa y desde el Patronato de Turismo, como coordinador de la propuesta, se trabaja también con otras áreas insulares (Cultura, Medio Ambiente…) para poner en marcha medidas de control, eficiencia y reducción de la contaminación del alumbrado público,  generar acciones de formación, diseñar infraestructuras especializadas, definir el producto turístico, difundir y promocionar el espacio, realizar convenios con entidades científicas y públicas, establecer vínculos y acuerdos con el sector turístico, diseñar una gobernanza común del destino…

Sabemos que aprovechar plenamente estas oportunidades también conlleva nuevos compromisos, en particular los que conciernen a la adaptación inteligente de los sistemas de iluminación, de tal forma que eviten la contaminación lumínica de nuestros cielos. Es un reto en favor de la innovación y también un objetivo en términos de política energética sostenible que se resume en la consigna acuñada por la Iniciativa Starlight de “ahorrar energía y recuperar las estrellas”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras afirma que las personas pertenecientes a las generaciones venideras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo limpio, y a disfrutar de esta Tierra que es el soporte de la historia de la humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, lo que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana. Estamos pues, ante el desafío de conservar el cielo de los primeros pobladores isleños para las generaciones presentes y futuras y ante el apasionante reto de abrir nuevas e imaginativas vías de desarrollo local basadas en el turismo sostenible.

¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Estaremos atentos a las inversiones del estado para que no se sigan produciendo desequilibrios a pesar de las presiones externas y colaboracionismos internos

Ya conocen la historia, pero quiero empezar este texto recordándoles lo más significativo de una historia de amores interesados. Hace unas semanas el periódico La Provincia y el Círculo de Empresarios tiraron de un hilo argumental trazado en el blog del lobbie empresarial (lo quisieron revestir de informe para tratar de darle más empaque) y llegaron a la conclusión de que aunque “es ahora cuando (Gran Canaria) está empezando a recuperar el pulso con la mejora de determinados indicadores que dibujan en el horizonte que el desigual crecimiento de los últimos años (entre las dos islas capitalinas) podría corregirse en los próximos ejercicios”, en las últimas décadas (presididas por el PP en el Cabildo en un 80%, por cierto) se ha producido un avance socioeconómico en Tenerife y un retroceso en Gran Canaria. E iban más allá: según ellos en esta isla redonda no se puede hacer nada, invertir nada ni desarrollar nada debido a que no existen nada más que obstáculos, trabas administrativas y “lastre político”.

Por eso “desde hace más de una década, Gran Canaria ha cedido su condición de motor económico del Archipiélago. No solo en términos de pérdida de liderazgo  e influencia política, sino  sobre todo en el desarrollo y bienestar social”.

Una semana antes, La Opinión de Tenerife (periódico del mismo grupo editorial que el de La Provincia) reforzaba esta tesis llevando a portada y a cinco columnas que “ Gran Canaria admite que Tenerife tiene  un mayor empuje económico”. Parece ser que allí no hay trabas y que el Cabildo invierte mucho más.

Y echan mano unos y otros de un catedrático jubilado de la ULL , José Ángel Martín, que afirma que el Cabildo de Tenerife ha sido el  motor económico de su isla y que su “inversión en infraestructuras y equipamientos ha sido superior a la de Gran Canaria. El Cabildo de Tenerife ha sido más productivo que el de Gran Canaria que también ha estado condicionado por el peso de la capital”. Y pasan de puntillas sobre el informe de la CCE en el que señala que entre 2008 y 2011, los años más duros de la crisis, el Gobierno de Canarias invirtió una cantidad superior a los 200 millones de euros más en la provincia occidental que en la oriental.

Al momento Carlos Alonso se mostró caritativo y dispuesto a “mostrar al Cabildo de Gran Canaria la clave del éxito del dinamismo de Tenerife” y unos días más tarde Ricardo Melchior, expresidente insular, afirmaba en un titular en el Diario de Avisos que “Tenerife supera a Gran Canaria desde 2001 por las inversiones acertadas que hicimos desde el Cabildo”. Y dice más en el interior de ese diario el pasado 18 de abril: “Desde 1999, (el Cabildo tinerfeño) invertía del orden de 10.000 millones de pesetas más al año que el Cabildo de Gran Canaria, que prefería invertir en otras cosas, y era quizás menos eficiente. En 10 años eso son 100.000 millones de pesetas. Y eso sí que es un motor de la economía, que funcionó”.

Por supuesto, y aunque los datos no se referían negativamente a mi etapa como presidente del Cabildo grancanario, me vi obligado a aclarar que  más allá de los desequilibrios en las inversiones por parte del Gobierno de Canarias, de que se nos esconda el dato de lo que se recauda en Gran Canaria y del inflado de los censos poblacionales en la capital tinerfeña, entre otras cosas, en el último año y medio la inmensa mayoría de los indicadores de progreso económico son claramente favorables a esta isla. Obvian que Gran Canaria es la isla donde se ha producido un mayor aumento del número de turistas (5% de media superior a Tenerife); que el gasto turístico  y la estancia media es mayor en Gran Canaria; que la variación interanual de cruceros es de un 79,53% y la media de Canarias es del 53,42 %; que lideramos el proceso de renovación turística; que hemos facturado un 15% más de ingresos turísticos frente al año anterior;  que  tenemos casi un punto menos de hogares bajo el umbral de la pobreza; que tenemos mejores índices de confianza empresarial, que los índices de crecimiento de la exportación de plátanos han aumentado en Gran Canaria en un 13,47% frente a un 4,39 en Tenerife; que tenemos un consumo energético mayor; que el aeropuerto de Gran Canaria mueve tres millones más de kilos de mercancías que los dos de Tenerife; que el Puerto de La Luz y de Las Palmas  es muy superior en cruceros, mercancías y contenedores a los tinerfeños; que los superamos en más de cinco mil matriculaciones de vehículos particulares, aunque sea éste un indicador que no me gusta especialmente; que en importación y en exportación nuestros datos son muy superiores; que el incremento de transacciones inmobiliarias ha sido casi seis puntos más alto aquí; que en vivienda libre los precios son mayores en esta isla…

Además de señalar estos indicadores publiqué un artículo en el que hacía la siguiente reflexión: “Y cuando dicen que el Cabildo de Tenerife ha hecho un mayor esfuerzo inversor que el de Gran Canaria, permítanme que haga las siguientes preguntas. ¿Más inversiones en qué? ¿En carreteras? ¿En polígonos industriales? ¿En desaladoras? ¿En depuradoras? ¿En renovables? ¿En desarrollo industrial? ¿En desarrollo comercial? ¿En desarrollo agroindustrial? ¿En desarrollo portuario? ¿En infraestructuras culturales, deportivas, sanitarias…?  Está meridianamente claro que eso no es así”.

Desde luego, las informaciones que han ido surgiendo en la prensa tinerfeña en los últimos días parecen darme la razón. Les señalo algunos ejemplos significativos. El pasado 9 de abril el consejero de Aguas del cabildo tinerfeño apuntaba que “la depuración de aguas en la isla es una asignatura pendiente”. El domingo 23 el periódico hermano de La Provincia, La Opinión de Tenerife (el que tituló que  Gran Canaria reconocía un mayor empuje económico de la isla del Teide), publicó un editorial  (Tenerife necesita otro impulso) en el que afirmaba que “Por tanto, es urgente priorizar obras y esta vez le tiene que tocar a Tenerife por ser la isla con mayores deficiencias estructurales. Tenerife padece un retraso alarmante en cuanto a dotación en equipamientos e infraestructuras básicas(…) Con unos presupuestos estatales expansivos para canarias hay que priorizar obras y esta vez tiene que ser Tenerife la privilegiada”. Es la misma tesis que  mantiene la patronal provincial de la construcción tinerfeña (Fepeco) que considera preocupante el estado y la dotación de las infraestructuras básicas tinerfeñas y reclama unidad de acción para iniciar ya obras en la isla. En un manifiesto titulado “Es el momento de Tenerife. Todos unidos” la patronal tinerfeña pide unidad de acción e insiste en señalar que “no ejecutar ahora determinadas obras básicas y estructurales, necesitará de un esfuerzo mayor en el futuro, tanto financiero como de estricto coste económico, que puede hacer que su ejecución sea irrealizable en el futuro”·

¿En qué quedamos?  ¿Lo necesitan realmente y lo que afirmaban sobre la presunta supremacía era falso? ¿Invirtieron muchísimo y lo tienen todo y las últimas manifestaciones son solo una campaña para presionar y conseguir más inversiones por encima de Gran Canaria? ¿Qué dicen a todo esto nuestras patronales empresariales?

Y luego está la otra parte, la afirmación torticera, irresponsable y desmotivadora: en Tenerife todo va como una tralla y en Gran Canaria solo se producen dilaciones administrativas y políticas. Pues de nuevo va a ser que no. Que tampoco esto es cierto. Y pongo solo algunos ejemplos de rechazos de la sociedad civil e  instituciones como el propio Cabildo tinerfeño o ayuntamientos, a distintas infraestructuras en la isla: la urbanización de El Rincón, el tendido eléctrico de Vilaflor, los PGO de Santa Cruz y La Laguna, el mamotreto de Las Teresitas, el puerto de Granadilla, la regasificadora, la ampliación de Los Rodeos, los pelotazos de Las Teresitas y del barranco de Güimar, las turbinas de Chío, las expropiaciones de San Andrés, el Valle de Las Huertas y el Suculum, el campo de golf de Teno… En la misma entrevista que cité antes del Diario de Avisos, Ricardo Melchior apunta en ese sentido: “determinados noes son buenos, pues hacen que las administraciones públicas y los promotores privados tengan en cuenta un vector importantísimo, que es el de la sostenibilidad…Y quien quiere a su tierra y le duelen que se comentan atentados ecológicos y medioambientales, muchas veces dice no a muchas cosas (…) Algunos noes han sido muy positivos para contribuir a mejorar algunos proyectos”.

Lo dicho. ¿En qué quedamos? Por lo pronto, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos puesto en marcha un ambicioso plan de 244 millones de euros (42.000 millones de pesetas) en infraestructuras y equipamientos y estaremos atentos a las inversiones del estado para que no se sigan produciendo desequilibrios a pesar de las presiones externas y colaboracionismos internos.