El Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, el pasado 29 de abril, instaurar el 10 de diciembre como Día de las Ciencias Canarias. Se trata, según el texto consensuado, de un reconocimiento al legado del físico lanzaroteño Blas Cabrera, uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y, a la vez, de refuerzo “del compromiso de Canarias con la divulgación, la investigación y el conocimiento”.
Rendir homenaje a uno de nuestros más grandes científicos es loable, y también que la cámara legislativa canaria plantee la necesidad de reforzar el desarrollo científico de nuestro archipiélago, pero hablar del estado de la ciencia en Canarias obliga a abandonar ciertos lugares comunes y afrontar una realidad incómoda y estructural. No se trata simplemente de invertir más en investigación o de formar más talento, sino de entender cómo encaja —o más bien, cómo no encaja todavía— la ciencia dentro del modelo económico del archipiélago.
Y eso no parece entenderlo el Gobierno de Canarias que tramita en estos momentos el proyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Rectores de la ULL y la ULPGC, partidos opositores y sectores universitarios han denunciado en los últimos meses la escasa participación de las universidades públicas canarias en la elaboración del texto, pese a concentrar gran parte de la I+D+i del archipiélago. También cuestionan la falta de financiación estable y la ausencia de medidas claras para fortalecer la carrera investigadora. Reclaman una normativa más inclusiva, consensuada y orientada al interés público y científico.
Es lo que plantea el último informe anual, presentado por el Consejo Económico y Social de Canarias el pasado día 15 de mayo: nuestra comunidad, para luchar contra las altas tasas de pobreza y exclusión social, necesita transformar su modelo económico apostando más por la ciencia, la innovación, la formación y por sectores de alto valor añadido como la economía azul, la biotecnología, la digitalización o las renovables.
El dato más revelador en torno a la ciencia en nuestra comunidad autónoma es también el más repetido: Canarias destina en torno al 0,5 % de su PIB a I+D, muy por debajo de la media española ( 1,50%) y lejísimos -cuatro veces por debajo- de los estándares europeos (2,2%). Además, mientras en España creció el gasto en el último año en un 6,9%, en esta comunidad cayó un 1,1%. Pero reducir el análisis a estas cifras sería simplificar en exceso. La cuestión clave no es solo cuánto se invierte, sino quién invierte, para qué y con qué consecuencias.
En las economías más avanzadas, la mayor parte del gasto en investigación proviene del sector privado. Las empresas investigan porque necesitan innovar para competir. En Canarias, sin embargo, el peso de la I+D recae de forma desproporcionada en el sector público y en las universidades, más de un 85%. Esto genera un sistema científicamente digno en ciertos ámbitos, pero débil en su conexión con la economía real.
La razón fundamental es que el tejido productivo canario está dominado por sectores de bajo valor añadido, especialmente el turismo y los servicios asociados. Son actividades que, por su propia naturaleza, no demandan grandes niveles de investigación tecnológica. Y cuando la economía no demanda ciencia, la ciencia queda inevitablemente aislada.
Es lo que explica que Canarias cuente con investigadoras e investigadores cualificados, infraestructuras científicas relevantes en áreas concretas y universidades consolidadas, pero que, aun así, no logre traducir ese conocimiento en desarrollo económico significativo. La ciencia existe y produce resultados, pero no transforma el sistema.
A esta desconexión se suman otros factores estructurales. La insularidad, por ejemplo, limita la creación de ecosistemas empresariales densos. La lejanía de los grandes centros industriales europeos dificulta la aparición de empresas tecnológicas de gran tamaño y reduce las oportunidades de colaboración y crecimiento.
Otro obstáculo importante es la falta de financiación especializada para proyectos innovadores. Muchas iniciativas con potencial terminan dependiendo de inversores externos o trasladando parte de su actividad fuera para poder crecer.
El talento, por su parte, representa otra pieza crítica. Canarias forma profesionales cualificados, pero no siempre es capaz de retenerlos. Muchos acaban marchándose en busca de mejores oportunidades o permanecen en el sistema público sin posibilidad de desarrollar carreras vinculadas a la innovación empresarial.
Esta tierra necesita construir un modelo propio basado en la especialización inteligente. El archipiélago posee una serie de ventajas únicas que, bien aprovechadas, pueden convertirse en pilares de un sistema científico-tecnológico sólido. La astrofísica es quizá el ejemplo más evidente: las condiciones naturales de las islas han permitido desarrollar infraestructuras de referencia mundial. Lo mismo ocurre con las ciencias marinas, la vulcanología o el estudio del cambio climático en entornos insulares.
Estos ámbitos no son solo campos de investigación académica sino que pueden convertirse en nichos económicos si se articulan correctamente con el sector productivo. El desafío no consiste únicamente en producir conocimiento científico, sino en lograr que parte de ese trabajo termine generando actividad económica, tecnología útil y oportunidades empresariales. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas, pero con un enfoque distinto al tradicional, concentrando recursos en áreas concretas donde Canarias tenga ventajas comparativas reales.
Además, es fundamental activar la participación del sector privado. Canarias cuenta con un régimen fiscal singular (REF) que no se está utilizando suficientemente de manera estratégica, a tenor de los datos, para atraer empresas tecnológicas y fomentar la inversión en I+D. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados reales, no convertirse en simples herramientas de optimización fiscal, una de sus grandes rémoras.
Otro elemento clave es la creación de centros tecnológicos orientados a la transferencia. No basta con investigar; hay que conectar esa investigación con las necesidades de las empresas. Esto implica cambiar incentivos, estructuras y, en muchos casos, mentalidades. La colaboración público-privada no puede ser un eslogan, debe convertirse en el núcleo del sistema.
También hay margen para aprovechar el auge de la economía digital. A diferencia de la industria tradicional, muchas actividades tecnológicas no dependen tanto de la proximidad geográfica. El desarrollo de software, la inteligencia artificial o los servicios digitales pueden operar desde Canarias hacia el mundo. En este terreno, factores como la calidad de vida, el clima o la fiscalidad juegan a favor del archipiélago. La posición geoestratégica del archipiélago abre otra vía interesante: actuar como plataforma entre Europa, África y el Atlántico. Esto no implica convertirse en un gran centro logístico tradicional, sino en un nodo de servicios, conocimiento y tecnología vinculado a ese espacio geográfico.
El futuro de la ciencia en Canarias dependerá de su capacidad para integrarse en la economía. No basta con tener buenos investigadores o infraestructuras destacadas. La ciencia solo despliega todo su potencial cuando se convierte en motor productivo, cuando genera actividad, empleo y valor.
El reto, por tanto, no es menor. Implica repensar y diversificar de manera real el modelo económico. Pero también abre una oportunidad: la de construir un sistema propio, adaptado a las características del archipiélago y centrado en aquello que realmente puede hacer bien.
Canarias no será un gigante tecnológico global. Pero tampoco necesita serlo. Su camino pasa por ser algo diferente: un territorio especializado, eficiente y conectado, donde la ciencia deje de ser un elemento periférico y pase a ocupar un lugar central en su desarrollo. Ese es el verdadero desafío. Y también, si se aborda con realismo, su mayor oportunidad.
