Portada Antonio Morales


Gran Canaria repiensa su turismo en pleno vuelo

La inercia y la complacencia son malas compañeras de viaje. Suelen conducir a la repetición de los mismos errores, esquivan la autocrítica y nieblan la mirada, impidiendo ver el horizonte, los riesgos y, sobre todo, las oportunidades. De esa dinámica trata de huir Gran Canaria, y lo hace en el marco de la estrategia insular impulsada por el Cabildo, que sitúa en el centro del debate los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Si hablamos de turismo, este enfoque no distorsiona en ningún caso la importancia que la institución otorga a la industria turística, motor histórico de la economía insular. Tampoco se pierde de vista su aportación esencial en el giro social y económico que vivió la isla en las últimas décadas. No se olvida que el turismo fue la mano que dio el golpe de timón que sacó a las islas de un tiempo marcado por el olvido y la desigualdad. Sin embargo,  defiende que Gran Canaria debe repensar el turismo en pleno vuelo, reforzando su indudable capacidad para seguir siendo una herramienta fundamental de adaptación ante un escenario mundial cada vez más exigente y cambiante.

El objetivo declarado es que esos cambios se traduzcan en una convivencia más provechosa entre las partes implicadas: la propia industria, la sociedad insular y la conservación del territorio y de la singular identidad de Gran Canaria. Si se logra remar en la misma dirección, la travesía será más fructífera para quienes van a bordo. En ese sentido, la creación de espacios de reflexión e intercambio de ideas resulta clave en el proceso abierto para el cambio de modelo. Ese es, precisamente, el papel que desempeña Overbooking, el encuentro sobre turismo que organiza cada año Turismo Gran Canaria.

Escuchar distintos puntos de vista se vuelve imprescindible para acertar en el rumbo, porque el margen de error es cada vez menos admisible en un mundo convulso. Además, las consecuencias de los cambios globales se acentúan en los territorios insulares, lo que obliga a respuestas bien meditadas y ajustadas a la realidad propia. El Overbooking se ha consolidado, edición tras edición, como uno de esos ámbitos para pensar el turismo desde el conocimiento técnico, pero también desde la empatía hacia lo que necesitan los destinos y las personas, incluida su población, sin dejar de ponerse en la piel de quienes vienen a conocer la isla.

En ese diálogo reside la llave de la puerta que se intenta abrir. Resulta primordial crear nuevos vínculos entre el turismo, el destino y la comunidad que desarrolla su vida en el territorio, en este caso Gran Canaria. Lo que vale para cualquier relación humana vale también para la industria turística. Por eso cobra sentido que la edición de este año del Overbooking, celebrada el pasado jueves 17 de septiembre, haya puesto el acento en la evolución de la comunicación turística.

De ahí que se parta de una premisa clara: ya no basta con promocionar un destino. Es necesario orientar la demanda, hacer más precisa la relación con los públicos y favorecer una convivencia más consciente y respetuosa entre la actividad turística, la vida local y sus valores naturales, históricos y sociales. Si se actúa así, Gran Canaria solo puede salir ganando, porque su manera de ser, su idiosincrasia y su naturaleza constituyen un reclamo permanente, además de una invitación a vivir el turismo de otra manera, alejada de la mera contabilidad de visitantes. Resulta significativo que en este foro se hayan abordado cuestiones que forman parte de las líneas maestras del Cabildo de Gran Canaria en materia turística: un relato en el que cobran protagonismo la integración en el territorio, el respeto a la identidad del destino y la contribución al bienestar compartido. 

Cada vez son más las voces que hablan un lenguaje colectivo, uno que sostiene que un destino es, en efecto, un lugar. Es un clima. Es el paisaje, la playa o la montaña. Es también un conjunto de servicios e infraestructuras. Es todo eso, sí, pero un destino es, sobre todo, su gente y el respeto que muestra por sí mismo. Así es como un lugar se convierte en un buen recuerdo, en un sitio al que se desea volver, pero también en un espacio de oportunidades para su población, para el tejido productivo y en el que se puede vivir dignamente.

En román paladino: el turismo sostenible es aquel que satisface las necesidades de quienes visitan un territorio sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas propias. No se limita a reducir el impacto ambiental de la actividad turística, sino que busca un equilibrio entre protección del medio ambiente, prosperidad económica y bienestar social.

Desde el punto de vista medioambiental, en tiempos de calentamiento global y cambio climático, ese equilibrio implica utilizar los recursos naturales de forma responsable, reducir emisiones y residuos, proteger la biodiversidad, preservar paisajes y ecosistemas y adaptar la actividad turística a los límites de capacidad del territorio. En su dimensión económica, el turismo sostenible debe generar riqueza y empleo estable y de calidad, favorecer a las empresas y productores locales y procurar que una parte significativa del valor generado permanezca en el propio destino. La sostenibilidad exige, además, que la actividad sea económicamente viable a largo plazo y no dependa de la sobreexplotación del territorio. Y hay un dato que lo avala: con casi tres millones de turistas menos que Tenerife, las diferencias del PIB y las tasas de desempleo entre las dos islas son insignificantes.

En el ámbito social, implica que el turismo debe mejorar la calidad de vida de la población residente, respetar y contribuir a poten ciar la identidad, la cultura y el patrimonio local, garantizar condiciones laborales dignas y favorecer un acceso equilibrado a los beneficios de la actividad. En definitiva, el turismo sostenible no consiste simplemente en recibir más visitantes, sino en conseguir que el turismo deje más valor que impacto, y que el territorio, su economía y su población sean los principales beneficiarios de su desarrollo.

Conviene prestar mucha atención, porque nos encontramos ante un cambio de paradigma en la percepción de la ciudadanía que, de no gestionarse bien, puede derivar en situaciones que comprometan la convivencia. La búsqueda de la calidad turística ha trascendido lo más básico y evidente -la necesidad de ofrecer los mejores servicios posibles- para convertirse en un concepto global en el que cuenta cada gesto, cada detalle y cada encuentro. Porque un turista es mucho más que una cifra, igual que lo son los grancanarios y las grancanarias.

Overbooking vuelve así a situarse como un termómetro del sector y, al mismo tiempo, como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y la sensibilidad social que exige el momento. Las conclusiones de esta nueva edición avalan que el diálogo y la búsqueda de metas comunes seguirán trazando la mejor hoja de ruta para Gran Canaria. Porque, en el fondo, el debate no gira solo en torno a cuántos turistas llegan, sino a qué tipo de isla se quiere seguir siendo mientras se les recibe. Un destino que entienda que su mayor ventaja competitiva no está solo en el sol y la playa, sino en su gente y en el respeto que esa gente se profesa a sí misma.

El reto, ahora, es que ese discurso no se quede en las paredes del Overbooking, en mera desiderata, sino que se traduzca en políticas concretas y en una gestión turística capaz de anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en conflictos abiertos entre residentes y visitantes. Gran Canaria tiene a su favor años de experiencia turística acumulada y una industria consolidada. Le queda, quizás, el paso más difícil: demostrar que es capaz de repensarse a sí misma sin renunciar a lo que la hizo grande, y de hacerlo con la urgencia que el momento exige.

Una nueva etapa, un nuevo presidente

Hay decisiones que tienen un significado que va más allá de la propia decisión. Y creo que el nombramiento de José Miguel Álamo como nuevo presidente del Club Baloncesto Gran Canaria es una de ellas.

José Miguel Álamo era consejero del Partido Popular hasta el pasado lunes y forma parte de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria. Y, sin embargo, va a presidir un club que pertenece a esta institución y que está bajo la responsabilidad de un gobierno formado por Nueva Canarias y el Partido Socialista. Conviene no pasar por alto ese hecho. Porque, en un momento en el que la política parece vivir instalada demasiado a menudo en la confrontación, esta decisión representa exactamente lo contrario: la voluntad de sumar, de dialogar y de buscar espacios de encuentro allí donde existe un objetivo común.

Por eso quiero darle la bienvenida. No porque deje de ser quien es ni porque tenga que renunciar a sus convicciones políticas. Todo lo contrario. Precisamente el valor de esta decisión está en que las diferencias políticas permanecen. El gobierno mantiene sus posiciones y la oposición mantiene su función. Pero hay responsabilidades que exigen mirar más allá de las fronteras partidistas y poner por delante aquello que nos une.

Y el Gran Canaria es, sin duda, una de ellas. Un club deportivo no puede convertirse en una prolongación de la disputa política. Es una institución de la isla, una referencia para miles de personas y una parte importante de nuestra identidad deportiva. Necesita estabilidad, proyecto, capacidad de gestión y, sobre todo, la suma de voluntades.

La elección de su nuevo presidente expresa esa voluntad. También es una manera de entender la política. Una política en la que discrepar no significa descalificar; en la que estar en la oposición no convierte al adversario en enemigo; en la que el diálogo no se interpreta como una debilidad y en la que colaborar cuando lo exige el interés general no significa renunciar a las propias ideas.

Vivimos tiempos en los que resulta demasiado fácil construir trincheras. En los que cada diferencia se convierte en motivo de enfrentamiento y cada decisión del otro se interpreta desde la sospecha. Frente a esa dinámica, hay otra forma de hacer las cosas: reconocer que podemos pensar diferente y, al mismo tiempo, sacar adelante cosas juntos.

Creo que Gran Canaria necesita más de esa política. Y el deporte puede ser un magnífico territorio para practicarla. José Miguel Álamo asume, además, la presidencia en un momento especialmente importante para el Gran Canaria. El descenso de la pasada temporada puso fin a una larga presencia en la máxima categoría y abrió una etapa que obliga a reconstruir, corregir errores y recuperar la ilusión. El objetivo de regresar a la ACB está ahí, pero no debería reducirse todo a una cuestión de resultados.

Se trata de recuperar un proyecto deportivo sólido, fortalecer el club y volver a construir la confianza de una afición que durante tantos años ha acompañado al equipo. Se trata de mirar hacia adelante sin olvidar las lecciones de una temporada difícil.

Para afrontar ese reto hacen falta muchas cosas. Hace falta trabajo. Hace falta acierto. Hace falta estabilidad. Hace falta ambición. Y hace falta también que quienes tenemos responsabilidades diferentes alrededor del club seamos capaces de entender que hay algo que está por encima de nuestras respectivas posiciones: el Gran Canaria.

Por eso la llegada de José Miguel Álamo puede tener también ese valor añadido. Que un consejero del Partido Popular, desde la oposición, acepte asumir la responsabilidad de presidir una entidad dependiente de un gobierno de Nueva Canarias y el Partido Socialista demuestra que la política no tiene por qué ser siempre un juego de bloques enfrentados. Que un gobierno de una ideología diferente confíe esa responsabilidad a alguien que mantuvo públicamente sus posiciones políticas hasta hace un par de días, demuestra que la pluralidad no tiene por qué ser un obstáculo para encontrar personas capaces de trabajar por un proyecto común.

No se trata de borrar las diferencias. Se trata de saber convivir con ellas. Y quizá eso sea hoy más necesario que nunca. Gran Canaria puede convertirse así, incluso sin pretenderlo, en una pequeña expresión de algo mucho más grande: que una sociedad democrática no se construye únicamente desde aquello en lo que coincidimos, sino también desde nuestra capacidad para trabajar juntos cuando no coincidimos.

José Miguel, por tanto, bienvenido. Bienvenido al Gran Canaria y a esta nueva responsabilidad. Con tus ideas, con tus convicciones y con tu trayectoria política. Pero también con la responsabilidad de representar a un club que es mucho más que quienes lo dirigen en cada momento. Ojalá esta nueva etapa sirva para devolver al Gran Canaria a la ACB.

La extrema derecha y el rojopardismo

Hay palabras que nacen en un rincón concreto de Europa y terminan describiendo algo que nos concierne a todos. El “rojopardismo” -del alemán “Rot-Braun-Allianz”, la alianza roja-parda- es una de ellas: la coincidencia, cada vez más frecuente, entre sectores de la extrema izquierda y de la extrema derecha en torno a un mismo repertorio de discursos y, en ocasiones, de votos. No hablo de una fusión ideológica, sino de algo más sutil y peligroso: la erosión compartida de los consensos que sostienen la democracia liberal europea desde 1945.

Alemania ofrece el ejemplo más nítido. El Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), escindido de Die Linke, combina banderas históricas de la izquierda -justicia social, crítica al poder económico- con posiciones hasta hace poco patrimonio casi exclusivo de la extrema derecha: rechazo a un sistema europeo de defensa propio, escepticismo ante las sanciones a Rusia y un discurso antiinmigración. En Sajonia y Turingia, la convergencia ya no es solo retórica: se han registrado coincidencias de voto entre el BSW y Alternativa para Alemania (AfD) en mociones concretas. No son coaliciones de gobierno, pero sí son grietas en un muro que parecía inquebrantable: el cordón sanitario frente a la extrema derecha.

Que esto ocurra en los länder del antiguo Este, donde AfD ya gobierna de facto en amplias zonas, no es casualidad. Ahí el desencanto con las élites, el abandono económico y la fatiga democrática han creado el caldo de cultivo para que los extremos, aun opuestos en su proyecto final, coincidan en muchos aspectos. 

Las elecciones del domingo  6 de septiembre en Sajonia-Anhalt suponen un terremoto político para Alemania. AfD obtuvo alrededor del 44% de los votos y 39 de los 83 escaños, a solo tres de la mayoría absoluta. Es algo más que una victoria electoral: coloca a la extrema derecha a las puertas de gobernar por primera vez un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

El dato más inquietante es el posible papel del BSW. Aunque procede de la izquierda, comparte con AfD posiciones contra la inmigración, el establishment político y el apoyo militar a Ucrania, además de una mayor proximidad hacia Rusia. Su disposición a no excluir una cooperación con AfD podría romper el cordón sanitario que hasta ahora ha impedido a la extrema derecha acceder al poder y abrir, de hecho, una alianza tácita.

La trascendencia va más allá de Sajonia-Anhalt. El resultado refleja el desgaste de los partidos tradicionales y la capacidad de AfD para convertir el malestar económico, la inseguridad y la frustración migratoria en apoyo electoral, y puede anticipar una nueva correlación de fuerzas en Alemania. Si BSM facilita un gobierno de AfD, aunque sea desde fuera, se producirá una normalización histórica de la extrema derecha alemana y una fisura profunda en uno de los principales diques democráticos europeos.

El fenómeno que puede abrirse con una colaboración entre AfD y BSW no carece de precedentes en Europa. El más claro fue Italia, donde el Movimiento 5 Estrellas, de difícil clasificación ideológica pero de fuerte retórica antisistema, gobernó entre 2018 y 2019 en coalición con la Liga de Salvini, ya entonces una de las principales fuerzas de la derecha radical europea. Aquella experiencia demostró que el rechazo a las élites, la inmigración y ciertas políticas europeas podían generar cooperación entre fuerzas de tradiciones ideológicas distintas.

También en Eslovaquia se dio una combinación heterodoxa: el gobierno de Robert Fico incorpora al Partido Nacional Eslovaco, nacionalista radical, mientras Fico procede de una tradición socialdemócrata transformada en populismo nacional-conservador. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses participa en el Gobierno junto a fuerzas de centroderecha.  En España, VOX gobierna junto al PP en muchas comunidades autónomas. 

Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, gobierna desde 2022. En Croacia, el Movimiento Patriótico, nacional-conservador, forma parte del Gobierno. En República Checa, fuerzas de derecha radical y nacional-populista han ganado presencia en la nueva mayoría, junto al movimiento ANO. Suecia merece capítulo aparte: los Demócratas de Suecia no son formalmente partido de Gobierno, pero sostienen al Ejecutivo conservador, han conseguido una influencia decisiva y han desplazado su política migratoria hacia la derecha. Es esta fórmula -gobernar sin entrar en el Gobierno- la que se extiende. La extrema derecha puede convertirse en socio parlamentario indispensable y condicionar inmigración, seguridad, fiscalidad, energía o política europea sin asumir el coste de la gestión. Italia es el caso más importante:

A estos casos hay que añadir Hungría, donde Viktor Orbán y Fidesz representan desde hace años un nacional-populismo radicalizado. En otros países -Francia, Alemania, Portugal, España, Austria, Rumanía o Polonia- la derecha radical tiene una influencia electoral muy elevada, aunque no forme parte del Gobierno nacional. La dimensión del fenómeno es extraordinaria. Un estudio internacional de 2026 calcula que casi uno de cada cuatro votantes europeos respalda partidos de extrema derecha, una proporción multiplicada por casi cinco desde mediados de los noventa. Más de ciento veinte millones de europeos – más de una cuarta parte- están siendo gobernados por estos partidos. Eso ha hecho también que la derecha tradicional y algunos sectores de la socialdemocracia abracen posiciones de la derecha más extrema. También otros partidos europeos de izquierdas como los partidos comunistas de Portugal, Grecia, Chequia o Croacia coinciden con la derecha y la derecha radical en algunas posiciones sobre la migración. Es terrible que se profundice en esta coincidencia de hacer de las personas migrantes un arma arrojadiza.

Lo relevante, por tanto, no es solo cuántos gobiernos ocupa la extrema derecha, sino que ha pasado de ser una fuerza aislada mediante cordones sanitarios a un actor capaz de decidir quién gobierna y qué políticas se aplican.  Ahí reside la trascendencia del posible precedente alemán: si una fuerza nacida de la izquierda antisistema facilita el acceso de la extrema derecha al poder, podría consolidarse una nueva lógica política europea basada menos en el eje izquierda-derecha y más en la confrontación entre sistema y antisistema. Ese desplazamiento sería mucho más profundo que un cambio de gobiernos: supondría una transformación del mapa político europeo.

El nacimiento del fascismo y del nazismo presenta paralelismos con las actuales convergencias entre extrema izquierda y extrema derecha, aunque las diferencias históricas son enormes. El fascismo italiano incorporó a antiguos socialistas y sindicalistas revolucionarios y combinó reivindicaciones sociales radicales con nacionalismo. El nazismo también usó un discurso obrerista y anticapitalista para disputar a socialistas y comunistas el voto popular. Sin embargo, ya en el poder, ambos movimientos destruyeron las organizaciones obreras y se enfrentaron violentamente a la izquierda.

La principal lección histórica es que el fascismo supo ocupar espacios ligados a la izquierda con un discurso contra las élites, la desigualdad y el capitalismo, combinado con nacionalismo y rechazo del extranjero. Hoy reaparece, en un contexto muy distinto, una posible zona de convergencia en torno al nacionalismo, el proteccionismo, la crítica a las élites y el rechazo del progresismo cultural.

La historia europea del siglo XX nos enseñó que las democracias no mueren solo por el asalto frontal de sus enemigos, sino por la erosión paciente de sus defensas, cuando los extremos -por vías y fines distintos-  convergen en debilitar lo común.

Desde Canarias, territorio que es a la vez frontera sur de Europa y puente con África e Hispanoamérica, tenemos una responsabilidad añadida en este debate. Somos el lugar donde las tensiones migratorias, la desinformación y los discursos de emergencia identitaria encuentran terreno fértil para el extremismo. No podemos permitirnos creer que estos fenómenos son solo un problema centroeuropeo. 

Frente a este riesgo, la respuesta no puede ser la resignación ni el simplismo de igualar cualquier crítica al sistema con extremismo. Debe ser firmeza democrática y, sobre todo, ejemplaridad institucional. Las administraciones públicas -también esta, el Cabildo de Gran Canaria- tienen la obligación de demostrar cada día que la democracia liberal funciona: resuelve problemas, rinde cuentas, protege a quien más lo necesita y no deja a nadie fuera del ascensor social. Es precisamente cuando las instituciones dejan de dar respuestas cuando los discursos que igualan extremos empiezan a sonar creíbles para parte de la ciudadanía.

Vigilar el “rojopardismo” no significa demonizar el debate político legítimo, ni cerrar la puerta a la crítica desde la izquierda hacia el orden establecido. Significa no perder de vista que hay líneas rojas que ninguna fuerza política debería cruzar, sea cual sea su origen ideológico: el respeto a las minorías, la aceptación del pluralismo, la defensa del marco europeo de derechos y libertades (necesitado de un cuestionamiento crítico constructivo). Cuando esas líneas se difuminan por conveniencia táctica, toda la sociedad pierde, gane quien gane la siguiente votación. 

No son estos buenos tiempos para la democracia que nos va quedando. Desde Canarias, como frontera y laboratorio de convivencia, tenemos la obligación de estar alerta. No por alarmismo, sino por responsabilidad histórica: sabemos mejor que nadie lo que significa ser el punto donde convergen las tensiones de un continente entero.

¿Por qué Almaraz sí y la eólica marina no?

España ha construido en la última década un relato del que, con razón, nos sentíamos orgullosos: el de un país que lideraba en Europa la transición hacia las energías limpias, que multiplicaba su potencia renovable año tras año y que se diferenciaba de otros socios europeos, más rezagados o más dependientes de los combustibles fósiles, por su apuesta decidida por el sol, el viento y el futuro. El ejemplo más palpables es que en 2025 las renovables generaron el 55,5% de la electricidad y España terminó el año con saldo eléctrico exportador por cuarto año consecutivo. Ese relato se ha visto ahora seriamente comprometido. Mientras el Gobierno impulsa la renovación de la central nuclear de Almaraz, alargando la vida de una instalación que debería estar en la senda del cierre, mantiene paralizada, año tras año, la implantación de la eólica marina, precisamente la tecnología que más podría consolidar ese liderazgo renovable en la próxima década. Esta contradicción no es un matiz técnico. Es un cambio de rumbo que hay que señalar con toda claridad.

Alargar la vida de Almaraz no es, como se pretende presentar, una decisión neutra de garantía de suministro. Es una opción política que consolida un modelo energético del pasado en un momento en que Europa entera debería estar acelerando, no ralentizando, su tránsito hacia las renovables. Almaraz es una central que arrastra decisiones aplazadas durante años, que genera residuos radiactivos sin solución definitiva de almacenamiento, y que compite por los mismos recursos de inversión y de atención regulatoria que deberían destinarse a desplegar la potencia renovable que España necesita para cumplir sus propios compromisos climáticos. Es, sin duda alguna, una de las fuentes de generación de energía más caras, frente a la eólica y la solar, las mas baratas en estos momentos.

Además, no es cierto que aporte una seguridad real al sistema. Estamos viendo cómo en Europa se están produciendo paradas temporales y reducciones de potencia debido a la escasez de agua y las olas de calor extremo. Las centrales nucleares necesitan enormes cantidades de agua de los ríos o del mar para refrigerar sus reactores. Cuando hay sequía extrema, surgen dos problemas críticos: el caudal de los ríos baja demasiado (los sistemas no pueden succionar agua suficiente) o el agua está demasiado caliente (por ley no pueden devolverla al río a altas temperaturas para no destruir el ecosistema protegido).  Este verano se han tenido que parar centrales en Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. El cambio climático y las sequías afectan directamente a su fiabilidad. Por otra parte, Europa importa el 100% del  uranio que necesita y Rusia controla el 46% de la capacidad mundial de su enriquecimiento. China y Rusia controlarán el 60% en 2030.

Cada euro y cada hora de gestión política dedicados a prolongar el parque nuclear -siguiendo los dictados del oligopolio energético- son un euro y una hora que no se dedican a resolver los cuellos de botella que hoy frenan la eólica marina, el almacenamiento o la modernización de la red eléctrica.

Y ese frenazo es, precisamente, lo más grave de esta historia. La eólica marina lleva años atrapada en una maraña de planificación, informes ambientales, recursos administrativos y falta de decisión política que ha convertido a España, y de forma muy especial a Canarias, en un ejemplo de potencial desaprovechado. Tenemos en nuestras aguas algunas de las mejores condiciones de viento de toda Europa para el desarrollo de la eólica marina flotante, una tecnología en la que podíamos haber sido pioneros a nivel continental.

Las islas son un territorio especialmente vulnerable a la dependencia energética porque durante décadas han tenido que importar prácticamente todo el combustible necesario para generar electricidad y garantizar el transporte. Pero, al mismo tiempo, poseen algunos de los mejores recursos renovables de Europa. El sol, el viento y el océano pueden convertirse en una auténtica fuente de soberanía.

Gran Canaria puede ser un laboratorio avanzado de ese nuevo modelo. El desarrollo de la eólica marina, unido al almacenamiento energético, la desalación, la electrificación del transporte, la generación fotovoltaica distribuida y proyectos como Salto de Chira, puede permitir avanzar hacia un sistema mucho menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, la tramitación de proyectos se eterniza, y mientras tanto otros países de nuestro entorno, con condiciones de viento comparables o incluso peores, avanzan con parques operativos y cadenas industriales consolidadas. No es exagerado decir que estamos regalando a otros la ventaja competitiva que un día tuvimos.

El sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo de esta contradicción, y no lo hace desde la confrontación gratuita, sino desde el conocimiento profundo de lo que está en juego. Las principales asociaciones empresariales del sector eólico y solar, junto con organizaciones ambientales de referencia, han cuestionado con dureza esta decisión, señalando que prolongar la vida de una central nuclear mientras se mantiene bloqueada la eólica marina envía la peor señal posible a los inversores, a la industria y a los propios territorios que, como el nuestro, llevan años preparando proyectos, alianzas tecnológicas y expectativas de empleo verde en torno a esta tecnología. No hablamos solo de electrones. Hablamos de una cadena industrial completa, de puertos, de astilleros, de ingeniería especializada y de miles de empleos cualificados que podrían anclarse en nuestras costas si existiera la voluntad política de desbloquear los proyectos.

Conviene además desmontar el argumento con el que se suele justificar la prórroga nuclear: que es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras las renovables terminan de desplegarse. Ese argumento se sostiene mucho peor de lo que parece cuando se examina con rigor. La verdadera causa de la lentitud renovable no es una limitación tecnológica ni una falta de recursos naturales, sino precisamente la parálisis administrativa que arrastran los proyectos de eólica marina desde hace años. Es decir, se utiliza como justificación para mantener la nuclear el mismo problema que el propio Gobierno se ha negado a resolver: su persistente lentitud regulatoria. Es un argumento circular que convierte la inacción en pretexto para perpetuar el statu quo, en lugar de resolver de una vez la planificación marítima y agilizar las autorizaciones ambientales con las garantías necesarias, pero sin la parálisis actual.

El contexto en el que se toma esta decisión acrecienta, todavía más, su gravedad. El calentamiento global no da tregua: cada año que pasa sin acelerar la descarbonización es un año que acerca a Europa, y a Canarias de forma muy particular por nuestra condición de territorio insular y vulnerable, a los escenarios climáticos más severos que la ciencia lleva décadas advirtiendo.

Al mismo tiempo, la inseguridad energética europea, agravada por la dependencia histórica del gas – ahora especialmente de Rusia y EEUU- y por la inestabilidad geopolítica en nuestro entorno inmediato, exige precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo: menos dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables, y más despliegue rápido de generación renovable distribuida, que es, además, la que ofrece mayor autonomía estratégica frente a terceros países.

Apostar por prolongar el modelo nuclear mientras se frena la eólica marina no refuerza nuestra seguridad energética. La debilita, porque perpetúa la dependencia de infraestructuras rígidas, de larga construcción y de elevados costes de gestión, en lugar de construir un sistema flexible, diversificado y verdaderamente soberano.

Lo más preocupante, además, es lo que esta decisión dice sobre el liderazgo europeo de España. Durante años hemos defendido, con legitimidad ganada a pulso, que España podía y debía ser la locomotora renovable de Europa, el país que demostraba que la transición energética era compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo de calidad. Esa diferenciación, ese activo reputacional e industrial, se construyó con decisiones valientes y con inversión sostenida. Ahora, con este paso atrás, corremos el riesgo de diluir esa ventaja competitiva justo cuando más falta nos hace, en un momento en que la Unión Europea necesita ejemplos concretos de países capaces de acelerar, no de titubear, en su hoja de ruta climática.

Desde el Cabildo de Gran Canaria lo decimos con toda claridad: no se puede pretender liderar la transición energética en Europa mientras se bloquea, año tras año, la tecnología que más potencial tiene para consolidar ese liderazgo en el Atlántico. Exigimos que se desbloquee de manera definitiva la planificación de la eólica marina, con calendarios claros, seguridad jurídica para los proyectos e inversión decidida en la infraestructura portuaria e industrial necesaria para acompañar su desarrollo. Exigimos, igualmente, que cualquier decisión sobre el futuro del parque nuclear se tome con un horizonte de cierre ordenado y no como una prórroga indefinida que compita por los recursos y la atención política que las renovables necesitan. Canarias tiene la ambición, el viento y la vocación de ser protagonista de esa transición. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España recupere la valentía que un día nos diferenció, y que hoy, con esta decisión, empieza a ponerse en cuestión.

                                                                                                                                                                                                                                                     Antonio Morales Méndez

                                                                                                                                         Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Después del Pino, nuevos retos

Hay un instante, cada año, en que Gran Canaria se detiene para mirarse a sí misma. Ese instante llega con la romería-ofrenda a Nuestra Señora del Pino, cuando miles de personas llegan hasta Teror cargadas de frutos, de música y de fe, y la isla entera se reconoce en un mismo gesto. Es una auténtica manifestación de cohesión social, de identidad compartida, de orgullo tranquilo, de sentimiento de pertenencia y de solidaridad. Es, sobre todo, un acto de fe en el sentido más amplio de la palabra: fe en la tierra, fe en la comunidad, fe en que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa.

Después llega la fiesta principal, la que se centra en los actos religiosos. Y ahí, en esa doble cita  -la romería y la celebracion-, se condensa nuestra manera de entender la isla: desde la unidad. Gran Canaria no se explica sin ese pino centenario que ha visto pasar generaciones, sequías, bonanzas y crisis, y que sigue en pie como recordatorio de que las raíces, cuando son profundas, resisten cualquier temporal. Cada mes de septiembre, cuando el olor a pan de leña, a gofio, chorizo y dulces se mezcla con el sonido de las parrandas y el rumor de miles de pasos sobre el mismo camino, comprendo por qué esta fiesta ha sobrevivido intacta a todas las transformaciones de la isla: porque no celebra un momento, celebra una manera de ser.

Y entonces, como cada año, todo empieza a girar de nuevo. Los niños y niñas regresan a las aulas, los hombres y las mujeres retoman sus trabajos, y con ellos arranca un nuevo curso político. Este que ahora comienza tiene, sin embargo, un peso distinto: es el último de este mandato. Y eso lo cambia todo, porque en las instituciones -en cualquiera de ellas- la gestión de estos meses se verá inevitablemente mediatizada por la batalla electoral que se avecina.

Lo digo con la tranquilidad de quien ha aprendido, con los años, una convicción que no ha dejado de confirmarse: lo que no se ha hecho, o no se ha sabido transmitir durante un mandato entero, no se puede vender de manera precipitada en los últimos meses. La política no admite atajos de última hora. Por eso me produce cierta perplejidad -y hasta ternura, si soy sincero- ver a tantos compañeros y compañeras de la vida pública volcados estos días en TikTok, en Instagram, en pódcast, etc, vendiendo contenido en lugar de ofrecer respuestas. La ciudadanía no necesita más relato; necesita hechos que se puedan tocar, medir y comprobar.

Y los hechos, en Gran Canaria, están ahí. La isla va bien. En 2025 cerramos con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superamos por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, hasta situarse en torno a las 63.000 personas y una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla. Y 2026 confirma la tendencia: el primer trimestre fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas y una tasa de paro que ya baja al 14,5%. A ello se suma un turismo que no sostiene su éxito en el crecimiento, sino que aumenta gasto diario hasta 180,66 euros por persona y en una facturación total que alcanzó los 6.280,8 millones de euros. Son cifras frías, sí, pero detrás de cada una hay una familia que ha encontrado trabajo, un negocio que ha podido abrir, un futuro que se hace un poco más posible.

Los datos también nos dicen que se aprecia una evolución positiva de las condiciones sociales y económicas entre 2015 y 2026. Gran Canaria es hoy una sociedad algo más igualitaria y con mayores niveles de renta que hace una década, pero todavía persisten bolsas importantes de pobreza y vulnerabilidad. La renta media ha aumentado durante el periodo, mientras que se ha reducido la población situada por debajo del umbral de pobreza en un porcentaje que se sitúa en torno a un 7%. Al mismo tiempo, los indicadores de desigualdad muestran una mejora significativa: el índice de Gini pasó de 36,1 en 2015 a 31,6 en 2023, una reducción de 4,5 puntos, que refleja una distribución más equilibrada de la renta. También mejoró el indicador P80/P20, que mide la distancia entre el 20% de población con mayores ingresos y el 20% con menores ingresos: pasó de 3,1 a 2,4. En Gran Canaria, en 2023,  la renta media por hogar fue de 37.010 euros, un 17,7 % más que en 2025.

Pero los números, por sí solos, no cuentan toda la historia. La cuenta también la cantidad importante de obra pública que se realiza en la isla. En estos momentos se ejecutan en Gran Canaria más de 2.000 millones de euros en obras e inversiones reales en proyectos estratégicos, la mayor inversión pública insular en toda la historia. Ahí están el nuevo Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA), que devolverá al viejo Hospital de San Martín su vocación de servir a la cultura, con una inversión que ronda los doce millones de euros, Salto de Chira, la obra que garantizará nuestra soberanía energética e hídrica, con una inversión fijada finalmente en 588,9 millones de euros; el nuevo INFECAR y la reordenación de su espacio (72 millones de euros), el Pabellón Insular de Deportes (18 millones de euros), los centros sociosanitarios(200 millones de euros -entre ellos la transformación del antiguo Hospital Psiquiátrico( 40,2 millones de euros), el Radiotelescopio de Temisas, que sitúa a Gran Canaria en el mapa de la ciencia mundial, y el nuevo Estadio de Gran Canaria, «La Nube» (233 millones de euros). 

No son obras aisladas: son piezas de un mismo proyecto de isla, pensado a largo plazo, sin la urgencia del calendario electoral que a otros parece devorarles el discurso. Y ese proyecto no se detiene en la capital ni en los grandes titulares. 

También se ejecutan obras importantísimas en los 21 municipios de Gran Canaria, financiadas por el Cabildo: piscinas, universidades populares, parques de bomberos, centros deportivos, bibliotecas, viviendas colaborativas, tanatorios, recintos feriales, casas de cultura, pabellones deportivos, etc. Solo el plan adicional de inversiones puesto en marcha con los remanentes de tesorería destinó 69 millones de euros a treinta y tres obras emblemáticas repartidas por toda la isla. Es la prueba de que el desarrollo, cuando es de verdad sostenible, no elige barrios ni pueblos: llega a todos y a todas.

En la última década, Gran Canaria ha experimentado una transformación económica que va más allá del crecimiento del PIB. En la economía insular han adquirido mayor relevancia nuevas actividades vinculadas a la diversificación productiva. La economía azul constituye probablemente uno de los ejemplos más significativos. Gran Canaria concentra alrededor del 54 % de la actividad azul de Canarias y su producción se ha estimado en 1.901 millones de euros, poniendo de manifiesto el potencial de los sectores marítimo-portuarios, la reparación naval, la pesca, los servicios offshore y las actividades vinculadas al océano.

También se observa una evolución positiva en la industria y la energía (+ 16%), en el sector primario (+3%%), en el audiovisua, que  representa otro caso paradigmático: en 2024 generó más de 90 millones de euros de retorno económico, triplicando el año anterior, con 147 producciones y más de 3.600 empleos directos registrados. 

Y aún queda lo que está por venir, lo que reclamamos con urgencia a un gobierno central que, con demasiada frecuencia, parece distraído respecto a los intereses de nuestra isla: el concurso para la implantación de la eólica marina, la participación del gobierno de la isla en la Plocan, la declaración definitiva del Parque Nacional de Guguy, la financiación del futuro tren que unirá Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas – ya reconocida como obra de interés público por el Estado-, el impulso a la ampliación del Salto de Chira con la presa de Las Niñas, la  ayuda para la financiación del nuevo estadio y una concurrencia competitiva energética que sea, de verdad, efectiva. No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado esté a la altura del esfuerzo que esta isla ya está haciendo por sí misma.

Iniciamos, pues, un curso distinto, condicionado por circunstancias diferentes a las de otros años, pero con un objetivo que no cambia: afianzar el modelo de ecoísla, seguir haciendo de Gran Canaria un espacio de referencia, un laboratorio de desarrollo estratégico ecosocial que avance en la diversificación económica sostenible, en las políticas de igualdad y en la cultura de los cuidados. No es un eslogan. Es la hoja de ruta que nos hemos dado a nosotros mismos como pueblo.

Y quiero terminar hablando de lo que de verdad importa: de lo que significa ser isla. Ser isla es vivir con el mar como frontera y como puente al mismo tiempo. Es conocer, en lo más hondo, la fragilidad de lo limitado y, a la vez, la fuerza de lo compartido. Necesitamos afianzar nuestra resiliencia frente al hecho insular, frente al aislamiento que a veces nos impone la geografía y, otras, la indiferencia ajena. Más en estos momentos de incertidumbres geoestratégicas. Y esa resiliencia solo se construye por un camino: el del diálogo, el del consenso, el del trabajo compartido entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía. No hay otra ruta posible para un territorio como el nuestro. Gran Canaria ha demostrado, romería tras romería, curso tras curso, que cuando caminamos juntos, ninguna distancia -ni siquiera la del océano que nos rodea- es capaz de separarnos de nuestro destino común.