EL CUENTO DE LOS GASISTAS

Parece que aquellos políticos que por primera vez se mezclaron con ecologistas en las manifestaciones, no se leyeron bien las pancartas.

Vuelven los señores del gas. Con el cuento de siempre. Con el mismo planteamiento, nudo y desenlace. Lo único que cambia es que últimamente no se atreven a venir con su uniforme de trabajo, con el traje de la empresa. No se atreven o no lo necesitan. Ahora vienen vestidos de consejero del Gobierno canario, de presidente del Gobierno o de presidente de Puertos del Estado.

 

Los grupos de presión vinculados a los combustibles fósiles no se caracterizan precisamente por respetar los pronunciamientos democráticos de la ciudadanía. Ya lo demostraron con las prospecciones petrolíferas, cuando utilizaron a un ministro para imponer su voluntad en contra de la opinión de la mayoría de la población canaria y de sus instituciones. Les importó un bledo los pronunciamientos del Parlamento canario, de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura o las masivas manifestaciones populares en la mayoría de las islas. Impusieron las prospecciones petrolíferas, realizaron importantes campañas publicitarias para influir en los medios canarios, invitaron a periodistas a Gerona para dibujar una imagen idílica de las plataformas petrolíferas (“¡Qué bonita es Tarragona! Y qué bien le sienta el petróleo”, escribí con ironía en abril de 2012 como respuesta a la campaña mediática de Repsol en las islas). Al final pararon  las prospecciones cuando les pareció que no les venía bien a sus intereses.

Ahora regresan con la cruzada del gas. Y como el ministro de entonces dejó su tierra en busca de otros paraísos, ahora utilizan al Gobierno autonómico formado por los mismos partidos que, paradojas de la vida, encabezaron las manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas detrás de pancartas que ponían: “Renovables sí, petróleo no”. Parece que aquellos políticos que por primera vez se mezclaron con ecologistas en las manifestaciones, no se leyeron bien las pancartas.

Desde el principio de este mandato tanto el presidente Fernando Clavijo como el consejero de Industria Pedro Ortega no han dejado de presionar a Gran Canaria con el tema del gas. En un primer momento reconocieron que la implantación del gas en Gran Canaria era una decisión sola y únicamente del Cabildo. Pero duró poco el respeto a la voluntad de la ciudadanía grancanaria expresada en la actual mayoría del Gobierno de nuestra isla, porque tras el respeto inicial no han cesado de lanzar la consigna, cada vez que les ponen un micrófono delante, de que en Tenerife habrá pronto gas a través de una regasificadora a construir en el puerto de Granadilla, y por tanto, dicen, tendrá energía más limpia y más barata que Gran Canaria; que perderemos competitividad, porque aquí desde el Cabildo rechazamos la regasificadora.

Lo dije el lunes pasado en una rueda de prensa. Se trata de un mensaje falso. Actúan como los mejores agentes comerciales de las compañías gasistas. Pretenden generar un estado de opinión en contra de nuestro Cabildo, para acusar al Gobierno de la isla de perjudicar el desarrollo de Gran Canaria.

El consejero de Industria Pedro Ortega, que durante muchos años ha sido un dirigente de la patronal y se estrenó en la primera línea política como miembro del Gobierno de Fernando Clavijo, declaró en un desayuno ante empresarios y medios de comunicación que “si yo fuera un empresario interesado en invertir en Canarias y tengo condiciones, suelo…pero en una isla dispongo de una energía más barata que en otra, pues obviamente  invertiré en ella…”. El político de Teror, que forma parte de la minoría grancanaria del Gobierno autónomo, anima a los empresarios irresponsablemente a invertir en una isla frente a otra. Por cierto si esto hubiera ocurrido al revés no habría contado con el silencio de la patronal tinerfeña.

Como ha hecho en otras ocasiones en las que ha defendido las energías fósiles, el consejero miente. La energía no va a ser más barata de ninguna manera en Tenerife que en Gran Canaria. La penetración del gas frenará a las renovables allí donde se instale. ¿Quién va a permitir la sustitución del gas por las renovables cuando hay que amortizar la planta, los diques, los contradiques, los gaseoductos, las redes de suministro… cuando las renovables son infinitamente más baratas?  Después de la rueda de prensa que di el lunes volvieron a entrevistar a Pedro Ortega en la radio y se mantuvo en su actitud irresponsable, volvió a dar el mensaje de que Gran Canaria será menos competitiva que Tenerife si allí instalan una regasificadora. En la entrevista radiofónica le recordaron al consejero su promesa de llegar al 21% de energía renovable en 2016, y reconoció que no se va a cumplir, que nos mantendremos por debajo del 10% “aunque el Gobierno canario apuesta por las renovables”, dijo sin aportar ni un solo dato que demuestre esa apuesta. Y luego otra visita a Madrid para vendernos un nuevo empuje (no sé contar los empujes inútiles que ha anunciado) a las renovables.

Y para que el Gobierno canario no se sienta solo en su defensa del gas, vino desde Madrid a echarles una mano  el presidente de Puertos del estado, José Llorca. Vino Llorca a un foro patrocinado por Disa (¿para qué disimular?) e invitado por una asociación empresarial presidida por José Carlos Francisco, exconsejero de Coalición Canaria y presidente además de la Confederación de Empresarios de Tenerife. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, denunció en su día que el ente que preside Llorca estaba frenando las inversiones en nuestro puerto, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solo ha encontrado problemas para poner un banco de algas que traería inversión e investigación. Ahora a José Llorca le entra  un cariño inmenso por el puerto grancanario y afirma que “si el archipiélago quiere ser base logística en el Atlántico medio debe pasarse al gas, y esa es la estrategia pensada para Granadilla y Arinaga. El futuro del transporte marítimo va a pasar por el gas«.

Y, claro, el señor Llorca, miente descaradamente también. Porque no es necesaria una regasificadora ya que las cargas y descargas de Gas Natural Licuado (GNL) se hacen en estado líquido  que es como lo requiere el barco para su consumo. Además, cada puerto puede tener su base logística apoyada en barcos regasificadores autónomos u otras infraestructuras. Porque además los expertos aseguran que dado el alto coste para adaptar los barcos al gas y dado que los rendimientos de los motores solo para gas no están probados, el gas apenas llegará en los próximos años a un 5%. Luis Ibarra ha declarado, además, que La Luz está preparada para abastecer gas licuado a los barcos.

Sabemos que la transición a las renovables no puede hacerse en un plazo corto, pero la presión de los lobbies o de quienes se apuntan desde las instituciones a ser sus portavoces no va a cambiar nuestro camino para cumplir con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía: avanzar con rumbo fijo hacia la soberanía energética. Hasta ahora la coerción de los lobbies a las instituciones canarias ha logrado sus objetivos: estamos a la cola de las renovables a pesar de que fuimos una de las primeras comunidades autónomas donde comenzó su implantación, los costes de generación son desorbitados, nuestra dependencia del exterior es total, somos uno de los territorios europeos con mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero…

Pero con nosotros se equivoca el lobbie gasista. Uno ha estado ya en muchos  encuentros de narración oral, uno ha visto a cuentistas de todos los países, pero cuentistas de los buenos, de lo que aman el paisaje, de los que adoran la naturaleza, de los que escuchan a la gente y no se mueven a la orden de los monopolios energéticos, del poder de don dinero. Cuentistas que utilizaban la buena literatura sin mentiras, ni medias verdades, ni trampas. Nada que ver con estos narradores del cuento de los gasistas. Por eso habrá que recordarles los versos de León Felipe: “Yo no sé muchas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos…Y sé todos los cuentos”. Bueno, con todos los cuentos no. Con el cuento de los gasistas no me han dormido, ni lo lograrán mientras haya una isla bien despierta con la que tenemos un compromiso que vamos a cumplir. Una isla que  se rebela frente a los que ponen todos los obstáculos para usar el sol o el viento como recurso energético (mientras aseguran que hacen lo contrario), pero potencian todas las facilidades para la penetración del gas.

Una Isla que tiene claro que hay que aplicarse a trabajar con firmeza por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo en los comercios, industrias y hogares, por despejar todos los obstáculos que atenazan a la energía eólica, por implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por forjar un mix de biomasa endógena, aerotermia, energía mareomotriz…, por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde fuera necesario, por establecer industrias, por fomentar la I+D+i, por crear miles de empleos verdes alrededor de las energías limpias, por luchar contra el cambio climático, por romper nuestra dependencia del exterior, por abaratar realmente los costes, por democratizar la energía…Porque no sigan meciendo nuestra cuna con cuentos, para que no ahoguen nuestra esperanza con cuentos.

UNA LEY DEL SUELO SOSTENIBLE

Roque Calero comienza su libro “Los cimientos de un mundo sostenible” con una cita de Unamuno que conviene tener presente: “Debemos pensar más en que somos más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado”

Esta semana tuve que comparecer en la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para expresar la posición del Cabildo de Gran Canaria sobre la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Canarias. Hace tiempo remitimos al Parlamento un documento titulado “Observaciones y aportaciones” donde trasladábamos al Gobierno de Fernando Clavijo el resultado de un intenso trabajo de análisis del Anteproyecto de Ley del Suelo realizado por el personal técnico del Cabildo, que contaba con el respaldo de  la mayoría política a la que la ciudadanía encomendó en las elecciones de 2015 la honorable tarea de dirigir el gobierno de nuestra isla.

 

En la joven historia de nuestra autonomía, a pesar de los cambios de siglas de los gobiernos, siempre se han aplicado dos criterios  en la legislación territorial y ambiental canaria: la sostenibilidad y el consenso. Esos acuerdos políticos en el Parlamento han permitido la aprobación de leyes progresistas con amplio respaldo social. Por esa razón hemos podido, hasta hoy, garantizar la protección de más del 40 por ciento de nuestro territorio, algo que ha permitido que Canarias siga formando parte del privilegiado espacio de la Macaronesia, uno de los lugares del planeta con mayor cantidad de endemismos de flora y fauna, con casi 20.000 especies diferentes, el 30% de ellas endémicas. Cuatro de las siete islas tienen Parques Nacionales. Contamos con 27 paisajes protegidos en las distintas islas (7 en Gran Canaria), 7 parques rurales, 11 parques naturales, 23 Áreas de Sensibilidad Ecológica, 52 Monumentos Naturales. Tenemos La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y la Gomera como reservas de la biosfera y también han recibido este reconocimiento de la UNESCO la mitad de la isla de Gran Canaria y el macizo de Anaga en Tenerife.

 Estas declaraciones son producto del esfuerzo de varias generaciones y  se han hecho en dictadura y en democracia. Se trata de una de las mejores herencias que tenemos, por eso en este momento histórico que vivimos debemos y queremos actuar con responsabilidad. Sería una gran torpeza promover leyes por las que podríamos ser recordados como los que facilitaron el deterioro de nuestro territorio  por someternos al interés cortoplacista de una minoría. El territorio del archipiélago, por su carácter insular, escaso, hermoso y soporte de una extraordinaria biodiversidad, es nuestro recurso natural esencial y constituye, junto al coraje y capacidad de nuestra población, una de las dos grandes fortalezas que sustentan nuestro desarrollo. Nuestra gente, el territorio, el paisaje y el paisanaje son nuestra riqueza, por eso dividir a nuestra gente o deteriorar nuestro territorio son los mayores ataques que podemos hacer a nuestro progreso.

Llevamos al Parlamento esa petición de consenso, y fuimos con una propuesta que tenía el respaldo de la mayoría de los consejeros del Cabildo (18 de los 29 consejeros). A nivel del Parlamento canario, los partidos que respaldan nuestras críticas al Anteproyecto de Ley del Suelo (Nueva Canarias, PSOE y Podemos) tienen 10 de los 15 escaños de la circunscripción por Gran Canaria, un 75% de la representación, otra cosa es que el PSOE les imponga una disciplina de voto acorde con los intereses de una parte del Gobierno y no con el cuestionamiento de este proyecto que hacen desde la propia dirección del partido socialista. También la mayoría de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria han aprobado mociones o manifestaciones solicitando una modificación sustancial de la Ley.

La comparecencia en el Parlamento fue una oportunidad para recordar en la cámara legislativa canaria que para el Cabildo de Gran Canaria el desarrollo sostenible, desde sus componentes ambiental, social y económico, es un objetivo prioritario e irrenunciable. El Cabildo no legisla, por eso nuestro  proyecto que concretamos en el concepto de ecoisla necesita de instrumentos como la Ley del Suelo, pero en su actual formulación en lugar de herramienta útil sería un obstáculo para lograr ese objetivo que deseamos para nuestra isla y para toda Canarias. Coincidimos con la Convención del Benelux de 1982 sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP 1982), cuando plantea que “El paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el mismo”.

Gran Canaria no ha estado sola en sus propuestas. Buena parte de las alegaciones que planteamos (y a las que hasta ahora no han hecho caso) coinciden con las formuladas por la Comisión de Ordenación del Territorio de la FECAI. También apoyamos algunas críticas del Consejo Consultivo. Nuestra aportación se fundamenta en tres consideraciones:

La planificación del territorio tiene que hacerse desde una visión integral e integradora, favoreciendo y garantizando la cohesión regional e insular. La isla es la unidad básica de ordenación territorial y los instrumentos insulares deben mantener la fuerza reguladora que han tenido desde 1987. El suelo rústico debe tener una consideración máxima, al tratarse de la parte más sensible, frágil, valiosa, presionada y estratégica del territorio.

Este Proyecto de Ley, en su actual formulación, rompe la idea de país canario. Traslada a los ayuntamientos la libertad absoluta sobre sus planeamientos; de la visión global planteada por la conocida como moratoria turística se quiere pasar a 88 planeamientos inconexos que rompen la necesaria coordinación general. Formamos un ecosistema canario y avanzamos, afortunadamente, hacia la unidad de mercado archipielágico. Lo que se aprueba en una isla influye en el resto. Hemos realizado grandes esfuerzos en infraestructuras que articulan un mismo país desde Órzola hasta Maspalomas, desde Las Canteras hasta Valverde.

La derogación de las Directrices de Ordenación General que se aprobaron por unanimidad es algo a lo que no se atrevieron los gobiernos autonómicos más conservadores que hemos tenido. Entendemos que se impulse su revisión, sin dejar peligrosos vacíos, jurídicamente inseguros. Así lo aconseja el Consejo Consultivo y lo apoyamos desde el Cabildo de Gran Canaria. También creemos que la autonomía municipal e insular es compatible con la aprobación y evaluación ambiental de los PIO por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los PGO por los cabildos insulares. La isla debe considerarse la unidad básica de ordenación territorial y de los recursos naturales.

Con la actual redacción de este Proyecto de Ley  aumenta el peligro de la ocupación de suelo rústico con actuaciones y usos ajenos a la actividad agraria. También rechazamos el planteamiento recogido en el proyecto de ley que da prioridad al “desarrollo económico” sobre el desarrollo sostenible en los tiempos de crisis. Nuestro suelo, nuestro ecosistema y nuestro paisaje son un valor estratégico que no puede vincularse a intereses cortoplacistas de algunos sectores.

En mi intervención en el Parlamento además de criticar el anteproyecto de Ley, expuse nuestras propuestas para mejorarlo. Todas van en la línea de defender la necesidad de establecer controles de legalidad administrativos (autonómicos y cabildicios) previos a la tutela judicial porque de lo contrario se traslada toda la litigiosidad a los tribunales de justicia. Y podemos encontrarnos con una paradoja, la ley que se presenta para agilizar, acaba colapsando los procedimientos en los juzgados.

En definitiva, esta semana en el Parlamento el mensaje que transmití en nombre del Cabildo de Gran Canaria fue que debemos ser coherentes con nuestra historia democrática y no romper la tradición del consenso político y social que hemos logrado en las últimas tres décadas cuando se ha legislado sobre el territorio y sobre el Régimen Económico y Fiscal. Frente a las prisas del Gobierno canario, nuestro mensaje es que todavía estamos a tiempo de mantener los principios de la sostenibilidad, porque estamos obligados a legar a las próximas generaciones un territorio en las mismas o mejores condiciones con las que nosotros lo recibimos. Roque Calero comienza su libro “Los cimientos de un mundo sostenible” con una cita de Unamuno que conviene tener presente: “Debemos pensar más en que somos más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado”. Se trata de poner en valor la hermosa herencia que nos dejaron nuestros padres y de que nuestros hijos no se avergüencen del legado que les vamos a dejar.

¿CARIDAD O JUSTICIA SOCIAL?

¿Cómo debemos afrontar la lucha contra la desigualdad? ¿Deben las administraciones públicas dejar las políticas sociales en manos de ongs y de empresas privadas? ¿Debe renunciar el Estado a garantizar la equidad y la igualdad y por tanto la justicia social?

La llamada crisis económica  ha castigado  duramente a los sectores más débiles de la sociedad pero  no ha provocado estallidos sociales. Y no ha sido precisamente porque los gobiernos (y las instituciones que realmente gobiernan el mundo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo) se pusieran de parte de los que menos tenían, de los que más lo necesitaban, de las víctimas de los despidos masivos, de los que se quedaron en la exclusión social, de los desahuciados de sus viviendas, de quienes sufrieron los recortes de los Servicios Sociales, de quienes perdieron derechos laborales y sociales. Al contrario, los gobiernos se pusieron al lado de los que habían provocado la crisis con las políticas ultraliberales con reformas laborales “extremadamente agresivas” (en boca del ministro De Guindos, el político de moda esta semana), con la desregulación del sistema financiero, con la promoción de paraísos fiscales y la privatización de la sanidad, la educación y otros pilares del Estado de Bienestar.

 

Frente a esos gobiernos que fueron débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, la sociedad reaccionó con una actitud solidaria. Los jubilados utilizaron parte de su pensión para pagar actividades extraescolares de los nietos o para apoyar a los hijos que se quedaron en paro. Las organizaciones sociales que sufrían los recortes de las subvenciones públicas veían que aumentaba el trabajo del voluntariado o la aportación de particulares.

En el último informe de la Fundación Foessa (Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) de Cáritas titulado “Expulsión Social y recuperación económica” se analiza la evolución del desempleo y la pobreza desde el año 2009 (cuando ya no se negaba la crisis). Sus autores llegan a la conclusión de que “la reducción de la pobreza en periodos de crecimiento no compensa el aumento de la misma en los periodos recesivos. Y es una cuestión de modelo social, no de crisis, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. Ese modelo, entre otros aspectos, continúa ignorando las consecuencias que ha generado tan largo periodo recesivo”.

Según ese  informe  la renta disponible por adulto en España se ha reducido entre 2009 y 2015 en un 10%: ha pasado de 17.042 a 15.408 euros. En el caso de Canarias durante el mismo tiempo la reducción ha sido menos (un 5,3%), pero la renta sigue estando bastante por debajo de la media estatal: 12.932 euros. Los datos también indican que Canarias,  aunque se ha reducido la desigualdad, sigue siendo una de las  comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo de las personas de referencia en el hogar. También nuestras islas encabezan el triste ranking de la tasa de hogares sin ingresos: un 5,3%, cuando la media estatal es del 3,8%. La evolución de los indicadores de desigualdad, pobreza,  exclusión social y desempleo sitúa a Canarias en el eje sur, junto a Andalucía, Extremadura y Murcia, donde la crisis económica ha tenido mayor impacto.

¿Cómo debemos afrontar la lucha contra la desigualdad? ¿Deben las administraciones públicas dejar las políticas sociales en manos de ongs y de empresas privadas? ¿Debe renunciar el Estado a garantizar la equidad y la igualdad y por tanto la justicia social? En un artículo titulado “Crowdfunding”, publicado en El País (3-9-16) el escritor Julio Llamazares concluía afirmando que “Alguien podrá decirme y no le faltará razón que hay personas que, de no ser con la ayuda de otras, nunca podrán llevar a cabo sus sueños. La cuestión es si la caridad del prójimo ha de sustituir al Estado, el responsable de poner los medios para que cualquiera con capacidad pueda desarrollar sus ideas, consiguiendo así el efecto perverso de que delegue cada vez más en la sociedad sus obligaciones, como ya sucede con las ONGs. La caridad está para llenar las grietas de la justicia, no los abismos de la injusticia, decía un personaje de Delibes, escritor poco sospechoso de antiliberal”.

El Papa Francisco anunció en abril del año pasado la celebración del Jubileo de la Misericordia (el año de la misericordia) con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II que concluirá el 20 de noviembre de 2016. En la carta apostólica en la que anunciaba esta celebración el líder de la iglesia católica señala que “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las  obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,…”.

Esa sensibilidad del Papa Francisco con los empobrecidos contrasta con la nula sensibilidad de algunos gobernantes españoles que exhiben su fe católica en solemnes actos del Vaticano y no dudan en acudir a  misas multitudinarias en Roma  o se atreven a dar medallas a la imagen de una virgen. Sin embargo, desde el consejo de Ministros aprueban brutales recortes de presupuestos sociales o promueven leyes que recortan los derechos de los trabajadores y decretan amnistías fiscales para los que se han enriquecido en estos años de crisis. Ejemplos tuvimos de sobra en la anterior legislatura: dar de comer al hambriento, acoger al forastero o asistir al enfermo es incompatible con fomentar la precarización laboral, disparar contra inmigrantes en la frontera  de Ceuta  o imponer el copago sanitario.

En su carta pastoral el Papa Francisco dice que “No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que le es debido.” Parece claro que el líder de los católicos se decanta por una iglesia militante contra la pobreza, solidaria con los empobrecidos, frente a otros sectores que desde la misma fe se sienten más cómodos con la iglesia complaciente con los poderosos y con los ricos que tradicionalmente han estado más preocupados por los aspectos morales conservadores que por la aplicación de la doctrina social de la Iglesia.

Llevamos un año escuchando al gobierno de Mariano Rajoy hablar de la recuperación económica. Los beneficios de la banca y el aumento de las fortunas de los millonarios confirman esa recuperación…de una minoría, claro. Si miramos al futuro ¿hay razones para tener esperanza de que se van a reducir las desigualdades, de que van a mejorar las condiciones de las personas más castigadas por la crisis? Algunos autores  como el economista francés Thomas Piketty (autor del conocido libro “El capital en el siglo XXI”) consideran que no hay razones para el optimismo y apuestan por un impuesto a las grandes fortunas. Dice Piketty en su libro más conocido que : “Hoy, en la segunda década del siglo XXI, las desigualdades de riqueza que supuestamente habían desaparecido, están cerca de recuperar o incluso superar sus máximos históricos.  La nueva economía mundial ha traído consigo dos inmensas esperanzas (tales como la erradicación de la pobreza) e igualmente inmensas desigualdades (algunas personas hoy son más ricas que países enteros).”

Son sin duda positivas las reacciones solidarias de la ciudadanía y también el mensaje de misericordia con los empobrecidos del Papa Francisco. Pero hace falta un cambio de rumbo de las políticas impuestas por Bruselas y Madrid; un cambio que ponga fin a la austeridad, que recupere los derechos laborales eliminados, que aplique políticas fiscales progresivas. Se trata de volver a apostar por el Estado de Bienestar que han querido desmantelar los ultraliberales que han disfrazado de “crisis económica” lo que ha sido un fracaso de sus doctrinas políticas y económicas.

 

LA REGENERACIÓN NO PUEDE ESPERAR

Curiosamente en las bases redactadas por el Ministerio de Economía con los requisitos para optar a representar a España en el Banco Mundial no se recogía el código ético que esta institución exige a sus empleados. Dice en su web el Banco Mundial que “Nuestra conducta debe estar inspirada por los estándares éticos más elevados»

A las 20:56, con nocturnidad y alevosía, justo dos minutos después de la votación que provocó el segundo fracaso de Mariano Rajoy en su intento de repetir como presidente del Gobierno, el Ministerio de Economía  hizo pública su decisión de proponer al exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria para directivo del Banco Mundial. Lo que el fin de semana se intentó  vestir como una “decisión técnica”, como un derecho fundamental de un funcionario, en realidad estuvo perfectamente cronometrado con la agenda política.

 

Los cuatro días que pasaron desde que se hizo público el nombramiento hasta que José Manuel Soria renunció al enchufe en el Banco Mundial fueron  jornadas de fabricación de mentiras, de contar las cosas a medias, de intentar deslegitimar las críticas de la oposición y de la ciudadanía acusándolos de “estar mal informados” y de convertir al beneficiado con un sueldo de más de 200.000 dólares  por un enchufe en víctima “de los medios de comunicación”, como llegó a decir en la radio un dirigente del Partido Popular de Canarias.

Aunque renunció el pasado martes (a petición del gobierno, según la versión del político canario), el caso Soria seguirá coleando y nos da una oportunidad para reflexionar sobre la mentira (escribí sobre ello la semana pasada) y la falta de ética como ADN del Partido Popular, la primera organización política imputada (ahora se dice investigada) en la actual etapa democrática española y procesada como persona jurídica por varios delitos, entre ellos el de encubrimiento de corruptos.

Tras el  nombramiento de José Manuel Soria como directivo del Banco Mundial los dirigentes del PP volvieron a activar su fábrica de mentiras. Después de que la oposición y algunos importantes altos cargos del PP cuestionasen la elección de Soria para representar a España en una de las instituciones económicas más importantes del mundo, el presidente en funciones Mariano Rajoy y el ministro de Economía, Luis de Guindos, declararon que Soria había ganado un concurso de méritos al que solo se podían presentar funcionarios y que negarle el puesto hubiese sido ilegal. Ambas cosas eran mentira: el digital El Confidencial publicó los requisitos para poder optar al puesto que habían regalado a Soria (unas bases que no aparecieron en el BOE ni en la web del ministerio de Economía, por lo que miles de economistas no tuvieron ni siquiera la oportunidad de presentar su currículum). En esas bases se valoraba ser funcionario, pero no era un requisito para poder presentarse. Tampoco era imprescindible ser Técnico Comercial y Economista del Estado (puesto, por cierto, en el que Soria solo tiene 5 años de ejercicio).  El propio Rajoy reconoció que Soria le había pedido ese puesto después de dimitir como ministro de Industria y Turismo por haber mentido y por tener empresas en paraísos fiscales. Aplazaron incluso la convocatoria para que el exministro pudiera actualizar y mejorar su curriculum…

Curiosamente en las bases redactadas por el Ministerio de Economía con los requisitos para optar a representar a España en el Banco Mundial no se recogía el código ético que esta institución exige a sus empleados. Dice en su web el Banco Mundial que “Nuestra conducta debe estar inspirada por los estándares éticos más elevados». Y habla de que los asuntos  financieros en los que participen sus empleados: «permanezcan más allá de cualquier reproche». Por eso insta a sus directivos y empleados a «revelar cualquier negocio personal o interés financiero que pueda reflejarse de forma negativa o causar vergüenza al Banco Mundial”. Nos llama la atención que el ministerio que dirige Luis de Guindos, no incluyera ningún punto relacionado con la ética en las bases para optar al Banco Mundial. No queremos pensar que esta omisión se hizo para facilitar el puesto a su amigo Soria. Este código ético nos parece positivo (al gobierno del PP le parecía prescindible). De todas formas, los dos se balancean en la hipocresía: me he referido en otras ocasiones al papel tan negativo que han jugado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en muchos países del Sur. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que fue Economista Jefe del Banco Mundial, denunció la imposición de políticas neoliberales por parte de esta institución  en los países empobrecidos en su libro “El malestar de la globalización”.

Como plantea Josep Ramoneda (Romper tabús. El País), “Un gobernante tiene que vivir muy alejado de la realidad para permitirse la alcaldada de premiar a un ministro que dimitió por una cuestión de mentiras y dineros con un cargo en el Banco Mundial, cuando la credibilidad de la política está bajo mínimos y la ciudadanía asiste perpleja a la perpetuación de la interinidad”.

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, señala que “si no tomamos nota de lo cara que es la falta de ética, en dinero y en dolor, el coste de la inmoralidad seguirá siendo imparable. Y, aunque suene a tópico, seguirán pagándolo los más débiles.” En su libro “¿Para qué  sirve la ética? (Paidos, 2013) Adela Cortina   considera que “lo que vale para las personas, vale también para las organizaciones y para los pueblos, que también unas y otros van tomando decisiones que les generan predisposiciones a actuar de un modo u otro. Por eso cuando organizaciones, las instituciones o los pueblos generan un mal carácter, malos hábitos y costumbres, pierden el señorío sobre su presente y su futuro y se convierten en seres reactivos. Reaccionan a los acontecimientos, y además tarde y mal, precisamente porque son los sucesos los que ganan la mano.” La reflexión de Cortina fue escrita hace tres años, pero la verdad es que parece que está analizando la reacción del PP en el proceso del enchufe y renuncia de José Manuel Soria en el Banco Mundial.

Nada que ver la reflexión de Adela Cortina con las declaraciones de los dirigentes del PP que defendieron a Soria los cuatro días de pesadilla. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,   declaró antes de la renuncia del político canario que “No hay ninguna acusación de corrupción ni nada por el estilo contra Soria”. Según la autora del despido  en diferido de  Bárcenas, tener dinero en  paraísos fiscales  no es algo que tenga que ver con la corrupción. Tampoco mentir es  malo.

José Manuel Soria no ha sido el primer enchufe de Luis de Guindos en el Banco Mundial. El Ministerio de Economía nombró en el año 2014 a Beatriz de Guindos, sobrina del actual ministro en funciones,  con un sueldo de 169.000 euros al año,  como directora ejecutiva suplente del Banco Mundial. Unos meses antes Beatriz de Guindos había dimitido del cargo de directora de la Competencia de la Comisión Nacional de Valores cuando los medios publicaron que era sobrina del ministro encargado de proponerla.

El catedrático de Ética José Luis Aranguren escribió en 1989 un artículo titulado “La crisis de la ética” en el que decía que “La consecuencia que del modo de conducirse, común a los políticos y a los no políticos, ha de extraerse, es la de una crisis de la ética como sistema de valores que rijan la vida, y, asimismo, crisis de la ética como “fuerza” moral en su sentido deportivo, baja moral o desmoralización.” Aranguren añadía en su texto que todos los ciudadanos y ciudadanas  padecemos del mismo mal. Y que en los políticos se ve más allá, es verdad, y que por la representatividad de que le hemos investido  es más grave también.

Ante este panorama vuelvo a plantear en como hice la semana pasada: ¿de verdad que no hay capacidad ni voluntad política, entre los partidos elegidos por la ciudadanía, para proponer una alternativa a un nuevo gobierno del PP? ¿Van a permitir que siga gobernando un partido que aplicó el rodillo de la mayoría absoluta y se negó, ninguneando al resto de los representantes de los ciudadanos, a realizar pactos por la educación, por el empleo, por las pensiones? ¿Van a posibilitar que vuelvan a gobernar los que nos llevaron a índices históricos de empobrecimiento y exclusión social, a récord de  desigualdad, a unos  vergonzosos datos de pobreza infantil? ¿De verdad que son más importantes los egos personales de algunos dirigentes y las peleas internas de los partidos que el mandato de la ciudadanía que está harta de tanta porquería?

El trabajo para regenerar la democracia no debe esperar a que se conozcan los resultados de las elecciones vascas y gallegas. Y, lo más importante, ese trabajo se hará mejor con el PP en la oposición. No hay tiempo para más dilaciones.

 

EL PP YA NO ES UNA OPCIÓN

No se les puede permitir que nos gobiernen desde las premisas de las mentiras, la corrupción y el mercadeo con las instituciones y los dineros públicos.

«Por un Gobierno de progreso. Por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos”. Justo en el momento en que se iniciaba el debate para la investidura de un nuevo presidente para el Gobierno de España, más de 700 personas del mundo de las artes, la política, la ciencia o el sindicalismo se acaban de sumar a la firma de este texto que  señala que, aunque el PP fue el partido más votado el pasado 26J, la mayoría de los españoles votaron por cambio y regeneración, de manera que PSOE, Unidos Podemos (incluyendo sus confluencias territoriales) y Ciudadanos sumaron 13,6 millones de votos, «casi el doble de los obtenidos por el PP», y 188 escaños. Entienden que no se debe desaprovechar la oportunidad de acometer los cambios que «la ciudadanía exige» y  no «permitir cuatro años más de un gobierno del PP que ha traído el empobrecimiento y el incremento de las desigualdades», así como «retroceso en importantes conquistas sociales», «pérdida de libertades» y «avance de la corrupción y degeneración de la democracia». Sostienen que «necesitamos otro gobierno que revierta los recortes, defienda la sanidad y la educación pública, los derechos laborales, la cultura, la ciencia y el medioambiente, que proteja a los autónomos, ayude a las pymes y cree empleo. Necesitamos otras políticas que acaben con la desigualdad, castiguen ejemplarmente la corrupción y pongan fin al deterioro democrático», y para ello, llaman a las tres formaciones «a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir un nuevo gobierno que ponga fin a los recortes, inicie un proceso de regeneración democrática y responda a las necesidades sociales más urgentes».


Una parte significada de la sociedad civil ha irrumpido con fuerza para defender una posibilidad absolutamente ninguneada por los medios de comunicación (que curiosa la coincidencia de las portadas del El País y El Mundo hablando del portazo del PSOE) y por las élites económicas para los que solo cabe la opción de un Gobierno de derechas para España.  Es verdad que el PP ha sido votado por ocho millones de personas, pero es radicalmente incierto que la opción de gobierno para el país tenga que pasar por Mariano Rajoy o su partido. Sin duda ha recibido el apoyo de hombres y mujeres que defienden opciones conservadoras porque ese es su referente ideológico irrenunciable; otros, ante el machaqueo mediático constante de la ruptura de unidad de España, habrán considerado que es el PP el que más nítidamente combate los nacionalismos; muchos habrán sentido miedo y pensado en aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer… y  que, al fin y al cabo, es la misma opción neoconservadora-neoliberal que gobierna en casi toda Europa…

Pero la manipulación económico-mediática brutal a la que se viene sometiendo a la ciudadanía en los últimos meses no me parece el hecho más grave. Lo que produce una profunda desazón es que una parte importante de la sociedad civil y de los lobbies de influencia obvien que la propuesta en la que tanto insisten se sostiene en la corrupción y la mentira.

Un sistema democrático sólido no puede aceptar impasiblemente que vuelva a gobernar un partido y un presidente que nos reiteró una y otra vez que los servicios públicos esenciales serían intocables, que no abarataría el despido y que jamás subiría los impuestos porque eso solo acarrearía paro y recesión. Y ya conocen ustedes todo lo que vino detrás: la reforma laboral, el abaratamiento del despido, el copago sanitario, los recortes en sanidad, educación y políticas sociales, las subidas del IVA y el IRPF, la amnistía fiscal, el paro, la pobreza, la exclusión social… Y no se cansa. En la última campaña electoral insistió una y otra vez en que no haría más recortes si volviera a gobernar al mismo tiempo que trasladaba a Juncker, el responsable de la Comisión Europea,  la petición de que le diera más plazo para no tomar decisiones que le costaran votos dado que “una vez que haya un nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas”.  En el debate de esta semana no se ha cortado un pelo, con la complicidad de CC, a la hora de volver a prometer el oro y el moro para Canarias, sin fichas financieras, apelando a lugares comunes, obviando el recordatorio de Pedro Quevedo de que ya en la anterior investidura había incumplido todos sus compromisos para este archipiélago. Y que después no cejó en sus políticas de ninguneo, de recortes, de vulneraciones de acuerdos, de imposiciones de propuestas dañinas como la de las prospecciones… Joaquín Estefanía (La paradoja del mentiroso) afirma que el grado de tolerancia con respecto a la mentira es un indicador barométrico de la calidad de la democracia, y cita a Paolo Flores D’ Arcais que asegura que la aniquilación de la verdad y la aniquilación de la democracia caminan al mismo ritmo, constituyen dos indicadores recíprocos y convergentes: las libertades públicas y las mentiras políticas circulan de forma inversamente proporcional.

Y esto es serio. Es muy serio. Pero no es lo más grave. En los últimos años el PP ha extendido la corrupción por las entrañas del poder. Ha contaminado gravemente la democracia. Ha sembrado de practicas corruptas toda la geografía del Estado: Andratx, Baltar, Acuamed, Bankia, Brugal, Bárcenas, Fabra, Barberá, Púnica, Gürtel. Hügel, Naseiro, Palma Arena, Taula, Faycan, Caso Eólico, Góndola… Pero no es solo eso: el PP es el primer partido político imputado en España en este periodo democrático. Y es también el primer partido procesado: por borrar las huellas que delataban su financiación ilegal, por ocultar su podredumbre interna.

Nadie pide perdón, nadie asume responsabilidades políticas y morales, nadie dimite. La corrupción y el fraude se han instalado en el cuerpo social y amenazan con arrastrar hasta el abismo y subvertir la esencia de la democracia y todo el mundo mira para otro lado y se nos intenta vender la idea de que los que han provocado esta situación son la única opción  de gobierno. Esta autoprotección de una casta y sus instrumentos de poder y de control de la economía, la política y la sociedad la explican muy bien dos economistas de renombre, Darron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” (Deusto Ediciones). Para los autores existen dos tipos de instituciones políticas: las inclusivas y las extractivas. Son estas últimas las que concentran el poder en manos de una élite reducida que termina controlando la mayoría de los recursos, y se adueña de la  economía  para reafirmar y consolidar su poder político. Las élites extractivas debilitan las instituciones,  marginan y excluyen a sectores sociales mayoritarios (está sucediendo aquí con las clases medias y los pobres) y concentran el poder político y económico en su propio beneficio, para perpetuarse y enriquecerse en detrimento de una inmensa mayoría. No podían describir mejor la situación que estamos viviendo. Una sociedad inclusiva les obligaría a repartir el poder, democratizar las instituciones, promover la participación ciudadana y perder privilegios. Y no están por la labor.

No se les puede permitir que nos gobiernen desde las premisas de las mentiras, la corrupción y el mercadeo con las instituciones y los dineros públicos. Así es imposible que un país pueda afrontar su futuro en paz, libertad y progreso.

Es tiempo entonces de renuncias a los tacticismos, a los miedos a contaminarse ante el compromiso y la acción política directa desde el gobierno de las instituciones. Los partidos políticos que pueden conformar una alternativa regeneracionista para España no pueden seguir obviando la necesidad de afrontar juntos esta responsabilidad como plantean los firmantes del manifiesto y más de trece millones de ciudadanos. Es tiempo entonces de compromisos con la ciudadanía, los derechos públicos y las libertades. Hay margen de maniobra para transformar la mayoría absoluta del no a Rajoy en una mayoría absoluta de fuerzas del cambio, que apoyen un programa de gobierno de reformas en beneficio de la mayoría. Pactar es ceder, se trata de asumir renuncias parciales a proyectos globales para hacer más general la defensa del interés de todos. Todavía estamos a tiempo.