El Cabildo de Gran Canaria no fue invitado a esa firma y como presidente lo agradezco porque realza nuestro compromiso por el cambio
El pasado día 5 de abril cinco cabildos insulares – en realidad eran seis, aunque el palmero se quiso salir de la foto, pero no de la propuesta- presentaron un manifiesto en defensa de la triple paridad, del injusto sistema de representación actualmente existente. El Cabildo de Gran Canaria no fue invitado a esa firma y como presidente lo agradezco porque realza nuestro compromiso por el cambio. En Gran Canaria no se soporta más una situación injusta que perjudica a cientos de miles de canarios por residir en algunas islas o por sentirse condenados a un sistema que perpetúa el Gobierno de unas siglas que no representan la voluntad mayoritaria. Estoy seguro de que no es problema exclusivo de Gran Canaria, afecta por igual a quienes queremos reglas justas para distribuir recursos, para orientar políticas sanitarias, educativas o de dependencia, para gestionar los medios públicos de comunicación. No estamos principalmente ante una reclamación territorial, sino afirmamos que con este sistema electoral se están imponiendo unas políticas conservadoras insularistas y clientelares frente a demandas más sociales y transformadoras.
No es fruto de la casualidad que no se invitara a ese acto al Cabildo de Gran Canaria. Es un paso más en esa política de aislamiento a un Cabildo, a una isla, a un gobierno insular progresista que ha defendido a ultranza que los recursos del extinto IGTE no se distribuyeran a través de la perversa fórmula de la triple paridad o que no se aprobara una Ley del Suelo en los términos diseñados por CC para liberalizar los usos del suelo rústico y protegido. Estamos en contra de todo esto y de los intentos de chantaje y extorsión de estos cabildos al Parlamento y a los parlamentarios de Canarias en distintas ocasiones. Cuando no se aceptan sus tesis se les presiona, se les ataca, se les llama traidores… Se ha convertido a la Fecai en muchas ocasiones en un instrumento para afianzar las políticas de ATI y CC, algo que siempre rechazaremos. Se hace incluso al margen de los órganos de representación de los cabildos. Algunos han hecho una política seguidista y lo que es más grave, sin importarle los intereses de los ciudadanos de sus isla con tal de mantener el chiringuito político insularista. Está concebido para eso en estos momentos. La defensa de la ciudadanía y los problemas de cada isla han quedado relegados a un segundo plano.
El sentimiento democrático de los canarios y las canarias reclaman una modificación urgente del sistema electoral para garantizar que el Parlamento y el Gobierno de Canarias representen las posiciones políticas de las mayorías y de las minorías. Treinta y cinco años después de constituir nuestro primer Parlamento, la situación de desequilibrio en la representación de la ciudadanía en función de la isla donde reside, no puede mantenerse ni un minuto más. La triple paridad, concebida oficialmente para favorecer los equilibrios insulares, se ha convertido en un elemento de distorsión insoportable de la regla de oro de la democracia, una mujer y un hombre un voto del mismo valor, residan donde residan. El malestar y el descrédito de nuestro sistema electoral en la mayoría de la población, nos obliga a los demócratas a reaccionar para evitar el rechazo creciente de la mayoría de los votantes. Las minorías tienen que ser respetadas, pero no a costa de invalidar las propuestas mayoritarias. Lo que nació como modelo para unir a Canarias, hoy nos divide por la utilización partidista de la triple paridad. No hace falta sino comprobar que CC se ha quedado sola defendiéndola. Con la ASG de Casimiro Curbelo, claro.
La actual conformación del Parlamento y del Gobierno de Canarias constituye una anomalía que distorsiona gravemente la voluntad popular. Esta situación se ha repetido durante la historia autonómica, especialmente después de la reforma electoral de 1996. Hoy, un diputado autonómico por Gran Canaria o Tenerife necesita 21.000 votos para alcanzar la representación. Por el contrario, para ser diputado en otras islas, bastan apenas 800 votos para conseguirlo. La paridad que nos exige la sociedad democrática es que todos los votos tengan el mismo valor.
En los últimos veinticuatro años el Gobierno Canario ha estado presidido siempre por Coalición Canaria, aunque en muchas ocasiones no haya tenido la mayoría de votos o la mayoría de escaños. Y esto ha ocurrido fundamentalmente como consecuencia de la ley electoral, aunque también por la incapacidad del resto de partidos para articular una saludable alternancia. Se ha convertido en norma que la Presidencia del Gobierno Canario no la ostente el partido más votado. Y lo que es más grave, la mayoría de gobierno tiene minoría de votos ciudadanos. La triple paridad es la menos paritaria de todas las fórmulas electorales. Hay paridad de factores que son profundamente injustos. Paridad de provincias, un artefacto administrativo. Paridad de capitales, resabio del siglo XIX. Paridad entre periféricas y centrales, consagrando una diferencia interesada. Paridad en todo, menos en la igualdad entre las personas. Creíamos que desde la declaración de los Derechos Humanos y la aprobación de las constituciones democráticas las personas constituirían el valor fundamental de la organización política. En Canarias estamos esperando.
El Cabildo de Gran Canaria tiene una posición institucional indiscutible y firme. Estamos en una lucha democrática que se parece mucho a las que hemos librado en nuestra historia por conseguir la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la defensa del desarrollo portuario o el equilibrio en las inversiones de los gobiernos canario o estatal. Sabemos que las exigencias justas terminan por alcanzarse y también que expresamos la opinión mayoritaria de la sociedad canaria. Gran Canaria no está sola, como no lo estuvo entonces. Es una exigencia de calidad democrática, yo diría de salud democrática. De profunda justicia. En la sociedad canaria hay una necesidad de cambio que se parece a la sustitución de un régimen. Las demandas de las personas paradas que no ven horizontes. El malestar de los jóvenes que necesitan oportunidades en nuestra tierra. El maltrato a las personas dependientes. La recuperación de una sanidad y una educación públicas de calidad. Una gestión digna de la radio televisión pública. Una acción transparente de la administración autonómica, son exigencias políticas que requieren nuevo impulso, nuevas mayorías.
Es el momento de que todos los partidos digan lo mismo en todas las islas y que las instituciones hablemos claro para desenmascarar a quienes tienen un doble lenguaje. Es hora de valores democráticos frente a emboscadas interesadas. Estoy seguro que la sociedad canaria de las siete islas lo demanda y lo recompensará. Estamos llegando al momento decisivo para lograr de una vez por todas la ansiada reforma de nuestro sistema electoral. Después de 35 años, en los que solo se modificó para agravar aún más las injustas y desproporcionadas barreras de acceso, en concreto en el año 96 y a través de una reforma del estatuto en el Congreso, justo lo que ahora CC crítica que hagamos otros. Ya ha finalizado la fase de comparecencias de expertos propuestos por los Grupos Parlamentarios, en la Comisión de estudio de reforma del sistema electoral creada en el Parlamento, nacida con bastantes dificultades porque Fernando Clavijo solo quería una mesa de trabajo. Solo fue posible por la insistencia de Nueva Canarias, junto a otros partidos políticos, de organizaciones cívicas como Demócratas por el Cambio, de la ciudadanía, e incluso de muchos medios de comunicación. Parece que, tras sucesivas prórrogas, definitivamente se acerca el momento de debate y aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, donde también de manera relevante, el sistema electoral canario puede abordar su transformación.
Es la hora de propuestas concretas. Ha quedado claro, tras la comparecencia de los expertos, la ineludible necesidad de la Reforma. Más del 80% de ellos han planteado esa necesidad a través de distintas fórmulas. Todos los partidos parlamentarios y extraparlamentarios, salvo CC, también lo demandan. El Pacto por la Democracia, promovido por Demócratas por el Cambio y muchísimas organizaciones sociales y políticas, lo reclama basándose en tres objetivos fundamentales: rebajar los topes, mejorar la proporcionalidad y que esté en vigor en 2019. Caben muchas posibilidades para el consenso. NC habla de una única barrera insular de acceso del 5% insular sin tope regional y de un incremento de diputados, hasta 75, distribuídos por asignación directa. Este incremento se distribuye por asignación directa: 1 a Fuerteventura, para corregir la circunstancia de que una isla con menos población como La Palma tenga más diputados (8) que otra con población superior, Fuerteventura, que tiene 7. Y los otros 14, directamente asignados a las dos islas (Gran Canaria y Tenerife) donde está identificada la brutal desproporción poblacional, dando 7 escaños adicionales a cada una. No olvidemos que en este momento Tenerife y Gran Canaria suman 1.735.000 habitantes y tiene 30 representantes y el resto de las 5 islas, con un población 360.000 otros 30. Pero, en fin, es una propuesta y caben otras muchas. Desde el diálogo y el consenso, sin duda, pero desde la firmeza y la justicia.
La foto de los presidentes de Cabildos firmando la continuidad de un sistema electoral perverso es la foto del pasado, es la defensa de unos intereses de partido frente a una exigencia mayoritaria y progresista de la sociedad canaria. El Cabildo de Gran Canaria quiere estar con el nuevo tiempo que necesariamente tiene que abrirse. Quiere estar junto a todos los grancanarios que sintiéndose hermanos de los herreños, de los gomeros, de los majoreros, de los conejeros, de los palmeros, de los tinerfeños, comparten una nueva sociedad, en una Canarias solidaria por equilibrada. Gran Canaria ha liderado siempre el progreso para todos, a condición de rechazar las hegemonías de unos canarios sobre otros. En esas seguimos.
