Portada Antonio Morales


Otra bofetada al gas

En octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió negar la autorización a Enagás, a través de su sociedad Gascan, para poner en marcha las obras de la regasificadora de Granadilla, en Tenerife. La CNMC indicaba entonces en su informe que «no se considera conveniente tomar, en estos momentos, la decisión de autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla (Tenerife), hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso de la planta, y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias». El informe de la CNMC sostenía –aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que produciría la gasificadora y, por otro,  que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta.

Por las mismas fechas, Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, publicaba en El Periódico de la Energía, un artículo absolutamente esclarecedor. Se oponía, coincidiendo con la CNMC, a la central de Granadilla básicamente con los mismos argumentos.  En “En esta piedra, ya tropezamos”-así se titula su artículo- Juan Vila empieza haciéndose dos preguntas: “Primera cuestión: ¿Para quién se construyeron en España, en la última década, tres centrales de descarga de GNL (Gas Natural Licuado)? Respuesta: para las más de sesenta centrales de ciclo combinado también recientemente construidas para producir electricidad y, dicho sea de paso pero no menos cierto, para satisfacer “la vanidad” de algunas autonomías afanadas por contar “con todo de todo” en su territorio. Fue el pernicioso fenómeno del “yo también quiero una”… Segunda cuestión: ¿Y quién paga la amortización, mantenimiento y operación de estas plantas? Pues bien, debido a la crisis y al aumento desbocado de las renovables, hoy la mayoría de estas centrales no funcionan o funcionan muy poco. La producción de electricidad a partir de gas representa únicamente el 20 % del consumo de gas, mientras que la previsión contemplada en su momento era del doble -ya alcanzado en 2008-, o incluso del triple. Así es que quien paga todo esto no son los ciclos para los que se construyeron estas instalaciones. Estas infraestructuras las pagan en primer lugar los que no las necesitaban en absoluto, o sea la industria, cuyo consumo de gas supone el 60% del total del país. Tenemos seis centrales de Gas Natural Licuado cuando con dos o tres estaríamos sobradamente bien servidos hasta el año 2030. (…) Tanto técnicos como políticos cometieron el error de planear este asunto erróneamente. Decidieron construir muy por encima de las necesidades del país lo que está costando a la industria miles de millones de euros en costes y la subsiguientemente pérdida de competitividad. Decisión errónea de nefastas consecuencias para la industria. Quienes la tomaron, se han quedado tan anchos. La factura la pagan otros.”

El Gobierno Canario salió al paso inmediatamente, y justificando el despropósito, con afirmaciones cuando menos singulares: aseguraron entonces que el informe de la CNMC era pecata minuta, que se  harían  meras correcciones a los documentos presentados y que las aportarían de inmediato. Como si no hubiesen tenido tiempo durante los 20 años transcurridos desde la presentación del proyecto de penetración del gas en Canarias. Y sabían que no estaban diciendo la verdad. No puede haber documento que lo justifique porque producir energía con gas en nuestro archipiélago nos cuesta unos 190 euros el MW/h mientras con las renovables es de unos 80 euros el MW/h y no puede haber un compromiso de compra del gas producido porque sería de tontos comprometerse a comprar el gas de por vida cuando cada vez es más barata y mayor la producción de renovables. Gas Natural lo  vio más claro y retiró los fondos destinados a comenzar las obras.

Un año justo después y “tras las correcciones presentadas de inmediato”, la CNMC ha vuelto a dar una bofetada  al intento de implantar el gas en Canarias. El órgano regulador ha insistido una vez más en que es insostenible económicamente implantar el gas en esta tierra. Vuelve a repetir que genera más costes que ingresos, que no tiene clientes asegurados, que el sobrecoste lo terminaríamos pagando todos…

Es lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años. Es lo que venimos afirmando los que apostamos por otro modelo energético. Pero el gobierno se mantiene en sus trece. Insisten en el gas como elemento de transición aunque después tengamos que cubrir entre todos los costes del despropósito. Como está pasando en el sistema peninsular: Gas Natural ha presentado una demanda contra el Estado español en la Audiencia Nacional reclamando nada más y nada menos que  400 millones de euros por responsabilidad patrimonial a causa, dicen,  del impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la paralización de sus centrales térmicas de gas desde el año 2009 debido a que se sobreincentivó a las renovables. Es algo parecido a lo que hizo Iberdrola cuando se le impidió que cerrara la planta de Arcos de la Frontera que pidió entonces una indemnización de 900 millones. O lo que ha sucedido con Castor, el cementerio de gas de Castellón, que fue paralizado al provocar 500 seísmos y por el que estamos pagando a Florentino Pérez 1.700 millones de euros. O lo que está sucediendo con las autopistas de peaje. Y es que los beneficios son para unos pocos, mientras que las pérdidas se socializan.

Corporate Europe Observatory es un ente que viene denunciando desde hace muchos años las prácticas ligadas a los trust político-económicos para imponer el gas. Según este observatorio, el lobby del gas europeo cuenta con más de 1.000 grupos de presión en sus nóminas y han empleado para obtener sus fines más de 100 millones de euros solo el año pasado. Afirman que algunos de los que más gastan son Shell o ExxonMobil. Tiene que ver eso exactamente con los continuos mensajes del gas como elemento de transición a las renovables (¿les suena?), el gas como combustible más limpio o el gas más barato que el fuel… cuando según la modelización de la propia UE, Europa ya tiene suficiente capacidad para cubrir la demanda de gas hasta 2040 sin construir nuevas infraestructuras.

Lo he repetido mil veces y lo vuelvo a repetir: las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72%. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,… ). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10% de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas. Y mientras se están pidiendo al Estado más de 1.400 millones de indemnización por el cierre de plantas… La gran burbuja del gas se inicia en la época de Felipe González y avanza a piñón fijo durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy. Las inversiones y las plantas e infraestructuras construidas o por instalar en España son tres veces superiores a las necesarias y España tiene en estos momentos una tercera parte de la capacidad de regasificación de toda Europa.

Miren lo que está pasando estos días con la rebelión del sector energético ante los planes de transición energética que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho públicos días atrás. Le insisten en que los pasos a dar sean “inteligentes, graduales y sin ansiedad”. Es decir: déjese ir, cristiano, que nos puede hacer un descosido, que primero el negocio y después el interés de la ciudadanía y el planeta. Como apuntaba Jesús Mota en El País el pasado 17 de noviembre: “mientras toda España asimila el severo impacto de las condiciones de transición energética-el mercado de los motores de combustión debe esfumarse en 32 años y el 100% de la electricidad debe ser renovable en 2050-, el mercado mayorista de electricidad sigue triturando los recibos de luz de los ciudadanos. Con viento o sin viento, con lluvia o en régimen de secano, a pleno sol o entre tenebrosos nublados, con impuestos o sin ellos, el precio de la electricidad en el mercado sube de forma persistente…”

Insisto, lo he escrito otras veces. Tenemos que hacer posible otra política energética. Tenemos que obligar a que se implante un nuevo modelo energético. En Canarias es factible y necesario. Solo hay que ponerse. Haciendo lo que nos corresponde y exigiéndolo a los gobiernos de turno. De la mano de la ciudadanía, como con el petróleo. Porque dependemos en un 92% del exterior y de lugares inseguros, porque tenemos recursos naturales suficientes, porque nos sale muchísimo más barato producir energía con renovables que con fósiles, porque nos amenaza el cambio climático… Y no es tan difícil. Solo hay que aplicarse a trabajar -con firmeza, sin circunloquios y sin condicionantes externos- por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo en los comercios, industrias y hogares,  por despejar todos los obstáculos que atenazan a la energía eólica, por implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por forjar un mix de biomasa endógena, aerotermia, energía mareomotriz…, por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde fuera necesario, por establecer industrias, por fomentar la I+D+i, por crear  miles de empleos verdes alrededor de las energías limpias… Ese y no otro es el camino a transitar.

GRAN CANARIA SE MUEVE POR EL CLIMA

El cambio climático es reconocido hoy por la comunidad internacional como la mayor amenaza para el ser humano en el presente siglo XXI. El año 2015 fue declarado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el  más cálido de la historia desde que comenzaron a registrarse datos de temperatura en la era pre-industrial (1880), pero este récord fue superado en 2016 y en 2017. Los huracanes y ciclones, inundaciones y lluvias torrenciales, sequías y olas de calor, son fenómenos que cada año se intensifican en todo el planeta de forma exponencial en su virulencia y frecuencia, afectando a zonas que antes no experimentaban estos impactos. El Atlántico Este no es ajeno a esta situación: entre 2016 y 2017, 3 huracanes (Gastón, Alex y Ophelia) han atravesado el área este del Atlántico muy cerca de Canarias y sobre Azores para terminar en Nueva York, Irlanda o Canadá. En Canarias no estamos a salvo de esta situación que pone en riesgo la supervivencia y que se empieza a hacer palpable en el desvío de los alisios, el aumento del nivel del mar, el incremento de los periodos de  sequías y precipitaciones intensas, en el calentamiento y acidificación del océano…

Preocupado por esta realidad el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a actuar para atajar y hacer frente a las consecuencias del cambio del clima en la Isla. Así, en junio de 2016, inició los trabajos para la elaboración de una Estrategia de Cambio Climático para Gran Canaria, coordinada por el experto Ezequiel Navío. El documento de partida fue presentado al Cabildo en febrero de 2017 y en la actualidad ha sido y está siendo revisado por colectivos, científicos, administraciones locales, consejerías del Cabildo y otros agentes sociales para disponer de una hoja de ruta definitiva a principios de 2018. La Estrategia describe acciones primarias y transversales en materia de adaptación y mitigación hasta 2030 y se concibe para ser participada al máximo nivel por la sociedad isleña y sus instituciones públicas.

Ese mismo mes se constituyó el Grupo de Acción Climática insular y desde entonces ha ido aumentando su nivel de participación efectiva dentro de la estrategia. En la actualidad colaboran en él científicos independientes, dos universidades, el ITC, el Centro Unesco Gran Canaria, AUVE, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Muévete por el Clima, WWF, SEO/Birdlife, Greenpeace, ayuntamientos, sindicatos, etc. Se trata de que la sociedad civil pueda trabajar y aportar sus criterios en la definición y desarrollo de las acciones de cambio climático.

Y lo mismo sucede con el Pacto de los Alcaldes. El Consejo Insular de la Energía ha sido reconocido por la Unión Europea como ente Coordinador del Pacto de los Alcaldes en Gran Canaria que tiene como objetivo la reducción de las emisiones GEI en un 40% para 2030 y mejorar la adaptación frente al cambio climático desde la eficiencia y el ahorro. En estos momentos se están elaborando dos documentos para el Pacto de los Alcaldes: una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades frente al Cambio Climático apoyada por la Fundación Biodiversidad y un Inventario de Referencia de Emisiones GEI para la isla y cada uno de los ayuntamientos. Ya se ha firmado un convenio con los 10 primeros ayuntamientos adheridos al Pacto para elaborar los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. La intención es que se sumen los 21 municipios que dispondrán de un especialista (se crearán 21 puestos de trabajo para jóvenes que han acabado de terminar sus estudios) para diseñar los planes de acción.

También desde julio de 2016 se ha impulsado el proyecto del Observatorio Climático para la Macaronesia  para la próxima convocatoria de INTERREG MAC, denominado MAC CLIMA. El objeto es armar una estructura científica que evalúe con precisión y día a día el aumento de la temperatura global en el ámbito oceanográfico y meteorológico de esta área (Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Azores, Madeira y Canarias) para evaluar impactos y promover medidas de adaptación. En este proyecto colaboran AEMET, la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, otras agencias de meteorología de la región, el IOCAG de la ULPGC, universidades de Canarias,  los gobiernos de los países involucrados y otros estados.

En esa misma línea se ha pergeñado un convenio con AEMET para ahondar en los sistemas de alerta, prevención y respuesta en Gran Canaria frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA). Desde el inicio de la redacción de la Estrategia en 2016 entendimos que era necesario priorizar el seguimiento de los riesgos climáticos y, al margen de las numerosas acciones que deben contemplarse en este marco en el futuro, se inició un proceso junto a la presidencia de AEMET para disponer de un convenio que ahonde en los riesgos meteorológicos y climáticos para la Isla. Tras cuatro revisiones efectuadas entre las dos Administraciones, el convenio estará culminado en enero de 2018 para ser firmado y activado.

En estos últimos meses el Cabildo ha participado con  aportaciones a la consulta efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente en torno a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ha estado presente en las dos últimas Cumbres de Naciones Unidas para reforzar las iniciativas internacionales en curso y para impulsar la cohesión entre territorios insulares de todo el planeta, entre otras acciones. Igualmente, para 2018 el Cabildo de Gran Canaria y el Centro UNESCO Gran Canaria promueven la celebración de un congreso internacional sobre islas y archipiélago frente al cambio climático, para actualizar e impulsar medidas comunes de adaptación y definición de políticas conjuntas de cara a los convenios y cumbres internacionales.

Y además, planteamos una apuesta decidida por el desarrollo sostenible en la Isla mediante propuestas concretas y ambiciosas para la consecución de los objetivos y la financiación que tienen que ver con proyectos como el Aquagran, incluido en programa de Isla Inteligente encaminado a la eficiencia y el ahorro energéticos en la producción de agua o el Renovagua que con una inversión de 18 millones de euros, pretende implantar las renovables en las desaladoras y depuradoras públicas de esta isla… además de las inversiones en energía solar, fotovoltaica o geotérmica, el paisaje, la reforestación de nuestros montes, el turismo sostenible, las economías azul o circular… En definitiva, el proyecto de ECOISLA que defendemos.

Hace unas semanas se presentó también en sociedad, en el Gabinete Literario, el Centro Documental del Cambio Climático del Centro Unesco Gran Canaria. Nace con el liderazgo del Centro Unesco Gran Canaria y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la colaboración de la Cátedra UNESCO de Informática y Tecnologías de la Información de la ULPGC y la participación de reconocidos expertos, en varios campos científicos, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el ITC. El objetivo del proyecto es hacer acopio de la información existente y de la que se genera continuamente sobre medioambiente y cambio climático, para agruparla, ordenarla y ponerla a disposición de ciudadanos y entidades con coherencia, rigor, fiabilidad y trasparencia, en una verdadera labor de “curación de contenidos”, tan necesaria en esta época de la sociedad de la información y del conocimiento.

La Isla será centro neurálgico de actuación, pero el área de influencia del fondo se ampliará al resto del archipiélago, a la costa africana y a la Macaronesia hasta abarcar una visión holística e integrada globalmente de estos ecosistemas tan sensibles y vulnerables. El eje de la búsqueda será Gran Canaria y Canarias, pero sin olvidar la referencia global. El objetivo de los expertos convocados por UNESCO Gran Canaria (entre otros, Francisco Rubio Royo, Guillermo Morales Matos, David Bramwell, Juan Francisco Rodríguez, Antonio Ortegón y Jaime Sadhwani) es hacer accesible la información tanto al Cabildo de Gran Canaria, que patrocina esta línea de trabajos, como a la  ciudadanía en general (comunidad científica, estudiantes de secundaria y escolares) y a cualquier otra entidad interesada en materias como biodiversidad, medio marino y costero, agua, energía o territorio. Dispone de una web que estará dotada de una extensa bibliografía en distintos idiomas; monografías, artículos en libros, revistas especializadas, enlaces a vídeos informativos de la NASA, el National Geographic, el Smithsonian, TVE, BBC, NBC, entre otras fuentes, así como fotografías de satélite y locales, en las que se apreciarán simulaciones de las consecuencias inmediatas del cambio climático.

El cambio climático es una dramática realidad y la mayoría de las grandes potencias miran para otro lado. Gran Canaria no. Sus repercusiones en nuestro hábitat requiere que las administraciones públicas, las industrias, empresas y sectores productivos, las entidades científicas, las organizaciones no gubernamentales, colectivos sociales y  la ciudadanía en general trabajen de forma cohesionada y urgente para hacer frente a esta amenaza con todo el conocimiento y los recursos posibles. En esa línea se está avanzando.

LA IRRESPONSABLE PERRETA DEL GAS

En Canarias a este Gobierno y seguidores les encanta remar contracorriente. Predicar una cosa y hacer otra.

Hace unas semanas, el Banco Mundial anunció, en la Cumbre del Clima en París, que dejará de financiar la exploración y extracción de petróleo y gas después de 2019. Comunicó, además, que está «en el camino de cumplir su objetivo de que el 28 % de sus préstamos para 2020 se destinen a la acción climática». A partir de fines de 2018, el Grupo del Banco Mundial informará anualmente además sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de los proyectos de inversión que financia en sectores clave, como el energético. Ha sido un mensaje contundente a aquellas instituciones y estados que siguen subvencionando los combustibles que producen gases de efecto invernadero mientras proclaman, al tiempo, la necesidad de implantar las renovables. ¿No les suena acaso a lo que está sucediendo en Canarias y en toda España?

La Unión de Bancos Suizos ha elaborado un informe en el que asegura que la época de las grandes centrales de generación ha llegado a su fin y anima a sus clientes a “unirse a la revolución de las renovables”. Y habla de generar energía en los hogares y en las pymes… Morgan Stanley acaba de aportar un informe en el que dice que las renovables se van a convertir en 2020 en las energías más baratas del mundo. Seb Henbest, autor principal del informe Bloomberg New Energy Finance, ha declarado recientemente que duda que el gas pueda jugar el papel de energía de transición ya que “las energías eólica y solar se están volviendo demasiado baratas demasiado rápido”. El consejero delegado y director general de la energética italiana Enel, Francesco Starace, ha afirmado que el grupo prevé cerrar todas sus instalaciones termoeléctricas en menos de 20 años, en torno a 2035. Starace reconoce que el objetivo de cerrar el parque termoeléctrico del grupo responde a motivos medioambientales pero también económicos: «Está empezando a ser más conveniente construir nuevas instalaciones que utilicen energías renovables que mantener en activo plantas termoeléctricas cuya inversión ya ha sido amortizada».

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que no es sospechosa de ser  ecologista precisamente, como ninguno de que los que he citado anteriormente, ha declarado recientemente que hay que aplicar “gravámenes similares al carbón, al gas natural y a otros productos derivados del petróleo”. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la seguridad del suministro establece que «la Comisión ha sobreestimado persistentemente la demanda de gas (…), y necesita restaurar la credibilidad de las previsiones que realiza#. Podría seguir citando ejemplos de cómo el sistema financiero mundial ha entendido perfectamente la demanda de la sociedad, del planeta y las demandas de negocio de futuro y la lista se haría amplísima…

Es lo que nos dicen también insistentemente  los informes científicos. El más reciente es el realizado por el prestigioso  Tyndall Center For Climate Research inglés y la  Universidad de Teesside que sostienen que Europa necesita abandonar urgentemente el uso del gas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles acordados internacionalmente. Y demuestran que, de continuar con el ritmo actual de quema de gas y otros combustibles fósiles, los Estados miembros superarán el límite correspondiente de emisiones de CO2 fijado para no superar los 2°C en tan solo nueve años. Advierten que Europa “solo puede permitirse 9 años más de combustibles fósiles y que necesita transitar hacia un sistema energético libre de combustibles fósiles, incluido el gas, que deben dejar de tener un papel sustancial en un sistema energético compatible con los 2°C antes de 2035”. Debido a los altos niveles de emisiones de CO2 y metano a lo largo del ciclo de vida del gas, los autores concluyen categóricamente que «es imposible poner el punto de mira en reservas adiciones de combustibles fósiles»; «es imperativo un plan urgente para eliminar la quema del gas natural existente y el uso de otros combustibles fósiles en toda la UE».

Y no cabe la menor duda de que la ciudadanía, las instituciones locales y muchos países también son conscientes de ello. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha publicado un plan para deshacerse de la cocina de gas y la calefacción central. El año que viene, el objetivo es eliminar 10.000 viviendas de la red de gas, dijo el concejal de la ciudad Abdeluheb Choho. Además, ya se están construyendo dos nuevas zonas residenciales sin enlaces a la red de gas. La ciudad tiene planes para construir 50.000 nuevos hogares en los próximos 10 años y ninguno tendrá calefacción de gas o instalaciones de cocina de gas.

Noruega dejará de utilizar gas para calefacción en sus ciudades a partir de 2020. Se trata del primer país que llevará a cabo esta prohibición en todo el mundo. Con esta medida, el país nórdico piensa dejar de emitir 340.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero.

Pero en Canarias a este Gobierno y seguidores les encanta remar contracorriente. Predicar una cosa y hacer otra, como señaló el Banco Mundial. Y nos quieren meter con calzador el gas. Nos quieren introducir el gas natural licuado y las regasificadoras a cualquier precio. Y el aire propanado como paso previo para establecer una infraestructura gasística. 

Y eso a pesar de que a mediados de mayo  pasado, la Comisión Europea y 14 países miembros de la Unión Europea firmaron en La Valetta, Malta, una declaración oficial de apoyo a las energías renovables en las 2.700 islas de la comunidad europea. En el manifiesto “Energía Limpia para las Islas” hacen especial hincapié en señalar que su singular situación geográfica las hace idóneas para soluciones innovadoras y atractivas para la producción de energía endógena, respetuosa con el medio y sostenible; que reúnen las mejores condiciones para ser arquitectas de su propia transición energética; que la insularidad las hace casi absolutamente dependiente de los combustibles fósiles; que el turismo, clave para muchas de sus economías, ejerce por su fuerte demanda de energía, una presión sobre los recursos naturales y sus infraestructuras; que hay que tener muy en cuenta su vulnerabilidad frente al cambio climático… Y declaran la determinación conjunta de promover y apoyar más las transiciones de energía limpia a medida para las islas y actuar sobre el terreno para aunar esfuerzos públicos y privados y esforzarse  para acelerar la transición a la energía limpia.

Y a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido en un informe que «no es conveniente» autorizar la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL) en el Puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife. El documento señala también que, de momento, no hay garantías de uso de la regasificadora y tampoco hay estudios que garanticen su sostenibilidad económica. Y coincide exactamente con los planteamientos de la asociación GasINDUSTRIAL  que nos dice, en referencia a la regasificadora de Granadilla, que no se debe tropezar en la misma piedra y  antes de volver a cometer un error garrafal, debe tenerse en cuenta la previsión de consumo de gas para Canarias teniendo en cuenta el incremento de renovables en el horizonte y el futuro aumento de la eficiencia en todos los procesos de consumo de gas y electricidad y que solo debería construirse la planta si existiera justificación de negocio…

Lo dejaron muy claro también recientemente los exministros del PSOE y el PP, Sebastián y Margallo en una visita a Gran Canaria señalando que  «no tiene sentido pensar en el gas cuando podemos optar por energías autóctonas» y que “Canarias está en una «posición ideal» para explorar las renovables antes que el gas, una de las prioridades de la UE para la regiones ultraperiféricas.

Y en esa línea, a contracorriente e irresponsablemente,  dando pasos hacia atrás, aparece un proyecto para las islas de introducción del gas ciudad. Abrir calles, aceras y edificios para que volvamos a las cocinillas de gas y al peligro (no se olviden del accidente del Hotel Cordial). Con un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 160 millones de euros, sin ningún estudio de mercado, sin clientes que lo demanden (en España el 79 % de la población vive en municipios con gas natural, pero curiosamente solo el 30 % tiene contratado el gas)… Redexis, esta es solo una de las operadoras, con la complicidad del Gobierno de CC, pretende así llevar el gas a 425.000 viviendas de Canarias trasladándonos al siglo pasado y vendiendo falsamente ahorro, menos contaminación, empleo, impulso a las empresas, ayuda a la penetración de las renovables… Y además no cumple con el PIO, no cuenta con el visto bueno de la mayoría de los municipios, ni de muchos empresarios…

Ese no es el camino. Lo vuelvo a repetir. Para Canarias la alternativa está en la eficiencia, el ahorro, la generación distribuida, el autoconsumo, las centrales hidroeólicas, las plantas solares, los parques eólicos en tierra y en el mar, la geotermia, la aerotermia, la energía marina, la biomasa endógena, la movilidad eléctrica, el tratamiento limpio de los residuos, la arquitectura bioclimática, la reforestación, la creación de industrias renovables, la formación de los jóvenes para hacer frente a un nuevo modelo energético… Insisto una vez más: todo eso, menos el gas.

¿QUIÉN VA A PAGAR EL CAPRICHO DEL GAS?

El informe de la CNMC sostiene -aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que producirá la gasificadora y, por otro,  que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta.

El pasado 13 de octubre conocimos en Canarias que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia había decidido negar la autorización a Enagás, a través de su sociedad Gascan, para poner en marcha las obras de la regasificadora de Granadilla, en las Islas Canarias. La CNMC nos decía en su informe que «no se considera conveniente tomar, en estos momentos, la decisión de autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla (Tenerife), hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso de la planta, y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias».  El consejo de la CNMC considera necesario realizar una actualización del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características de dicho mercado y la viabilidad económica de las inversiones a realizar. Dado el tiempo transcurrido, es posible, en opinión del supervisor «que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector energético en general». El informe de la CNMC sostiene -aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que producirá la gasificadora y, por otro,  que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta.

En aquellos días escribí un artículo sobre este tema (Un gas inviable) en el que preguntaba quién iba a pagar el empecinamiento del gas y relataba como el Gobierno había salido al paso defendiendo el despropósito de este combustible fósil con afirmaciones que pretendían minusvalorar o cuestionar el informe del órgano regulador. Se trataba -según ellos-  de meras correcciones a los documentos presentados que se aportarán de inmediato. Y no paran. Y un día tras otro insisten en la matraquilla del gas.

Pero el informe de la CNMC no es un hecho aislado. Sus tesis las defiende hasta el propio sector del gas. GasINDUSTRIAL es una asociación que en su web afirma que su objetivo fundamental se centra en la importancia del “factor gas” para la competitividad, como componente determinante en los costes industriales y en ser representante e interlocutor de referencia de los intereses de los consumidores industriales de gas para lograr un gas industrial competitivo. Su fin -afirman- es conseguir y mantener un precio de gas competitivo para la industria mediante el  desarrollo de los mercados, una infraestructura adecuada y peajes eficientes, que darán lugar a precio y condiciones de suministro de gas similares a las de sus homólogos europeos.

Pues bien, Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, publicó  el pasado 27 de octubre en El Periódico de la Energía, un artículo absolutamente esclarecedor y, curiosamente, coincidente en buena parte con lo que yo escribí en mis dos últimos artículos sobre el intento de endilgarnos sí o sí el gas en Canarias. En “En esta piedra, ya tropezamos”-así se titula su artículo- Juan Vila empieza haciéndose dos preguntas: “Primera cuestión: ¿Para quién se construyeron en España, en la última década, tres centrales de descarga de GNL (Gas Natural Licuado)? Respuesta: para las más de sesenta centrales de ciclo combinado también recientemente construidas para producir electricidad y, dicho sea de paso pero no menos cierto, para satisfacer “la vanidad” de algunas autonomías afanadas por contar “con todo de todo” en su territorio. Fue el pernicioso fenómeno del “yo también quiero una”… Segunda cuestión: ¿Y quién paga la amortización, mantenimiento y operación de estas plantas? Pues bien, debido a la crisis y al aumento desbocado de las renovables, hoy la mayoría de estas centrales no funcionan o funcionan muy poco. La producción de electricidad a partir de gas representa únicamente el 20% del consumo de gas, mientras que la previsión contemplada en su momento era del doble -ya alcanzado en 2008-, o incluso del triple. Así es que quien paga todo esto no son los ciclos para los que se construyeron estas instalaciones. Estas infraestructuras las pagan en primer lugar los que no las necesitaban en absoluto, o sea la industria, cuyo consumo de gas supone el 60% del total del país. Tenemos seis centrales de Gas Natural Licuado cuando con dos o tres estaríamos sobradamente bien servidos hasta el año 2030.(…) Tanto técnicos como políticos cometieron el error de planear este asunto erróneamente. Decidieron construir muy por encima de las necesidades del país lo que está costando a la industria miles de millones de euros en costes y la subsiguientemente pérdida de competitividad. Decisión errónea de nefastas consecuencias para la industria. Quienes la tomaron, se han quedado tan anchos. La factura la pagan otros.”

Y continúa el presidente  de GasINDUSTRIAL: “Todo este largo preámbulo, necesario, créanme, viene a cuento por el hecho de que Canarias quiere ahora instalar su propia planta de Gas Natural Licuado para poder descargar y regasificar GNL para la producción de electricidad. El presupuesto de la planta de Granadilla, en Tenerife, es ahora de 192 millones de euros, aunque hay presupuestos de hace años que calculaban su coste en 2008 en hasta 345 millones. Como soy un desconfiado irredento, me inclino a pensar que la factura será mayor cuando la planta esté finalizada en función de muchas y variadas causas que, seguro, se justificarán sobradamente. Además, la responsabilidad de posibles errores de presupuesto será automáticamente trasladada, no a los que los cometieron, sino a los sufridos pagadores del sistema gasista. GasINDUSTRIAL defiende el consumo de gas competitivo para la industria. El gas es un combustible absolutamente necesario para completar los vacíos de producción cuando no hace sol o no hay viento. Estamos de acuerdo en que una planta se construya siempre que haya consumo suficiente y si el sistema eléctrico o el presupuesto del Estado se hiciera cargo del coste de la inversión y de la operación.”

Y sigue diciendo en su artículo Juan Vila: “En este país nunca más puede volver a ocurrir que los costes de las infraestructuras gasistas para producir electricidad sean costeados por la industria como ha ocurrido en el pasado y como ocurre ahora. Ya es hora de que cada palo aguante su vela. No podemos tropezar en la misma piedra. Por tanto y en referencia al proyecto de la central de Granadilla, antes de volver a cometer un error garrafal, deben tenerse en cuenta cuatro premisas. La primera que debe volver a rehacerse la previsión de consumo de gas para Canarias teniendo en cuenta el incremento de renovables en el horizonte y el futuro aumento de la eficiencia en todos los procesos de consumo de gas y electricidad. La segunda, que solo debería construirse la planta si existiera justificación de negocio y siempre en el formato hoy más económico del mercado. En tercer lugar, en el caso de aprobación de este proyecto por otras razones que no sean las de estricta rentabilidad, los costes de la infraestructura y de la operación deberían pasarse a los presupuestos generales del Estado. O bien los costes de la posible instalación y operación deben ser pasados, no al sistema gasista, sino al eléctrico. Y cuarto, los costes no deben ser pagados por el sistema gasista porque al consumidor industrial no le quedan espaldas para cargar con más de lo que ya, e injustamente, se le ha cargado. Y luego dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pues en esta sí, en esta piedra ya tropezamos antes.” Más claro, agua. Lo terminaremos pagando cada uno de los españolitos de a pie.

Corporate Europe Observatory es un ente que viene denunciando las prácticas ligadas a los trust políticos económicos para imponer el gas desde hace muchos años. Según este observatorio, el lobby del gas europeo cuenta con más de 1.000 grupos de presión en sus nóminas y han empleado para obtener sus fines más de 100 millones de euros solo el año pasado. Afirman que algunos de los que más gastan son Shell o ExxonMobil. Tiene que ver eso exactamente con los continuos mensajes del gas como elemento de transición a las renovables (¿les suena?), el gas como combustible más limpio o el gas más barato que el fuel… cuando según la modelización de la propia UE, Europa ya tiene suficiente capacidad para cubrir la demanda de gas hasta 2040 sin construir nuevas infraestructuras.

Lo he repetido mil veces y lo vuelvo a repetir: Las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72%. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,… ). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10% de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas. Y mientras se está pidiendo al Estado más de 1.400 millones de indemnización por el cierre de plantas…

En definitiva. Seguimos a la cola en renovables en Canarias y el gas no puede ser un elemento de transición porque, como está sucediendo en España, si penetraran las renovables no se amortizarían las plantas en las que van a invertir una millonada; la contaminación con las regasificadoras sigue siendo muy alta y peligrosa; el precio del fuel y el gas se equipara cada vez más; no existe un estudio de viabilidad económica; no se dispone de un compromiso de compra del gas que se producirá en la regasificadora (Enel ha anunciado, además que va a cerrar todas sus plantas termoeléctricas para 2035)… pero todos están seguros de que el Ministerio autorizará la planta de gas en Tenerife. Y puede ser que sea así, aunque el regulador, los industriales del gas y el sentido común opinen lo contrario.