Las gasistas y los que le siguen el juego se resisten como gato panza arriba. Y quieren seguir apurando la burbuja, tirando de las ayudas públicas y encareciendo la electricidad frente a la producción de las renovables
El pasado 5 de julio Carmen Monforte publicó un artículo, profundamente esclarecedor, en Cinco Días sobre la situación en España de la generación de energía con gas. Textualmente, la periodista, una referencia en el conocimiento del mundo energético, afirma que “siete plantas (las de ciclo combinado, como las que tenemos en Canarias para producir energía) funcionaron el año pasado por debajo del 1% de su capacidad. De estas, cuatro lo hicieron cero horas (las de Gibraltar 1, Castejón 2, Palos 3 y Tarragona, si bien, esta se encuentra en proceso de desmantelamiento) y otras tres, por debajo del 1 %: El Fangal 1 (el 0,1 %); Escatrón Peaker (0,2 %) y Palos 1 (0,7 %). Aunque estuvieron acopladas por encima de dicho porcentaje, funcionaron al ralentí, indica un técnico. Solo el ciclo combinado de Málaga, propiedad de Gas Natural (ahora denominada Naturgy) trabajó el año pasado con un factor de carga del 50 %. Ninguna otra supera ese porcentaje y más de la mitad no alcanzó ni la media del 15,5 %”. Según Red Eléctrica, el porcentaje medio de funcionamiento a máxima potencia de las 50 centrales de ciclo combinado que existen en España fue de apenas un 15,5 % en 2017.
Pero el problema se ha agravado ya que al inicio de este mes de julio, estas centrales –sigo el hilo de la información de Carmen Monforte- “han dejado de cobrar uno de los incentivos que forman parte de los llamados pagos por capacidad, concretamente el que reciben por estar disponibles”, unos 150 millones de euros anuales que pagábamos todos los consumidores. Siguen recibiendo otro incentivo, el de la inversión, pero se les pone muy cuesta arriba competir con las renovables.
Las centrales que funcionan con gas se utilizan poco pero han cobrado siempre por estar disponibles, mientras denunciaban una y otra vez que las energías limpias recibían primas. Y cobraban por dos vías: por disponibilidad y como incentivo a la inversión. Como apunté, desde el 1 de julio ya no perciben ayudas por la disponibilidad, y en el 2013, las ayudas a la inversión se redujeron a menos de la mitad, de 28.000 euros MW/año a 10.000 Euros MW/año. A cambio, se duplicó el periodo durante el cual podrían cobrarlas.
Según la experta periodista, “la mitad de las regasificadoras españolas reciben menos de dos buques al mes”, lo que las hace absolutamente inviables: “dado que se trata de una actividad regulada, hay quien defiende que las descargas de buques deberían concentrase en las más productivas (Bilbao, Barcelona y Huelva) y que las demás o parte de las demás se hibernen”. En realidad las térmicas españolas se han depreciado por un valor de 4.900 millones.
En los últimos años las empresas del sector han intentado cerrar distintas plantas ante la negativa del Gobierno del PP. Red Eléctrica llegó a afirmar que habría que cerrar al menos 10 en España. Recuerden que la de El Musel en Gijón ni siquiera se ha puesto en marcha desde su inauguración. Permanece hibernada sine die. Según Cinco Días, “el exceso de capacidad del sistema eléctrico y la competencia de las energías renovables y el carbón han dejado casi fuera del mercado la generación con gas natural por ser la más cara. La burbuja de ciclos combinados que se produjo en el primer lustro del milenio provocó que en un solo año, el del 2005, se inaugurara una central cada mes”. Se invirtieron en regasificadoras y ciclos combinados más 25.000 mil millones de euros y obligó al estado a desequilibrar su balanza exterior acudiendo a comprar el gas y el fuel en el exterior con un gasto de más de 45.000 millones anuales.
Mientras, ya saben: eliminaron las primas a las renovables con carácter retroactivo (lo que hace que España esté perdiendo pleitos internacionales que reclaman indemnizaciones millonarias), suprimieron las ayudas al sector eólico y fotovoltaico mientras mantenían las del gas, las del carbón, etc y cercenaron de un tajo las posibilidades de democratizar la energía con el autoconsumo inventándose un impuesto al sol disuasorio.
Pero las gasistas y los que le siguen el juego se resisten como gato panza arriba. Y quieren seguir apurando la burbuja, tirando de las ayudas públicas y encareciendo la electricidad frente a la producción de las renovables cada vez mucho más baratas frente a la generación de energía con petróleo o con gas.
Y se inventan entonces la transición energética. La necesidad del gas para hacer esa transición innecesaria sobre todo en sistemas aislados como el canario. Y se pone en marcha una maquinaria continua, a piñón fijo, para vendernos las bondades de ese combustible fósil, Y para anatemizar (algunas organizaciones empresariales (CCE, Círculo de Empresarios, Asinca… algunos empresarios, algún partido entregado…) a los que defendemos, como apuntan numerosos estudios, que en Canarias no es necesaria ninguna transición costosa y paralizante hacia las renovables a través del gas. Que tenemos sol y viento suficientes para, apoyados en saltos de agua, parques automovilísticos eléctricos, el avance tecnológico de las pilas de almacenamiento y el autoconsumo, poder incorporarnos cuanto antes a ese modelo de generación con renovables que aspiramos.
Andrés Seco publicó a mitad de junio –después de que La Provincia le manipulara una entrevista para hacer ver que defendía el gas como transición para Canarias- un artículo en el que nos decía que Uruguay pasó de las energías fósiles a un 95 % de renovables en 10 años. Y que la planta de gas que Uruguay previó como transición está paralizada. Que para Canarias –que emite más CO2 que Uruguay, o Chipre y Malta juntas- “debe aplicarse la metodología europea de análisis coste-beneficio (Entso-e CBA) a todas y cada una de las inversiones a realizar en instalaciones cuya vida útil superará ampliamente el periodo transitorio”.
Es lo mismo que afirma una y otra vez la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Hace unos meses emitió un informe contundente. Nada justifica la implantación del gas en Canarias ni la construcción de regasificadoras: no existen ni estudios económicos ni clientes que compren esa energía. Más claro agua. Pero es que hace unos días, en un foro al que se le invitó en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente de la CNMC insistió en que ese proyecto de implantación del gas en nuestro archipiélago supone costes superiores a los ingresos previstos. Y fue muy contunde al afirmar que su oposición a la construcción de la regasificadora de Tenerife es porque “nosotros solo nos sentimos incómodos cuando se intentan socializar las pérdidas” y que la propuesta de Granadilla va a aumentar el déficit del sistema gasista y que entonces “ni los españoles ni los canarios tiene por qué asumir ese sobrecoste”. Es decir, que no se presta a un negociete sin justificación que pagaremos todos. Blanco y en botella…
La ministra de Transición Ecológica acaba de afirmar, con respecto a la utilización del gas y a la creación de grandes infraestructuras gasistas, que “ojo con pasarse con el gas” y que es necesario que nos hagamos siempre, frente a la utilización de este combustible fósil, las preguntas de “qué, para qué, cuándo y hasta cuándo”.
Y nos intentan también vender la burra de que es más limpio cuando su fuga a la atmósfera lo hace más dañino incluso que el dióxido de carbono (CO2), pues el gas metano –que compone 95 % de este energético–, es un agente contaminante 84 veces más potente que el CO2 y su contribución al calentamiento global es mucho mayor. Son las emisiones fugitivas de metano sin quemar, básicamente las que se van cuando se le hace mantenimiento a la tubería, fugas de tanques o que los quemadores (en la industria petrolera) no consumen completamente el gas y se fugan directamente a la atmósfera.
Eso ha hecho que haya surgido en los últimos días en España la red Gas no es Solución que, entre otras cosas, plantea que “las grandes empresas y lobbies que promocionan el modelo gasístico son contrarias a una transición energética democrática y participada activamente por la ciudadanía. Las propuestas de la transición deben dar respuesta a las necesidades de las poblaciones locales y al mismo tiempo preservar el patrimonio y los recursos naturales, eliminando los impactos negativos que padecen los territorios de extracción, transporte y consumo de gas. Ejemplos como el almacén Castor o Doñana, el gasoducto MidCat, las centrales de ciclo combinado, las plantas de regasificación del Musel (Gijón) y Mugardos (Ría de Ferrol) o las proyectadas como la de Granadilla (Tenerife), y la gran proliferación de permisos de investigación de shale gas o gas de lutita, obtenido mediante la técnica de la fractura hidráulica fracking, constituyen una fuente de conflictos ambientales y sociales que perjudican a las economías locales…”.
Y le da la razón el avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Comisión Europea correspondiente al 2017 que nos dice que las emisiones de gases de efecto invernadero en España alcanzaron los 338,8 millones de toneladas de CO2 durante el año pasado, lo que supone un aumento de un 4,4 % respecto al 2016 y el mayor aumento interanual desde el 2002, debido a un crecimiento de un 18,8 % de las emisiones procedentes de la generación de electricidad por la mayor producción en centrales de carbón y ciclos combinados, unido a una caída de un 49 % en la producción hidráulica en un año marcado por la sequía.
En fin, que les importa un comino todo esto a los que prefieren la especulación al interés general. Por eso les da mucha rabia y nos atacan cuando se alzan voces e instituciones oponiéndonos porque el gas ni es más limpio, ni es más barato, ni es transición sino un lastre.
