Portada Antonio Morales


Una Europa desnortada

Europa parece caminar sin brújula en un momento en el que más necesita un rumbo claro. Las grandes promesas que durante décadas sostuvieron el proyecto europeo se diluyen entre contradicciones, bloqueos internos y un clima de desconfianza que recorre tanto a los estados como a la ciudadanía. Lo hemos visto recientemente con el rechazo de Francia, Alemania, Italia y Polonia a la propuesta de reducir un 90 % las emisiones para 2040. Estamos ante una decisión que supone un duro golpe al corazón del Pacto Verde Europeo y que refleja hasta qué punto las prioridades nacionales están imponiéndose sobre el compromiso común.

Los argumentos de estos países pivotan en torno a la defensa de su competitividad industrial y al miedo a que los costes de la transición recaigan sobre sectores económicos estratégicos. Pero lo que de fondo emerge es la fragilidad de una Europa que no logra conciliar la urgencia climática con la justicia social. Una Europa que renuncia a ser líder en la lucha contra el cambio climático justo cuando más necesario resulta, después de ver cómo las olas de calor, la sequía o los incendios se multiplican y afectan directamente a millones de personas. La decisión de las grandes economías no sólo compromete los objetivos ambientales, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo.

La crisis de rumbo va más allá de lo climático. En lo geopolítico, la Unión se mueve entre la subordinación a la estrategia estadounidense y la incapacidad de construir una autonomía estratégica real. Europa sigue siendo un actor militar secundario bajo el paraguas de la OTAN, sin un ejército propio capaz de garantizar su defensa, ni una política exterior que marque un camino diferenciado. La humillación a la que sometió a la UE el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamando papá a Donald Trump en señal de acatamiento sin condiciones de sus postulados, fue asumida por todos los países sin chistar.

Y en ese marco de impotencia y dependencia se inserta uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de los últimos tiempos: la tibia postura ante el genocidio en Palestina. El genocidio, la masacre y el exterminio en Gaza han conmovido al mundo entero. Miles de civiles asesinados, hospitales y escuelas bombardeados y un pueblo castigado por décadas de ocupación y violencia. El asesinato de niños y mujeres sin la menor piedad o compasión nos genera un especial sufrimiento. Ante esta tragedia, Europa apenas ha sido capaz de levantar la voz. Ha emitido comunicados ambiguos, ha evitado llamar a las cosas por su nombre, ha condenado tímidamente los excesos, mientras continúa avalando con su silencio el suministro de armas o el bloqueo de ayuda humanitaria. La defensa cerrada de Israel por parte de algunos estados miembros ha impuesto un relato en el que la equidistancia se convierte en complicidad.

La Unión Europea, que se proclama adalid de los derechos humanos y la dignidad universal, ha mostrado una doble vara de medir insoportable. Frente a Ucrania se movilizó con rapidez, habló con claridad, activó sanciones y se volcó en la solidaridad. Frente a Palestina, titubea, duda, se esconde tras tecnicismos diplomáticos. Esa incoherencia erosiona su autoridad moral y transmite al mundo una imagen de hipocresía. Para los pueblos árabes y africanos, para millones de jóvenes que se informan a través de redes sociales y ven las imágenes en directo, Europa ha perdido credibilidad. Y esa pérdida se pagará en influencia, en legitimidad y en capacidad de interlocución global. Además de la violación de los Derechos Humanos más elementales, se está generando una ola de odio y resentimiento que lamentaremos cuando no tenga remedio por el dolor producido. 

Sucede lo mismo con la migración. Cada país piensa y actúa de manera diferenciada y la falda de solidaridad interna concentra la presión en los estados fronterizos y debilita la capacidad de gestión. El crecimiento de la extrema derecha que explota el miedo al “exceso de inmigrantes” ha hecho prevalecer las políticas represivas frente a las humanitarias. La UE es incapaz igualmente de abordar las causas estructurales que la provocan y, también, de elaborar una estrategia para afrontar el reto de asumir que se trata de un fenómeno necesario para el futuro del continente y de generar, por tanto,  vías legales y seguras para la integración.

El sector primario tampoco es ajeno a este descontento. Se siente absolutamente desprotegido frente a la competencia global y a tratados como los realizados con Ucrania, Marruecos o Mercosur. También denuncian una y otra vez que el modelo establecido favorece a las grandes explotaciones frente a los pequeños productores del mundo rural. De la misma manera, las exigencias normativas y medioambientales no van acompañadas de precios justos ni ayudas o incentivos adecuados.

La dependencia energética y tecnológica de la Unión es otro de los talones de Aquiles que esta crisis desnuda. Se ha reducido la exposición al gas ruso, pero seguimos atados a combustibles fósiles importados y a materiales críticos que llegan de terceros países. Del mismo modo, Europa habla de soberanía digital y transición tecnológica, pero continúa muy por detrás de Estados Unidos y China en semiconductores, inteligencia artificial o innovación en energías limpias. La llamada “autonomía estratégica” se queda en un lema vacío cuando no se acompaña de inversiones propias, planificación a largo plazo y una visión de conjunto. Para colmo, Úrsula von der Leyer se hace cómplice de otra humillación a la UE reuniéndose con el presidente estadounidense en un campo de golf de su propiedad y aceptando sin chistar una imposición de aranceles de un 15% a los productos europeos.

En el interior, la situación tampoco es halagüeña. El avance de la extrema derecha y del euroescepticismo está condicionando la agenda política comunitaria y nacional. Cada vez resulta más difícil alcanzar consensos en torno a políticas comunes porque los populismos levantan muros, reavivan discursos nacionalistas y convierten a Bruselas en el blanco de todos los males. La consecuencia es una fragmentación creciente y un bloqueo que paraliza decisiones urgentes. La Unión, que nació para superar las fronteras y construir un proyecto compartido, corre el riesgo de volver a ser una suma de intereses parciales sin alma ni dirección.

En este contexto, la desafección de los jóvenes es un síntoma particularmente preocupante. Para quienes hoy tienen veinte o treinta años, Europa ya no es sinónimo de oportunidades. Ven cómo la vivienda se convierte en un lujo inalcanzable, cómo los empleos estables escasean, cómo la precariedad se instala en sus biografías. Y sienten, con razón, que las grandes promesas europeas no se traducen en mejoras concretas en sus vidas. La frustración se combina con el envejecimiento de la población y con el aumento de las desigualdades, generando un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza en las instituciones.

Desde islas como Gran Canaria, esta desorientación se percibe con más nitidez. Aquí convivimos con las tensiones globales en carne propia: la dependencia energética que encarece la factura, la fragilidad de un territorio insular ante el cambio climático, la vulnerabilidad social de jóvenes sin futuro y mayores que necesitan cuidados. Somos testigos de primera mano de cómo la retórica europea a menudo no se traduce en realidades tangibles. Y sabemos que, si Europa no es capaz de acompasar sus grandes objetivos con las necesidades cotidianas de las personas y de los territorios, el proyecto comunitario perderá aún más legitimidad.

No basta con proclamar metas ambiciosas de reducción de emisiones, digitalización o defensa común. Es imprescindible articular políticas que integren la dimensión social, que garanticen transiciones justas, que cuiden a los más vulnerables. Y también es imprescindible sostener una política exterior coherente, basada en principios y no en conveniencias. Europa no puede seguir defendiendo la democracia y los derechos humanos en un escenario mientras los niega en otro.

Si no es capaz de hacerlo, la Unión se convertirá en un proyecto cada vez más irrelevante, incapaz de responder a los desafíos de un mundo en plena transformación. Desde Gran Canaria lo sabemos bien: los territorios fronterizos son los primeros en percibir las grietas de un sistema y también los que más sufren sus consecuencias. Pero también sabemos que en las periferias anida la posibilidad de repensar, de innovar, de construir alternativas. Europa necesita escucharlas para reencontrar el rumbo.

El continente que un día se soñó vanguardia del bienestar, de la democracia y de los derechos humanos, corre el riesgo de perder esa condición si no rectifica. Y no hablamos de un horizonte abstracto: hablamos de un presente en el que cada decisión cuenta. De un futuro que se juega en las ciudades y en las islas, en los hogares y en los trabajos, en la confianza o el desencanto de su ciudadanía. Europa debe volver a orientarse, y debe hacerlo pronto, si no quiere que su desorientación la arrastre hacia la irrelevancia o el enfrentamiento. Y en esto último  tiene mucha experiencia.

LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA

La socialdemocracia ha tenido tantos enemigos dentro como fuera.

Los dirigentes de los partidos socialdemócratas en la mayoría de los países europeos han ido virando hacia políticas liberales y privatizadoras.

La profunda crisis que está viviendo el PSOE, que tuvo uno de sus capítulos más penosos el pasado fin de semana durante la reunión de su Comité Federal, no puede reducirse a una lucha de poder.

Más allá de las peleas entre el anterior secretario general y los varones y de las interferencias de los poderes económicos para intentar que el PSOE deje que Rajoy no abandone la Moncloa, conviene hablar del problema de fondo: cuál es el proyecto del PSOE.

No quiero entrar en la vida interna  ni en las  luchas de poder del partido que hasta ahora ha representado la ideología socialdemócrata en España, porque entiendo que se trata de algo de más calado que sobrepasa el ámbito estatal. La realidad es que la socialdemocracia en Europa  vive una situación de crisis desde hace décadas que se ha agudizado desde hace unos años con las políticas de austeridad de Bruselas.

Si realizamos un repaso histórico, nadie puede negar el importante papel que jugó la socialdemocracia europea en la segunda mitad del siglo XX en la extensión del Estado de Bienestar en la mayoría de los países de Europa occidental.

También es cierto que en esa época del telón de acero hubo factores externos. Tras la Segunda Guerra Mundial,  los países de Europa Occidental temieron que la simpatía hacia los partidos comunistas pudiera crecer si los trabajadores se veían privados de unos derechos que la URSS, una referencia de economía planificada, garantizaba a la clase trabajadora.

Los sindicatos aprovecharon ese temor de las burguesías para exigir más derechos. Así nació el Estado de Bienestar. Se ampliaron los derechos laborales y sociales. Para las organizaciones marxistas el capitalismo  presentaba con esto un “rostro humano” que solo quería frenar la revolución. Para los partidos socialistas: los derechos sociales y la libertad convertían a los países de Europa Occidental en una sociedad mejor para la clase trabajadora que la que ofrecían los países comunistas.

Pero en  la década de los 80 del siglo XX, con el ascenso al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, se produjo el auge del neoliberalismo.

Thatcher inició una guerra contra los sindicatos y los derechos de la clase trabajadora, mientras Reagan emprendía una guerra real en su “patio trasero”, en Latinoamérica, y promovía intervenciones militares y apoyos económicos a grupos paramilitares que se rebelaban contra los gobiernos que consideraba aliados de la URSS: Nicaragua, Guatemala, El Salvador…

Con Thatcher y Reagan en el poder se fue más allá del anticomunismo, creían que también los partidos socialdemócratas y los sindicatos eran enemigos de la libertad, abrazaban la doctrina del ultraliberal Friedrich Hayek y rechazaban cualquier intervención de los gobiernos en la economía. La consigna era que en el mercado y la privatización de los servicios públicos y de la banca estaba la  solución a todos los problemas.

Aquellas políticas de privatizaciones y la desregulación del sistema financiero que desde entonces han estado promoviendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han provocado en las últimas décadas importantes crisis económicas en Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Y los mismos ultraliberales que rechazaban la intervención del Estado en la economía cuando no paraban de aumentar los beneficios de la banca y las grandes corporaciones, son los que utilizan el dinero público para salvar a los bancos y las grandes empresas cuando las cosas van mal dadas.

Pero la socialdemocracia ha tenido tantos enemigos dentro como fuera. Los dirigentes de los partidos socialdemócratas en la mayoría de los países europeos han ido virando hacia políticas liberales y privatizadoras.

En Gran Bretaña la llamada Tercera Vía inspirada en los postulados del sociólogo Anthony Giddens fue asumida por Tony Blair durante su etapa al frente del Partido Laborista y del Gobierno británico.

Esta misma semana Felipe Sahagún escribía en El Mundo sobre las consecuencias de ese viraje hacia el neoliberalismo: “La recuperación de los socialdemócratas en la segunda mitad de los 90 abrazando el neoliberalismo de la llamada Tercera Vía les permitió en 1999 llegar a gobernar en solitario o en coalición en 13 de los entonces 15 miembros de la Unión Europea, pero el encantamiento duró poco.

Su reconversión les costó muchos votos y esa pérdida contribuyó a derrotas sucesivas en los 15 últimos años en Alemania, Suecia, Polonia, Italia, Holanda, Francia, el Reino Unido en 2010, España en 2011, 2015 y 2016, Portugal en 2011, y Finlandia y Dinamarca en 2015.

La hemorragia continúa y la crisis en el PSOE español es sólo un nuevo eslabón de la cadena.” En el caso británico se viven vientos de cambio; el partido laborista británico tiene como líder desde septiembre de 2015 a Jeremy Corbyn, un antiguo sindicalista de izquierdas que se opuso a la guerra de Irak que colideró su antiguo compañero Tony Blair.

El profesor de la Universidad de La Laguna, Roberto Rodríguez Guerra, sitúa la crisis de la socialdemocracia a finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, antes de la llegada de Tony Blair al poder.

En un artículo titulado “Del psoecialismo electoral español” señala que “poco a poco se va abandonando la confianza en aquel importante papel interventor y asistencial que se concedía al Estado o, lo que es lo mismo, por este camino la  propia socialdemocracia europea no solo se olvida en realidad de la creación y desarrollo del Estado de Bienestar sino que –lo que es aún peor- contribuye decisivamente «a desmontar lo antes construido: el Estado de Bienestar». Cierto es que detrás de todo ello está la crisis económica de los setenta y los noventa, el Consenso de Washington, el Tratado de Maastrich, el Consenso de Bruselas  o, en suma, la más que notable hegemonía neoliberal.”

Dejemos la historia, situémonos en el presente. ¿Cuáles son los retos de la socialdemocracia? Lo primero debería ser diferenciarse de los neoliberales en las prácticas políticas. No se pueden criticar en España las políticas de austeridad que se apoyan en Bruselas, y que además son aprobadas por comisarios europeos que militan en partidos socialdemócratas.

Un estudio de la organización “Vote Watch Europe”  que estudia los comportamientos en el Parlamento Europeo señala que el PSOE y Ciudadanos coinciden en el 84% de las votaciones en la Eurocámara, el PP y el PSOE están de acuerdo en el 75% de las ocasiones mientras que  el PSOE y Podemos solo han coincidido en el 57% de los casos.

Los socialdemócratas deben demostrar que lo son en su práctica política: combatiendo las políticas de austeridad, defendiendo el Estado de Bienestar, considerando los derechos sociales como prioritarios frente a los intereses del capitalismo financiero, combatiendo el fraude fiscal, defendiendo lo público frente a las privatizaciones de la sanidad y la educación… cuestionando el tratado de libre comercio…

Estas políticas son imposibles teniendo al Partido Popular como compañero de camino. Por eso entendemos y compartimos el No del PSOE a Mariano Rajoy y llamamos a un pacto amplio por la regeneración democrática.

En Canarias también defendemos que el PP no entre en el Gobierno canario. CC y PP suman 30 escaños, los mismos que PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. La suma de votos es notablemente superior con las siglas de izquierdas que la que da Coalición Canaria con el PP. ¿Seguirán los socialistas canarios mirando como único socio posible a Coalición Canaria, un partido del que no se fían?¿Están dispuestas las fuerzas que se dicen progresistas y socialdemócratas  a plantear una alternativa de progreso a los partidos conservadores que más tiempo han estado gobernando Canarias?

Y ya puestos a lanzar preguntas ¿serán capaces los dirigentes del PP de Canarias de aplicar en las islas la receta que tanto recomiendan en Madrid y dejar que lidere el Gobierno canario el partido más votado, o sea, el PSOE?

En el Cabildo de Gran Canaria hemos demostrado que tres partidos diferentes que defienden el Estado de Bienestar y la justicia social se pueden entender y pueden gobernar juntos. Lo dice el refranero popular: obras son amores y no buenas razones.