Las grandes transformaciones nunca avanzan en línea recta. Exigen visión, voluntad política, capacidad para sumar y, sobre todo, determinación para superar los obstáculos que inevitablemente aparecen en el camino. Conseguir que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 ha sido uno de esos retos. Transformar el Estadio de Gran Canaria para estar a la altura de ese acontecimiento es el siguiente.
Nada de lo conseguido hasta ahora ha sido fruto de la casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol las gestiones y los procedimientos necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En el actual mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando a instituciones públicas y a organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un objetivo común. Y se consiguió.
En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. En diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación.
Es difícil exagerar la dimensión de ese logro. Un Mundial no son solamente unos partidos de fútbol. Es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y capacidad para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero es también algo menos cuantificable y no menos importante: sentimiento de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.
Desde el principio entendimos, además, que la oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos tienen verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, recogida ya en nuestro programa electoral, responde a una ambición que va mucho más allá de cumplir las exigencias del Mundial. Se trata de dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.
El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del estadio. El proyecto seleccionado plantea una transformación integral del recinto: cerca de 42.000 localidades, las gradas aproximándose al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de los accesos, las instalaciones, la tecnología y los servicios.
No estamos ante una reforma menor. Es una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizadas en Canarias. La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios realizados determinaron que las características del terreno sobre el que se asienta el estadio exigen importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una actuación de estas dimensiones. Esa circunstancia, junto a la evolución de los costes de construcción debido a la inflación y a los conflictos bélicos internacionales, obligó a revisar la previsión económica inicial.
La primera estimación se situaba en torno a los 100 millones de euros. Posteriormente, el Cabildo realizó la correspondiente modificación presupuestaria y la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, asimismo, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones de euros.
El procedimiento establecía un plazo de ejecución de 36 meses, dentro del calendario necesario para llegar al Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas ninguna empresa había concurrido a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo importante y debe ser abordado con diligencia. Pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la realidad de la contratación pública y la legislación establece mecanismos para afrontar estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con la máxima agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permita la ley. Eso es lo que está haciendo el Cabildo. Lo que no correspondía era inflar los precios fraudulentamente.
Las razones que pueden explicar la ausencia de ofertas son diversas. El contexto bélico internacional está alterando los precios de la energía, el transporte, las materias primas, el coste de la mano de obra especializada y los materiales de construcción. A ello se suman las dificultades derivadas de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad para afrontar simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales. También las penalizaciones, acordes con la dimensión del destino inicial de la obra.
El sector de la construcción ha expresado también sus reservas sobre el presupuesto, los plazos, las penalizaciones y la complejidad de la ejecución. Esas consideraciones deben ser escuchadas y estudiadas. El diálogo con quienes conocen el mercado y tienen que ejecutar las obras no solo es razonable: es necesario. Pero conviene establecer una distinción esencial. Escuchar no significa que una administración pública deba asumir automáticamente todas las posiciones de un determinado sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses y las organizaciones empresariales cumplen su función cuando trasladan las preocupaciones de sus asociados. El Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y tomar las decisiones que mejor respondan al interés general de Gran Canaria.
Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones similares. En otras grandes actuaciones promovidas por el Cabildo – la última, la del futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico- se cuestionaron inicialmente por los constructores grancanarios los presupuestos o las condiciones de las licitaciones. En el caso señalado las obras encontraron una UTE, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutarlas. Los constructores grancanarios pusieron el grito en el cielo, pero la obra se está ejecutando. La experiencia aconseja escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.
Resulta, por eso, llamativa la rapidez con la que algunos han querido transformar una incidencia en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación comenzaron los juicios definitivos, los reproches y las dudas sobre la capacidad del Cabildo para sacar adelante el proyecto. La crítica es legítima y necesaria en una democracia. Pero también lo es preguntarse por qué determinados sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en una oportunidad de desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla. Se dejan ver también en estos casos los que envidian el progreso de Gran Canaria.
El Mundial no pertenece a un gobierno. Pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política. Será una infraestructura pública que quedará al servicio de la isla durante décadas. Por eso convendría no confundir la fiscalización con el deseo de que las cosas salgan mal.
Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial. Hemos trabajado durante años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que nos descubran ahora la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud. La conocíamos cuando asumimos el reto y la conocemos mejor después de los estudios técnicos y del trabajo desarrollado. Este Cabildo tiene experiencia en la gestión de proyectos extraordinariamente complejos. El Salto de Chira constituye una de las mayores actuaciones energéticas que se ejecutan en España. Hemos impulsado la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, con nuevos centros para afrontar un déficit acumulado durante décadas. Avanzamos en la transformación del Centro Insular de Deportes, en la inauguración del Museo de Bellas Artes, en el nuevo INFECAR y en otras infraestructuras estratégicas para el futuro de la isla.
Ninguno de esos proyectos ha sido sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Surgen imprevistos, cambian las condiciones del mercado y aparecen obstáculos que obligan a modificar decisiones. La diferencia no está en que existan problemas. Está en la capacidad para resolverlos. Eso es gobernar.
Ahora corresponde determinar por qué la licitación del estadio quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si es necesario revisar aspectos del procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas con capacidad técnica y solvencia suficientes, se utilizarán los mecanismos previstos. Si los informes objetivos aconsejan adoptar otras decisiones, se estudiarán y se explicarán con transparencia.
No habrá improvisación, pero tampoco parálisis. Sabemos, además, que cualquier decisión generará críticas. Si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica y de poner en riesgo la celebración del Mundial. Si realizamos la inversión necesaria, porque haya aumentado el coste de los materiales, habrá quienes contrapongan ese esfuerzo a otras necesidades sociales.
Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar las urgencias del presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas.
El mismo Cabildo que impulsa el estadio está desarrollando la mayor inversión sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, liderando la adaptación y la mitigación del cambio climático, la transición energética y la soberanía alimentaria, garantizando la seguridad hídrica, impulsando la diversificación económica -multiplicando el PIB en economía azul, disparando el uso del transporte público, potenciando la economía circular, convirtiéndose en referencia en economía verde y lucha contra los incendios…-, y afrontando importantes necesidades sociales en materia de vivienda y de equipamientos sociales, culturales y deportivos. También medioambientales, industriales y comerciales. O de creación de empleo, de políticas de igualdad y de cuidados. El progreso de una sociedad no se construye eligiendo permanentemente entre unas políticas y otras, sino generando los recursos y la capacidad pública necesarios para avanzar en distintos frentes.
El estadio tampoco se transforma para unas pocas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá después de que termine el último partido. Será parte del patrimonio público de Gran Canaria y un equipamiento deportivo, económico y social para las próximas generaciones.
Por eso afrontamos la situación actual con responsabilidad y determinación. Sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo. Analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas que ofrece la legislación y tomando las decisiones que correspondan.
Una licitación desierta no borra los años de trabajo que permitieron traer el Mundial a Gran Canaria. No invalida la necesidad de transformar el estadio. Y no convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico. Las grandes decisiones se miden, precisamente, cuando aparecen las dificultades.
Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había ninguna garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades, construyó una candidatura sólida, sumó voluntades y alcanzó un objetivo que durante años parecía lejano. Ahora tenemos delante otro desafío. Lo afrontaremos con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.
Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba. Y este Cabildo no ha llegado hasta aquí para detenerse ante el primer tropezón que aparezca.
