lunes 16 / 05 / 2022 Gran Canaria

En 2014 y 2015 la sociedad canaria llevó a cabo una lucha ejemplar contra las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas anunciadas por Repsol y el Gobierno de España. Fue una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y  expresó un amplísimo consenso social y político. Incluso se intentó realizar una consulta ciudadana sobre las perforaciones […]


Pegasus, aguas, prospecciones, migración…

Pegasus, aguas, prospecciones, migración…

En 2014 y 2015 la sociedad canaria llevó a cabo una lucha ejemplar contra las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas anunciadas por Repsol y el Gobierno de España. Fue una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y  expresó un amplísimo consenso social y político. Incluso se intentó realizar una consulta ciudadana sobre las perforaciones que fue anulada en noviembre de 2014 por el Tribunal Constitucional. El temor a la destrucción de la biodiversidad de nuestros mares y nuestro litoral, el riesgo de daños a las desaladoras que suministran el agua que necesitamos para subsistir o el miedo a que un vertido dañara seriamente nuestras playas con la consiguiente afección a la industria turística consiguieron movilizar a las instituciones y a la sociedad civil de este archipiélago. Finalmente, Repsol se retiró de las aguas canarias en lo que supuso una gran victoria para esta tierra.

El pasado mes de abril Marruecos anunciaba que había hallado petróleo en las costas de Tarfaya e Ifni, a unos 100 kilómetros al noroeste de La Graciosa, en una zona muy cercana a las de las prospecciones contra las que nos movilizamos en 2015. También recientemente, Marruecos concedió una licencia exclusiva a la empresa israelí  Ratio Petroleum para realizar exploraciones al sureste de Canarias, en aguas que no son de soberanía marroquí ya que pertenecen al Sáhara Occidental. 

Por ambos movimientos parece evidente que el país alauí tiene la intención de comenzar, cuando sea posible, la explotación de estos yacimientos en zonas muy cercanas a nuestras costas. Organizaciones ecologistas, instituciones y ciudadanía en general han alertado de que esta actividad pone en serio riesgo a Canarias. Marruecos no es un régimen democrático con todas las garantías sino un sistema autoritario con elevadas dosis de corrupción, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de este tipo de explotaciones ya que cualquier vertido podría ser catastrófico para nuestras islas.

El momento para que esto ocurra no es casual. El pasado 18 de marzo nos enteramos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de una carta remitida a Mohamed VI, había llevado a cabo un cambio en la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental y que reconocía la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como una solución al conflicto.

Esto supone, de facto, saltarse la legalidad internacional y reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Además en las justificaciones del Ministerio de Exteriores sobre el cambio de postura, se sembraron dudas sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla.

En un intento de acallar la preocupación de la sociedad canaria, el Gobierno de España negó siempre esta posibilidad y anunció que en las reuniones que se mantuvieran con Marruecos, tanto para la migración como para las prospecciones y la delimitación de las aguas marroquíes, siempre estarían presentes representantes del Gobierno de Canarias.

En este contexto, el viernes 6 de mayo España y Marruecos mantuvieron en Rabat un encuentro para abordar la cooperación en materia migratoria. Canarias no formó parte de la delegación española que participó en las negociaciones, lo que supone una flagrante vulneración del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 144.3  reconoce a la Comunidad el derecho a “participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica.” En esta misma semana se ha reunido también el grupo designado por los dos países para la delimitación de los espacios marítimos, por supuesto que también sin representación canaria alguna.

Es muy preocupante que el Gobierno de España no respete el Estatuto de Autonomía de Canarias y que no considere fundamental incluir a Canarias en las negociaciones con Marruecos en materia migratoria y de delimitación de las aguas marinas, cuando somos, con mucha diferencia, el territorio más afectado por las decisiones que se tomen en esas mesas de trabajo. De hecho llevamos ya dos años viviendo una crisis migratoria. También nos hace desconfiar y albergar profundas dudas sobre lo debatido en la cumbre y sobre el papel otorgado a Canarias.

Y nuestra preocupación es legítima porque la inmigración lleva mucho tiempo siendo un elemento de presión y chantaje por parte de Marruecos sobre España. Cuando desde España no se cedía a sus pretensiones imperialistas tomaban represalias relajando la vigilancia de los flujos migratorios o incluso alentando el paso de miles de ciudadanos marroquíes, como hemos visto recientemente. Es muy grave que el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconozca que las negociaciones con Marruecos hayan hecho disminuir la llegada de pateras a Canarias y lo es más aún que obvie que han aumentado notablemente las muertes en el mar.

Los intereses de Canarias y los de Marruecos son contrapuestos en muchos aspectos. Las aguas territoriales, el riesgo que suponen las prospecciones petrolíferas a apenas unos kilómetros de nuestras costas, la llegada de personas migrantes por vía marítima, la agricultura (con especial énfasis en el tomate), el posible conflicto bélico en el Sáhara Occidental… Podemos afirmar que las políticas del Gobierno alauí representan una amenaza para Canarias que, como dije anteriormente, se ve acrecentada por tratarse de un régimen  sin suficientes garantías democráticas y con limitaciones muy laxas para con la corrupción.

El Gobierno de España justificó su decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental bajo la premisa de que era necesario normalizar las relaciones hispano-marroquíes e iniciar un nuevo periodo de diálogo, pero nunca ha hecho valer adecuadamente los intereses de Canarias frente a las pretensiones marroquíes. No reaccionó con contundencia cuando Marruecos delimitó de manera unilateral su espacio marítimo e “invadió” aguas canarias. No ha protegido adecuadamente los intereses de nuestros productores de tomates ni de nuestros pescadores y no ha atendido ninguna de nuestras demandas en materia migratoria, solo por citar algunos de los ejemplos más graves.

Por cierto, España ahora agacha de nuevo la cabeza y  mira para otro lado cuando todo apunta a que los servicios secretos marroquíes vigilaban con Pegasus al Presidente del Gobierno español y a algunos de sus ministros. Y se abre la sospecha de si la decisión adoptada sobre el Sáhara tiene algo que ver con los datos robados. O si las decisiones que se tomen a partir de ahora estarán condicionadas por el espionaje realizado a los miembros del Gobierno.

Aunque el Ministro Albares garantizó que velaría por que las prospecciones petrolíferas de Marruecos no afectaran a Canarias, esta afirmación tiene que acompañarse necesariamente de hechos. Y es un hecho fundamental el  respetar nuestro Estatuto e incluirnos en las negociaciones en materia migratoria, oponerse a prospecciones sin garantías, mantener una postura más tajante y contundente frente a las pretensiones imperialistas con nuestras aguas o el establecimiento de una mesa bilateral Canarias-Estado en la que se pudiera hacer un seguimiento de todas estas cuestiones.

Estaremos vigilantes, pero lo cierto es que a día de hoy, Canarias está siendo víctima de actitudes coloniales. Las del Gobierno de España de tomar decisiones que conciernen y competen a las instituciones de las islas sin contar con nosotros y las históricas pretensiones imperialistas de Marruecos, que incluyen no solo Ceuta y Melilla y el Sáhara Occidental, sino también las aguas de las islas y los recursos que en ellas se encuentran.